Los recientes visos de confrontación en La Paz entre la Prefectura y algunas organizaciones sociales y de productores (como la de Pescadores del Titicaca y otros), la FEJUVE y la COR de El Alto, tienen varias aparentes razones, entre ellas dos: a) la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y b) la legitimidad de la gestión prefectural paceña. En cuanto a la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Central, su no concertación con los actores regionales, entre ellos los Prefectos -sobre todo los que no están en la línea del MAS- ciertamente avizora limitaciones a su aplicación y ejecución. Desde una perspectiva de empuje de sus propugnadores, parece que podría presentarse colisión con el Plan de Desarrollo Departamental de La Paz con el cual tiene algunas diferencias en su estructura. Esto parecería subsanable si no intervinieran otros aspectos, entre ellos el supuesto estilo de gestión de ambos Planes. Por otro lado, en la legitimidad social de la gestión prefectural de Pepelucho con respecto de su sociedad civil departamental, es interesante observar que de los 30 Consejeros vigentes –que supuestamente la representan-, solo 10 tienen respaldo claro de los Concejales Municipales que los eligieron en cumplimiento de la Ley, mientras que otro tercio (10) accedió aparentemente por mero apoyo partidario y otro tercio (10) por elección en Ampliados Campesinos Provinciales en base de Usos y Costumbres, donde también existen algunas observaciones a su legalidad. Entonces, la sociedad civil paceña no tendría una representación claramente legítima, salvo que se suponga que las organizaciones corporativas son las legales y legítimas representantes de la ciudadanía departamental; esto es algo que debe resolverse urgentemente si se desea el cumplimiento de los planes de desarrollo existentes. Por los previsibles resultados que la confrontación indicada podría producir, hoy parece absolutamente pertinente reiterar una vez mas que el concepto de hegemonía de las polarizadas décadas de los 60s y 70s del siglo XX requiere una urgente revisión en la mentalidad de los lideres sociales y estatales vigentes. Así, las Hegemonías de alcance nacional, deben articular ideológica y discursivamente la diversidad presente en el conjunto nacional y con su presencia garantizar la cohesión nacional si es construida como plural y compleja por sujetos políticos democráticos y tolerantes; desde esta práctica los disensos estarán, pero no serán insalvables. A la vez, las Hegemonías de alcance regional, con los resultados electorales para Prefectos, son ya parte de la diversidad hegemónica imprescindible de tomar en cuenta. En el oriente amazónico y platense, la articulación hegemónica de sus élites regionales será legítima y con alcance definido. En el occidente, la articulación de formas políticas corporativas y ciudadanas y la capacidad de lideres y actores culturales de diseñar visiones de desarrollo que pasen la prueba indefectible del voto ciudadano, tendrán presencia indiscutible. Entonces, las disputas entre Prefectos y Gobierno Nacional, y en medio de ellas la confrontación entre algunas dirigencias sociales y la Prefectura en la Paz, son hoy parte de la construcción de hegemonías compartidas, donde las hegemonías regionales buscan una conexión no-dependiente, es decir más horizontal, con las hegemonías nacionales. Habrá que entender que los nuevos actores políticos de estas hegemonías plurales no son ya solo los Partidos. Las Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, Comités Cívicos y diversas organizaciones sociales participan en los 2 niveles de construcción hegemónica en disputas-acuerdos que configuran las nuevas modalidades de la democracia pactada de inicios del siglo XXI –diferente de la democracia pactada del siglo XX-, esta vez ampliada con la imprescindible e indiscutible ratificación del voto popular expresado ya en diciembre de 2005, las consultas directas (referéndums), las iniciativas legislativas ciudadanas y otros mecanismos de complemento a la democracia representativa de fines del siglo XX boliviano. Esto debe tomarse muy en cuenta para efectos deseados de gestión. Si buscamos desarrollar el proceso democrático en Bolivia, las acciones de la lucha política y en este caso la previsible ejecución de los Planes Nacional y Departamental en La Paz a partir de las administraciones respectivas, deben alejarse de la visión bipolar y autoritaria de la hegemonía del siglo pasado. Así, los pactos y concesiones con los nuevos actores políticos en el marco del respeto a la Ley serán verdaderos productos de la visión hegemónica plural y democrática del siglo XXI. Sin imposiciones, entonces, la sociedad civil del departamento de La Paz podría observar, si sus líderes lo permitieran, los efectos positivos de la conjunción de potencialidades y esfuerzos para que el desarrollo departamental, en sintonía con el nacional, beneficie a quienes están dirigidas todas sus acciones, la población urbana de nuestro departamento pero sobre todo campesinos e indígenas que aguardan resultados de la renovación política de la democracia boliviana. - Carlos Hugo Laruta, sociólogo alteño y Director de CIPCA La Paz. Fuente: Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) Bolivia http://www.cipca.org.bo/