Un mar de asombros y dudas

Desde Abajo

03/12/2013

Opinión

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El pasado 6 de noviembre, Gobierno y FARC sorprendieron al país y la comunidad internacional con un pronto acuerdo sobre Participación política, el segundo de los temas de la agenda que guían los diálogos de La Habana.

Se trata de un acuerdo rápido, tras escasas cuatro semanas de discusión, que refleja y confirma que muchos de los aspectos allí implicados ya los habían tratado las contrapartes en alguno de los 365 días, y un poco más, que suman las partes en la mesa habanera. Es decir, no existe una discusión lineal de las temáticas acordadas.

Sorprendió el acuerdo, pues lo aceptado por la insurgencia no conlleva cambio sustancial alguno en el régimen político colombiano, pero en cambio sí refuerza el existente. Muchos foros y recomendaciones que nada aseguran si no se cuenta con mayoría en el Congreso de la República.

A riesgo de llover sobre mojado, retomemos lo acordado. En palabras del vocero de la parte oficial, Humberto de la Calle: [los temas aceptados] se podrían agrupar en tres capítulos: el primero, garantías [para el ejercicio de la oposición]. Expedir, para ello, el Estatuto de la Oposición; garantizar la seguridad de los opositores "mediante la creación de un Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la Política [...]. Por fin, se generaría todo un proceso de reconciliación y se crearían los medios para ejecutarla".

"El segundo capítulo [...] participación: [...] vigorización de la planeación participativa y el robustecimiento de las veedurías ciudadanas".

"El tercer capítulo [...] cambios en el sistema político. Desligar el reconocimiento y la vigencia de la personalidad de los partidos de la noción del umbral. [Este] se deja intacto pero su aplicación se limita al método de asignación de escaños. [...] Se crearía un esquema de reconocimiento escalonado de diversos derechos que incluirían financiación y acceso a medios de comunicación.

"Se convocaría una Comisión de Expertos de alto nivel para que aconsejen sobre las líneas de revisión que luego deben ser discutidas por todas las fuerzas políticas, para impulsar una reforma tendiente a robustecer la autonomía y apertura de los organismos de dirección de la organización electoral [...]. Adicionalmente, se buscaría que exista mayor equidad en el régimen de partidos./ Por fin, se crearían las Circunscripciones Territoriales de Paz. [Se trata] de aumentar en forma transitoria la presencia en la Cámara de Representantes de aquellos territorios que por razón del conflicto se han visto marginados del sistema representativo. Serán a la manera de círculos electorales dentro de los departamentos para que se elijan representantes adicionales".

Según el comunicado conjunto del 6 de noviembre, lo primero que asombra en él es que nada diga sobre uno de los puntos que parecían nodales para la insurgencia: la refrendación de los acuerdos o el llamado a una Asamblea nacional constituyente.

Lo segundo que profundiza este asombro: que la insurgencia no haya logrado asegurar una participación significativa, por derecho propio, en el Senado. Sorprende esto, pues muchos de los acuerdos pasarán por su trámite –formulación– en el Congreso. Es decir, algunas cosas se pueden ganar dentro de la formalidad del Acuerdo de La Habana, las mismas que pueden terminar bloqueadas por el Legislativo.

Por ejemplo, en el culto a la formalidad se acuerda "[...] un conjunto de garantías para canalizar las demandas ciudadanas, incluyendo garantías para la movilización, la protesta y la convivencia pacífica dentro de un contexto de democracia ampliada". Este es un buen deseo que se estrella con la existencia de un Código de Policía cada vez más represivo, y el Código de convivencia y ciudadanía donde la protesta ciudadana es criminalizada. ¿Cuál de los dos aspectos será más efectivo o se aplicará en la práctica? La correlación de fuerzas dará la palabra final. Pero esta es una realidad que una negociación política no puede dejar abierta, menos aún cuando, como se enfatiza en el comunicado conjunto, se pretende potenciar la participación ciudadana y reivindicar el liderazgo de los movimientos sociales.

