“Hasta que la dignidad se haga costumbre…”

“No hay mal que dure 100 años”. Es fiesta grande en las calles de Chile, de Arica a Punta Arenas. El pueblo chileno pasa página y aprueba en un plebiscito la redacción de una nueva Constitución que manda al basurero la constitución de la dictatura cívico-militar de Pinochet.

La respuesta de las urnas es clara y contundente: el 78,27% de la población votó a favor del cambio constitucional.

Con casi el mismo porcentaje, también ganó la segunda opción: la de dar vida a una “Convención Constitucional” con la elección directa de los 155 “constituyentes” (con paridad de género y la presencia de representantes de los mapuches y otros pueblos originarios), quienes deberán redactar la nueva Carta Magna. Sin embargo, para elegirlos se tendrá que esperar hasta abril de 2021.

El núcleo duro de la derecha pinochetista cavernícola se lleva a casa una dura derrota, con el 21,7% de los votos y muchas confrontaciones internas que no ayudarán a la cohesión del gobierno.

Es un hecho de trascendencia histórica para Chile, aunque el gobierno y el aparato represivo de la democra-dura chilena hayan tratado de persuadir, o doblegar con represión, las conciencias de quienes se rebelaron desde el 18 de octubre del 2019 contra el modelo capitalista neoliberal de abusos e injusticias. A pesar de todo, el pueblo chileno ha iniciado con gran dignidad un camino de reconstrucción de la soberanía popular.

La celebración del referéndum es fruto de la inmensa movilización popular que ha estado ininterrumpidamente en las calles desde octubre del 2019, sin la cual no habría sido posible, ni remotamente. Una movilización que ha pagado un alto precio con más de 30 vidas, miles de heridos, más de 10.000 detenciones (todavía hay miles de presos), denuncias de violaciones y torturas, más de 460 personas con lesiones oculares por armas de fuego. Todo con impunidad prácticamente garantizada para los represores, como en los “viejos buenos tiempos”.

Pero, a pesar de la brutal represión, esta movilización ha logrado ampliar el consenso más allá de las esferas tradicionales de partidos, organismos de derechos humanos e incluso “movimientos sociales”, con la irrupción de los estudiantes, del gran y combativo movimiento de mujeres, del ambientalismo, de las luchas por el derecho a la vivienda, etc… De particular importancia fue el movimiento contra el sistema privado de pensiones (AFP) que logró involucrar a las capas medias, profundamente endeudadas y empobrecidas por la crisis.

También gracias a su transversalidad, la movilización supo interpretar el “interés general”, contra el statu quo y el modelo. Adjudicándose un rol que conlleva una enorme responsabilidad para los miles de sujetos involucrados, dadas las expectativas nacidas: la brecha social por las condiciones materiales, el enojo acumulado a diario durante años por mujeres y hombres privados de derechos sociales básicos, desde la salud, educación y derecho a una pensión digna, entre otros.

“No le tenemos miedo al virus, le tenemos miedo al hambre”

Desde el inicio de la pandemia (que sigue cobrando víctimas) ha habido una respuesta solidaria y de auto-ayuda en los barrios populares, con la organización espontánea de unas 400 ollas comunes que han intentado garantizar alimentación y esperanza, organizando una respuesta social que no se veía desde la dictadura. “No le tenemos miedo al virus, le tenemos miedo al hambre”, decían las primeras movilizaciones en Santiago.

La bofetada al gobierno también se dio por la mala gestión de la pandemia (a la fecha unos 18.000 muertos y más de medio millón de contagiados, con una población de 18 millones), con varios brotes activos en muchas provincias, con diversas restricciones de movilidad y con el toque de queda vigente desde marzo, hace más de siete meses.

Entre los “efectos colaterales” por la fuerza de las movilizaciones populares, se destacan las piruetas de algunas figuras de la extrema derecha política (como Joaquín Lavín y Pablo Longueira de la UDI, el histórico partido del pinochetismo), obligadas a subirse al tren de los probables vencedores, en un esfuerzo por no permanecer aislados más de lo que ya están. Piruetas en el aire que han provocado más divisiones en la derecha y plantean preguntas sobre su estrategia.

También han surgido diversas contradicciones entre los empresarios: varios de sus directivos habían declarado el voto a favor del cambio constitucional, para canalizar las fuertes tensiones sociales.

El gobierno sufre así su segunda derrota (después del retiro anticipado de una parte de los fondos de pensiones) y sale aún más débil de las urnas.

La “Constitución” del tirano

Debido al golpe cívico-militar de 1973, Chile fue el laboratorio mundial para la aplicación de las políticas neoliberales de los “Chicago Boys”. Sin embargo, se trataba de darles “fuerza de ley” y constitucionalizarlas. Así fue como la Junta Militar se auto-otorgó la facultad constituyente y delegó la redacción de la Constitución de 1980 en un puñado de leales a la dictadura cívico-militar. Entre ellos estaba Jaime Guzmán, un político y abogado constitucionalista, uno de los conservadores más inteligentes y pérfidos de toda la historia chilena. Guzmán, que tenía una visión de futuro, redactó una Carta Magna que transformó la democracia en un adorno y diseñó mecanismos precisos para “blindar” con candados legales la Constitución y no poder cambiarla. Partiendo por el perverso sistema binominal, por las altas mayorías necesarias en el parlamento, por el derecho de veto, por la composición de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional, con lo que se impidió de antemano cualquier proyecto de ley que oliera a justicia social.

En plena dictadura, en el plebiscito-farsa del 11 de septiembre de 1980, en teoría el 65,71% de los votantes se manifestó a favor de ese simulacro de nueva Constitución. Sin embargo, la ausencia de un padrón electoral, la restricción de las libertades públicas y las denuncias de los ex soldados de haber votado más de una vez, han puesto de manifiesto la ilegalidad de los resultados. El simulacro de la Constitución de la dictadura cívico-militar entró en vigor el 11 de marzo de 1981.

