El drama de los desplazados y de los refugiados de Haití y Colombia. Ciudadanos arrancados de sus territorios y de sus identidades culturales. La criminalidad aumenta en Haití y con ello se agudiza el drama de miles de civiles que debería ser protegidos por el derecho internacional. Datos actualizados de Naciones Unidas (ONU) indican que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios comprobó serios obstáculos a la asistencia humanitaria que reciben las comunidades más necesitadas de ese país. Colombia, donde se desarrolla un escenario diferente al haitiano y ya registra el desplazamiento forzada de unas 400.000 familias, también provoca inquietud humanitaria. Se estima que unos 25 mil haitianos aún poseen armas. Según los informes de ONU "el abastecimiento de agua y de electricidad siguen siendo muy problemático como consecuencia de los sabotajes y daños a la infraestructura resultados de la violencia registrada en febrero y marzo pasados". La provisión de agua alcanza sólo al 75 por ciento de su capacidad antes de la crisis. Los conflictos armados suelen provocar desplazamientos masivos de civiles, ya sea dentro de los límites de un país como también a través de las fronteras internacionales. En muchos casos, estas personas escapan de la guerra dejando atrás todas sus pertenencias inmediatas: sus trabajos, sus familias y sus hogares. Las familias se quiebran, la huida es con frecuencia hacia territorios desconocidos, lugares lejanos. Sin recursos económicos dependen, por lo menos en un comienzo, de la predisposición de las comunidades que las acogen y de las organizaciones humanitarias que las protegen y velan por sus derechos. Dos conceptos diferenciados surgen a partir de esta problemática: los desplazados internos y los refugiados. Los desplazados internos son civiles que huyen de diversas situaciones de violencia que ponen en riesgo su vida, su salud o su dignidad, sin llegar a atravesar las fronteras de su propio país. Los refugiados, en cambio, son los que, por motivos similares, atraviesan las fronteras, buscando refugio en otros Estados. En un conflicto armado, los desplazados en el interior de su propio país necesitan protección jurídica. El Derecho Internacional Humanitario (DIH) tiene esa función. Prohibe los desplazamientos forzados de la población, salvo que sean dispensables para garantizar su seguridad, o por imperiosas razones militares. Pero desgraciadamente, estas normas son quebrantadas en los conflictos que se registran en América Latina. Los refugiados, por su parte, están protegidos por una rama del Derecho Internacional denominada Derecho de los Refugiados y por el cometido del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Según establece la Convención de Ginebra un refugiado es quien "tiene un fundado temor de ser perseguido a causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política y que, al encontrarse fuera del país de su nacionalidad, no puede o no quiere, debido a ese temor, acogerse a la protección de su país".Además, los refugiados están protegidos por el DIH cuando son víctimas de un conflicto armado, cuando se encuentran en poder de la parte adversaria o se vean afectados por las hostilidades en el país que los recibe. La crisis que se desató en Haití durante los primeros días de febrero último, dio lugar a asesinatos, saqueos, incendios y otras formas de terror que causaron estragos en el país caribeño. El estallido de la violencia entre fuerzas rebeldes, milicias armadas partidarias del ex presidente Jean Bertrand Arístides y la Policía Nacional Haitiana, provocó alarma ante las entonces inminentes consecuencias humanitarias. La crisis, resultado de la terrible inestabilidad política que padece el país más pobre de América Latina, amenaza con arrastrar una pavorosa crisis humanitaria y posiblemente provocar un enorme flujo de refugiados a los países vecinos. Pasaron ya tres meses desde aquella escalada de violencia que dejó como saldo centenares de muertos y una situación de emergencia que el gobierno de Estados Unidos aprovechó para desembarcar con sus tropas y llevar adelante una operación política, militar y diplomática dirigida a presionar y crear fricciones que le permitan chocar definitivamente con Cuba y Venezuela. Para el primero de junio de este año esta previsto que la ONU instituya una Misión de Estabilización en Haití, que reemplace a la Fuerza Interina Multinacional. Esta última tiene a su cargo la seguridad del país y cuenta con 3.700 soldados franceses y