Con gran preocupación por las características que han imperado a lo largo del proceso electoral, particularmente en el tránsito hacia la segunda vuelta de votaciones, la Fundación Myrna Mack comparte con la opinión pública las siguientes reflexiones:

1. En pocos días acudiremos a las urnas de votación a elegir Presidente y Vicepresidente de la República para los próximos cuatro años, culminando así un proceso electoral que ha transcurrido en medio de altos índices de confrontación, agresividad y violencia política.

2. Estamos viviendo una fase previa a la segunda vuelta especialmente convulsa que, como lo fue la etapa anterior a las votaciones generales, ha carecido de espacios para el debate de las propuestas programáticas de los candidatos presidenciales. En cambio, ha sido prolífica en insultos, acusaciones y ataques, entre otros comportamientos que pervierten la política y hacen que ésta sea percibida como sinónimo de engaño, aprovechamiento y manipulación, por decir lo menos.

3. Adicionalmente, las organizaciones partidarias han eludido abordar frontalmente el tema de las estructuras criminales que orbitan en su entorno, lo cual impide contar con elementos de convicción respecto de qué tanto los candidatos y sus equipos clave desplegarán acciones y esfuerzos orientados a combatir el influjo de los grupos de la delincuencia organizada. Debemos tener en cuenta que los cabecillas criminales y sus cuadros operativos no han reparado en costos -sin importar su índole-, con tal de asegurarse espacios de influencia en la correlación de fuerzas políticas que se renueva con cada elección. Más allá de increparse mutuamente vinculaciones criminales, ni los candidatos ni los dirigentes partidarios han hablado con claridad, firmeza y contundencia sobre este delicado asunto, ni han esbozado ideas de cómo piensan repeler estas influencias en un eventual ejercicio gubernamental.

4. Mientras la mayoría de la población quedó irremediablemente expuesta y sin alternativa a los discursos virulentos y a las promesas ilimitadas de siempre, solamente unos pocos sectores y organizaciones debatieron sobre los factores que han dominado el proceso. Los medios de comunicación han contribuido a ese debate y se ha creado una fuerte corriente de opinión pública que rechaza la penetración criminal y demanda su desmantelamiento. Sin embargo, las fuerzas políticas que deberían diseñar estrategias para combatir la amenaza que genera el crimen organizado sobre el quehacer político y gubernamental, no resultan convincentes cuando se trata de abordar con claridad esta cuestión impostergable.

5. Preocupa sobremanera que los candidatos finalistas, Álvaro Colom y Otto Pérez Molina, no hayan concretado estrategias y planteamientos susceptibles de ser considerados verdaderas opciones para el desafío que tenemos pendiente: impulsar acciones que reviertan -¡Ojalá con relativo éxito!- la situación de pérdida de gobernabilidad que aqueja al país; y desactiven las tendencias negativas que definen nuestra convivencia en materia de violencia y criminalidad, confrontación, conflictividad y enorme desigualdad que provoca altos índices de precariedad social y económica.

6. En lo que respecta a Colom, muchas de sus propuestas son abstractas, y otras son puntuales en extremo. Por ejemplo, en los temas de promoción del desarrollo y combate de la pobreza no hay concreción, de suerte que, tras escuchar sus discursos y propaganda, sólo queda la idea general de que promete un futuro mejor en esos ámbitos. En el caso de la seguridad, se observa una lista de temas y acciones, pero no estrategias o propuestas integrales. A pesar de que su campaña para la primera vuelta de votaciones fue sumamente vaga, las ofertas calaron en el ánimo de conglomerados rurales, campesinos.

7. Su candidatura, labrada a lo largo de varios años, se sostiene en una estructura partidaria (la UNE) con presencia nacional, pero que evidencia problemas de cohesión. Esto genera la percepción de que podría empezar a desgranarse al enfrentar las primeras crisis o controversias internas. El perfil de Colom, a pesar de que se le reconoce experiencia en manejo de asuntos estatales, no genera certeza de que actuará con firmeza en caso deba enfrentar situaciones conflictivas, complejas o difíciles en caso sea electo, porque sin duda deberá enfrentarlas y con frecuencia.

8. Esta percepción se consolidó en julio pasado, cuando dos de sus diputados contravinieron la línea partidaria de aprobar la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Intentó eludir el problema, a pesar de que hubo acusaciones directas de que la falta de alineación podría obedecer a influencias de estructuras criminales que estarían orbitando alrededor de la UNE y que, incluso, habrían atentado contra el estratega de su campaña, José Carlos Marroquín, quien finalmente renunció al partido y a su cargo porque las amenazas persistieron.

