Desde el día 1 de marzo en que se decomisó el “computador de Reyes”, se esperaba que de la información allí encontrada se iniciaran procesos, investigaciones, declaraciones, etc. Y, en efecto, ocurrieron. Lentamente, a cuentagotas, filtrando una que otra cosa, seleccionando qué salía a la luz pública… esperando que el informe de la INTERPOL validara la información.

El informe de la INTERPOL ha dejado perplejos a algunos, satisfechos a otros y tristes a los restantes.

Y no es para más, pues el informe presenta algunas conclusiones, que valen la pena considerar:

1- Que antes de la entrega de los equipos y el material a la INTERPOL, las autoridades colombianas accedieron a la información contenida en ellas.

2- Que “INTERPOL no ha encontrado indicios de que tras la incautación a las FARC de las ocho pruebas instrumentales de carácter informático, efectuada el 1 de marzo de 2008 por las autoridades colombianas, se hayan creado, modificado o suprimió archivos de usuario en ninguna de dichas pruebas”.

3- Que entre el 1 de marzo y el 3 de marzo a las 11:45 horas, el acceso a los datos “no se ajustó a los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas por parte de los organismos encargados de la aplicación de la ley”, cosa que si ocurrió entre el 3 de marzo de 2008 a las 11:45 horas y el 10 de marzo de 2008, momento en que se entregó el material a la INTERPOL. 4- Que la infracción a los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas por parte de los organismos encargados de la aplicación de la ley consistió en que “en lugar de tomar el tiempo necesario para hacer copias protegidas contra la escritura de cada una de las ocho pruebas instrumentales decomisadas antes de acceder a ellas, este acceso se hizo directamente”.

5- Finalmente, “La verificación realizada por INTERPOL de las ocho pruebas instrumentales citadas no implica la validación de la exactitud de los archivos de usuario que contienen, de la interpretación que cualquier país pueda hacer de dichos archivos, ni de su origen”.

Pues bien, tenemos que conforme a la INTERPOL, existió un manejo errado del material, que, sin embargo, no implicó creación, modificación o sustracción de “archivos de usuario” y que, en todo caso, la verificación “no implica validación de la exactitud de los archivos de usuario”.

Lo que ha seguido es, por una parte, el inicio de la llamada FARC-POLITICA y acusaciones de manipulación de la información (no sólo por parte de personas en el exterior, sino también por nacionales).

Que la INTERPOL es un apéndice del imperio, que se rompió la cadena de custodia, que esta es la venganza de Uribe, que por fin van a atacar a los verdaderos verdugos del país… Bla, bla, bla.

Bla, bla, bla, por muchas razones. Para comenzar, porque nuevamente la ciudadanía se enfrenta al hecho de que un problema judicial se debate en el plano político, con todas las imprecisiones, tergiversaciones y explicaciones estratégicas que ello conlleva.

La NARCO-POLITICA, la YIDIS-POLITICA/TEODOLINDO-POLITICA, los computadores “extraviados” de los paramilitares, etc., han tenido, al igual que el tema del “computador de Reyes”, vidas paralelas. En los estrados judiciales se debate y se seguirá debatiendo si lo probado realmente está probado. Si las víctimas acceden o no a verdad, justicia y reparación. Si la evidencia existente es válida, en términos estrictamente jurídicos, dentro de tales procesos. Procesos a los cuales los ciudadanos no tenemos acceso hasta que no se llegue a la etapa de audiencia. Es decir, realmente no sabemos mucho. Sólo especulamos y, por eso, bla, bla, bla.


Pero esto no es el desastre. El sistema del derecho funciona según sus ritmos, según sus formas propias. Definiendo qué admite, qué excluye y valorando según sus propios parámetros. Que esto es un indicio, que el indicio es débil, que es plena prueba… etc. El desastre es para el sistema de la política.

Las leyes os darán la libertad, está escrito en la fachada del Palacio de Justicia. Pero estas mismas leyes han encadenado el funcionamiento del sistema de la política en el país. Hemos, los ciudadanos, olvidado la época en que el debate político era sobre conveniencia y oportunidad (sin ser ingenuos, sin esperar la más pura protección del interés general por parte de nuestros políticos). Hoy, y hace rato, es sobre la infracción al deber jurídico, sobre la existencia de pruebas suficientes para demandar que un bando abandone su posición o que el otro rectifique lo dicho.

La tragedia está en la judicialización del debate político. Del debate sobre la legitimidad del orden, sobre la legitimidad de abrazar causas e impulsar ideas y proyectos, se ha pasado a la legalidad, donde la caída está marcada, no por el apoyo o rechazo popular, no por la incapacidad de lograr consensos –así sean frágiles y efímeros-, no por la infamia en la actuación política y pública, sino por que se ha cometido delito, se ha incurrido en falta disciplinaria, porque está en la mira de la Fiscalía o de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, porque se sospecha. Es decir, se ha pasado del riesgo de perder poder al derecho (¿privilegio?) a ejercer poder. Aburre.

Y, al judicializarse la política (sin pretender que la política sea indiferente al derecho, pero sí que existe una diferencia funcional entre ambos ámbitos), también se politiza el derecho (sin pretender que el Derecho es absolutamente inmune a la política, pero si partiendo de su diferenciación operativa y, si se quiere, conceptual). Se torna asunto de debate político si la justicia es imparcial, cuando ha dejado de serlo gracias al debate. Se discute si las pruebas son válidas, cuando han dejado de serlo con la discusión.

Se preguntan si un bando busca judicializar al otro para ganar terreno político, de manera que el judicializado siempre podrá alegar el amañamiento político de su juzgador. Así, la legalidad sólo será legítima si está dirigida contra el contrincante, si el otro cae en sus redes. Eso es así para ambos (¿o, todos?) lados.

De esta manera, los corderos de uno y otro bando son llevados al matadero judicial, para que, cuales mártires, demuestren la causa de su bando. A algunos se les exigirá prueba siquiátrica (por pendejos), a otros pruebas de fidelidad (por herejes), a aquellos de silencio (por estabilidad) y a estos, de sometimiento (por legitimidad).

Al final de cuentas, los ciudadanos quedamos perplejos, no porque la respuesta no fuera inesperada, sino por la franqueza de la INTERPOL al expresar su estratégica ingenuidad:

“Es perfectamente sabido que, a efectos de los organismos encargados de la aplicación de la ley, las conclusiones sobre la veracidad o exactitud del contenido de cualquier prueba se establecen en el marco de un procedimiento judicial de ámbito nacional o internacional, o bien por parte de una comisión especialmente designada y con jurisdicción sobre el asunto en litigio” (1).

Y, quizás más allá, esa estratégica ingenuidad sea un recordatorio de aquello a lo que podemos aspirar los ciudadanos: la politización de la política y la juridificación del derecho. Entre tanto, se deslegitima la legalidad y se legaliza la ilegitimidad, de suerte que los violentos –ultras de cada bando-, sigan imperando.

¡Caigan los violentos, sus colaboradores y sus beneficiarios! ¡Caigan los narcotizados y sus derivados! Por eso, y a propósito de los 40 años: “Seamos realistas, pidamos lo imposible”.

Van casi 200 años de independencia, pero ninguno de libertad. Hablemos.

Nota

1 Informe Forense de INTERPOL sobre los Ordenadores y Equipos Informáticos de las FARC decomisados por Colombia. Mayo de 2008. Página 9.

- Henrik López S., Profesor, Facultad de Derecho Universidad de los Andes

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org