En el Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) se consideró incorrecto utilizar el término “narcoterrorismo” para tratar de explicar lo sucedido en el Alto Huallaga durante los años de la violencia política ( ver TomoV). Ahí se señala que dicho término sólo sirve para oscurecer el análisis al limitarlo en función de quienes defendían al Estado y quienes estaban contra él; es decir, entre los “buenos” y los “malos”. De esta manera, lo que se buscaba era favorecer la impunidad de los agentes estatales que también se habían involucrado con el narcotráfico y eran responsables de numerosas violaciones de los derechos humanos. Por eso no es casual que se omitiera tal término para explicar lo que sucedía durante los años `80 en el valle del río Apurimac , límite entre Ayacucho y Cuzco, a pesar que fue uno de los escenarios de mayor violencia política articulada al narcotráfico. ¿Por qué?, porque a diferencia de lo sucedido en el Alto Huallaga, los productores cocaleros del valle del río Apurimac que abastecían al narcotráfico local eran a su vez los miembros de las “rondas antisubversivas”, precursoras de los Comités de Autodefensa, conocidos como CADs. Aquí pues, también convergieron los intereses del narcotráfico , productores de coca y grupos irregulares armados, sino que en este caso, estos intereses apoyaban al Ejército y al Estado peruano. Pero, también, habría que tomar en cuenta que en los mismos dos escenarios los jefes militares de entonces se vieron involucrados con los intereses del narcotráfico, hasta casi mediados de los años 90. ¿Cómo se denominaría entonces la relación que existió entre cocaleros, narcotraficantes y jefes militares? Tal vez, podríamos intentar “narco-militarismo”, “narco-terrorismo estatal”, etc, etc. El término “narco-terrorismo”, desde hace ya buen tiempo, viene siendo promovido desde la estrategia contradrogas norteamericana que, como se sabe, es la que “nortea” la nuestra. Cada vez queda mas claro que lo que se quisiera es demostrar que ante el fracaso de la “estrategia concertada”, lo que quedaría es acentuar los aspectos represivos y hasta llegar, de ser necesario, hasta la propia militarización de la estrategia antidrogas en nuestro país. En realidad, lo que está en curso es el intento de “colombianizar” el conflicto, pero no porque los rezagos senderistas en alianza con el narcotráfico van a constituirse en una amenaza al estilo de las FARC colombiana ,como algunos portavoces nativos de la embajada USA amenazan ; sino porque en el horizonte estratégico de la política antidrogas norteamericana no está descartada la opción solapada de expandir hacia el sur el Plan Colombia. A propósito, ¿por qué no le captura a “Artemio” y su lugarteniente “Clay”? Se sabe quienes son y por donde andan. Más aún, de lo que recordamos ningún cabecilla senderista se ha dado el lujo de dar entrevistas para la TV extranjera, aparecer en programas políticos de nuestra TV dominical, y hasta hacer declaraciones en RPP, como lo ha hecho “Artemio”. Lo inhóspito el terreno, que lo es, no puede ser una excusa; todos recordamos cómo se produjo la captura de “Feliciano”. Recordamos, que ya han pasado 12 años desde que Guzmán propuso el acuerdo de paz (l993); a Feliciano se le capturó pasado los 6 años, y ha pasado el doble de tiempo y no se captura a Artemio. Pregunto: ¿se podría seguir hablando de “narcoterrorismo” si fueran desarticulados los remanentes senderistas? Así, pues, finalmente creemos que se debería hacer un esfuerzo para no caer en la utilización de términos que por lo genéricos, no sirven para analizar y esclarecer la compleja realidad sino que pueden ser utilizados para su manipulación en función de diversos intereses ajenos al curso democrático del país.