Casa de los Derechos de las y los Periodistas

Nelly Olivos

01/03/2010

Opinión

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De nueva cuenta el gremio periodístico se vuelve noticia a comienzos del presente año. Lamentablemente no se trata de noticias buenas, sino todo lo contrario. Durante la primera semana de enero fue asesinado el reportero Valentín Valdés Espinosa, del diario Zócalo de Saltillo, Coahuila, y luego de 17 días de desaparecido fue encontrado el cuerpo sin vida de José Luis Romero, reportero del noticiario radiofónico Línea Directa de Sinaloa.

Ante este panorama desolador una buena noticia se dio el pasado mes de diciembre, en el marco del 61 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nombrar al Distrito Federal “Ciudad garante y refugio para la libertad de expresión”, así como crear la Casa de los Derechos de las y los Periodistas.

Aunque prometedora esta última propuesta, ya que permitiría brindar protección y apoyo a comunicadores en riesgo de otras entidades de la República, estamos lejos de lograr algo parecido a la Casa de los Periodistas de París, Francia.

En el punto de acuerdo presentado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el 10 de diciembre pasado, la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Aleida Alavez Ruiz, resaltó los avances que en materia de libertad de expresión se han llevado a cabo en la ciudad de México, tales como la despenalización de los delitos de difamación y calumnia, la aprobación de la Ley del Secreto Profesional del Periodista, etcétera; sin embargo, también existen grandes pendientes.

De acuerdo a los informes anuales elaborados por la Fundación Manuel Buendía en materia de agravios a periodistas, se puede afirmar que el Distrito Federal es una de las entidades que registran mayor cantidad de agresiones contra este sector y que en su mayoría se trata de amenazas que se presentan durante el desarrollo de las actividades reporteriles, como podría ser cubrir una manifestación.

Información que puede ser ratificada en el Diagnóstico de derechos humanos, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), donde se menciona que se ha “registrado un creciente número de agresiones cometidas contra periodistas y personas que ejercen el derecho a la libertad de expresión. De las 123 afectaciones reportados en 2006 en el país, 25 sucedieron en el Distrito Federal, lo que representa 21 por ciento del total global”.

No obstante, este contexto no sería la principal razón para suponer que en la ciudad de México no pueda funcionar una casa de refugio para comunicadores amenazados y/o agredidos.

Propuesta que debe ser tratada con discreción

El actual relator para la Libertad de Expresión y Atención a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la CDHDF, Gerardo Sauri Suárez, señala que frente al fenómeno de las agresiones a periodistas “hay que actuar de manera proactiva no hasta que venga la agresión”. Añade que una casa de refugio para periodistas es factible, aunque se tienen que cuidar ciertas garantías.

“Por ejemplo, debería cuidarse, y eso me parece son recomendaciones que en su momento estaríamos haciendo, el colocar los intereses superiores de las y los periodistas amenazados antes que las estrategias mediáticas”, señala el relator y explica que tendría que cuidarse de no hacer en su momento “una gran inauguración”, pues se trata de salvaguardar la integridad de los comunicadores refugiados de la manera más discreta posible.

Sauri Suárez señala que hay modelos en algunos países en donde “los refugios no son en realidad una instalación en particular, sino más bien un protocolo que incluso implica la movilidad en distintas casas e incluso, en algunos casos, también puede llegar a significar el establecimiento de convenios de colaboración con organismos y gobiernos de otros países para atender los casos en que las personas tengan que salir del país”.

En la conversación con Forum, el relator nos hace caer en cuenta de otra serie de problemáticas que se tienen que discutir como el cuidado de la familia de los periodistas afectados. Sauri comenta que en otros lugares “lo que se ha visto es que cuando no se garantiza la seguridad no sólo de la persona amenazada, sino de toda su familia, es muy probable que cualquiera de estos miembros sean utilizados para la venganza, la extorsión y, por supuesto, para que el periodista que emprendió una acción jurídica desista de este proceso”.

Existen otros elementos para emprender tan noble proyecto como es la infraestructura, logística, garantías laborales, seguridad social, etcétera; aunque el asunto del presupuesto pareciera estar solucionado, pues la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Distrito Federal autorizó para el ejercicio fiscal de 2010 un monto de 10 millones de pesos para impulsar el proyecto de la Casa de los Derechos de las y los Periodistas.

Aunque aún no están claros varios detalles como son la participación de la CDHDF ni de las organizaciones defensoras de la libertad de expresión, así como los mecanismos y alcances de este proyecto, es digno de celebrar el esfuerzo emprendido por diversos sectores políticos para proteger a los comunicadores.

Sin dejar de echar las campanas al vuelo por esta iniciativa, hay que llamar la atención sobre un punto que precisa Sauri Suárez “el refugio tiene que ser una medida de último recurso y siempre debe ser visto como una medida lo más transitoria posible y no como una condición permanente. Lo más importante es que se fortalezca una procuración de justicia adecuada para los agresores, que sean procesados y sancionados, adecuadamente, ya que de otra manera no habrá refugio que resista esta situación”.

Fuente: Forum 196. Febrero de 2010. www.forumenlinea.com

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