Colombia

La sombra de Uribe… ¡Qué grande es!

Henrik López S.

28/11/2010

Opinión

^-A ⁺A

El pasado 3 de noviembre el presidente Santos, presentó una nueva terna para el cargo de Fiscal General de la Nación. La comunidad nacional no se hizo esperar y prontamente rodeó al Presidente en torno a esta terna de “altura”. Pero pocas voces se han detenido a ver las hojas de vida de estos insignes juristas. Uno, es profesor de derecho administrativo, constitucional y derecho económico; el otro, experto en derecho administrativo; el tercero, profesor de constitucional. El derecho penal, ni por las sombras.

Desde la primera terna presentada por el ex presidente del Ubérrimo, la Corte Suprema de Justicia reclamó la presencia de ternados con experiencia en derecho penal. Y tal experiencia no se suple con ministerios, el ministerio público o salvarse de procesos penales. Al parecer todo cambia para que siga igual. Simplemente, son más reconocidos. De allí que pareciera que Santos sigue bajo la égida de Uribe.

Muchos podrán sostener que estos personajes guardarán distancia frente al Gobierno anterior y que actuarán con fuerza suficiente frente a los procesos contra funcionarios, amigos y aliados del Gobierno anterior: chuzadas, yidis-política, agro ingreso, paramilitarismo, parapolítica, zonas francas, contratos oscuros, etc. ¿Podrán meter las manos en el fuego? Pero éste no es el punto.

¿Hasta cuándo el Gobierno Nacional insistirá en colocar en la cabeza del ente acusador a un inexperto? No quiere decir que estos personajes no conozcan su trabajo, que no sean juristas de renombre (podría discutirse frente a algunos, pero todos tienen mucho nombre). Quiere decir que no conocen el derecho penal, sus discusiones, sus planteamientos teóricos, enfrentar argumentos finalistas desde una perspectiva funcionalista, considerar el debate sobre el dolo, los aparatos organizados de poder, la prueba ilícita (que en penal es más compleja), tener claridad sobre el procedimiento aplicable (no olvidemos que conviven la Ley 600 y la 906 –más las reglas especiales de justicia y paz-), etc. Algún lector podrá decir: “¿De qué escribe, si tampoco es penalista? Pues sí, precisamente, un constitucionalista no pretendería ser experto en penal y por eso reclama respeto por las especialidades.

Olvida el Gobierno, tanto el régimen pasado como el presente (que todavía no conocemos del todo), que el Fiscal tiene funciones específicas ante la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, donde deberá, personalmente y sin apoyo en el debate, enfrentar a abogados que han dedicado –con mayor o menor calidad, según hemos visto- su vida al derecho penal. Abogados que conocen los recovecos del lenguaje “técnico jurídico-penal”; que pueden exponer cualquier argumento, sin importar su calidad, con la certeza que no recibirán la respuesta adecuada, simplemente porque quien los enfrenta, difícilmente los comprenderá.

Otros podrán decir que en todo caso el Fiscal puede aprenderse el “libreto” y atenerse a él. Que estos personajes son inteligentes y sabrán asesorarse debidamente. No podemos dudar de ello, no los tildamos de ignorantes, sólo de inexpertos.

Pues bien, ¿deben los ciudadanos de Colombia soportar tamaño riesgo? En la actualidad hace carrera –entre académicos, entre políticos oportunistas (pues no lo entienden) y entre defensores de derechos humanos- la victimología y la orientación del derecho penal, debido a múltiples influencias –no todas consideradas debidamente-, hacia la protección especial de la víctima. De hecho, la Constitución tiene disposición que así lo demanda. Al considerar la víctima, se predican múltiples derechos, entre ellos la justicia, la verdad, la reparación, etc. ¿Podrá un Fiscal inexperto garantizar estos derechos? ¿Podrá enfrentar los argumentos de la defensa?

La pregunta de fondo es si las víctimas tienen que soportar la posibilidad que la imputación o acusación no trascienda y se quede en un señalamiento público. ¿Deben las víctimas cargar con el abandono de la meritocracia? ¿Debe la sociedad colombiana soportar esta situación? La sociedad contemporánea, entre más compleja se torna, más se asienta sobre la especialización y un incremento de confianza en los expertos. Dicha especialización permite que la política opere de manera política (con expertos en esas lides), que la administración y gestión se encargue de administrar y gestionar (con expertos de la eficiencia y la eficacia) y las justicia opere administrando justicia.

Pero no, en Colombia se insiste en que cualquiera puede hacer de todo. Al igual que los talleres automotrices o el arregla todo de los edificios, se espera que cualquiera que sea digno del cargo pueda hacerlo. Dignidad entendida, simple y llanamente, como tener la valoración social para ello, a manera de honor. ¡Claro que estos personajes son muy honorables! ¿Qué tal pasar de la dignidad-honor-mérito a la dignidad-especialidad-conocimiento?

Durante los 8 años de Gobierno de Uribe vivimos bajo los principios Ubérrimos, en donde la especialidad y la capacidad distaban mucho de ser valores, de ser referentes, de ser el norte. Sufrimos el mundo de los capataces de las fincas, que pueden resolverlo todo o, en el mejor de los casos, mandar a alguien (cualquiera a la mano) para que lo hiciera. Ahora pasamos del bajo perfil de muchos a un alto perfil de muchos. No hay diferencia, basta con que sean dignos.

Ahora bien, no es paradójico que la terna hubiese sido demandada o que el Presidente acusado. Siempre existe el riesgo que los nuevos ternados tengan ideas extrañas, como buscar (no sabemos si lograr) justicia y aumentar el escándalo en torno a los procesos contra aliados, familiares y amigos del ex presidente Uribe. Ése es un riesgo que no pueden tolerar, pues la justicia “tiene que estar de su lado”.

Entre tanto, la Corte Suprema se debate en su propia incompetencia. No es que los Honorables magistrados sean ineptos o incapaces de cumplir su función judicial. Simplemente vemos, con mucho asombro y tristeza, cómo no sólo se enredan a la hora de elegir Fiscal, sino también a sus reemplazos. Incapacidad para enfrentar y llevar adelante las reformas que requiere la institución para su buen funcionamiento. ¿Qué tan difícil es reformar el reglamento? ¿Qué tan difícil es asumir que el argumento de la Sala Penal tiene sentido?

Bajo la sombra, inmensa e inmarcesible, de Uribe, las cosas siguen igual. Los ataques a la justicia se mantienen. Basta ver las recientes declaraciones sobre falta de garantías en el país para sus allegados funcionarios. Sigue la interinidad. Sigue la traba a cualquier opción de solución política o jurídica a los conflictos institucionales. Persiste el personalismo (del que no escapan los académicos), antes que de la institucionalidad.

La gravedad del asunto estriba en que las grietas a la institucionalidad se mantienen y no se asoman quienes podrían enmendarlo. En pocos meses el presidente Santos, no ha podido pues el peso de la sombra se mantiene y oculta los problemas (buen ejemplo es la fallida reforma a la justicia), resolverlo. Entre tanto, y como siempre, los “de a píe”, “los de ruana”, las víctimas, deben soportar la fragilidad de sus derechos.

Por eso es cínico Uribe, al decir que en Colombia no hay garantías y por eso es cínico Santos al decir lo contrario. ¡Claro que hay garantías! Pero no para todos…, no para los que simplemente reclaman el respeto por sus derechos.

- Henrik López S. es Profesor de la Universidad de los Andes

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 234, Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org

https://www.alainet.org/es/active/42634