El Salvador

El Salvador en el banquillo por El Mozote

Juan José Dalton

22/04/2012

Opinión

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El Estado salvadoreño, después de 31 años de ocurrida la espeluznante masacre de El Mozote, al fin podría ser condenado por un tribunal internacional, por no investigar, juzgar ni castigar a los responsables de la que es reconocida como la mayor acción de asesinatos en masa que se haya dado en América Latina y en la que fueron exterminados cerca de mil personas, en su mayoría menores de edad y mujeres.

Diego García Sayán, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), el tribunal de justicia de las Américas, aseveró en Guayaquil, Ecuador, donde el lunes se celebró la 45 Sesión Extraordinaria de dicha corte, que “espera tomar una decisión” antes de que termine el presente año.

Tal decisión podría ser la condena al Estado acusado, dado que El Salvador antes de ir a la Corte (el 8 de marzo de 2011) ya había incumplido las recomendaciones de la instancia inferior, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), misma que le había “sugerido” cumplir, además de reparar a las víctimas sobrevivientes de la masacre, llevar adelante un proceso de investigación, juzgar y castigar a los ejecutores de tan repudiable crimen de guerra y de lesa humanidad.

Esta acción cometida por el Batallón Atlacatl (de fuerzas especiales contrainsurgentes y entrenadas por Estados Unidos), que actuaban bajo el mando del ya fallecido Teniente Coronel Domingo Monterrosa, nunca ha sido juzgada en El Salvador por estar sus actores protegidos por una amnistía general promulgada en 1993 por el entonces presidente Alfredo Cristiani.

“Que haya justicia” fue el reclamo de la sobreviviente Dorila Márquez ante los magistrados de la CorteIDH, al concluir su testimonio, junto a otras dos familiares sobrevivientes de la masacre ocurrida en el caserío El Mozote y sus alrededores, en la provincia oriental de Morazán, en El Salvador. Los hechos ocurrieron entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981.

La masacre, según testimonios de sobrevivientes, fue un acto más que “inhumano”. Existen pruebas documentales de por ejemplo, decenas de menores de edad que fueron arrancados de sus madres y llevados a la casa convento de la iglesia católica. Estando encerrados allí fueron rociados vivos con lanzallamas accionados por los soldados. Osamentas y huellas de la acción fueron localizadas por un equipo conjunto de antropólogos forenses de Argentina y El Salvador, después de concluida la guerra civil en 1992.

Por décadas muchas de las víctimas no denunciaron los hechos por miedo, como lo relató ante la corte instalada en Guayaquil la señora María del Rosario López Sánchez, vecina entonces del caserío La Joya, aledaño a El Mozote; ella perdió a 22 familiares en la masacre y debió huir a los cerros vecinos donde vivió oculta durante seis años.

Para la perita española María Sol Yáñez, psicóloga social de la Universidad del País Vasco, después de más de 31 años de ocurridos los hechos, “el trauma se ha cristalizado, no sólo por los crímenes, sino también por la manera atroz en la que fueron cometidos, la culpabilización de las víctimas y la falta de justicia”.

Yáñez, invitada por la CorteIDH a testificar, urgió la implementación de un Programa de Atención Psicosocial como parte de una política integral de reparación a las víctimas, que contemple medidas específicas para reconstruir el tejido social. "Parte de la violencia actual en El Salvador tiene que ver con lo no resuelto del pasado", insistió la psicóloga española.

En enero pasado, cuando El Salvador conmemoraba los 20 años de firmados los acuerdos que pusieron fin a la guerra civil, el presidente Mauricio Funes pidió perdón por la masacre ocurrida y en una acción sin precedente nombró a los culpables de la acción, entre ellos a Monterrosa, a quien el ejército ha reconocido como un “héroe”; Funes también prohibió rendir homenajes a militares envueltos en crímenes de guerra.

En aquel entonces la sobreviviente de El Mozote, Dorila Márquez, le exclamó al presidente Funes: “Queremos justicia y verdad; queremos perdonar, pero queremos saber qué y a quiénes perdonar”.

En la guerra civil salvadoreña murieron 75.000 personas y desaparecieron 8.000. Los responsables de estas muertes y desaparecimientos forzosos, sean militares o guerrilleros, se mantienen en la impunidad gracias a la amnistía de 1993.

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