A un mes y medio del comicio, se puso en práctica un innovador método de financiamiento publicitario: sólo el Estado podrá costear a los candidatos.

Este lunes empezó oficialmente la campaña proselitista por la Asamblea que elaborará una nueva Constitución en Ecuador. Participan más de tres mil candidatos a través de veintiséis organizaciones políticas y sociales.

El Estado financiará por primera vez en la historia del país la publicidad de los partidos que participan en la contienda. El Tribunal Supremo Electoral girará treinta millones de dólares para garantizar la equidad de tiempo y espacio de los postulantes en la prensa escrita, radio, televisión y vallas publicitarias en la vía pública, estadios, entre otros.

Esta medida apunta a democratizar los espacios, brindar igualdad de oportunidades para que todos los candidatos puedan difundir sus propuestas y tiende a disminuir la desigualdad existente entre los grandes partidos políticos y los más chicos, ya que en anteriores elecciones los primeros contaban con el apoyo de grandes grupos económicos para solventar su propaganda.

De acuerdo al estatuto electoral aprobado en la consulta del pasado 15 de abril, los aspirantes a asambleístas no pueden pautar la publicidad en los medios de comunicación, ni recibir donaciones o regalos. Solo podrán utilizar los espacios que el Tribunal Supremo Electoral negoció con los medios de comunicación con financiamiento estatal. No obstante, no será restringido el uso de Internet, YouTube, blogs, correos electrónicos y otros sitios web, para promover a los candidatos. Los postulantes infractores serán penalizados por el Tribunal Electoral descalificando dichas candidaturas.

El próximo 30 de septiembre se realizarán los comicios para ocupar un total de 130 curules para la Asamblea Constituyente. Los mismos serán repartidos de la siguiente manera: 24 representantes a nivel nacional, 100 miembros provinciales y 6 delegados de los ciudadanos ecuatorianos residentes en el exterior. Las provincias más pobladas tendrán mayor número de representantes.

La integración de la asamblea fue apoyada mayoritariamente por la población en un referendo en abril convocada por el gobierno de Rafael Correa.

En ese marco, el mandatario ecuatoriano denunció la existencia de “una estrategia deliberada” de los grandes medios de prensa nacionales para desestabilizar la nación antes de la elección de constituyentes. Esa maniobra sería controlada por banqueros y poderosos grupos financieros y tiende a desacreditar al Poder Ejecutivo.

Durante la alocución en su programa radial del sábado pasado, Correa señaló que esos medios desean la derrota del oficialismo, Alianza País, en la elección de constituyentes.

Durante la misma emisión se preguntó: “¿Por qué no se habla de los programas sociales y visitas al interior del país, donde se han entregado créditos y se han realizado obras en beneficio de los pobres (que constituyen la mayoría de la población)?”, inquirió el primer mandatario.

En otro orden de cosas Correa agregó en su programa semanal de radio que si Alianza País se impone en los comicios de septiembre, el Congreso Nacional será disuelto por la Asamblea Constituyente.

“No esperamos nada de un Congreso entregado a la banca y grupos de poder”, declaró Correa en alusión a que el Legislativo cedió a las presiones de la banca privada y aprobó el mes pasado una pésima Ley de Justicia Financiera, ya que aumentó las tasas de interés que cobran los bancos y otras entidades de crédito por realizar préstamos.

En caso que la lista del Movimiento Alianza País triunfe, Correa detalló que luego de la disolución del Congreso, éste será sustituido por una comisión legislativa, que se encargará de sancionar leyes fundamentales que necesita urgentemente el país y que han sido sistemáticamente bloqueadas por los actuales legisladores en el Congreso, en su gran mayoría representantes de la vieja partidocracia.

El Jefe de Estado rechazó las acusaciones de autoritarismo ante la posible consumación de ese hecho. En ese sentido recordó un caso similar que fue puesto en práctica en Colombia en 1991, donde la Asamblea Constituyente había disuelto el Parlamento, recalcando que el vecino país es “una de las democracias más antiguas de América del Sur”, en referencia a casi cinco décadas ininterrumpidas de estado de Derecho.

"Es falso que si se disuelve el Congreso, se acaba la democracia, que es una dictadura. Ése es un `cuento´ de los legisladores que ganan su sueldito de cuatro mil y cinco mil dólares por mes y no quieren dejar la `troncha´ (el poder)", señaló el Presidente.

Asimismo, Correa rememoró que en las últimas elecciones parlamentarias “ganó el voto nulo”. En esa ocasión, primera vuelta de las elecciones generales de octubre del año pasado, el partido de Correa no había presentado candidatos al Congreso.

Los partidos políticos tradicionales de Ecuador como el Partido Roldosista Ecuatoriano, el Partido Social Cristiano y el Movimiento Popular Democrático, “partidocracia” en palabras del primer mandatario, fueron los responsables de los fracasos del país, acusó Correa en su programa de radio. Prometió desterrarlos con el apoyo de los ciudadanos y una nueva Carta Magna de corte socialista.

Además el Presidente anticipó que el primer día de sesiones de la Asamblea Constituyente, pondrá su cargo a disposición de ese organismo.

El sábado afirmó también que "Ecuador necesita una segunda independencia" e hizo un llamado a resistir y no dar "ni un paso atrás" a pesar de los "ataques y desinformación" que, según adelantó, se incrementarán en las próximas semanas antes de las elecciones, que son "la gran oportunidad" para liberarse de los poderes fácticos.

Con respecto a la base militar que utiliza Estados Unidos utiliza en Manta, Rafael Correa fue tajante al expresar que no renovará ese tratado. “En 2009, cuando fenezca ese convenio ¡Olvídense! ¡Primero me corto la mano antes que firmar la continuación!”, afirmó el mandatario en su programa semanal.

En 1999 los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos habían suscripto un acuerdo de cooperación que permite a los norteamericanos el uso de una base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en el puerto pesquero de Manta, doscientos sesenta kilómetros al sudoeste de Quito. El propósito que adujo entonces Estados Unidos era el de realizar actividades aéreas antinarcóticos en coordinación con el Plan Colombia. En noviembre de 2009 vence ese acuerdo.

Correa sugirió que la base sea reubicada en Colombia, “donde se produce la droga”, subrayó.

Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), Mar del Plata / Argentina
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