Fiel a su estilo, Alvaro Uribe, el popular presidente de Colombia , no perdió la oportunidad de utilizar su discurso en la sesión inaugural de la Asamblea de Gobernadores del BID realizada en Tokio, para exigir a la comunidad internacional no hacer concesiones a los terroristas y, por el contrario, combatirlos inflexiblemente. Como se recuerda, el mensaje central de su campaña electoral que lo llevó a la victoria y que continúa siendo la base de su actual popularidad y probable reelección presidencial, fue el mismo. Es que el conflicto armado interno en nuestro hermano país, aunque con variación de los actores, ya viene durando mas de medio siglo; una de sus características es que intermitentemente se han producido períodos de negociación con los de agudos enfrentamientos, pero ninguno de los dos han servido para lograr la paz definitiva. En síntesis, los colombianos ya están hartos de convivir con la violencia y es ese sentido común que el presidente Uribe ha sabido capitalizarlo políticamente. Pero, en nuestro país son pocos los interesados en seguir las negociaciones que actualmente el gobierno de Uribe viene llevando a cabo con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), comúnmente conocidas como los “paras” ( de paramilitares). Se estima que las AUC cuentan con cerca de 20 mil efectivos , número mayor al de las FARC, y han comenzado una simbólica desmovilización y entrega de armas de 87l efectivos urbanos del Bloque Cacique Nutibara, como gesto para el inicio de las negociaciones actualmente en curso con el gobierno. Conviene recordar que el origen de las hoy autodenominadas AUC se remonta a los inicios de la década de los ´80, años en los que los narcotraficantes empezaron a comprar, a muy bajo precio, haciendas ganaderas ubicadas en las zonas donde actuaban las FARC, las que cometían toda clase de tropelías. Estos “narco-ganaderos”, en alianza con los propietarios que se quedaron, empezaron a financiar a grupos de “autodefensa”. Se contrataron como instructores a mercenarios israelitas, británicos y oficiales en retiro de las fuerzas de seguridad colombianas. Poco a poco en la región del Magdalena Medio, las FARC fueron perdiendo terreno y siendo controlado por los “paras”mediante el terror. El desplazamiento de pequeños y medianos propietarios fue inevitable, pasando sus propiedades (aproximadamente 5 millones de has) a manos de los “paras”. Además, simultáneamente las AUC se convirtieron en eslabones claves del narcotráfico, al cual se debían desde su formación. Justamente sus jefes mas reconocidos como Carlos Castaño y Salvatore Mancuso (el primero desaparecido extrañamente el año pasado), eran requeridos por la justicia norteamericana acusados de ser jefes de organizaciones de narcotraficantes. Como se ve, el narcoterrorismo colombiano cubre un espectro mas amplio de fuerzas, involucra mayores intereses locales y continentales, y no se circunscribe sólo a las FARC, como se nos quiere hacer creer. De otro lado, lo que singularmente debe llamar la atención es la benignidad de las propuestas del gobierno de Uribe durante las negociaciones con las AUC . Si bien es cierto que hay que ser respetuoso de las formas y contenidos con que cada país trata de resolver los problemas de violencia política interna, y sin afán de comparación con las penalidades impuestas en nuestro país, de todas maneras nos parece interesante reseñar algunos puntos de la negociación comentada. - Los “paras” que se desmovilizan sólo tendrán que dar su versión y reconocimiento de los delitos que se les acusan ( delitos políticos según ellos), entregar las armas y bienes ilícitamente obtenidos, y de esta manera, no sólo obtendrían la libertad inmediata, sino, además, se acogerían a un programa gubernamental de resocialización con trabajo incluido. Para los “paras”, los mal llamados “excesos cometidos” se han producido en la lucha contra las FARC y, por lo tanto, en defensa de las instituciones del Estado. - Sólo aquellos miembros de las AUC responsables de crímenes atroces (violaciones, torturas, asesinatos de niños y mujeres, etc) podrían ser penalizados hasta un máximo de 8 años de carcelería. Es parte de la negociación si podrían acogerse a los beneficios del 2 por l, etc. etc. - Ningún jefe de las AUC podría ser extraditado ya que supuestamente los ingresos del narcotráfico, reconocido por los propios “paras”, como necesarios para financiar su lucha contra las FARC, por el carácter político del conflicto, harían del propio narcotráfico un delito político. Lo anterior no es broma; el abogado penalista Dr. Salazar Pineda, al servicio de las AUC, declaró, con evidente sarcasmo, en junio del 2003 que “la contrainsurgencia no se financia con medallas, escapularios, rifas o venta de empanadas”. ¿Qué les parece?