estadounidenses y 2.300 efectivos de la policía haitiana. La Misión de Estabilización pronta a asumir esta conformada por 6.700 soldados y 1.600 policías. Además se tiene previsto que, en colaboración con autoridades haitianas, coordine la distribución de la asistencia humanitaria. El ACNUR publicó, a fines de febrero pasado, una serie de directrices para los gobiernos, recomendando la suspensión de cualquier retorno forzado a Haití, incluyendo aquellas personas a las cuales se les había rechazado su solicitud de asilo o habían sido rescatadas en el mar. Cabe destacar que antes de la publicación de las recomendaciones, Canadá había confirmado que no devolvería a ninguna persona, al igual que Cuba, Jamaica, Las Bahamas y República Dominicana. Desde que comenzaran las hostilidades, alrededor de 400 haitianos llegaron a República Dominicana, Jamaica y Cuba. Sin embargo, según informó el mismo ACNUR, la Guardia Costera de Estados Unidos recogió y repatrió a 880 haitianos en los últimos días de febrero. En Colombia, los desplazados por el conflicto armando en que vive envuelto ese país desde hace décadas, conforman uno de los grupos de estás características más grandes del mundo. Miles de campesinos son víctimas del peligro de la guerra como consecuencia de disputas territoriales que los expulsan de sus predios. Desde 1985 hasta la fecha, son casi 3 millones de colombianos los que han huido de esa confrontación, integrados en 400.000 familias dispersas en la geografía nacional y alojadas en los llamados cinturones de miseria de las grandes ciudades. La actualidad no depara buenos augurios para los campesinos colombianos. Un informe del diario El Tiempo de Bogotá reveló que Colombia pondrá en acción el Plan Patriota, una nueva denominación al ya devastador Plan Colombia, que implicará la movilización de 15 mil efectivos militares a la frontera sur del país, límite con Ecuador, para enfrentar a los grupos armados en esa zona. En ese sentido, el periodista argentino Emiliano Guido, de APM, afirmó en un reciente artículo que, "de esta manera, se reformulará la dimensión del Plan Colombia a pedido del Comando Sur estadounidense y de los Departamentos de Estado y Defensa". La propuesta –dice el mismo artículo- "consiste en elevar el cupo de tropas que el Congreso estadounidense permite enviar a suelo colombiano. Se pasaría de 400 soldados y contratistas a 800 y 600 respectivamente. Decenas de ellos mercenarios, entrenados en conflictos padecidos por África, el Golfo Pérsico y los Balcanes". Colombia y Ecuador comparten unos 640 kilómetros de frontera, desde el océano Pacífico hasta la selva amazónica, donde en la mayor parte del lado colombiano se registra una fuerte presencia de grupos armados y guerrilleros. El director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos, Gustavo Larrea, dijo que "Ecuador es también víctima del conflicto colombiano, lo es por la cantidad de ciudadanos refugiados y desplazados". Según cifras del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en lo que va de este año este organismo asistió en Colombia a poco menos de 5.500 civiles víctimas del conflicto. Asimismo las cifras de la acción humanitaria del CICR establecen que poco más de 1.200 familias requirieron su asistencia. Tanto en Haití como en Colombia, la aplicación del Derecho Internacional Humanitario resulta imperiosa, para la contención física y psicológica de los desplazados internos y los refugiados. En Haití, una seria política de desarme de las fuerzas rebeldes, de las milicias armadas partidarias del ex presidente Arístides y de los activistas armados de partidos políticos de la oposición, minimizará el riesgo de abusos contra los derechos humanos y garantizará la seguridad en las calles de todo el país. En Colombia, el gobierno de Estados Unidos arma su mejor jugada para acceder al control de la biodiversidad de la Amazonía, del agua, del petróleo y de otros recursos estratégicos, por supuesto a costa del desarraigo de millones de personas. Lejos de plantear soluciones precisas y simplistas, sólo a través de medidas políticas concretas se pueden limitar el daño y contener a los refugiados y desplazados internos en forma inmediata y constante. Es urgente que la política y la acción humanitaria actúen juntas para responder de manera eficaz a la inaplazable necesidad del respeto universal a los derechos humanos. * Cristian Lora. La Plata/APM. AGENCIA PERIODÍSTICA DEL MERCOSUR (APM). Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP)