México

Proyecto para proteger periodistas

Nelly Olivos

20/10/2010

Opinión

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* Anuncio de Calderón ante el club continental de dueños de medios

* Está inspirado en el modelo colombiano

* Lo más importante es que se combata la impunidad: Rock

* A quien “le corra la idea de agredir a un periodista se lo debe cargar el carajo”: Clouthier

* 65 agravios del 2000 al 2009: CNDH

* De ellos 52 asesinatos, siete desapariciones y seis ataques con explosivos

* Sólo hay 10 sentencias condenatorias

Tras años de duelos y ruegos de organizaciones de comunicadores y de derechos humanos, el gobierno federal anunció un proyecto para proteger a los periodistas, justo cuando el club continental de dueños de medios (Sociedad Interamericana de Prensa o SIP) vinieron a expresamente a solicitarlo.

En materia de agravios a periodistas diversas noticias han venido a sorprendernos en los últimos meses junto con las reacciones que estos incidentes generaron. Primero, el secuestro de cuatro comunicadores, a finales del mes de julio en Durango y con ello la decisión de Denise Maerker de no transmitir su programa Punto de partida, el jueves 29 de julio, mientras que Ciro Gómez Leyva, conductor del noticiario estelar de Milenio Televisión, luego de protestar por el secuestro de los reporteros, se retiró de la pantalla y fue un colega quien condujo el espacio noticioso.

Un segundo acontecimiento vino a cimbrar los más altos niveles del gobierno federal y fue el editorial de El Diario de Ciudad Juárez, Chihuahua, luego de que el pasado 16 de septiembre fuera asesinado el fotoperiodista Luis Carlos Santiago Orozco y en el mismo ataque resultara herido otro fotógrafo de este periódico, Carlos Sánchez. En resumen El Diario toca fibras muy sensibles para la autoridad en su editorial titulado “¿Qué quieren de nosotros?”, publicado el 19 de septiembre y dirigido a las organizaciones de delincuentes que se disputan la plaza:

“Hacemos de su conocimiento que somos comunicadores, no adivinos. Por tanto, como trabajadores de la información queremos que nos expliquen qué es lo que quieren de nosotros, qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar, para saber a qué atenernos.

“Ustedes son, en estos momentos, las autoridades de facto en esta ciudad, porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada para impedir que nuestros compañeros sigan cayendo, a pesar de que reiteradamente se los hemos exigido.”

La reacción oficialista no tardó en llegar y fue el vocero de seguridad nacional, Alejandro Poire, quien declaró que “Ningún actor puede pactar, promover una tregua o negociar con el crimen organizado”, además de afirmar que el crimen contra los fotoperiodistas de El Diario se debió a un asunto personal y no fue de carácter profesional.

Mientras esperábamos la respuesta del crimen organizado al texto de El Diario, nos sorprendió la respuesta de las autoridades federales, de acuerdo a un comunicado de la Presidencia, en octubre se pondrá en marcha un “proyecto intersecretarial que contemplaría medidas para reforzar la protección de los periodistas, entre las que destacan: un sistema de alerta temprana, la creación de un Consejo Consultivo que permita identificar los motivos de las agresiones contra periodistas, reformas legales para prevenir la prescripción de los delitos en la materia, un paquete de seguridad social y un paquete de prácticas ideales del ejercicio profesional”.

Impunidad

En la reunión con integrantes de la SIP y el Comité de Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), el 22 de septiembre, Felipe Calderón anunció la implementación de un mecanismo de protección para periodistas inspirado en un proyecto de Colombia, mismo que ha sido analizado en Forum (número 177, mayo de 2008).

Son muchas y diversas las expectativas generadas por este anuncio y empezamos a cuestionarnos sobre sus costos económicos y efectividad. Al preguntarle al periodista Roberto Rock, miembro de la Junta Editorial de El Universal y vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, sobre el sistema de protección que comenzará a funcionar en octubre, nos comenta que se trata de una “experiencia novedosa que se ha desarrollado durante varios años en Colombia y tiene mucho sentido crear herramientas que protejan a sectores vulnerables de la población, no solamente a periodistas, por supuesto a defensores de los derechos humanos, incluso alcaldes que han sido asesinados por su vulnerabilidad. La expectativa es que será benéfico”.

Además señala que este sistema no es suficiente para garantizar la integridad física de los comunicadores, “lo más importante del tema es que se combata la impunidad. Si la impunidad no se combate, si los asesinatos siguen no va a haber suficientes escoltas para proteger a periodistas, no digamos a defensores de los derechos humanos y a otros sectores. Creo que la principal misión del Estado en este tema es encontrar a los culpables de los asesinatos y procesarlos, llevarlos ante la justicia. De no ocurrir esto, este mecanismo, este programa resultará muy limitado ante el fenómeno”.