El tercer asombro procede del silencio que se guardó en el acuerdo sobre lo anunciado por las farc en múltiples comunicados; que "la participación política debe permitir que la sociedad organizada en movimientos de diferente carácter pueda incidir, entre otros aspectos, en la transformación de las estructuras económicas, así como replantear los tratados de libre comercio firmados hasta ahora por el país".

Sin ninguno de estos ítems en el texto firmado, lo que sí quedó refrendado son, por un lado, "una nueva apertura democrática", y, por el otro, un conjunto de foros, consultas, llamados a la sociedad e incluso consultas posteriores a la desmovilización: "tras la firma del Acuerdo Final, se pondrá en marcha una Misión de Expertos para hacer una revisión integral de la organización y el régimen electoral y, sobre la base de las mejores prácticas nacionales e internacionales, presentar recomendaciones para hacer los ajustes normativos e institucionales correspondientes".

Incluso un aspecto tan sustancial para cualquier proyecto que pretenda ser poder, o al menos gobierno, como es contar con medios de comunicación propios, quedó al margen, reconocido apenas de manera tangencial en: "Se abrirán espacios adicionales para que las fuerzas políticas, las organizaciones y movimientos sociales y las comunidades en general, en especial aquellas que trabajan en la construcción de la paz, puedan dar a conocer sus propuestas y proyectos en medios institucionales y regionales. Y además se acordó darles un fortalecimiento especial a los medios comunitarios para impulsar la participación ciudadana".

Dudas

Tanto en el comunicado conjunto como en lo escrito por el vocero oficial en los diálogos, Humberto de la Calle, dejan implícito que están en discusión otros aspectos puntuales: "Lo convenido hasta ahora forma parte de un acuerdo más amplio que esperamos lograr prontamente, el cual contiene seis puntos"; "En las 20 cuartillas que contienen el acuerdo se trataron al menos 22 temas relevantes. Muy pronto habrá un informe conjunto para informar con más detalles a la ciudadanía". ¿Estarán reconocidas en los seis puntos aludidos o en los 22 temas relevantes las reivindicaciones más sustanciales previamente reclamadas y difundidas por la insurgencia? ¿Optó ésta por un modelo de participación y poder local, el cual se siente recogido en lo difundido hasta ahora? ¿El reconocimiento de los movimientos sociales, retomado en el acuerdo, refleja un cambio de valoración de lo político y lo social de parte de las farc, con el cual le otorga más protagonismo a lo social que a lo político, lo que implicaría buscar y potenciar la articulación del conjunto de las expresiones de base, o simplemente sintetiza la conveniencia y la necesidad de fortalecer el proyecto político desde la movilización de la base social (instrumentalización)?

¿Cómo proyectan las farc blindar estos acuerdos y garantizar que, a través del Congreso, sí se regulen o reglamenten de manera efectiva? ¿Cuántos congresistas aspiran a tener en el Congreso como garantía para la refrendación justa de lo acordado? O, en su defecto, ¿persiste en la demanda de Asamblea Nacional Constituyente? ¿Hasta dónde va esta demanda?

Si todos estos y otros aspectos sustanciales están por discutirse y acordarse, entonces lo difundido hasta ahora es lo menor.

¿Problema de semántica?

En el acuerdo dado a conocer el 6 de noviembre resaltan algunos aspectos que, a primera vista, parecerían banales pero no lo son tanto. Uno de ellos es el acuerdo de la insurgencia (que reivindica un proyecto de sociedad diferente para Colombia), con el término democracia.

Sorprende que el comunicado conjunto retome la palabra democracia sin ningún adjetivo: "La firma e implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia". Vale preguntar: ¿cuál democracia?, ¿cuál tipo de ésta?

