Con gran preocupación por los acontecimientos de extrema violencia acaecidos recientemente, y en especial por la inadecuada acción estatal al respecto, la Fundación Myrna Mack comparte con la opinión pública las siguientes reflexiones:

La muerte violenta de pilotos y ayudantes del transporte público urbano y extraurbano se ha convertido paulatinamente en un indignante y condenable tipo de violencia recurrente, con gran impacto social y político.

Como es lógico, cada hecho sangriento enluta a los familiares de las víctimas e infunde terror en el gremio de pilotos, pero adicionalmente tiene efectos sociales multiplicadores: el miedo generalizado, la paralización del servicio del transporte, la dificultad de las personas para desplazarse hacia residencias, centros de trabajo, de gestión pública y de acceso a la educación y a la salud, todo esto acompañado de protestas y manifestaciones de inconformidad. Asimismo, deja al desnudo la falta de eficiencia y pericia de las fuerzas de seguridad para enfrentar este fenómeno.

No obstante, con lo ocurrido el martes 05 de febrero, cuando se reportó una masiva ejecución de servidores del transporte público, quedó claro que esto ha dejado de ser un fenómeno criminal atribuible en exclusividad al comportamiento típico de las maras. Por siniestro y perverso que parezca, ese día los pilotos y sus ayudantes se convirtieron en “blancos de oportunidad” para grupos criminales que buscan generar violencia de alto impacto político y social.

Esa intensa jornada mostró con creces que el fenómeno criminal iniciado por las maras puede ser utilizado para generar inestabilidad en el campo concreto de las instituciones de seguridad; y confirmó que estamos sumergidos en una situación donde priman los juegos perversos de pugna por el poder, que provocan pérdida de gobernabilidad y graves daños en todos los ámbitos de la vida estatal y social.

Ya no afrontamos solamente el chantaje a pilotos, empresarios del transporte, pequeños comerciantes de barrio y residentes de zonas controladas por maras, que consiste en pagar “cuotas financieras” para resguardar la vida y la integridad física. Tampoco se trata sólo de que esas víctimas pierden irremediablemente la vida cuando desafían el poder de las maras, ante la falta de acción del Estado.

Ahora se afronta una nueva embestida donde el fenómeno criminal ya conocido, es aprovechado para satisfacer oscuros móviles políticos con variantes en el /modus/ /operandi/. Como hemos observado, se trata de operativos bien planificados, perpetrados o por mareros que siguen directrices formuladas fuera del seno de la mara, o por sicarios que emulan el comportamiento de aquéllas a petición de quien les paga y financia los operativos.

Esta “variante” de las acciones atribuibles a las maras no es algo que se repita a diario, pero sin duda es una nueva expresión criminal que se ha instalado en la realidad de la ciudadanía; y es un nuevo mecanismo capaz de generar focos de caos y crisis, que a la vez crean inestabilidad e ingobernabilidad y expanden el estado de terror en que vivimos.

¿Quiénes están detrás de esta nueva expresión criminal que tuvo un claro tinte político? ¿Son acaso expresiones derivadas de pugnas internas por el control total del aparato de seguridad o es una embestida de fuerzas externas al Estado que muestran cuán grande es su territorio, su poderío y su impunidad?

Es obligación del Estado abordar el problema de forma integral y para ello debe contar indefectiblemente con varios elementos, entre ellos:

1) El análisis serio y profundo de la tendencia irrefrenable de violencia, criminalidad e impunidad que vivimos, a efecto de formular políticas públicas adecuadas, que incluyan con énfasis la prevención y el tratamiento integral de los comportamientos criminales.

2) La herramienta fundamental de la inteligencia civil, que debe proveer la Dirección General de Inteligencia Civil del Ministerio de Gobernación (DIGICI), estructura que sin dilaciones tiene ser plenamente implementada y fortalecida.

3) La investigación criminal seria, profunda e independiente, que deben desarrollar en forma coordinada la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público.

4) La creación y ampliación del control sobre la tenencia, portación y uso de armas de fuego, a efecto de reducir el trasiego y venta ilegal de armamento, así como su uso ilegal e irresponsable. El Congreso de la República debe agilizar la aprobación de la nueva Ley de Armas y Municiones, cuyo trámite está entrampado desde hace varios años. No conviene que, al calor de la coyuntura, los diputados legislen de manera improvisada o se limiten a crear parches. Hay toda una agenda legislativa en seguridad que es preciso sacar adelante, con enfoque democrático, integral y estratégico, para que la acción parlamentaria verdaderamente aporte herramientas pertinentes, adecuadas y oportunas.

5) Una fuerte coordinación interinstitucional, siempre y cuando ésta no violente ni desnaturalice las funciones que debe desempeñar cada institución; ni abra espacios que fomenten una suerte de “travestismo institucional”, en donde algunas estructuras estatales desempeñen o pretendan desempeñar las funciones que legalmente corresponde realizar a otras.

En este sentido, censuramos cualquier intento de convertir a entidades como la SAAS y la SAE en órganos de inteligencia operativa, pues esto constituiría un atentado contra las entidades creadas específicamente para ello y, de paso, resucitaría el fantasma del deleznable Estado Mayor Presidencial, suprimido en 2003 por haber funcionado siempre como un centro de ejecución de graves crímenes.

Es innegable que el Estado está fallando. Las víctimas de este presente tan convulso, al igual que ocurrió con las miles víctimas de la lucha insurgente-contrainsurgente, no gozaron de las garantías, los derechos y las libertades que establece la Constitución Política de la República de Guatemala.

A esto se suma el problema de que las fuerzas de seguridad siguen cobijando en su seno a agentes que participan en ejecuciones extrajudiciales para eliminar sin complicaciones a delincuentes o presuntos delincuentes.

También están los agentes que actúan irracionalmente en lo que respecta al uso de la violencia y al manejo de las armas de fuego. Prueba de ello es la acción de un subcomisario y dos agentes quienes, el jueves 07 de febrero, en el marco de las protestas por el asesinato de pilotos, mataron a balazos a José Hernández Gudiel, un ayudante de camioneta que tan sólo pretendía manifestar públicamente su miedo y su indignación. Es de reconocer la acción inmediata de las fuerzas policiales y del Ministerio Público, quienes capturaron a los agentes responsables y han iniciado ya un proceso de persecución en su contra.

Por todo lo anterior, nos solidarizamos con los familiares de las víctimas de la violencia irracional que azota al país y con la ciudadanía en general que vive presa del miedo y la falta de seguridad, porque por encima de cualquier consideración respecto de la crisis, la inestabilidad política y la pérdida de gobernabilidad, está la indignación que provoca la muerte violenta de personas.

Finalmente, a las autoridades del Estado y a los dirigentes de partidos políticos los invitamos a ser reflexivos, a pensar en la estrategia y no en la coyuntura. Les urgimos a impulsar decisiones de Estado y no acciones de interés sectorial o personal. Sobre todo, les solicitamos dejar atrás la simpatía por el uso de mecanismos y herramientas de carácter dictatorial; y que adopten plenamente los conceptos de la prevención y la seguridad democrática en la búsqueda de soluciones que permitan a la sociedad y al aparato estatal cerrar espacios contra la violencia y el crimen.

Guatemala, 13 de febrero de 2008