¿Cuál es nuestro papel, como demócratas, frente a la sacada a flote de los falsos positivos? ¿Denunciar? ¿Exigir justicia y reparación? ¿Reclamar destituciones? ¿Patalear? La respuesta a todo ello es SI. Pero no basta. Nada hacemos si no logramos dar de baja el eslabón perdido y encontrado entre las ejecuciones extrajudiciales y el pago de recompensas por las criminales bajas: la directiva ministerial o circular 029 de noviembre 17 de 2005. Sigue viva y coleando por que el Presidente de la República y el Ministro de Defensa se han negado en reconocer que la 029 es el factor estimulador de la barbarie, a pesar de los pronunciamientos públicos en tal sentido de autoridades como el Fiscal General de la Nación. Para poder creerle al Gobierno que si es real su propósito de enmienda y su contrición de corazón debe dar de baja ya, eso sí, a la directiva ministerial 029 firmada por el anterior Ministro de Defensa. De resto, el Gobierno está vacilando.

Los ojos abiertos de la sociedad por el descubrimiento de que en Colombia, desde hace 7 años, se volvió rutina asesinar personas indefensas para hacerlas contar como guerrilleras por parte de militares interesados en pasar una factura de cobro en dinero o en tiempo, no se pueden dejar cerrar para volver a la normalidad de costumbre o desviar la mirada a otros recientes rollos también impresionantes como el saqueo de los recursos de la gente a través de las pirámides. Dolorosos fenómenos propios de una sociedad enferma por la ausencia de una institucionalidad pública fuerte a partir de la legitimidad social de sus actuaciones. Los falsos positivos nos tienen que avergonzar a todos. Al fin y al cabo es el ejercicio de la muerte alevosa por parte de quienes tienen como su obligación la preservación de la vida de las gentes.

El Gobierno y la comandancia militar siempre negaron la existencia de estímulos por bajas de supuestos o reales guerrilleros. Y lo siguieron negando a pesar de que se logró sacar de la clandestinidad la norma escrita, con formato de directiva ministerial, por parte de Camilo Ospina, vigente desde finales de 2005. Directiva nefasta por que a partir de su expedición se incrementaron las ejecuciones extrajudiciales en Colombia. La 029 hizo evidente el engaño oficial alrededor de las reales bajas en las huestes de la guerrilla y la maldad de aquellos miembros de la fuerza pública a quienes no les tiembla la mano para disparar impunemente sobre pobladores indefensos.

La 029 ofrece plata, como recompensa, de igual manera por bajas o capturas. Da lo mismo, por ello los prefieren muertos. Un muerto o un detenido de bajo rango, muchas veces supuesto, ponen a arrancar el taxímetro de la muerte con una partida de $3.800.000. El argumento de que las recompensas se entregan tan solo a los civiles, es un cuento chino, por que son vox populi múltiples casos de miembros de la fuerza pública que partían las recompensas con particulares. La circular estipula la sumatoria de puntos por guarnición militar: los positivos producen ganancias para todos. Ofrece partidas en dinero por todo lo que se encuentre en un escenario de combate: cadáveres, munición, armas, computadores. Y formula unos controles y mecanismos de verificación exageradamente laxos: el jefe de la unidad militar, con su firma, puede avalar cualquier error o inconsistencia de tipo operacional. Estimula groseramente la complicidad. Con razón el Fiscal General de la Nación teme que alrededor de los exabruptos de la 029 se hayan forjado organizaciones criminales dedicadas a montar falsos positivos.

Juan Manuel Santos, ministro de Defensa, se ha dedicado a defender la indefendible 029. Ha querido tapar con las manos la perversión de ofrecer recompensas en dinero por cadáveres disfrazados de guerrilleros. No entendemos por qué el Ministro no ha rescatado en su defensa la Directiva Ministerial 010 de 2007. Circular que esboza una política pública frente a las ejecuciones extrajudiciales como lo reconoció la Oficina para Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas. Allí el Ministerio propone la conformación de un Comité de seguimiento a las denuncias sobre casos de presuntos homicidios en persona protegida. Propone realizar un diagnóstico de los factores que inciden en la ocurrencia de los hechos, fortalecer los controles y reunirse periódicamente con los Organismos internacionales interesados en el tema.

Para superar la impunidad la Circular 010 crea una Comisión Institucional Disciplinaria y Penal de carácter judicial para el seguimiento y erradicación de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia y enfatiza en el poder preferente de la justicia ordinaria para asumir las investigaciones penales por parte de la Fiscalía y disciplinarias por la Procuraduría. ¡Pero hoy la justicia penal militar se resiste a permitir que las investigaciones por las desapariciones y ejecuciones de Soacha, sean asumidas por la justicia ordinaria! De igual manera, la directiva ministerial 010 establece mecanismos de protección al denunciante y a los testigos. Invita a realizar un control público a los procesos disciplinarios respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.

Respecto al óptimo militar la directiva del año 2007 llama a no evaluar la eficacia exclusivamente en las bajas. Orienta la realización de una evaluación de los incentivos y estímulos otorgados. Generar una revisión y una política de estímulos que le de presencia al respeto a los derechos humanos y al DIH. Los beneficios y estímulos deben ser excepcionales y no por el cumplimiento del deber. Educar para el uso proporcional de la fuerza. Advertir que sus excesos acarrean responsabilidades penales y disciplinarias. De la directiva muy poco o nada se cumplió. Un papel más.

Juan Manuel Santos se engolosinó con su directiva. Por notables inconsistencias conceptuales respecto a reconocer la vigencia de los derechos humanos en medio de un conflicto armado que no se reconoce, por el afán de amarrar los éxitos militares a logros políticos inmediatos y por la inicua costumbre oficial de acallar las criticas a la fuerza pública con el argumento descalificador de la guerra jurídico política de la subversión. Como ocurrió en Antioquia con el Comité Interinstitucional de Derechos Humanos, echado a menos por la actual Gobernación de Antioquia y único en el país- hacían parte: Gobernación, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Fiscalía, Personería de Medellín, con la participación permanente de las naciones Unidas- al denunciar 248 casos sistematizados de presuntas ejecuciones extrajudiciales, acusado por la comandancia militar de la región de hacerle el juego a la guerrilla, mientras desestimaba la calidad de las quejas. La realidad se encargó de demostrar quién tenía la razón.

Mientras continúe viva la diabólica 029, los falsos positivos tendrán vida propia. Allí estará el soporte para que los cadáveres de personas ajenas al conflicto y asesinadas a escondidas, calmen las ansias de dinero y falsos honores de militares inescrupulosos. Delante de una sociedad débil con una institucionalidad precaria, justificadora de la sinrazón en aras de cobrarle duro a la guerrilla sus acciones degradadas contra la población civil.

Luchar por la revocatoria de la circular 029 es una urgencia nacional. Símbolo de la barbarie agenciada por miembros de la fuerza pública escondidos en el uniforme y amparados en las armas de dotación para actuar criminalmente. La revocatoria de la 029 es como un antídoto y un acercamiento a la verdad de lo ocurrido. Negar su incidencia como lo hacen el Gobierno y los altos mandos, de un lado, y los fundamentalistas de izquierda que tan solo aspiran a vegetar en la denuncia rutinaria, de otro lado, es el mejor aporte para que el bochornoso episodio histórico, para la institucionalidad y la democracia, que hoy estamos viviendo, vuelva a reaparecer siempre como una cantada tragedia. Derogar la 029 es cuestión de dignidad nacional. Por la vida.

- Jorge Mejía Martínez es Ex secretario de gobierno de Antioquia

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org