Introducción El documento Alternativas para las Américas que contiene la respuesta de la Alianza Social Continental a la propuesta del ALCA es producto de una elaboración colectiva de los movimientos sociales y de intelectuales que, en un proceso largo y complejo se preocuparon de establecer por consenso una formulación positiva de organización social y de relaciones internacionales. Se trata de, partiendo de una critica de la propuesta neoliberal, presentar la alternativa de los movimientos sociales. El punto de partida es que los acuerdos comerciales, las exportaciones o los flujos de capital no pueden asegurar el desarrollo. En el campo de las relaciones internacionales se trata de establecer el marco internacional necesario para que se puedan promover políticas nacionales de desarrollo. No es una alternativa basada en acuerdos de libre comercio, es la propuesta de construir una nueva sociedad que realice acuerdos internacionales basados en la reciprocidad, el mutuo beneficio, la soberanía nacional, la defensa del mercado interno y el respeto y preservación de los derechos fundamentales. Nuestro objetivo es formular “una propuesta integral para una visión alternativa del desarrollo equitativo y sustentable de nuestras sociedades”. Se incluyen definiciones de largo plazo que implican profundos cambios sociales y sobre todo la transformación del Estado pero también reivindicaciones inmediatas, exigencias a los gobiernos y formulaciones que son parte de la lucha cotidiana de los pueblos. Esta es una propuesta viva que se continuará enriqueciendo con el desarrollo de la lucha popular y recogiendo las decenas de experiencias de los pueblos americanos. El documento Alternativas para las Américas puede leerse desde diferentes ángulos: como el conjunto de demandas de los movimientos sociales, como la precisión de los derechos fundamentales que se reivindican, como una contrapropuesta a los temas que se incluyen o se omiten en la negociación de los Tratados de Libre Comercio. Alternativas presenta en todos estos campos formulaciones precisas, sustentadas y basadas en la experiencia y en la evidencia empírica, rigurosamente documentada. De la asimetría a la dominación Alternativas establece la propuesta de construir una sociedad diferente y un acuerdo entre todos los países de América. Sin embargo es necesario no olvidar el particular papel de Estados Unidos cuya comparación con los demás países no se limita a las asimetrías en niveles de desarrollo sino que es el centro de las principales multinacionales, del capital financiero y a su vez una potencia global que ejerce una dominación política, económica y militar sobre el continente que puede llamarse sin dudas imperialista. Aunque esto tiene diferente grado y profundidad en los diferentes países y algunos pugnan por romper esta situación o han dado pasos en escapar de ella, durante décadas esta ha sido una realidad que ha marcado el destino de los países americanos. Es imposible plantear un desarrollo alternativo sin superar este obstáculo que impide la soberanía de los países que es la base de toda propuesta tanto de edificación de una nueva sociedad como de relaciones internacionales armónicas. La cúpula dominante en Estados Unidos es la principal beneficiaria de los Tratados de Libre Comercio y ellos forman parte de una estrategia de dominación continental y de disposición global de las fuerzas que hace inviable por razones estructurales de nivel, tipo de desarrollo y dominación política un acuerdo con esa potencia. Eso sin olvidar que otras potencias e incluso entre diferentes países se ha tratado de implementar tratados que calcan el formato del libre comercio. Por tanto hay razones de fondo para no hacer un acuerdo con Estados Unidos y es necesario reivindicar la necesidad de acuerdos entre los pueblos y países del sur, incluyendo el pueblo norteamericano lo cual es una propuesta en desarrollo que se entrecruza con diferentes propuestas y realidades de acercamiento entre los países que están sobre el tapete y que deben examinarse a la luz del tipo de relaciones internacionales que se proponen. Criticamos enfáticamente los efectos nocivos del libre comercio, el modelo y la globalización neoliberal, el dominio de las multinacionales, el predominio del mercado sobre todas las demás esferas de la actividad social y las consecuencias negativas que la predominancia de una organización internacional acorde con estos, han traído para el continente. Es necesario reiterar la crítica a las políticas de ajuste estructural, a las privatizaciones, a la reducción de la protección de los mercados nacionales y al endeudamiento externo. No se trata de regresar al pasado o propugnar por el aislamiento o el cierre de las economías. Es