9. Otto Pérez Molina ha construido una imagen de líder en la lucha contra la delincuencia, aprovechando que amplios conglomerados sociales sitúan a la violencia y la criminalidad a la cabeza de sus preocupaciones. El candidato del PP convirtió el clamor ciudadano por la seguridad en el centro de su campaña, recurriendo al mensaje de la mano dura en un país donde hay un vasto apoyo al linchamiento, la limpieza social y las soluciones radicales contra los delincuentes. Esto sedujo con especial énfasis a residentes de la ciudad capital, de la región central y otras áreas urbanas, donde se siente con mayor crudeza el embate criminal.

10. Pero es precisamente ese discurso duro, así como su trayectoria como Oficial del Ejército de Guatemala, lo que despierta temor y rechazo en sectores que ven en el planteamiento de Pérez Molina el peligro de retornar a los esquemas represivos que imperaron durante el régimen militar y la época contrainsurgente. Causa profunda preocupación la posibilidad de que imponga esquemas represivos, en detrimento de los modelos democráticos contenidos en los Acuerdos de Paz. Dado que la seguridad ha copado su intervención como candidato, la opinión pública en términos generales desconoce sus propuestas en otros ámbitos fundamentales, como la política fiscal o lo concerniente al desarrollo, por mencionar algunos.

11. Su candidatura y su ascenso en la ruta hacia el ejercicio del poder público recrea temores e inflama posiciones ideológicas, ya que Pérez Molina simboliza -irremediablemente- a un bloque de poder real –el militar-, cuyas acciones durante el conflicto armado causaron un hondo sufrimiento a la población, sobre todo a los conglomerados que padecieron en carne propia el genocidio y las masivas violaciones de derechos humanos.

12. La ausencia de debate programático, ocasionada por la falta de voluntad de los candidatos de someter sus propuestas a un escrutinio más detenido, impide tener información confiable sobre qué políticas, estrategias y programas pondrían en marcha al tomar posesión de la Presidencia de la República. Esto ha fomentado el rumor, la desinformación, la incertidumbre y la falta de confianza; y la proliferación de especulaciones sobre que hay estructuras criminales, rivales entre sí, acechando en las proximidades de ambos candidatos.

13. Este evento electoral ha estado plagado de elementos negativos, algunos de ellos mencionados al principio de este documento, pero es preciso resaltar como los más dañinos la violencia, la penetración criminal, los gastos millonarios desmesurados y poco o nada transparentes, así como las estrategias de mercado que explotan sin reparo las necesidades de la población.

14. El dinero y los financistas se han convertido en los verdaderos protagonistas de las elecciones, casi en igualdad de condiciones que la delincuencia organizada y sus acciones para penetrar órganos partidarios. Esto constituye un punto más de vulnerabilidad para los partidos políticos, en la medida que su triunfo ya no está sujeto solamente al aprecio de la población, sino que ahora más que nunca dependen de quienes poseen el dinero (habido legal o ilegalmente) para seguir vigentes y luchar por conquistar espacios en el flujo del poder público.

15. Es indispensable identificar qué lecciones dejan estas elecciones, para aprender de los errores y evitar que esos factores negativos sigan estableciendo un dominio sobre procesos futuros. Esto sólo puede lograrse con el concurso de los partidos políticos y los candidatos, porque de ellos depende la calidad del proceso electoral y la altura de la contienda política. Pero también es indispensable que el Tribunal Supremo Electoral haga lo propio y recupere el verdadero sentido de su papel como autoridad en la materia.

16. A la ciudadanía corresponde la tarea de ser más demandante, a efecto de impedir que algunos aspirantes a cargos públicos y dirigentes partidarios desnaturalicen la política y las elecciones. No debemos olvidar que estas actividades democráticas formales son las que nos permiten seguir en la ruta hacia la construcción de una democracia sustantiva.

17. Es nuestro derecho y deber acudir el próximo 04 de noviembre a los centros de votación, a emitir el sufragio a favor del candidato de nuestra preferencia. Pero no debemos entregar un cheque en blanco o desentendernos tras emitir el sufragio. Es indispensable adoptar un compromiso ciudadano de participar con seriedad, responsabilidad, objetividad y sentido crítico en la fiscalización del ejercicio del poder público; y demandar sin tregua el ejercicio pleno de los controles democráticos políticos, jurídicos, constitucionales y presupuestarios, a efecto de impedir que ocurran desmanes y retrocesos.

18. El desafío nacional es fortalecer el Estado de Derecho, profundizar y ampliar las prácticas democráticas, y ganar al menos una autonomía relativa del Estado frente a los poderes reales, nacionales y transnacionales, porque sólo de esa manera podremos crear una sociedad donde haya un reparto más equitativo de la riqueza, mejor acceso a la educación, la salud y la justicia; modelos de seguridad ciudadana acordes con la democracia y estrategias eficientes en el combate contra la pobreza, entre tantas otras asignaturas que tenemos pendiente abordar desde hace muchas décadas.

Guatemala, 19 de octubre de 2007