Inédito: en una decisión sin precedentes en el continente, las Fuerzas Armadas de Paraguay pusieron a disposición de la justicia archivos que ayudan a probar el funcionamiento del Operativo Cóndor, un verdadero sistema interamericano para torturar y hacer desaparecer a militantes sociales y de la izquierda política durante las dictaduras militares de las décadas de 1970 y 1980. El hecho surgió tras la recomendación de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) al presidente Fernando Lugo de abrir los archivos militares existentes para la investigación.

 

Luego de que el presidente Fernando Lugo dispusiera abrir los archivos militares de las décadas de 1970 y 1980, se catalogaron unas 200 carpetas de todo el material hallado en noviembre de 2008 en los sótanos del Ministerio de Defensa. Entre los papeles, que en su mayoría están en mal estado de conservación, hay registros de los personeros de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) sobre las represiones a las Ligas Agrarias, un movimiento campesino amparado en la Iglesia católica, con centro en el Departamento de Misiones, que fue brutalmente reprimido por la dictadura. Ante el pedido de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) al presidente Fernando Lugo de que se permitieran investigar los archivos militares en el país, se descubrió casi una tonelada de papel. En el operativo trabajó un equipo de especialistas, apoyado por las Naciones Unidas, que aportó las computadoras para sistematizar el trabajo. Se estudiaron unas 10 mil carpetas; 200 de las cuales contienen información que puede ayudar a esclarecer causas de derechos humanos en todo el continente. “Encontramos carpetas que hablan del grupo de inteligencia G2, encargado del Operativo Cóndor. Estos documentos pueden ayudar a investigaciones en otros países del continente y del mundo que investigan estos casos, como España e Italia”, apuntó Norma Barrios, integrante del equipo investigador, del que participan estudiantes de historia y bibliotecología. Los estudios se realizan en el marco de la cooperación entre el Ministerio de Defensa, de Hacienda, el programa de la ONU en Paraguay y la Fundación Celestina Pérez de Almada. Dentro de los archivos también se encontró un conjunto de carpetas históricas con los nombres de los 10.300 bolivianos prisioneros en la Guerra del Chaco de 1932 y detalles de cómo se compraron los barcos de guerra Humaitá y Paraguay. “Esto sería como la segunda parte de los archivos que prueban los vínculos entre los militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay”, expuso el educador Martín Almada, quien en 1992 descubrió los famosos Archivos del Terror. Almada agregó que “es sólo una punta del iceberg, porque existen otros archivos en Latinoamérica que nos van a ayudar a que esto no se repita nunca más”.

 

 

“Encontramos documentos originales de cómo el ministro de Defensa informaba a Stroessner de los movimientos subversivos”, resaltó Almada para explicar que estos papeles ayudarían, por ejemplo, en el caso contra el ex ministro del Interior, Sabino Augusto Montanaro, que tiene arresto domiciliario y enfrenta seis procesos por delitos de lesa humanidad. El Fiscal General del Estado, Rubén Candia Amarilla, aseguró que designará a un fiscal comprometido a revelar qué puede servir como evidencia en las causas del Estado contra las violaciones a los derechos humanos. En un comunicado público, el Ministerio de Defensa destacó su predisposición a colaborar “con los objetivos y funciones de las diferentes organizaciones e instituciones gubernamentales y no gubernamentales para el debido esclarecimiento de los hechos que afectan a los derechos humanos ciudadanos”.

 

 

En su informe final, entregado en agosto de 2008, la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) estableció que las víctimas totales directas de violaciones de derechos humanos entre 1954 y 1989 fueron 20.090 personas. De ellas 19.862 fueron detenidas en forma arbitraria o ilegal; 18.772 fueron torturadas; 59 ejecutadas extrajudicialmente; 336 desaparecidas y 3.470 exiliadas. Si bien se advierte que una persona pudo sufrir más de una violación y se debe tener en cuenta que en estas cifras existe un enorme sub registro de exilio y de otras formas de violencia como las violaciones de derechos contra mujeres y niñas y la violación sexual, los números no dejan de ser graves. Paraguay tiene poco más de seis millones de habitantes. La CVJ estima que los familiares afectados –víctimas indirectas– fueron 107.987 personas entre familiares y allegados. Los cálculos del número de víctimas comparado con la población total de Paraguay que en promedio fue de 2,5 millones –1,3 en 1950 y 4,1 millones en 1992 y con la población adulta del país, que fue en promedio un millón 250 mil– arrojan los siguientes resultados: se detuvo en forma arbitraria o ilegal al 0,79% de la población total, una de cada 126 personas, uno de cada 63 adultos. Se torturó al 0,75% de la población total: a una de cada 133 personas, uno de cada 67 adultos. Se ejecutó en forma extrajudicial o se hizo desaparecer a una de cada 6.345 personas. Se envió al exilio a 1,4 por mil de la población, una de cada 721 personas. En síntesis, se violó en alguno de sus derechos humanos al 0,80% de la población, a una de cada 124 personas. La Comisión formuló diez denuncias entre mayo de 2006 y marzo de 2008. En su gran mayoría se encuentran en la etapa investigativa y sus abogados luchan por declarar imprescriptibles los delitos presentados por ser crímenes de lesa humanidad.