necesario levantar una propuesta antineoliberal, antimonopolista y antiimperialista que reconozca que el Estado debe jugar un papel activo, que el desarrollo debe planificarse y que la lógica de la competitividad debe remplazarse por la de la cooperación. Debemos, en contra del modelo único, insistir en la diversidad, la promoción de los proyectos de desarrollo nacional y el fortalecimiento de la economía interna que traen como consecuencia obligada que no pueda formularse un único modelo sino unos principios comunes aplicados en forma diferente en cada país de acuerdo a sus circunstancias concretas. La Alianza Social Continental ha denunciado efectos nocivos del modelo neoliberal y la dominación imperial ha desenmascarado los argumentos de quienes defienden esta propuesta y ha mostrado el panorama de desigualdad, abandono de tierras, desplazamiento del campo a la ciudad, desempleo, deterioro del medio ambiente, discriminación, exclusión social y económica, pobreza y miseria, desequilibrios regionales, analfabetismo, degradación del medio ambiente, opresión sobre la mujer, predominancia del empleo precario e inestable, que reinan en la región Del proyecto de dominación estadounidense forman parte el TLCAN, el acuerdo con Centroamérica, Chile, Panamá y República Dominicana los cuales superan las ambiciones norteamericanas en el ALCA y de las potencias en la OMC y han ido tejiendo una constelación de acuerdos que aíslan al MERCOSUR, Venezuela y Cuba y doblega buena parte de los países. La propuesta de la Alianza Social Continental no niega la necesidad de acuerdos internacionales y regionales pero siempre y cuando no sean considerados alternativas al desarrollo nacional sino complementos del mismo y no se rijan por los dogmas del libre comercio. Todo acuerdo internacional debe preservar la posibilidad de proyectos nacionales de desarrollo. La negativa experiencia mexicana en el TLCAN es un punto de referencia obligado, pero en todos los países existen ejemplos negativos del resultado de la aplicación de políticas neoliberales que ahora quieren convertirse en normas supranacionales e irreversibles para todo el continente. Las políticas de apertura y liberalización llevan varios lustros en todo el continente y permiten extraer muchas lecciones. Construir una nueva sociedad La Alianza Social Continental parte de que una nueva sociedad no puede regirse por los criterios neoliberales de maximizar las ganancias de las multinacionales sino que deben considerar ante todo los derechos humanos, preservar el medio ambiente, defender a los ciudadanos, los recursos naturales y mejorar el nivel de vida de la población. A estos objetivos deben supeditarse temas como inversión y comercio. “Las metas centrales de estas políticas deberán ser la promoción de la soberanía económica, el bienestar social y la reducción de la inequidad en todos los niveles”. Para la Alianza Social Continental lo fundamental es contar con proyectos nacionales de desarrollo equitativo y sustentable que están definidos por el hecho de que la producción debe ser ante todo para satisfacer las necesidades nacionales, se debe privilegiar la producción doméstica de bienes y servicios. Los países deben tener soberanía económica y territorial y estar en capacidad de crear empleo, desarrollar obras de infraestructura, privilegiar la economía real y con ello el bienestar de la población, la capacidad de crear empleo y la definición de su perfil productivo. Debe protegerse la producción local dirigida al mercado interno y los patrones de consumo local. “El meollo está en abrirse al mundo a partir de proyectos nacionales de desarrollo justos y sustentables conducidos por Estados democráticos y no dejar el futuro del desarrollo únicamente a las fuerzas del mercado” Esta nueva sociedad debe ser autosuficiente en alimentos, proteger el medio ambiente, ser democrática, basarse en el mercado interno por lo tanto no depender de las exportaciones, debe tener una política activa de promoción de los derechos de las mujeres, privilegiar la producción sobre la especulación, ser pacífica, garantizar trabajos bien remunerados suficientes y dignos y sus prioridades no deben ser establecidas por el mercado mundial Propugnamos por un nuevo Estado Esta nueva sociedad requiere un nuevo Estado que se preocupe ante todo por el bien común y que juegue un papel central en la conducción de un desarrollo económico, que tenga como objetivo la promoción de la justicia social, la búsqueda de equidad entre regiones y grupos sociales y la sustentabilidad. Que cree condiciones para una dinámica de crecimiento estable y garantice que las grandes corporaciones no manejen caprichosamente los mercados. Se trata de un nuevo Estado democrático que