Emergente: la metáfora cruel se ensañó con Michelle Bachelet y no se apiadó de la más socialista de las administraciones chilenas de los últimos 20 años. Tras el terremoto y el tsunami, la Concertación pagó hasta con las lágrimas de la propia Presidente la falta de voluntad para torcer el rumbo económico trazado por la dictadura de Pinochet. La profunda deuda social acabó con el cliché del milagro económico. Piñera hereda el compromiso de la reconstrucción del país, de la mano de un gabinete de ministros plagado de representantes de las empresas privadas.

El fin de 2009 no podía ser mejor para la élite chilena. En plena transición democrática ejemplar, el país ingresaba al privilegiado grupo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), el llamado “club de los países ricos”. La nación sería la primera en superar la crisis capitalista mundial y las instituciones chilenas estaban a la altura de las mejores del mundo. Más allá de los programas sociales aplicados, sobre todo en el gobierno de Michelle Bachelet, el gran objetivo del oficialismo y la oposición en los últimos 20 años fue mantener los lineamientos macroeconómicos de la dictadura pinochetista: apertura irrestricta de la economía, prebendas y plenos beneficios para los grandes inversores y escasa presencia del Estado en el rol planificador económico- financiero. Así fue que Chile firmó más de 20 tratados de libre comercio y logró acumular reservas internacionales por más de 20 mil millones de dólares. Los organismos financieros multilaterales recuerdan que el país lidera el PIB per cápita en todo el continente. Pero en la madrugada del 27 de febrero, entre Valparaíso y Concepción, donde vive el 50% de la población del país, la tierra se abrió y el temblor más largo de la historia se tragó el mito. El mar se salió con ferocidad y, cuando regresó a su cauce, mostró lo peor, tal vez menos trágico que la muerte, pero más vergonzoso que cualquier otro destino humano. Ahí estaba la profunda deuda social, la “brecha” en términos económico-sociales, la misma obra siniestra del régimen militar, 20 años después, gozando de buena salud, incluyendo la militarización de las calles a pedido de una derecha que se relamía en su llegada al poder. Hasta la Armada –otro orgullo chileno– falló en su tarea de alertar sobre la inminencia de un tsunami que, eventualmente, pudiera seguir al terremoto, como finalmente sucedió. Una realidad que no pudo ser ocultada ni siquiera por los medios “afines” a gobiernos que, como el chileno, se autoinstituyen como de izquierda, sin renunciar a los manejos financieros impuestos por el capitalismo más ortodoxo.

Debajo de la alfombra

Tras el terremoto, las principales ciudades afectadas fueron desbordadas de sobrevivientes que pugnaban por frenar el inminente desabastecimiento. Hubo saqueos y grupos de pobladores armados para evitar que sus vecinos se hicieran de alimentos y otros “lujos”, como las bebidas alcohólicas y los electrodomésticos. Sobre un total de 17 millones de habitantes Chile tiene casi dos millones de pobres y más de 500 mil personas viven en estado de indigencia. Según el último informe sobre Igualdad de Ingreso y Desarrollo Humano de la ONU, Chile ocupa el puesto 110 de un total de 124 países. Vale decir, mal entre los peores. Aunque en los 20 años transcurridos desde el retorno de la democracia, los distintos gobiernos de la Concertación lograron reducir sustancialmente los índices de miseria, 14 de cada 100 chilenos viven todavía por debajo del umbral de la pobreza. Esta sola cifra alejaría a cualquier país de ser reconocido como “milagro económico”. Sin embargo, Chile lo es. O lo fue. Decenas de miles de desplazados sufrieron durante días la falta de alimentos, agua, medicinas, ropa de abrigo, techo, electricidad y combustible. Tanto el servicio de agua, como de electricidad y de teléfonos está en manos de empresas privadas. Fue evidente la ausencia de los organismos de emergencia estatales que debieran haber puesto bajo su órbita a los prestadores particulares. Innumerables denuncias alertaron que los supermercados subieron los precios y ocultaron productos. Pero el Estado chileno no tuvo más opciones que ir a esas grandes cadenas formadoras de precios a comprar los insumos que debía repartir entre la población golpeada. En este ámbito, miles de personas reaccionaron y protestaron. Que la reacción popular haya sido aprovechada por delincuentes para robar artículos electrónicos es casi una anécdota que no debiera tapar el núcleo ni la raíz de la tragedia. El terremoto de febrero fue el de mayor magnitud en décadas y con pocos antecedentes en la historia reciente. Pero no menos cierto es que Chile padece permanentes situaciones de emergencia como sismos, erupción de volcanes o inundaciones. Por eso llama la atención –y los medios chilenos se hicieron eco de esto– la falta de hospitales de campaña, puentes de armado rápido, plantas purificadoras de agua, grupos electrógenos o sistemas de comunicación satelital. Como señaló un editorial de marzo de la revista Punto Final, “el terremoto desnudó las debilidades del modelo. Chile sigue siendo un país atrasado, aunque se codee en la Ocde con los países ricos. Sufre enormes inequidades y está sometido a la voluntad de empresas y consorcios privados que actúan al margen del control del Estado y de toda consideración por el bien común”.

