El pasado miércoles la Comisión Primera del Senado realizó una audiencia pública en el trámite de la Reforma Política. En dicha audiencia diversos sectores se presentaron ante la célula legislativa para evidenciar las falencias de la tan anunciada y poco sustanciosa reforma constitucional que supuestamente separará la violencia de la política del crimen.

Uno tras otro, los oradores inscritos, entre los que se incluyen antiguos ministros del Gobierno Uribe como Juan Lozano, expusieron que las falencias de la Reforma. Todos sostuvieron que la reforma, a pesar de lo reportado, no sanciona los vínculos con grupos armados ilegales; algunos afirmaron que no fortalece las organizaciones políticas; otros afirmaron que el Congreso se está dedicando a constitucionalizar medidas odiosas a favor de los actuales congresistas y sus colectividades; algunas quisieron afirmar que la reforma no avanza en permitir una mejor y mayor participación política de la mujer. En pocas palabras la gran mayoría sostuvo que la reforma, de ser aprobada como está, no servirá.

De manera paralela a la audiencia cinco precandidatos presidenciales expusieron, en una rueda de prensa celebrada en el patio Núñez del Capitolio, sus objeciones a la Reforma Constitucional. Desde su perspectiva, la reforma ataca seriamente sus aspiraciones, ya que les impediría, o mejor dificultaría, su participación política alejados de las estructuras partidistas.

La postura de los denominados independientes: 1) atacó directamente el incremento del umbral para obtener la personería jurídica. Toda vez que dos de ellos, Mockus y Peñalosa, se presentaron en las elecciones de Congreso de 2006 y no lograron superar el umbral del 2%. 2). Cuestionó que los grupos significativos de ciudadanos no pudiesen aliarse con partidos políticos en campaña. Esta figura fue empleada por Peñalosa en su fallida campaña por la Alcaldía de Bogotá en 2007. 3.) Censuró que de ser aprobada la reforma las organizaciones políticas de abstracción étnica, no podrán avalar a candidatos que no hayan sido militantes con más de un año de antelación a la inscripción, norma que de haber estado vigente antes, hubiese impedido que la Alianza Social Indígena avalara a Fajardo y Mockus en sus respectivas campañas. 4) Lamentó que la reforma no incluya un régimen de sanciones a sectores políticos por vínculos con grupos armados ilegales; Vínculos que, en retrospectiva, pueden ser responsabilizados de la “quemada” de Mockus y Peñalosa.

Más allá de los motivos que los llevaron a realizar el pronunciamiento, y los posibles cuestionamientos sobre el momento en el que lo hicieron, la postura de los llamados independientes evidencia los riesgos de cerrar el espacio democrático, que sería resultado de la aprobación de la Reforma.

Falta ver cuál es el impacto de la audiencia pública y del pronunciamiento paralelo de los llamados independientes. En estos momentos, únicamente se han anunciado los nuevos acuerdos que se concretaron con anterioridad a la audiencia en la Casa de Nariño. El coordinador de ponentes, senador Armando Benedetti, anunció que se retirará la inhabilidad para concejales y ediles para aspirar al Congreso de la República, no se aumentará el umbral y no se revivirá el artículo que pretendía modificar la elección del Registrador Nacional del Estado Civil. Lastimosamente, estos pequeños ajustes prometidos no abordan la principal falencia de la reforma: la consagración de las medidas de responsabilidad política es tan deficiente que además de no sancionar a los culpables de la crisis institucional que el Congreso ha sufrido, establece criterios irrealizables para las eventuales sanciones futuras.

Por ahora, luego de la audiencia pública es claro que la ciudadanía y los independientes están en contra de la Reforma, no porque no se esté de acuerdo en la importancia de la reforma, ni porque se considere que su objetivo no es urgente de alcanzar. No. La ciudadanía está en contra de la Reforma porque es inocua, incompleta, irresponsable, odiosa y envidiosa.

La ciudadanía hizo lo que le corresponde en una democracia participativa como la que pregona la Constitución de 1991: se expresó, esta vez en contra de la reforma. No obstante, la decisión no está en manos de la ciudadanía. Es el Congreso quien decide. Lo mejor que podría suceder ahora es que la reforma se hunda; es preferible perder aspectos positivos como el voto nominal y público en corporaciones públicas a soportar el embeleco de reforma que la mayoría del Congreso nos quiere vender como la solución a los problemas de la cultura política del país.

- Nicolás Montoya Céspedes es Abogado e investigador de la Misión de Observación Electoral (MOE). Las opiniones expresadas por el autor no comprometen ni a la Misión de Observación Electoral ni al Grupo de Interés sobre la Reforma Política.

Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 159, Corporación Viva la Ciudadanía, Bogotá, mayo 22 de 2009. www.viva.org.co