promueva la democracia la cual implica el acceso a la información y educación pública. Debe haber control civil sobre las fuerzas del orden. El Estado debe enfrentar radicalmente la corrupción en todos sus niveles, tener un nuevo papel cualitativo en la dinámica económica y asumir la responsabilidad irremplazable de garantizar los derechos humanos incluyendo el derecho al desarrollo y los derechos económicos y sociales y culturales y de los pueblos originarios. No se trata de un Estado proteccionista tradicional, sino de un Estado socialmente responsable ante la sociedad que pueda impulsar un proyecto de desarrollo sustentable definido democráticamente. Ello permite la protección de sectores estratégicos según cada proyecto nacional. Un Estado regulador tampoco debe inhibir la iniciativa privada. Al contrario debe establecer reglas claras para compatibilizar derechos con obligaciones y asegurar que tanto el capital nacional como el internacional promuevan el desarrollo nacional justo y sustentable. El nuevo Estado debe aplicar una reforma fiscal integral capaz de recaudar los recursos suficientes para asegurar una red de seguridad social para todos y para evitar déficit fiscales que, por su magnitud, se conviertan en un problema para el desarrollo, la reforma fiscal debe tener una lógica productiva y redistributiva y se deben superar los tradicionales análisis del crecimiento basado en el PIB que no tienen en cuenta la distribución del ingreso. El Estado debe ser el garante de la soberanía nacional. La cual es un derecho de las naciones y el sustento de la igualdad jurídica de los Estados en el concierto de las mismas. La soberanía reside en el pueblo y este puede decidir democráticamente someterse a regulaciones o legislaciones supranacionales que considere conveniente para su bienestar y la salvaguarda de sus derechos. Los Estados nacionales deben preservar su capacidad de fortalecer e impulsar su diversidad cultural. La cultura es también un elemento de la soberanía y la cohesión social de un país. La seguridad nacional debe considerarse como seguridad pública, seguridad de los ciudadanos. El Estado es el responsable de conducir una estrategia económica consensuada, que lleve al bienestar social, y políticas sociales que lo refuercen. No debe escatimar esfuerzos en la promoción de la generación de empleos bien pagados. Los gobiernos habrán de tener la capacidad de establecer sus propias políticas monetarias y financieras, y resistir a la dolarización. El Estado debe fortalecer el mercado interno cuya importancia radica en convertir a la mayoría de la población en consumidores estratégicos. La elevación de los niveles de vida se vuelve entonces una necesidad económica para ampliarlo y no sólo una exigencia de justicia. El Estado tiene como tarea ineludible la creación de condiciones que favorezcan la competitividad de las empresas nacionales, tanto en el exterior como en el propio. La competencia sanciona empresas con bajos niveles de productividad, pero no genera dicha productividad. Para ello el Estado debe promover la investigación y el desarrollo tecnológico, así como la educación, que son indispensables para un país viable. Los países deben dotarse de un sector exportador fuerte lo cual implica promover la integración de cadenas productivas nacionales para que estas sean motor del crecimiento general y generen empleos directos e indirectos de alta calidad. Deben disminuirse las exportaciones basadas en el uso intensivo de recursos naturales o de energía y aplicar políticas activas de fomento de la demanda interna. Debe plantearse una política industrial, agropecuaria rural y ambiental explícita que incluya creación de infraestructura, crédito accesible, educación e investigación que promueva la creación de tecnología adecuada. Debe haber políticas específicas orientadas a los sectores más vulnerables de la población, las cuales deben traducirse en legislaciones que establezcan derechos y normas claras y estables y no en decisiones discrecionales o clientelistas. El objetivo central del Estado debe ser el desarrollo justo y sustentable para todos, sin por ello excluir medidas asistenciales de emergencia o compensatorias para grupos específicos. Los Estados deben asumir plenamente sus responsabilidades en la implementación de todos los derechos humanos, garantizando su efectivo cumplimiento, dentro de ellos es necesario entender que la educación antes que una mercancía o servicio es un derecho que no puede hacerse depender de la capacidad económica de las personas para comprarlo. Además, la educación es también elemento fundamental en la formación de la cultura e identidad nacional por lo que cada nación debe poder ejercer, sin ingerencias exteriores, una completa soberanía en materia de educación. El acceso a la salud y los medicamentos son un derecho fundamental que no se puede supeditar a los recursos de que dispone la gente. El acceso al sistema público de salud debe ser general y no supeditado a tener un empleo formal, ya que en la mayoría de nuestros países el desempleo, el empleo precario y el empleo informal afectan a la mayoría de la población. Todo proyecto nacional debe considerar los costos ambientales y sociales, no sobreexplotar los recursos naturales e impedir su sobreconsumo por las capas más ricas de la población utilizando para ello fuertes impuestos y otras medidas en esta dirección. Los servicios deben considerar las necesidades específicas de las mujeres y prever su acceso a ellos. Debe reconocerse el valor del trabajo no remunerado de las mujeres y adoptar las políticas públicas con una perspectiva de género. La gente de la tercera edad, las comunidades y pueblos indígenas también deben tener acceso a los servicios de salud pública. Debe apoyarse el desarrollo y difusión de la medicina tradicional y el conocimiento milenario, muchas veces detentado. por mujeres, que estas comunidades poseen. Se debe preservar la biodiversidad. El Estado debe asumir la responsabilidad de garantizar a toda la población el suministro de los servicios básicos y de utilidad pública y, por ende, deben comprometerse a alcanzar objetivos regulatorios legítimos en el campo de las políticas públicas, tales como la protección al consumidor y el acceso universal a los servicios esenciales. Los sistemas de seguridad social (incluidas las pensiones) deben mantenerse bajo la responsabilidad del Estado y los fondos con los que se financian deben ser manejados por él y canalizados como crédito a proyectos prioritarios para el desarrollo nacional. Se debe evitar que tales fondos ingresen al circuito especulativo que sólo concentra la riqueza social en menos manos. El Estado debe conservar el derecho a la producción de medicamentos genéricos para el uso del sistema público de salud. El derecho a tener donde vivir debe ser garantizado por el Estado como un derecho humano fundamental. Cada país debe mantener la potestad de definir políticas en materia de explotación de recursos naturales; manejo del sistema financiero y monetario, especialmente del sistema de pagos y la inversión financiera de corto plazo; la defensa de la producción agrícola de la dieta básica y/o en manos de pequeñas unidades familiares de producción; y sectores estratégicos vinculados con la soberanía nacional o con la estabilidad económica nacional. Las empresas públicas son de propiedad social, sólo administradas por el Estado. Su finalidad no es la obtención de lucro individual, sino el buen desarrollo del proceso económico, o como garantías de la soberanía e instrumentos de justicia social y ambiental. Es responsabilidad de los Estados asegurar que las empresas sean sólidas y eficientes. Debe combatirse la corrupción, mediante mecanismos como el control del poder legislativo y de la sociedad misma. La conservación, creación o privatización de una empresa pública debe ser decidida por el poder legislativo que represente la voluntad del pueblo. En el caso de empresas estratégicas las leyes deben exigir consulta amplia y directa a la sociedad. Algunas empresas públicas pueden ser facultadas para el manejo, producción, transporte o comercialización exclusiva de algunos bienes o servicios. Las empresas públicas no se consideran monopolios ni serán sometidas a leyes antimonopolio. El manejo y evaluación de las empresas públicas no se basará solamente en criterios de precio y calidad, sino por la consecución del objetivo específico para el que fueron creadas, incluyendo el suministro de servicios a los sectores pobres o marginados. El Estado debe por su parte mantener la posibilidad de subsidiar a los sectores necesitados. La banca pública debe tener cierta autonomía de la rama ejecutiva y de los intereses de corto plazo pero no de las legislaturas. Las compras gubernamentales y las obras públicas tienen una gran incidencia en sectores específicos de la planta productiva. Dado que se realizan con recursos de los contribuyentes, deben seguir siendo un instrumento de la política económica para el desarrollo nacional. Por lo tanto deben ser sometidas a concurso abierto y transparente para evitar corrupción en su adjudicación, los criterios de la licitación no serán exclusivamente mercantiles (de precio y calidad). Podrán, lo mismo que la inversión, incluir criterios como los siguientes: a) Contenido nacional de un bien o servicio que esté integrado de algún modo a las cadenas productivas nacionales. b) Tipo de tecnología involucrada y sus efectos en el medio ambiente. c) Transferencia de tecnología. d) Número de empleos generados en el país y el salario correspondiente a los mismos. e) Garantías especiales de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa nacional. Los países podrán establecer listas de proveedores cuyo desarrollo consideren estratégico para la nación (por el desarrollo de tecnología apropiada, el efecto de arrastre sobre otros sectores de la economía, el volumen de empleo que generan o el avance hacia la equidad de género o de razas) y darles prioridad sobre un proveedor extranjero. Las compras gubernamentales deben ser un instrumento utilizado para favorecer a grupos marginados o afectados por la discriminación, como los grupos étnicos, las cooperativas o los productores provenientes de regiones del país especialmente deprimidas o con altos márgenes de pobreza extrema. Las controversias sobre compras gubernamentales deberán resolverse primeramente en instancias nacionales y sólo agotadas éstas, podrá recurrirse al arbitraje internacional. Las inversiones extranjeras deben ser reguladas por los países de tal forma que sea dirigida a la producción no a la especulación, transferir tecnología, facilitar el acceso a nuevos mercados, generar empleos de calidad, ser congruente con los proyectos nacionales de desarrollo, cuidar el medio ambiente y respetar los derechos de las comunidades y los Estados podrán colocar requisitos de desempeño a los inversionistas tales como el uso de personal, insumos o capitales locales, respetar los derechos laborales, permanencia en el país, proteger el medio ambiente, transferir tecnología, pagar impuestos, reinvertir utilidades o limitar la repatriación de utilidades y dirigirse hacia la producción y no la especulación. Los derechos de los inversionistas estarán supeditados a los derechos de los países y los ciudadanos, La agricultura y la pesca tradicionales son actividades que desempeñan funciones esenciales para la estabilidad y la seguridad de las naciones: la preservación de la riqueza cultural y multiétnica de las sociedades; la preservación de la biodiversidad; la creación de empleos dignos y comunidades autosustentables (tanto en agricultura y pesca como en actividades económicas relacionadas); la conservación de poblaciones rurales; la garantía de una seguridad en alimentos básicos; y las contribuciones al desarrollo sustentable por medio de la estabilidad económica, social y política. Se deberá permitir y estimular a los países a elaborar sus propias estrategias y políticas soberanas de desarrollo rural a largo plazo, fortalecer su capacidad de prohibir el dumping ejecutado por las compañías transnacionales. El principio de la soberanía alimentaria implica la capacidad de los Estados-nación para proteger a sus agricultores y pescadores de los regímenes rapaces de comercio y de la explotación económica, así como garantizar la seguridad alimentaria y un nivel decente de vida rural. Debe hacerse una reforma agraria que legitime la propiedad y los derechos territoriales de los pequeños productores, los trabajadores rurales sin tierra, ya sean individuales o colectivos, tanto de hombres como de mujeres, y respetar los derechos tradicionales de los pueblos indígenas a vivir colectivamente de sus tierras con integridad territorial. Debe revertirse la concentración de tierras agrícolas en cada vez menos propietarios y debe haber un esfuerzo coordinado para mantener, y en muchos casos, reestablecer la diversidad étnica en los sistemas de producción. Debieran hacerse efectivos los incentivos y la simplificación de licencias para pequeñas plantaciones comerciales de árboles y actividades de procesamiento en el sector rural. Los gobiernos deben apoyar a los pequeños productores por medio de políticas de crédito a bajo interés, además de brindar asistencia técnica y subsidios. Los gobiernos deben dejar de cargar impuestos a los artículos que utilizan los agricultores, tales como semillas y fertilizantes. Los agricultores deben poder lograr un precio justo para la producción que destinan al mercado tanto nacional como internacional, no deben ser forzados a depender del apoyo de los contribuyentes ya que ello no es sustentable ni políticamente ni económicamente. En aquellos casos donde los subsidios financiados por impuestos son políticamente y económicamente viables, no deben beneficiar a los intereses industriales para productos de los que ya hay sobreproducción y se destinan generalmente para exportación y sirven para aumentar aún más la concentración de tenencia de tierra y la degradación del suelo a través de sistemas de monocultivo. Los subsidios deben ser basados en las necesidades sociales y económicas de la mayoría de los productores. Nuevas relaciones internacionales Una nueva