El texto original constaba de 120 artículos permanentes y 29 disposiciones transitorias.

Entre sus “joyas” estaban la existencia de senadores nombrados de por vida (incluido Pinochet) que garantizaron la mayoría a la derecha, el poder del Presidente de la Junta Militar para disolver la Cámara de Diputados, la creación del Consejo de Seguridad Nacional ( COSENA), la inamovilidad de los Comandantes de las Fuerzas Armadas y su carácter de garantes de la institucionalidad, el concepto clave de “Estado subsidiario” al mercado, y la inconstitucionalidad de organizaciones, movimientos, partidos políticos, destinados a “difundir doctrinas que amenazan a la familia, apoyan la violencia o una concepción de la sociedad, del Estado o del orden jurídico, de carácter totalitario o basado en la lucha de clases”, en particular el marxismo, el socialismo, el comunismo.

En ninguna constitución política anterior, los militares eran “garantes” de la institucionalidad, ni existía el Consejo de Seguridad Nacional, una institución siniestra y lúgubre, más parecida a la Inquisición, que a un organismo democrático.

Y en la historia de Chile, los líderes de las Fuerzas Armadas nunca habían tenido la posibilidad de una autonomía absoluta, incluidas las cuestiones presupuestarias. En cambio, en la actual Constitución dictatorial, la autonomía y la discreción en el gasto está “sancionada” en beneficio de las fuerzas armadas y de la oligarquía económica, la verdadera dueña de los uniformes militares.

Además de las asignaciones presupuestarias habituales, la dictadura reservó a las Fuerzas Armadas un monto equivalente al 10% de los ingresos de la venta de cobre, principal producto de exportación de Chile, gracias a una ley cuyo contenido era secreto. Ríos de dinero sin control que han producido varios escándalos de corrupción, conocidos como “Milico-gate“.

Dicho, en otros términos, tanto en sus orígenes, como en su forma de ratificación, la Constitución de 1980 es un acto coercitivo, jurídicamente nulo según los principios del derecho público. Se trataba de una Constitución de facto y su eficacia práctica dependía únicamente de la relación de fuerzas que la sustentaba. En el momento de su promulgación, su intención de extender el régimen militar era clara y presagiaba años de dictadura. Las disposiciones transitorias (la constitución efectiva) hicieron de la propia Carta casi un mero ejercicio semántico, que solo codificaba el monopolio del poder existente.

Las características totalitarias y de defensa del statu quo del actual simulacro de Carta Magna fueron tan profundas que el entonces presidente del Consejo de Estado, Jorge Alessandri Rodríguez (no exactamente un ” sincero demócrata”), renunció en julio de 1980: más del 50% de sus propuestas habían sido rechazadas por Jaime Guzmán, el verdadero jefe de gobierno de esos años. En particular, Alessandri renunció por 3 artículos (93, 95 y 196), que atribuían poder a las FF.AA. y a las fuerzas del orden, y no al pueblo soberano, el poder constituyente original. Al momento de su renuncia, Alessandri declaró que “ningún civil que se respecte puede ser presidente de la República con los antecedentes contenidos en esta Carta fundamental”.

En el nuevo plebiscito de octubre de 1988, la dictadura fue derrotada en su intento por extender su mandato. La derecha política tuvo que aceptar –obtorto collo– la restauración del sistema democrático institucional, pero teniendo mucho cuidado de que no se cambiara ni una coma de la constitución del tirano en cuestiones fundamentales y no negociables, a favor del núcleo duro pinochetista y de unos cuantos empresarios, que se hicieron millonarios gracias el saqueo y a las privatizaciones de la dictadura.

¿Permanecer en el gobierno o mantener el poder?

En los últimos años, las clases dominantes han hecho de todo para preservar a toda costa las leyes cuyos únicos objetivos eran (y siguen siendo) la consolidación del proyecto neoliberal a través del “derecho de veto”, junto con la preservación del papel de las Fuerzas Armadas y las fuerzas del orden.

Por supuesto, estar en el gobierno es importante. Pero los pocos líderes de derecha que tienen verdadera inteligencia y capacidad política (y económica) son conscientes de que más importante que estar en el gobierno es tener el poder en sus manos. Me refiero al poder militar, mediático y financiero, todavía firmemente en manos de unas pocas familias, “las mismas de siempre”, que se pueden contar con los dedos de menos de dos manos.

Lo importante para los sectores ultra-liberales ha sido mantener intactas todas las leyes creadas por los Chicago Boys durante la dictadura. Para ello, la constitución política “pinochetista-guzmaniana” fue una herramienta formidable, ciertamente antidemocrática, pero aún vigente, gracias también a muchos líderes de los gobiernos de centroizquierda post dictadura que ayudaron a “retocar” y “mejorar” el texto de la dictadura.

Hasta aquí el estado del arte.

A partir de mañana empieza el tira y afloja para evitar las muchas trampas colocadas en el camino constituyente y no todo es color de rosa. Tendremos la oportunidad de volver a analizarlo.

Hoy Chile pasa página. Hoy es fiesta grande en todo el país. En Santiago la fiesta es en la Plaza Italia, rebautizada como Plaza de la Dignidad por los manifestantes.

A partir de mañana comienza un largo proceso constituyente, pero la batalla se reanuda con más fuerza y esperanza. No importa cuánto tiempo lleve, ni los posibles altibajos, ni lo difícil y complejo que sea el proceso.

Ahora la suerte está echada.

http://marcoconsolo.altervista.org/chile-la-suerte-esta-echada/