¿Cómo influyó el secuestro de los periodistas en Durango y el editorial de El Diario en la implementación de este esquema de protección?

—Estos acontecimientos vinieron a sensibilizar al gobierno y este instrumento de protección que fue anunciado, por supuesto, viene preparándose desde antes, no se anunció desde cero, ya está muy avanzado, hubo discusiones. A partir de los sucesos que menciona encuentro mayor sensibilidad al interior del Poder Ejecutivo.

La mejor manera de prevenir las agresiones es “el combate decidido a la impunidad”, así lo planteó el diputado panista Manuel Clouthier, quien además señaló de forma directa: “Toda gente que en el pensamiento le corra la idea de agredir a un periodista se lo debe cargar el carajo. Y esa actitud no se percibe. El mensaje que se manda es que tú agredes un periodista, un medio de comunicación, un directivo, un editor y no pasa nada”.

Fernando Batista, quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), explicó que en la recomendación general número 17 se detalla el grado de impunidad que guardan los ataques a los profesionales de la comunicación.

Dicha recomendación está basada en la documentación de 65 casos de agravios del 2000 al 2009, divididos en 52 asesinados, siete desapariciones y seis ataques con explosivos a medios de comunicación y de los cuales sólo hay 10 sentencias condenatorias.

“En la medida en que continúe este círculo de impunidad, en esa medida no va a haber avances claros en la materia, lo que implica un retroceso de la vida democrática del Estado mexicano”, puntualizó Fernando Batista.

Los riesgos y obstáculos

Por su parte, Ricardo Trotti, director de Libertad de Prensa de la SIP, elogió el sistema de protección y señaló que “no es la única solución, sino es una más de otras tantas que deben existir como son las reformas legales.” Señaló además que en el caso colombiano existía voluntad política del expresidente Álvaro Uribe para enfrentar este fenómeno, a pesar de que hubo ciertos abusos.

El también especialista en temas de libertad de prensa y ética periodística no ahondó en los escándalos de espionaje contra periodistas en Colombia.

El Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia desvió el dispositivo de protección de una periodista con fines de espionaje, se trata de la corresponsal de Radio Nizkor, Claudia Julieta Duque, quien fue espiada por sus propios guardaespaldas para el DAS durante varios años.

Un documento de Reporteros Sin Fronteras, del 9 de febrero del presente año, señala:

“Paradójicamente, el gobierno (colombiano) se ha convertido en uno de los principales agresores de los periodistas. Persisten las consecuencias de los ataques instrumentados por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la policía secreta de Colombia adscrita a la Presidencia de la República, que poseía una guía para espiar, amenazar, intimidar y desacreditar a los periodistas considerados ‘molestos’.

“Dos víctimas del Grupo de Inteligencia Estratégica 3 (G-3) del DAS, que fueron espiados, amenazados y sufrieron intentos de descrédito, fueron los periodistas Hollman Morris y Claudia Julieta Duque, ella se beneficiaba del programa de protección del Ministerio de Interior hasta que se dio cuenta de que éste pasaba información suya a estos servicios de espionaje”.

Como para curarse en salud, el fiscal de delitos cometidos contra periodistas, Gustavo Salas, señaló “que no se debe interpretar, por ningún motivo, como una intromisión del Estado, como un instrumento de control social hacia la libertad de prensa o que también se puede interpretar que se trate de un mecanismo impositivo por parte de la autoridad. Simplemente, se tratará de un sistema que podrá estar en una oferta hacia quien considere que pudiera ser susceptible de ser beneficiario de dichas medidas”.

Antes de caer en la paranoia, hay que darle un voto de confianza al plan de protección anunciado por las autoridades de nuestro país, aunque antes de ser implementado ya enfrenta algunos obstáculos, así lo expresó el fiscal Gustavo Salas al pedir a los diputados los recursos económicos necesarios “que hagan factible la aplicación de este sistema”.

De acuerdo a datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas, el año pasado en Colombia dicho programa de protección costó 50 millones de dólares.

En respuesta a lo expresado por el fiscal Gustavo Salas, el diputado Manuel Clouthier, integrante de la Comisión de Agresiones a Periodistas de la Cámara de Diputados, dijo que “el proyecto de presupuesto, que es un excelente reflejo de las prioridades que se marcan en un gobierno, ha sido por demás limitado, no sólo para esta ocasión, sino de manera histórica para esta fiscalía. Lo que es un ejemplo claro de que no hay, pues, prioridad en torno a esta problemática”.

Forum 204. Octubre de 2010. www.forumenlinea.com

https://www.alainet.org/es/articulo/144988