Escapar de la guerra, un destino de destierro arbitrario
Desplazados y refugiados en Haití y Colombia
06/05/2004
- Opinión
El drama de los desplazados y de los refugiados de Haití y
Colombia. Ciudadanos arrancados de sus territorios y de sus
identidades culturales.
La criminalidad aumenta en Haití y con ello se agudiza el drama de
miles de civiles que debería ser protegidos por el derecho
internacional. Datos actualizados de Naciones Unidas (ONU) indican
que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios comprobó
serios obstáculos a la asistencia humanitaria que reciben las
comunidades más necesitadas de ese país. Colombia, donde se
desarrolla un escenario diferente al haitiano y ya registra el
desplazamiento forzada de unas 400.000 familias, también provoca
inquietud humanitaria. Se estima que unos 25 mil haitianos aún
poseen armas. Según los informes de ONU "el abastecimiento de agua
y de electricidad siguen siendo muy problemático como consecuencia
de los sabotajes y daños a la infraestructura resultados de la
violencia registrada en febrero y marzo pasados". La provisión de
agua alcanza sólo al 75 por ciento de su capacidad antes de la
crisis.
Los conflictos armados suelen provocar desplazamientos masivos de
civiles, ya sea dentro de los límites de un país como también a
través de las fronteras internacionales. En muchos casos, estas
personas escapan de la guerra dejando atrás todas sus pertenencias
inmediatas: sus trabajos, sus familias y sus hogares. Las familias
se quiebran, la huida es con frecuencia hacia territorios
desconocidos, lugares lejanos. Sin recursos económicos dependen,
por lo menos en un comienzo, de la predisposición de las
comunidades que las acogen y de las organizaciones humanitarias
que las protegen y velan por sus derechos.
Dos conceptos diferenciados surgen a partir de esta problemática:
los desplazados internos y los refugiados. Los desplazados
internos son civiles que huyen de diversas situaciones de
violencia que ponen en riesgo su vida, su salud o su dignidad, sin
llegar a atravesar las fronteras de su propio país. Los
refugiados, en cambio, son los que, por motivos similares,
atraviesan las fronteras, buscando refugio en otros Estados.
En un conflicto armado, los desplazados en el interior de su
propio país necesitan protección jurídica. El Derecho
Internacional Humanitario (DIH) tiene esa función. Prohibe los
desplazamientos forzados de la población, salvo que sean
dispensables para garantizar su seguridad, o por imperiosas
razones militares. Pero desgraciadamente, estas normas son
quebrantadas en los conflictos que se registran en América Latina.
Los refugiados, por su parte, están protegidos por una rama del
Derecho Internacional denominada Derecho de los Refugiados y por
el cometido del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR). Según establece la Convención de Ginebra un
refugiado es quien "tiene un fundado temor de ser perseguido a
causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un
determinado grupo social u opinión política y que, al encontrarse
fuera del país de su nacionalidad, no puede o no quiere, debido a
ese temor, acogerse a la protección de su país".Además, los
refugiados están protegidos por el DIH cuando son víctimas de un
conflicto armado, cuando se encuentran en poder de la parte
adversaria o se vean afectados por las hostilidades en el país que
los recibe.
La crisis que se desató en Haití durante los primeros días de
febrero último, dio lugar a asesinatos, saqueos, incendios y otras
formas de terror que causaron estragos en el país caribeño. El
estallido de la violencia entre fuerzas rebeldes, milicias armadas
partidarias del ex presidente Jean Bertrand Arístides y la Policía
Nacional Haitiana, provocó alarma ante las entonces inminentes
consecuencias humanitarias. La crisis, resultado de la terrible
inestabilidad política que padece el país más pobre de América
Latina, amenaza con arrastrar una pavorosa crisis humanitaria y
posiblemente provocar un enorme flujo de refugiados a los países
vecinos.
Pasaron ya tres meses desde aquella escalada de violencia que dejó
como saldo centenares de muertos y una situación de emergencia que
el gobierno de Estados Unidos aprovechó para desembarcar con sus
tropas y llevar adelante una operación política, militar y
diplomática dirigida a presionar y crear fricciones que le
permitan chocar definitivamente con Cuba y Venezuela.
Para el primero de junio de este año esta previsto que la ONU
instituya una Misión de Estabilización en Haití, que reemplace a
la Fuerza Interina Multinacional. Esta última tiene a su cargo la
seguridad del país y cuenta con 3.700 soldados franceses y
estadounidenses y 2.300 efectivos de la policía haitiana. La
Misión de Estabilización pronta a asumir esta conformada por 6.700
soldados y 1.600 policías. Además se tiene previsto que, en
colaboración con autoridades haitianas, coordine la distribución
de la asistencia humanitaria.
