Argentina

Operación Desgaste y la “deuda odiosa”

Arturo Trinelli

09/03/2010

Opinión

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Hace meses asistimos a una crisis que tuvo, hasta ahora, diversos protagonistas: el debate sobre la autonomía del Banco Central y la polémica sobre sus funcionarios, el Fondo del Bicentenario y los dos nuevos decretos anunciados recientemente que lo reemplazan y, en especial, el enorme protagonismo que la Justicia ha tenido sobre las decisiones políticas en los últimos tiempos. Como ocurre habitualmente, la preocupación por las formas termina siendo más importante que indagar sobre los contenidos o los alcances de las medidas: la discusión se vuelve estéril y convierte a la política en un escenario donde predominan las acusaciones y las denuncias. Sin embargo, estos episodios tienen un denominador común: la deuda externa argentina.

Se podrían identificar dos tipos de oposición al pago de la deuda externa con reservas del Banco Central, ambas exacerbadas como consecuencia de su nueva representación parlamentaria: uno corresponde al núcleo duro del establishment junto con los beneficiarios de la renta agraria, que históricamente han impedido el desarrollo de políticas productivas para el país. Su concepción del Estado, muy propia de los ’90, remite a cuestionar todo lo que sea administración pública de recursos. De esta manera, asociando lo estatal a lo corrupto, ineficiente y burocrático, se vincula al pago de la deuda con reservas con un supuesto intento del Gobierno por “hacer caja” y “apropiarse del dinero de todos los argentinos”. En términos biolcatianos, la idea que subyace es que el Estado es un “predador insaciable”. Algunos de sus exponentes, curiosamente hoy los más fervientes críticos del pago de deuda con reservas, fueron incluso procesados por la causa del Megacanje, entre ellos Daniel Marx, ex secretario de finanzas de la Alianza.

Por otro lado, la oposición denominada de centroizquierda se opone a los decretos con la idea de impulsar una auditoria que reconozca la parte ilegítima de la deuda. Por eso, antes de cualquier intento por pagarla, se propone la convocatoria a una comisión de expertos, que encare este estudio y de cuyos resultados se evalúen a posteriori los pasos a seguir. Así, se invoca el caso de Ecuador, que efectivamente avanzó en un proceso de debate sobre su deuda externa y que produjo una significativa quita en el monto final por sus bonos.

Ambas posturas parecerían acordar en el propósito de desgastar al gobierno y atentar contra lo que ha sido hasta hoy uno de los principales ejes de su gestión: mantener altos índices de gasto público. El problema radica en que, como consecuencia de la crisis internacional que hizo que la economía creciera muy poco, hoy el Gobierno no dispone de los pesos necesarios para comprarle al Central sus reservas. Lo que se busca entonces pagando los vencimientos de este año con ellas, equivaldría en la práctica a disponer de los dólares sin tener que poner los pesos, donde el Tesoro le daría al Banco Central un bono a pagar en el 2019. Pero la oposición a la iniciativa obligaría al Gobierno a conseguir los dólares necesarios para comprar esos dólares del Central, derivando en ajuste y atentando contra los principales lineamientos que han marcado hasta ahora el modelo económico kirchnerista: recuperación del empleo, baja en los índices de pobreza y aliento al consumo para apuntalar el mercado interno. Con lo cual vemos que detrás de toda excusa económica que se sostenga, el fin de la oposición es claramente político, pues se sabe que acordar con esta medida le posibilitaría al Gobierno continuar con los actuales niveles de gasto público, no mermar su principal capital político y reacomodar sus opciones electorales de cara al año que viene.

La oposición por izquierda y el caso ecuatoriano

Sin embargo, conviene detenerse en este reclamo de parte de la oposición de centroizquierda, que resucitó un debate respecto de la (i)legalidad o (i)legitimidad de la deuda y lo que sería un saludable estudio en profundidad sobre sus orígenes, como hizo Ecuador, con el propósito de identificar responsables y desmitificar culturalmente la idea de que sin los mercados internacionales no se puede vivir, para de una vez impulsar de manera sostenida en el tiempo un modelo que aliente el desarrollo potenciando los recursos propios. En la Argentina este debate no es nuevo, cabe recordar que la famosa causa Olmos tiene un fallo firme del juez Jorge Ballesteros, aunque sus expedientes continúen estancados. El concepto jurídico con el que se lo conoce es “deuda odiosa” y por ejemplo fue utilizado por el gobierno de George Bush para suspender la deuda en Irak contraída por Saddam Hussein.

