El período de Mario Iguarán en la Fiscalía General de la Nación se acerca a su fin. En las próximas semanas, el Presidente deberá enviar una terna a la Corte Suprema de Justicia para que ésta elija quién se encargará de liderar la entidad encargada por la Constitución de investigar la comisión de delitos en el país. En particular, esta elección se presenta en una coyuntura particular por decir lo menos.

De una parte, es impredecible el efecto que puede tener el mal estado de las relaciones entre la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno sobre la elección. Bien es sabido que éstas han estado en un punto crítico por bastante tiempo, tanto que ha llevado a que el Presidente denunciara penalmente a un Magistrado y pretendiera convocar a un referendo sui generis para ratificar el resultado electoral de 2006. Por ende, esta nueva elección se puede convertir en un punto fundamental de las relaciones a futuro. De una parte, puede servir como un nuevo comienzo hacia unas relaciones más armoniosas. De otra parte, puede sumarse a los ya bastantes episodios que los alejaron. Por ahora, es más probable que sea lo segundo que lo primero.

De otra parte, al interior de la Fiscalía se llevan investigaciones contra personas cercanas al Presidente, tales como la Yidispolítica, la Parapolítica, los falsos positivos y las interceptaciones ilegales por parte del DAS. Lo que significa que, de quererlo, tanto el Presidente como la Corte Suprema podrían indirectamente determinar el futuro de dichas investigaciones. El Presidente, al enviar una terna de candidatos previamente comprometidos con unas decisiones y la Corte seleccionando aquél de la terna que en los afanes se comprometa en el sentido que la Corte estime conveniente. Lo que significa que la elección también se puede convertir en un pulso entre la Corte y el Gobierno por el futuro de los procesos de impacto político.

Lastimosamente el alto impacto político y mediático de la coyuntura hará que sean estos los temas abordados durante la elección, dejando de lado temas importantes tales como: i) los planes que se implementarán en la Fiscalía a fin de fortalecer la función preventiva de delitos y dejar de ser sólo una entidad que actúa una vez se comete el delito. ii) la forma en la que se planea la consolidación del sistema penal acusatorio. iii) la estrategia para atacar la mora judicial. iv) el manejo que se le pretende dar a la nueva ley que flexibiliza la aplicación del principio de oportunidad, entre otras.

Lo cual aunado a que la mayoría de elecciones de dignatarios del Estado en Colombia, suelen ser más el resultado de acuerdos políticos que del análisis detallado de las posturas y propuestas que los ternados presenten evidencia por qué la sociedad civil y la academia deben acompañar este proceso.

En este aspecto, la Corte Suprema de Justicia ya ha mostrado sus deseos de hacer más transparente el proceso, al determinar la realización de una audiencia pública televisada en la que los candidatos expresen sus puntos de vista ante sus electores y el país. Con ese mismo objetivo, la Corte también solicitó al Presidente enviar la terna con suficiente tiempo de antelación, a fin de que se pueda estudiar a profundidad el perfil y las convicciones jurídicas de los ternados.

No obstante, hacer más transparente el proceso no es únicamente responsabilidad de los electores, en este caso la Corte. En dicho esfuerzo se debe sumar la voluntad de la Presidencia de la República. En este orden de ideas, saber cuáles son los criterios que emplea para determinar qué personas nominar y permitir dar la posibilidad que la ciudadanía presente las observaciones sobre los más opcionados antes de presentar las ternas, son algunas de las formas en las que se puede hacer más transparente el proceso.

Para no llamarse a engaños, el acompañamiento no tendrá gran efecto sobre la elección y mucho menos garantizará que los ternados y el elegido sean los más indicados para el cargo, en parte porque eso no es responsabilidad de la sociedad civil. Sin embargo, los frutos se verán más adelante. Este tipo de esfuerzos obtienen sus frutos en el largo plazo y tal vez algún día el proceso de nominación y selección de nuestros dignatarios sea más parecido al que se lleva en Estados Unidos, o uno más exigente, dado la importancia de los cargos que se proveen de esta forma.

Por ahora, sólo queda acompañar el proceso. Después se podrá determinar quién gana el pulso entre la Corte y el Gobierno o si ellos empatan y la que pierde es Colombia.


- M. Nicolás Montoya Céspedes es Abogado e Investigador de la Misión de Observación Electoral –MOE.
Las opiniones expresadas no comprometen de ninguna manera a la Misión de Observación Electoral – MOE.

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 163, Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org