sociedad y un nuevo Estado requieren nuevas formas de relacionarse los países, que estén basadas en la soberanía nacional, el fortalecimiento del mercado interno y en el respeto y cumplimiento de los compromisos en materia de derechos humanos, derechos laborales, derechos de las mujeres, de los consumidores y acuerdos ambientales. Los derechos humanos no pueden ser un anexo sino el marco legal de cualquier tratado internacional y el respeto de los mismos debe prevalecer sobre cualquier tratado. Se debe apoyar el esfuerzo continental por dotarse de un plan de acción común en materia de derechos humanos sobre la base de que ellos son indivisibles, están interrelacionados, son interdependientes y universales. Esto implica ratificar los convenios y fortalecer y reformar el sistema interamericano de derechos humanos. La soberanía de las naciones no excluye regulaciones internacionales siempre y cuando estas sean democráticamente pactadas entre ellas, con el consenso explicito de los ciudadanos de cada país y no menoscaben la soberanía ni los derechos de las naciones. Los acuerdos internacionales en materia de seguridad deben orientarse a garantizar la paz superando la pobreza y fortaleciendo la democracia y se debe promover la desmilitarización de las fronteras. Para ello debe construirse un verdadero sistema multilateral de resolución pacífica de conflictos y acabar con el antidemocrático poder de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y reestructurarlo para que dirija los temas de seguridad de todas las naciones de manera transparente, justa y participativa, deben entonces reformarse el sistema de la ONU y las instituciones financieras y comerciales internacionales, incluyendo mecanismos para el control de los flujos de capitales especulativos, garantías para promover las inversiones productivas y se deben proscribir los temas de resolución de controversias inversionista estado. Ningún acuerdo hemisférico debe establecer o fortalecer alianzas militares para preservar, extender o consolidar hegemonías ni fortalecer el dominio político-militar de Estados Unidos. Deben generarse fondos internacionales dedicados a la salud, la educación y la vivienda que se financien con una porción de los ingresos generados por el impuesto aplicado a las transacciones financieras en el ámbito internacional. Los acuerdos internacionales deben servir para mejorar el nivel de vida de la población. Los acuerdos son para reducir las desigualdades entre naciones, dentro de las naciones, entre razas y entre hombres y mujeres y los temas de sustentabilidad y desarrollo social deben estar incorporados en todos los temas de un acuerdo La globalización neoliberal no es un proceso irreversible y dado el poder supranacional de las multinacionales y el peso y movilidad de los capitales golondrinos debe haber una regulación nacional y supranacional del capital, especialmente el especulativo y reglas regionales para el comercio y la inversión, Pero estas deben definirse democráticamente, incluyendo que los acuerdos internacionales sean ratificados en consulta directa a la población y sin intervención en los asuntos internos de los países. Estas necesarias regulaciones supranacionales no deben ser para aumentar el poder ya excesivo de las corporaciones trasnacionales, sino para asegurar la capacidad de los Estados nacionales de hacer valer los derechos de sus ciudadanos. Las legislaciones nacionales deben ser adecuadas para impedir que empresas internacionales se beneficien de mecanismos a través los cuales los costos sociales y ambientales no estén incorporados a los precios de sus productos. Nada de lo pactado internacionalmente debe implicar la renuncia o menoscabo de la capacidad de los Estados para cumplir con estas exigencias económicas y sociales. No se debe excluir a Cuba y debe haber acuerdos contra la producción tráfico y consumo de drogas pero no por medios puramente militares y El 100 por ciento de todas las deudas de países con bajos ingresos y las deudas ilegítimas de países con mediano ingreso deben cancelarse y en general debe aligerarse el peso de la deuda externa la cual en muy buena medida es ilegítima pues ha sido adquirida por dictaduras y gobiernos corruptos, no se ha usado en beneficio de los países, se ha tomado bajo las condiciones de los acreedores y su pago representa una carga que afecta gravemente el nivel de vida de la población. En general los países muy endeudados deberían obtener una reducción de sus deudas para que evitar crisis en sus balanzas de pagos, presiones para aprovecharse de recursos naturales en una manera que no sea sustentable y otras consecuencias negativas de origen económico, social, y ambiental que resulten de los esfuerzos por cancelar