En Ecuador, en el 2009 el Presidente Rafael Correa presentó a sus acreedores una propuesta para renegociar bonos de su deuda externa con una fuerte quita del valor nominal: 70%. Se trataba de los bonos 2012 y 2030, por los cuales, según expuso en su momento la Ministra de Finanzas, María Viteri, se hacía una propuesta “justa y soberana” reconociendo 30 centavos por cada dólar de deuda. Luego de la auditoria había diferentes posturas: los más extremos pretendían repudiar la deuda en su totalidad y no pagarla, ni siquiera al FMI y otros organismos. Otros, más moderados, sugirieron renegociarla para pagar en mejores términos y eso fue lo que finalmente decidió hacer el Presidente Correa, sabiendo que el no pago de la deuda le ocasionaría al país mucho más embargos y juicios que pagar la parte considerada legítima. Esto demuestra que una auditoria no necesariamente debe suponer el no pago de la deuda como pretende hacer ver la centroizquierda que, insistimos, parece estar persiguiendo el objetivo político de desgastar al gobierno. El caso ecuatoriano refleja a las claras que se puede avanzar en un proceso de estudio profundo de la deuda externa, para lo cual se necesita voluntad política, y por otro lado continuar con el plan de desendeudamiento que se está impulsando. En ambos casos, el ecuatoriano y el argentino, los porcentajes que se redujeron como consecuencia de las reestructuraciones han sido similares y la relación deuda/PBI se redujo significativamente. No olvidemos que, al momento de auditarla, la deuda de Ecuador era de u$s 10.045 millones, aproximadamente un 20% del PBI, mientras que en Argentina en el 2001 la deuda llegaba a 150% de su PBI.

Un segundo elemento de la propuesta de la centroizquierda es utilizar las reservas para el pago de gastos sociales, infraestructura, etc. Pero en la medida en que todos estos gastos deben realizarse en pesos, el gobierno debería entonces cambiar las reservas en dólares por pesos en el Banco Central para hacer frente a los costos en salarios, materiales y recursos, con lo cual las divisas ingresarían nuevamente al Banco Central. Así, el Estado argentino estaría obligado a tomar préstamos en el mercado de capitales a tasas de aproximadamente el 15% y se desaprovecharían las reservas depositadas en el exterior, que actualmente le deparan al país un interés muchísimo menor. Por lo tanto, como ya se dijo, lo que estos decretos buscan en cancelar los vencimientos con divisas que al país le proporcionan escasas ganancias y liberar pesos, para utilizarlos en gastos internos.

En consecuencia, de todo esto se desprende que parte de la centroizquierda, denunciando una supuesta entrega del kirchnerismo al capital extranjero, lo que en verdad consigue es hacer causa común con los sectores más concentrados de la economía, error político que ya cometió al hacer el ridículo de acompañar los reclamos de las patronales rurales, colocándose en las antípodas de quienes hacen de la redistribución de la riqueza y la intervención estatal una constante proclama.

La deuda como reclamo regional

Tal vez, de ahora en más lo que se imponga sea enfocar la problemática de la deuda desde una perspectiva regional. Si los países de Latinoamérica continúan fortaleciendo sus lazos de integración, probablemente puedan concluir que la deuda en todos los casos ha acentuado la dependencia a la especulación de los mercados y los organismos internacionales de crédito. La Argentina, al igual que otros países, ha intentado en todo este tiempo continuar por la senda del desendeudamiento que parece ser un enfoque común en todos los países de la región.

Ejemplo de ello ha sido Bolivia, que desde la asunción de Evo Morales en 2005 ha conseguido reducir su deuda un 23% sin interrumpir el pago. Aún así, la deuda externa actual de Bolivia equivale a casi una cuarta parte del PBI, aunque mucho menos que el sesenta por ciento que representaba hace cinco años. También Venezuela ha implementado medidas concretas para el desendeudamiento, cancelando en abril de 2007 su deuda con el Banco Mundial y el FMI, cosa que significó un gran respiro para la economía nacional. Finalmente Brasil, principal economía de la región y referente como modelo a seguir para muchos, en 2005 canceló también la totalidad de su deuda con el FMI, de 15.500 millones de dólares, adelantando vencimientos que iban hasta el 2007. La decisión en ese momento fue calificada de “histórica” por el gobierno del Presidente Lula y el pago, curiosamente, se hizo con reservas del Banco Central, igual que en el caso argentino. Esta decisión permitió a Brasil evitar monitoreos de sus cuentas fiscales y acordar a futuro un nuevo vínculo con el FMI, sin condicionamientos ni recetas que incidieran tan negativamente en su economía como en otras épocas.

Probablemente entonces haya llegado el momento de impulsar dentro de los espacios de poder en Latinoamérica tribunales regionales que estudien todos los procesos de endeudamiento que han sufrido los países, donde se imponga reforzar el poder internacional para decidir en conjunto de manera de, a partir de la unidad latinoamericana, poder expresar una voluntad común para hacer frente a los grandes acreedores internacionales que viven de hacerle juicios a los estados. Eso para la centroizquierda debería suponer incluir una propuesta superadora que estimule el necesario estudio sobre la ilegitimidad de la deuda, aunque se trate de un proceso complejo pues el Estado argentino ya la reconoció cuando impulsó sus planes de reestructuración. De todas maneras, su principal desafío deberá ser, sin dudas, evitar hacer causa común con los sectores que históricamente combatió.

- Arturo Trinelli es Licenciado en Ciencia Política (UBA)

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