La otra ola

La sola idea produce escalofrío: muchos de los edificios destruidos o seriamente dañados eran relativamente nuevos, y debieran haber sido construidos bajo los parámetros antisísmicos. Pero la inercia del negocio inmobiliario se llevó por delante cualquier previsión, frente a un Estado raquítico en su rol de contralor. La duda inicial del gobierno de la Concertación fue rápidamente capitalizada por el presidente (por entonces aún no asumido) Sebastián Piñera, quien pidió decretar zona de catástrofe y toque de queda, para darle a los militares y sus tanques la responsabilidad de patrullar las calles. Las imágenes de militares apuntando con su fusil a la cabeza de los saqueadores hablan por sí solas. Ese toque de queda acabó con la vida de David Riquelme Ruiz, un hombre de 45 años, cuyo cuerpo fue hallado el 10 de marzo con evidentes signos de haber recibido una golpiza por parte de cinco infantes de marina, luego procesados, en la localidad de Hualpén. Pasadas las primeras horas de angustia e incertidumbre, los testimonios de analistas, cronistas y testigos chilenos o extranjeros parecían coincidir aun desde las más variadas aristas ideológicas. Basta con revisar lo que decían algunos medios. El periodista Carlos Vergara, corresponsal en Chile del diario argentino La Nación –con más de 150 años en defensa de la élite oligárquica– resumió: “El terremoto dejó al desnudo la deuda social de Chile (…) Las imágenes del espanto posteriores a la catástrofe no parecen coincidir con las de un país ejemplar que tantos elogios ha cosechado en Washington y en el resto del mundo por la continuidad de un modelo económico que impulsó el desarrollo del país”. Otro corresponsal en Chile, en este caso de Telesur, graficó: “Después de un recorrido de cinco días, y casi dos mil kilómetros por la geografía de uno de los mayores desastres en la historia del país, nuestra primera conclusión apunta a que la situación es más grave y dramática de lo que los chilenos imaginan, y de lo que han proyectado los medios de comunicación”. El periodista y analista político chileno Manuel Cabieses explicó que “el terremoto desató una situación que estaba latente en el fondo de la sociedad chilena y que emergió a través de los saqueos o de los incendios de locales comerciales”. Para Cabieses, director de la revista Punto Final, “emerge un malestar social que no había tenido ocasión de manifestarse y que obedece a un fenómeno más profundo y que trasciende la acción de lumpen o delincuentes que sin duda también actuaron”. En el mismo sentido se pronunció el abogado y analista político Santiago Escobar: “O cambiamos de élite política o nos cambiamos de país (…) El terremoto ha dejado en evidencia la ‘orfandad política’ del país”. Y el director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, José Jara, reafirmó que “el terremoto dejó al descubierto la profunda brecha social que existe en el país, un nivel de desigualdad profunda que tiene que ver con un modelo de desarrollo excluyente”.“Chile nunca había vivido antes una explosión social como la que ocurrió después de la catástrofe”.

Deuda social

El gobierno del presidente Sebastián Piñera se autodenomina “de la reconstrucción”. Con un envidiable sentido premonitorio, antes del terremoto, Piñera había nombrado a un equipo de ministros estrechamente relacionados con las empresas privadas chilenas. La enorme mayoría de los 22 ministros y ministras son ingenieros y economistas. Seis ministros están vinculados a Luksic, uno de los seis grupos económicos más poderosos del mundo y el más fuerte en Chile. Entre la multiplicidad de actividades económicas y comerciales, Luksic domina amplios sectores relacionados con la construcción (o con la reconstrucción), como minería, telecomunicaciones, servicios e industrias. El grupo aportó 6 millones de dólares a la campaña Chile ayuda a Chile, para asistir a las víctimas del terremoto, organizada por la Fundación Teletón, presidida por el actual canciller Alfredo Moreno Charme. Otro ejemplo: un primo hermano del presidente, Herman Chadwick Piñera, dirigente político de la derecha chilena con enorme influencia en ámbitos de política y negocios durante la dictadura de Augusto Pinochet, es presidente del consorcio que tiene a su cargo la ruta 5, una de las principales carreteras del país, y otros caminos como Autopista del Maipú, Ruta del Bosque, Ruta de la Araucanía y Ruta de los Ríos. En total, 900 kilómetros de caminos. Chadwick Piñera es también presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública. De hecho, es impensable que la reconstrucción de Chile escape a los tentáculos de algún Chadwick, muchos de los cuales llegan hasta las propias entrañas del gobierno nacional. El Presidente anunció la creación de nuevos puestos de trabajo en las zonas afectadas, en el mismo día que la Central Única de Trabajadores (CUT) reportaba miles de despidos como consecuencia de la caída de la actividad productiva en las localidades castigadas. El terremoto encuentra a Chile con más de medio millar de muertos y daños multimillonarios en infraestructura básica como escuelas, hospitales y carreteras. También encuentra a buena parte de los chilenos con sus casas destruidas pero movilizados por la sensación de abandono frente a la magnitud del desastre. En el mismo terreno, un flamante gobierno de derecha que, aun antes de la tragedia, había advertido que “no habrá dinero para todos, por más justos que sean sus reclamos”. Los hombres de empresas que Piñera puso en su gabinete serán, sin dudas, el instrumento ideal para que el capital convierta mágicamente, una vez más, una tragedia social en un milagro económico.

- Adrián Fernández desde Buenos Aires

Fuente: http://www.americaxxi.com.ve/numeros/0060/noticias0060/chile01.html