Son días convulsionados en el país andino que en una semana ha visto una fuerte movilización de las calles en todo el país, reprimida con un trágico balance de 2 muertos y decenas de heridos. En una semana se sucedieron 3 presidentes de la República. Intentemos poner los hechos en orden.

El 9 de noviembre, el presidente Martín Vizcarra fue destituido por el parlamento por “incapacidad moral permanente” mediante una moción de censura, conocida como “vacancia presidencial”, con la acusación de aceptar sobornos. Solo se necesitaron 5 horas de debate para provocar una violación flagrante y grosera de la Constitución por parte de un parlamento en el que, como recordó el propio Vizcarra, 68 diputados de un total de 130 están procesados o acusados, muchos de ellos por corrupción.

Vizcarra, integrante del llamado “Grupo de Lima” y partidario del golpista venezolano Juan Guaidó, se suma así a la larga lista de Presidentes peruanos que han tenido que renunciar (o han sido “renunciados”) por corrupción en los últimos años. Más allá del juicio sobre la gestión de Vizcarra, estamos ante un episodio más en la secuencia de “golpes institucionales” que han asolado al continente en los últimos años.

En medio de las protestas, el 10 de noviembre, la presidencia del país fue asumida por el titular del Parlamento, Manuel Merino, de Acción Popular, quien había manifestado su oposición al avance de las elecciones previstas para abril de 2021. Sin embargo, también Merino, insensible a las solicitudes popular, no duró mucho.

Las movilizaciones callejeras contra el “golpe institucional” (y no a favor de Vizcarra), contra la presidencia de Merino, tuvieron en el centro la demanda de convocatoria de elecciones y el inicio de un proceso constituyente que ponga fin a la Constitución del golpista Alberto Fujimori, aún vigente en el país. Las protestas duraron varios días y fueron brutalmente reprimidas, provocando la muerte de dos jóvenes y decenas de heridos. En estos días de protestas, la policía también ha sido protagonista de detenciones arbitrarias, agresiones a periodistas nacionales y extranjeros, mientras que aún se desconoce la ubicación de varios detenidos.

El 15 de noviembre, la fuerza de las manifestaciones callejeras, junto con la presión parlamentaria de los distintos grupos de interés, obligó a Merino a renunciar irrevocablemente al cargo de presidente, haciendo naufragar su “gobierno de transición”.

El 16 de noviembre fue elegido Francisco Rafael Sagasti Hochhausler, un “centrista” moderado recién nombrado por el parlamento. Sagasti es el tercer presidente en una semana y el cuarto en cuatro años. Como recordarán algunos, en 1996, Sagasti fue una de las personas secuestradas por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) durante la ocupación armada de la embajada japonesa por parte del ex movimiento guerrillero, que lo liberó pocos días después.

Junto con el nombramiento de Sagasti, se han renovado los cargos del parlamento y, mientras escribimos, se está realizando una movilización convocada por las centrales sindicales, la Asamblea Nacional de Los Pueblos y otras organizaciones de base.

Hasta aquí los hechos y las maniobras acrobáticas de los políticos corruptos, que llevaron a la destitución parlamentaria del presidente Vizcarra, por medio de la estrategia de los denominados golpes institucionales.

Las raíces de la crisis política

Luego de los procesos de independencia de la madre-patria, en América Latina los estados republicanos mostraron las características de abierta dominación de clase y una estructura de control que les diferencia del estado liberal con sus distintos grados de “mediación social” entre las clases.

Además, es útil recordar que el “estado nación” peruano es en realidad un “estado no nacional”, integrado por al menos 3 Perú: el de la selva amazónica, el de los Andes y el de la costa, con características profundamente diferentes, ambas en términos de población y estructura socio-económica.

Las clases dominantes, principalmente de la costa, han seguido privatizando y vendiendo el país, con la lógica de la “acumulación originaria” con modalidades neocoloniales hacia las zonas del interior, sometidas a un brutal extractivismo minero y petrolero en manos de empresas multinacionales (más del 70% de la Amazonía peruana se vendió a empresas petroleras). Las zonas donde viven los pueblos originarios son ocupadas “manu militari”, y sometidas a las más modernas técnicas de saqueo.

Pero, más allá de su dimensión histórica, la crisis política de estos días se arrastra desde hace al menos 30 años. De hecho, podemos remontarnos a 1992, el inicio del último ciclo de crisis con el autogolpe de Alberto Fujimori, “el chino”, que inició una década caracterizada por los abusos de poder, la corrupción, la continuación del terrorismo de Estado a la cabeza de su brazo derecho Vladimiro Montesinos, jefe de los servicios secretos.

Una década con un pesado legado de una carta constitucional promulgada en dictadura, aún vigente, redactada para permitir el saqueo de recursos y derechos, y por tanto intrínsecamente hecha para garantizar regímenes corruptos. Y dentro de la crisis capitalista mundial, exacerbada por la pandemia, la crisis peruana en curso se multiplica por una sucesión de ciclos cada vez más degradantes y degradados.

