“La prisa con el que el gobierno pretende firmar el Tratado de Libre Comercio (TLC), debe ser rechazada y tiene carácter muy poco democrático. No se puede negociar un acuerdo tan trascendente sin tomar en cuenta la opinión de la población, especialmente de los más pobres”, señaló Wilfredo Ardito, responsable del área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH). “Los ciudadanos peruanos no han podido participar en las negociaciones, incluyendo aquellos directamente afectados (indígenas, campesinos, industriales, pacientes, artistas). Además, al rehusar el gobierno a someter a referéndum un tratado que generaría grandes perjuicios a los ciudadanos, ha vulnerado el derecho de los peruanos y peruanas a decidir sobre su propio destino”, sostuvo. Ardito señaló que los informes de Conveagro muestran cómo el TLC pone en riesgo al agro nacional. “Estados Unidos pretende que ingresen al Perú productos como maíz, cebada, trigo, aceites, arroz y algodón, a precios artificialmente bajos por los millonarios subsidios que reciben. Millones de campesinos peruanos se verán afectados, desde los algodoneros de Ica hasta los arroceros del norte y la selva, mientras siguen manteniéndose las barreras arancelarias y fitosanitarias para los productos peruanos en Estados Unidos”, precisó. Agregó que de acuerdo a lo señalado por especialistas de Forosalud y otras entidades, el TLC tendrá consecuencias nefastas en el ámbito de la salud, pondrá en riesgo nuestra biodiversidad, afectará el acceso a la cultura, la industria nacional (por la llegada de ropa, llantas y calzado usados) y los procesos de integración regional, además de limitar la soberanía de nuestro Estado ya que se pretende imponer una cláusula que limita la posibilidad de aplicar políticas públicas a favor del desarrollo nacional si las empresas de dicho país, consideran que afectará su expectativa de ganancia. El representante de APRODEH enfatizó que la firma de este convenio afectaría además el sistema de justicia. “El Estado peruano podrá ser demandado por empresas estadounidenses en tribunales arbitrales internacionales, los mismos que eluden el sistema de justicia nacional. Asimismo, toda medida sobre medio ambiente, zonificación u otras regulaciones puede ser impugnada en dichos tribunales, que suelen privilegiar los intereses comerciales sobre los derechos de los ciudadanos”, afirmó. “Debemos considerar que la firma de este acuerdo se realizaría por el gobierno que tiene menos respaldo popular en toda América Latina. Debido a esta escasa legitimidad sería mucho mejor esperar a que las negociaciones sean realizadas por un gobierno que represente efectivamente los intereses de los peruanos”, puntualizó.