Millones de estadounidenses se conmovieron con la historia de la soldado Lynch, capturada en marzo de 2003 por las tropas iraquíes. Tras su liberación, pocos días después, Jessica Lynch regresaba a su casa de West Virginia convertida en heroína y en icono de la lucha de Estados Unidos por la liberación del pueblo iraquí. Pero en Estados Unidos muy pocas personas han oído hablar de Thomas Howes, Marc Gonsalves o Keith Stansell. Tres estadounidenses que llevan ya dieciséis meses secuestrados en las selvas colombianas por los rebeldes de las FARC. El relativo anonimato de estos tres secuestrados no causa sorpresa. No eran miembros activos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, sino contratistas de dos subsidiarias de Northrop Grumman -una empresa privada que presta servicios al Departamento de Estado norteamericano en la lucha antidrogas en Colombia y en Afganistán-; derribados de su pequeño avión el 13 de febrero de 2003 cuando sobrevolaban la provincia de Caquetá, al sur del país. "Compare el impresionante despliegue que los medios han dado al episodio de Jessica Lynch con la cobertura de estos tres hombres en Colombia, que llevan meses en cautiverio," afirma Peter Singer, analista del centro de estudios Brookings Institution y autor del libro Corporate Warriors (Guerreros empresariales). "Eso ilustra una de las claras razones de por qué a los gobiernos les gusta emplear a estas compañías de contratistas, porque cuando las cosas fracasan no hay titulares," explica Singer. El número de civiles estadounidenses que apoyan los programas antidrogas en Colombia se ha duplicado en los últimos dos años. Cuando el financiamiento del Plan Colombia fue aprobado en julio de 2000, el Congreso de Estados Unidos fijó un límite en el número de militares y contratistas civiles estadounidenses que podrían "apoyar" el Plan Colombia. Pero viendo el "excelente" rendimiento de estos contratistas, en mayo de este año, Washington ha decidido aumentar de 400 a 500 el número de efectivos estadounidenses en el país, y eliminar el límite para la presencia de contratistas privados. El salto cualitativo en la implicación estadounidense en Colombia es por tanto claro. En el país andino hay varias empresas privadas, algunas de ellas íntimamente relacionadas con los círculos de poder de Washington, trabajando para el gobierno de Estados Unidos (Lockheed Martin, ARINC, Northrop Grumman, MPRI...), pero por el volumen de negocios, el paradigma lo representa DynCorp. Sus contratistas rocían campos de coca, operan aviones y helicópteros del Departamento del Estado, organizan programas de desarrollo alternativos, reparan las avionetas y asesoran en materia de inteligencia al Ministerio de Defensa colombiano. Este mini ejército norteamericano, proporciona además pilotos, técnicos, y casi cualquier clase de personal requerido para realizar la guerra en Colombia, incluyendo personal administrativo. DynCorp Aerospace Technologies, fundada en 1946 y radicada en Reston (Virginia), era, hasta su compra por parte de Computer Sciences Corporation en 2003, uno de los contratistas más importantes del gobierno federal de Estados Unidos, y los contratos con las más de 37 agencias federales con las que trabaja le reportaban el 98% de su negocio. En 2001, la compañía firmó un contrato de 600 millones de dólares con el Departamento de Estado para realizar tareas de fumigación de coca en Colombia, Bolivia y Perú. DynCorp tiene un amplio historial de operaciones por todo el mundo. En Colombia, según Peter Singer, los hombres de esta compañía se han ganado la reputación de "arrogantes y dispuestos a luchar". Poco importa el carácter moral de estos 'profesionales' en el desempeño de sus funciones, pero sí importan sin embargo, las acusaciones que se les han imputado durante su participación en la guerra en los Balcanes, donde varios empleados de esta compañía se vieron implicados en un escándalo de tráfico sexual, prostitución de menores y tráfico ilegal de armas en Bosnia. En Afganistán, DynCorp también ha recibido su parte del pastel. Ya durante la propia guerra, la CIA puso parcialmente en manos de contratistas particulares los vuelos de sus aviones Predator. Pero será una vez ''oficialmente'' acabado el conflicto cuando DynCorp -que vela por el mantenimiento del avión presidencial, el Air Force One-, consiga un contrato para la protección privada del presidente afgano, Hamid Krzai, y otro para entrenar al Ejército afgano una vez que los Boinas Verdes abandonen el país. Hasta Mesopotamia también ha ido esta empresa para hacer negocio: 40 millones de dólares se va a embolsar esta compañía por preparar a la policía de Irak. La extendida utilización en Colombia de contratistas en lugar de personal militar significa que pocos estadounidenses son conscientes del nivel de implicación de su país en el Estado andino, y la escalada en la implicación -hasta el punto de que Colombia es el tercer receptor de ayuda militar estadounidense tras Israel y Egipto-, muestra a las claras que al igual qué ocurre en el sector energético, múltiples empresas militares tienen intereses en Colombia y acuerdos millonarios con la administración Bush. Privatización de la Defensa Esta "guerra invisible", protagonizada por las "Corporaciones Militares Privadas" y financiada por el Pentágono, está provocando un conflicto entre los negocios privados y los recursos públicos. Hoy, más del 48% del presupuesto de Defensa ha sido repartido entre compañías privadas, lo que supone una transferencia directa de los impuestos de los estadounidenses a estas corporaciones. Más de un año después, familiares de los tres secuestrados de Northrop Grumman por las FARC dicen no haber recibido todavía una explicación completa de lo ocurrido. Las familias demandan negociaciones. Washington se niega a negociar con una guerrilla a la que ha incluido en su lista de grupos terroristas, aunque sí ha ofrecido para solucionar la crisis "efectivos", 340.000 dólares de recompensa y la posibilidad de una visa a Estados Unidos a cambio de información que lleve a la liberación de los rehenes. Los críticos con la utilización de contratistas privados dicen que para los estadistas americanos los riesgos políticos que rodean una implicación más profunda de Washington en el conflicto de Colombia hacen que utilizar contratistas sea preferible a colocar fuerzas u oficiales de la inteligencia en un peligro similar. Los contratistas no están sometidos a ningún estricto código de conducta, Washington no responde directamente por ellos y a sus bajas por muerte o captura no se les da gran publicidad. "Cuando matan a los contratistas privados, nosotros simplemente podemos declarar que ellos no forman parte de nuestras fuerzas militares", admitía Miles Frechette, embajador en Bogotá con Bill Clinton. "La opinión pública norteamericana se muestra muy susceptible a contar el número de muertes", afirmaba el general colombiano ya retirado, Néstor Ramírez, agregado de Defensa en Washington entre enero de 2002 y enero de 2003. "Imagine si 20 militares americanos murieran aquí. Sería el final del Plan Colombia". Desde 1998, más de 20 contratistas privados han muerto en Colombia, y sus muertes apenas han sido declaradas. * Jacobo Quintanilla. Periodista. Agencia de Información Solidaria