Después de Alberto Fujimori (que renunció por fax desde Japón a donde huyó antes de su arresto), todos los presidentes posteriores tuvieron problemas con la tímida justicia peruana: Alejandro Toledo (huido a Estados Unidos), Alan García (que se suicidó mientras lo arrestaban por sobornos), Ollanta Humala (con múltiples juicios abiertos), Pedro Pablo Kuczynski (quien renunció anticipadamente, acusado de corrupción y actualmente en espera de juicio), hasta Martín Vizcarra (también con muchos juicios abiertos).

En marzo de 2018, Vizcarra sustituyó a Kuczynski con el estandarte de la lucha contra la corrupción. Pero de inmediato empezó a legislar a favor del capital. Con la pandemia, organizó e impuso una cuarentena hecha a medida de los pedidos de la Confiep (la organización patronal) y de las grandes empresas a las que se destina el 70% de las ayudas, autorizó suspensiones sin sueldo de trabajadores, a los que recortó derechos a destajo, mientras crecían exponencialmente el desempleo y las muertes por la pandemia Covid 19.

Y para garantizar la “paz social”, ¡cuidado se rebelen! El pasado mes de abril, contagiado por el virus inmortal del autoritarismo, el gobierno de Vizcarra había garantizado la impunidad a las “fuerzas del orden” por el uso “en servicio” de armas contra la población, con el país militarizado para controlar la cuarentena y garantías constitucionales suspendidas debido al estado de emergencia.

De ahí, se profundizaron las características de un Estado políticamente precario, socialmente dividido y con intereses político-económicos fragmentados, donde la mala política se encuentra profundamente dividida por intereses privados, locales y sectoriales, y ciertamente no en base a los distintos proyectos de País y de sociedad.

En esta situación de inestabilidad crónica, es comprensible la creciente indignación social y el predominio de la denominada “antipolítica”. Aquí también, más que contra la política con una P mayúscula, en realidad la ira creciente es contra la mayoría de los partidos existentes. De hecho, la sociedad peruana mantiene una distancia abismal de los “palacios” de la política y de sus prácticas. Muchos partidos son verdaderos “vientres de alquiler” que responden a la voluntad de sus dueños, funcionan como feudos sobre la base de aspiraciones privadas a corto plazo, lo que acentúa la percepción pública negativa de la política y de los partidos políticos.

Se trata de una profunda “crisis del Estado”, en la que “los de arriba”, los “poderes facticos”, no pueden gobernar y “los de abajo” saben lo que no quieren (el neoliberalismo mafioso), pero siguen dispersos y con pocas alternativas viables, al menos hasta hoy.

El continente en la calle

En este escenario, tanto en Lima como en muchas ciudades del resto del país, espontáneamente se organizaron grandes movilizaciones contra el golpe de Estado “institucional” y reivindicando los derechos democráticos. Destaca la presencia de jóvenes y de las capas medias, intolerantes a la crisis y a la creciente incertidumbre social, acentuada por el último golpe de Estado que contribuyó a incrementar el miedo a la trágica pandemia de Covid, que en Perú tiene dimensiones dramáticas.

Las generaciones más jóvenes salieron a las calles indignadas por la corrupción desenfrenada, el abuso, la represión, la impunidad y la toma del Estado por parte de figuras políticas y empresariales que siguen saliéndose con la suya. Una movilización que reivindica una democracia participativa, con protagonismo popular, alternativa a la que está hecha solo de procesos electorales y unos políticos litigiosos. Entre las demandas de las calles, está la de un gobierno de emergencia transitorio, que pueda ser el intérprete de la consigna de las luchas sociales por una Constituyente y una nueva Constitución.

De manera más general, en América Latina los pueblos originarios, las mujeres y los movimientos sociales vuelven a ser protagonistas. El elemento común es la lucha contra los trágicos efectos de las políticas neoliberales aplicadas por los gobiernos conservadores que regresaron en muchos de los países del subcontinente, como resultado de la contraofensiva de Washington en su “patio trasero”.

Por un lado, los movimientos reclaman una práctica política de movilización fuera y contra muchas organizaciones “tradicionales” y partidos “en alquiler”. Estos últimos, si no quieren ser borrados, deben repensar profundamente su papel como “cuerpos intermedios” en la sociedad.

Por otro lado, algunos de sus reclamos abordan cuestiones estructurales, aunque aún fragmentadas: la concentración de la propiedad de la tierra, las insoportables desigualdades sociales, la debilidad o inexistencia de un estado de bienestar, la falta de derechos, cuestionando el modelo productivo y socio-económico.

El viento continental también sopla sobre Perú. El cambio de gobierno en Argentina, la victoria en el referéndum en Chile y las elecciones en Bolivia, junto con las movilizaciones en Colombia, están produciendo un efecto domino.

Perú comienza a despertar. Pero a la fecha no se vislumbra una salida pacífica a la crisis política, con nuevas elecciones y el lanzamiento de un proceso constituyente que redacte una nueva Carta Magna para garantizar los derechos sociales y económicos de la mayoría aún excluida.

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