Buenos Aires

Movilizarse contra el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por cierto no es algo novedoso en América Latina y el Caribe. En respuesta al impacto genocida, ecocida y etnocida de sus recetas, la resistencia a su presencia crece desde hace mucho tiempo y son cada vez más numerosas las voces que reclaman su cierre, lisa y llanamente. Pero este año, en medio de la profunda crisis de legitimidad y mandato que enfrentan estas instituciones, el llamado global a la realización de acciones en su contra –coincidente con las reuniones anuales que realizarán en Singapur el 19 y 20 de septiembre- cobra renovado significado.

Durante más de 60 años, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, junto a los bancos regionales de desarrollo y agencias de crédito para las exportaciones, han actuado por medio de las políticas de endeudamiento y cobranza para controlar y ajustar las sociedades del Sur de acuerdo a los intereses del capital transnacionalizado, las corporaciones privadas globales y a la agenda económica y geopolítica de las pocas naciones poderosas que controlan estas instituciones.

Luego de una primera etapa pos-guerra, cuando el Banco Mundial se dedicó a la reconstrucción de Europa y el FMI a facilitar la expansión del comercio por medio de la estabilización cambiaria y la agilización de los flujos de inversión, estas instituciones han servido como las armas preferenciales de una larga y aún inconclusa guerra por el dominio mundial. La asunción como presidente del Banco, en 1968, del ex jefe de la Ford Motor Company devenido Ministro de Defensa (sic) estadounidense, Robert McNamara, y la reconfiguración del mandato del Fondo como prestador de última instancia, luego de la decisión de EEUU de romper con la convertibilidad en 1971, inauguraron un período de ascendencia estrepitosa por parte de estas dos instituciones financieras internacionales (IFIs) acompañando a los capitales más concentrados en su lucha por revertir la estancada tasa de ganancias y asegurar su control sobre las fuentes de recursos más codiciados.

Con la crisis de pagos provocada a principios de los años ’80, producto del alza estadounidense de las tasas de interés, se dio inicio a su verdadera etapa de “oro” cuando las dos gemelas, pasaron a ser los referentes obligados de prácticamente todos los países del Sur y, con la caída del Muro a principios de los’90, del Este también: árbitros de la vida, y de la muerte, de millones de personas.

La prepotencia de esos años está ya en jaque, sin embargo, el FMI ha sido arrinconado por las numerosas luchas de resistencia que han generado sus políticas, los errores de sus pronósticos, el fracaso de sus recetas así como también los mismos conflictos surgidos entre sus propios beneficiarios. De acuerdo a un ex funcionario del FMI, la institución, que desde principios de los años ’70s manejaba la llave de ingreso de capitales externos a los insaciables gobiernos en el Sur, “perdió legitimidad y nunca se recuperó de la crisis financiera de 1997, en Asia.” Varios países del Sudeste Asiático cortaron sus relaciones crediticias con el Fondo y empezaron a atesorar reservas para poder enfrentar de otra manera, cualquier nueva emergencia.

El colapso de la economía argentina en 2001, otrora niño mimado del Fondo y del Banco, se constituyó en otra mancha indeleble para estas instituciones así como también, en una ocasión propicia para profundizar las diferencias entre sus socios controlantes. Fiel a las posturas históricas de su partido, la administración Bush no pierde oportunidad para contener e incluso recortar el poder de estos organismos multilaterales –convencido que el camino unilateral siempre es mejor-, y con relación a la crisis argentina, operó fuertemente primero para evitar una nueva exposición del FMI (que les hubiera ayudado más a los inversores y especuladores europeos) y después, para asegurar que la institución recuperara la plata que había tirado de “rescate”.

Pese a la insistencia y creatividad con las cuales se han empeñado en la tarea cada vez más difícil de legitimar sus papeles, entre otros subterfugios declarándose a sí mismas como campeonas de la “reducción de la pobreza”, del “buen gobierno” y más recientemente, de la “lucha contra la corrupción” e incluso “contra el terrorismo” -por no mencionar los millones de dólares gastados en investigaciones obsecuentes y relaciones públicas-, la insostenibilidad de la situación actual es ya evidente.

Con su reputación cuestionada y su propia perspectiva financiera complicada (en las últimas dos décadas, tanto el Fondo como el BM, se habían acostumbrado a que los países en mayores dificultades hicieron el favor de mantener a sus abultados planteles de funcionarios bien pagos y otros costos operativos; esta situación está también cambiando con la mejoría en las posiciones financieras de quienes han sido sus mayores deudores así como también con la anulación de los primeros préstamos multilaterales que les fuera arrancada por las movilizaciones mundiales contra la deuda), la propia Junta de Directores del Fondo ha constituido ya una Comisión interna para evaluar y proponer reformas para su funcionamiento. El Banco Mundial, con sus 10.000 funcionarios profesionales, todavía logra poner mejor pecho a la crisis, pero las grietas allí también empiezan a mostrarse.

La resistencia social a sus políticas y proyectos es además potenciada hoy por el interés de más de un gobierno, tanto en el Sur como en el Norte, de generar alternativas. La articulación de reservas entre algunos países asiáticos, el debate abierto entre los cinco socios del Mercado Común del Sur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela), la decisión del gobierno de Noruega de presionar al Banco Mundial para que realice un estudio acerca de la ilegitimidad de la deuda, son señales importantes de un panorama cambiante.

Verdad y justicia

Es en este marco que movimientos sociales, pueblos originarios, campañas contra la deuda, sindicatos, grupos religiosos, organizaciones populares, partidos políticos, trabajadores de la cultura, defensores de los derechos humanos, en fin, todo una amplia gama de representaciones sociales y políticas se movilizarán del 14 al 20 de septiembre de este año, en miles de lugares del mundo entero, para exigir una vez más que se detengan las políticas y proyectos de muerte que no obstante su decadencia, estas instituciones siguen impulsando. Un contexto que va demostrando que los pueblos puestos de pie, como la gota que cae sobre la piedra, son sujetos de una historia que no solo debe cambiar, sino que además puede cambiar.

Este año sobre todo en América Latina y el Caribe, donde la lucha contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad se ha constituido en una herramienta e indicador clave de la construcción democrática y la defensa de los derechos humanos, la acción contra las IFIs tendrá que poner especial énfasis no sólo en la urgente tarea de parar el saqueo sino también en el establecimiento de Verdad y Justicia con respecto a un pasado de empréstitos, condicionamientos, ajustes y otros espejitos, que en ausencia de una acción decidida por revertirlo, continuará determinando por muchas décadas más, la vida y la muerte de millones de personas.

Parafraseando a Eduardo Galeano, es hora de establecer que lo honorable es deshonrar una deuda ilegítima y odiosa, que los pueblos no contratamos y que ha sido usada en contra de nuestros intereses. Mientras soplan los vientos de cambio, es imprescindible investigar y sancionar a los responsables de tamaña destrucción ya que sin eso, no es realista pensar que habrá alternativas duraderas. La realización de Auditorías de las deudas reclamadas por el Fondo Monetario, el Banco Mundial y los demás endeudadores, es un paso estratégico en esta búsqueda de nuevas relaciones políticas-financieras y la posibilidad de una integración social basada en los derechos de los pueblos. La sanción de los crímenes cometidos y el reconocimiento y restitución de las deudas históricas, sociales, económicas y ecológicas que estas instituciones financieras internacionales, sus socios controlantes y los beneficiarios de su acción, adeudan a los pueblos del Sur, es el único camino posible.

Beverly Keene, Jubileo Sur/Américas