deudas que ya han sido pagadas y debe haber una auditoría sobre los montos, legitimidad y usos de las deudas. La ONU debe establecer mecanismos para verificar la naturaleza de las deudas y su legitimidad y su eventual cancelación. Los programas de ajuste estructural del Banco Mundial y del FMI deben ser abandonados, y estas instituciones deben ser reestructuradas de manera fundamental, o bien, remplazadas. Los acuerdos internacionales en materia de inversiones deben tener en cuenta las asimetrías existentes entre los países y respetar la diversidad entre ellos. Los acuerdos internacionales en materia de propiedad intelectual deben hacer prevalecer los intereses públicos sobre los individuales, el conocimiento de la biodiversidad debe ser tratado como propiedad de las comunidades locales y se deben defender los esfuerzos de muchos grupos regionales por establecer principios que defienden la soberanía y el derecho comunitario a su conocimiento tradicional y a su diversidad biológica. Se debe excluir de la posibilidad de patentar la vida y los materiales biológicos y genéticos. Especialmente los relacionados con la investigación en reproducción humana así como la manipulación, la investigación y el mercado de embriones y clones humanos. Cada país deberá ser libre para establecer las reglas de protección y aplicación de los derechos de propiedad intelectual que reflejen sus contextos sociales, culturales, económicos y ambientales específicos. Los gobiernos nacionales tienen derecho a invocar las licencias obligatorias, las importaciones paralelas y las provisiones de uso público no comercial con objeto de garantizar el acceso a medicinas esenciales. No se debe permitir que ningún acuerdo comercial o de inversión pase por encima de las leyes nacionales que exigen al inversionista extranjero transferir conocimiento y tecnología apropiada hacia el país anfitrión. Dichos acuerdos deberán facilitar la transferencia de tecnología en términos justos y más favorables, con objeto de reducir la enorme brecha que hay en conocimientos tecnológicos y científicos entre los países desarrollados y subdesarrollados y en los beneficios derivados de ellos y deben basarse en los acuerdos internacionales de cooperación en este campo y no en acuerdos comerciales y de ninguna manera las patentes deben limitar el acceso a recursos genéticos para la alimentación y la agricultura y a medicamentos genéricos Los acuerdos internacionales no deben obligar a que los estándares sanitarios y fitosanitarios se cumplan a través de tecnologías especificas, tales como la irradiación o el uso de semillas modificadas genéticamente, ni deben excluir la capacidad de los países de poner etiquetas en sus productos indicando como o donde fue producido. Deben ser establecidos mecanismos que impidan el deterioro de los precios de sus materias primas en el mercado internacional. En el caso de la agricultura para exportación que no amenace la seguridad alimentaria de un país, los productores independientes pequeños y medianos, los consumidores y todo otra parte interesada deben ser involucrado en diseñar e implementar los estándares sanitarios y fitosanitarios y políticas agrarias que aseguren productos de alta calidad, que protejan el medio ambiente, y que aseguren a los consumidores acceso a alimentos sanos y nutritivos. Cuando la legitima exigencia de ciertos estándares sanitarios y fitosanitarios se justifiquen por la salud del consumidor y no puedan ser satisfechos por los pequeños productores, los gobiernos, con el apoyo internacional cuando sea necesario, deben proveer lo necesario para que en un tiempo razonable puedan cumplirlos. Por lo demás, dado que la agricultura orgánica en pequeña escala es lo más saludable y sustentable deben los gobiernos aplicar políticas para promoverla Las diferencias en niveles de desarrollo entre los países justifican un trato no recíproco y preferencial en el acceso a mercados. En lugar del Trato Nacional sería mucho mejor establecer un criterio para garantizar el acceso equivalente y el trato especial, diferenciado y preferente con objeto de atender desigualdades en todos los campos desde el comercio hasta las inversiones. La meta de las negociaciones internacionales deberá ser establecer reglas claras y justas para un acceso permanente y anunciado a los mercados que beneficie a los consumidores, genere empleos y bienestar para la población, fortalezca la capacidad productiva y proteja el ambiente. Las leyes, las regulaciones y los niveles para garantizar la calidad de bienes y servicios para la protección del consumidor y del ambiente deberán formularse por medio de la consulta pública. Deberán tomar en cuenta las condiciones que prevalezcan en los distintos países, e incluir