El ACNUR publicó, a fines de febrero pasado, una serie de
directrices para los gobiernos, recomendando la suspensión de
cualquier retorno forzado a Haití, incluyendo aquellas personas a
las cuales se les había rechazado su solicitud de asilo o habían
sido rescatadas en el mar. Cabe destacar que antes de la
publicación de las recomendaciones, Canadá había confirmado que no
devolvería a ninguna persona, al igual que Cuba, Jamaica, Las
Bahamas y República Dominicana. Desde que comenzaran las
hostilidades, alrededor de 400 haitianos llegaron a República
Dominicana, Jamaica y Cuba. Sin embargo, según informó el mismo
ACNUR, la Guardia Costera de Estados Unidos recogió y repatrió a
880 haitianos en los últimos días de febrero.
En Colombia, los desplazados por el conflicto armando en que vive
envuelto ese país desde hace décadas, conforman uno de los grupos
de estás características más grandes del mundo. Miles de
campesinos son víctimas del peligro de la guerra como consecuencia
de disputas territoriales que los expulsan de sus predios.
Desde 1985 hasta la fecha, son casi 3 millones de colombianos los
que han huido de esa confrontación, integrados en 400.000 familias
dispersas en la geografía nacional y alojadas en los llamados
cinturones de miseria de las grandes ciudades.
La actualidad no depara buenos augurios para los campesinos
colombianos. Un informe del diario El Tiempo de Bogotá reveló que
Colombia pondrá en acción el Plan Patriota, una nueva denominación
al ya devastador Plan Colombia, que implicará la movilización de
15 mil efectivos militares a la frontera sur del país, límite con
Ecuador, para enfrentar a los grupos armados en esa zona.
En ese sentido, el periodista argentino Emiliano Guido, de APM,
afirmó en un reciente artículo que, "de esta manera, se
reformulará la dimensión del Plan Colombia a pedido del Comando
Sur estadounidense y de los Departamentos de Estado y Defensa". La
propuesta –dice el mismo artículo- "consiste en elevar el cupo de
tropas que el Congreso estadounidense permite enviar a suelo
colombiano. Se pasaría de 400 soldados y contratistas a 800 y 600
respectivamente. Decenas de ellos mercenarios, entrenados en
conflictos padecidos por África, el Golfo Pérsico y los Balcanes".
Colombia y Ecuador comparten unos 640 kilómetros de frontera,
desde el océano Pacífico hasta la selva amazónica, donde en la
mayor parte del lado colombiano se registra una fuerte presencia
de grupos armados y guerrilleros. El director ejecutivo de la
Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos, Gustavo
Larrea, dijo que "Ecuador es también víctima del conflicto
colombiano, lo es por la cantidad de ciudadanos refugiados y
desplazados".
Según cifras del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en
lo que va de este año este organismo asistió en Colombia a poco
menos de 5.500 civiles víctimas del conflicto. Asimismo las cifras
de la acción humanitaria del CICR establecen que poco más de 1.200
familias requirieron su asistencia.
Tanto en Haití como en Colombia, la aplicación del Derecho
Internacional Humanitario resulta imperiosa, para la contención
física y psicológica de los desplazados internos y los
refugiados.
En Haití, una seria política de desarme de las fuerzas rebeldes,
de las milicias armadas partidarias del ex presidente Arístides y
de los activistas armados de partidos políticos de la oposición,
minimizará el riesgo de abusos contra los derechos humanos y
garantizará la seguridad en las calles de todo el país.
En Colombia, el gobierno de Estados Unidos arma su mejor jugada
para acceder al control de la biodiversidad de la Amazonía, del
agua, del petróleo y de otros recursos estratégicos, por supuesto
a costa del desarraigo de millones de personas.
Lejos de plantear soluciones precisas y simplistas, sólo a través
de medidas políticas concretas se pueden limitar el daño y
contener a los refugiados y desplazados internos en forma
inmediata y constante. Es urgente que la política y la acción
humanitaria actúen juntas para responder de manera eficaz a la
inaplazable necesidad del respeto universal a los derechos
humanos.
* Cristian Lora. La Plata/APM.
AGENCIA PERIODÍSTICA DEL MERCOSUR (APM). Facultad de Periodismo
y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata
(UNLP)
https://www.alainet.org/es/active/6098
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