Y sorprende esta 'concesión' semántica, pues procede de una organización alzada en armas que se supondría –de acuerdo a sus comunicados– con diferencias profundas con la democracia que reivindica y reclama la dirigencia sempiterna en Colombia: delegativa, formal, presidencialista, donde lo político no resume lo económico sino que lo excluye, lo que posibilita que la llamada democracia colombiana permita la existencia y extensión de la desigualdad social, en medio de una descomunal concentración de la riqueza. Podemos preguntar por ello: ¿Hay democracia política efectiva cuando la realidad económica la niega? Esto no es casual, ya que, como se conoce "[...] el capitalismo concibe a la democracia como un instrumento de acumulación, si es preciso, la reduce a la irrelevancia...".

Y, como se sabe, el primero de los límites que el Gobierno le colgó a la negociación de La Habana fue la negativa a discutir temas estructurales, entre estos lo económico. Con lo cual queda clara su visión de la democracia, de la vida, de lo social, del gobierno y del poder. Esto lo hacen a pesar de hablar de "Apertura democrática", una expresión que también aceptó la insurgencia, pero, como quedó anotado, no va más allá de la forma. Sí, se contará con el Estatuto de la oposición –ya anunciado en la Constitución de 1991, producto de los acuerdos firmados con la insurgencia urbana por entonces desmovilizada–, existirá una circunscripción regional, etcétera, pero la democracia será formal o política pero nunca real, puesto que se aparta de la base que le brinda sustento, la economía.

Entonces, ¿qué entender por "apertura"? Como se recordará, en la década de los 90 este terminajo sirvió para ocultar el real propósito que con él traía el establecimiento: la aprobación y la implementación del modelo neoliberal para el país, y con ello el cúmulo de privatizaciones que permitieron el ahondamiento de la desigualdad social; por ninguna parte el realce de lo político como soporte de un poder ciudadano directo.

Ahora la "apertura democrática" tendría que retomar el emplazamiento y las exigencias que los movimientos sociales antiglobalización ondean por doquier: democracia directa, desconcentración de la riqueza, pero lo máximo que retoma el acuerdo, según Humberto de la Calle, es que "Se reconoce la irrupción de los movimientos sociales. Es un fenómeno mundial inédito hasta hace poco. En esto, Colombia sería innovadora sobre la manera de reconocer y regular el papel de estos movimientos, su interlocución con los gobernantes y la instauración de mecanismos que atiendan en forma oportuna las manifestaciones del derecho a la protesta pacífica". Lo que viene es, por tanto, la institucionalización de los movimientos sociales, y con ello su limitación, su muerte.

Es decir, todo lo contrario de lo reclamado por los millones de indignados en diferentes coordenadas del planeta, todos los cuales también exigen autonomía frente al Estado, distancia ante el gobierno –el cual debe enraizarse en lo local y territorial para romper los escollos que trae consigo el poder ya establecido. Reconocimiento –respeto– de la naturaleza, brindándole derechos, en un ejercicio por el equilibrio ambiental como barrera para evitar la destrucción de la Tierra (¿puede convivir este propósito con los monocultivos, los transgénicos, el desplazamiento de los campesinos, indígenas y comunidades negras de sus territorios?). Valoración de los bienes comunes, como el agua, el aire, sin privatizarlos ni contaminarlos. Vida digna para todos/as. Igualdad para todos/as. Cuestionamiento del ejercicio electoral con el cual los partidos ocultan sus propósitos reales al momento de llegar al gobierno, pero también los límites que cargan para aplicar un transformador proyecto estatal, coartado por el yunque que les sueltan las multinacionales, el real poder que hoy determina el rumbo en el mundo.

¿Se podrá lograr autonomía social, potenciar la autogestión comunitaria, profundizar la justicia social e implementar la redistribución de la riqueza en el país con la reglamentación que se pretende de los movimientos sociales?

Periódico desdeabajo N°197

https://www.alainet.org/es/articulo/81557