calendarios realistas. Deberán redactarse acuerdos amplios sobre cooperación científica y técnica, y sobre desarrollo industrial. Estos acuerdos, reforzados con recursos adecuados y acuerdos sectoriales específicos, deberán elevar los niveles por consenso internacional, sobre todo para países en desarrollo, para empresas de propiedad social (como las cooperativas) y para micro, pequeñas y medianas empresas. Los gobiernos deberían reconocer la deuda ecológica entre naciones. Tal deuda es producto de que los países ricos ocupan un espacio ambiental exagerado, o sea, explotan recursos ambientales en forma desmedida en relación con su población o territorio. Los gobiernos deberían establecer plazos definidos para terminar con la comercialización internacional de productos que dañan el ambiente. El comercio debe ser acompañado por incentivos para la conservación de los recursos naturales y el suelo, además de reducir y tender a eliminar el uso de productos químicos que dañan el medio ambiente. Los acuerdos de integración deben prever la implementación de medidas destinadas también a prevenir entre sus países miembros la competencia predatoria por mercados, cuyo resultado es invariablemente el deterioro de los precios y el estímulo al consumo superfluo de las camadas más favorecidas de la población. En materia de normas de origen los países deberían ser capaces de establecer reglas de contenido nacional cuando el país considere que el desarrollo económico interno requiere de dicha designación. Las negociaciones de cualquier acuerdo de integración deben tener presente que la mayoría de los servicios básicos presentan características de monopolio natural o de bienes públicos. Además, muchos de los servicios están relacionados a la identidad cultural de un país o a la cohesión política y social del mismo (la educación, la salud o la previsión social, por ejemplo). En consecuencia, las normas que deben regular el comercio de servicios no pueden ser las mismas que se aplican a los bienes. Cualquier regulación internacional antimonopolio en el campo de los servicios debe tener en cuenta que los Estados nacionales deben conservar la posibilidad de mantener empresas públicas proveedoras exclusivas de servicios vitales para la población. Un verdadero acuerdo debe tener en cuenta las grandes diferencias en tamaño y nivel de desarrollo de los servicios existentes entre los países. Un trato especial y diferenciado es absolutamente necesario, y éste no se puede limitar a mayores plazos de implementación de los acuerdos. Reformar y fortalecer las políticas de competencia con el fin de controlar de manera efectiva las fusiones y adquisiciones de empresas, las prácticas anti-competitivas y el comercio desleal en servicios. Estas regulaciones para evitar prácticas anti-competitivas deben ser compatibles con el derecho de los Estados nacionales de mantenerse como proveedor exclusivo de servicios esenciales cuando así lo aconseje el bien público. El mejoramiento de los niveles de bienestar social deberá ser la meta primordial de los intercambios comerciales y de otro tipo, y no un efecto secundario eventual. La exigencia de elevamiento de estos estándares, bajo presión deberá ser visto como algo inusual y extremo. El sistema deberá crear incentivos suficientes para impulsar el cumplimiento, de tal forma que pueda evitarse una presión externa. La norma será que los procesos nacionales sirvan para conservar los derechos fundamentales. Si existe violación específica de un derecho al bienestar social o fundamental, el énfasis sobre el cumplimiento deberá pasar de las entidades gubernamentales a las compañías que no están cumpliendo las leyes. Los gobiernos estarán implicados si hubiesen fallado en el cumplimiento adecuado de sus propias leyes. En los casos en que deba iniciarse un proceso de cumplimiento, el proceso habrá de ser público y transparente y con participación de expertos, de los sectores afectados y en general de la sociedad civil y sujetarse a los acuerdos internacionales en materia de derechos. Un aspecto significativo del proceso de cumplimiento es lograr que los grupos privados, particularmente las compañías multinacionales, cumplan con los niveles sociales. Muchos de estos niveles sociales dependen de la conformidad privada con leyes nacionales, pero las compañías multinacionales suelen ejercer una influencia indebida a nivel nacional, basándose en amenazas implícitas en torno a la reubicación para evadir la regulación. La propuesta de la Alianza Social Continental en materia de desarrollo es entonces una propuesta integral que parte del desarrollo nacional y formula un marco de relaciones internacionales que permita el bienestar de la población y la soberanía de las naciones.