El Presidente Mujica visitó recientemente nuestro país para encontrarse con Cristina Fernández, en una reunión fuera de agenda que causó sorpresa en ambas diplomacias. Son varios los temas que preocupan al mandatario uruguayo: el dragado de la isla Martín García, prometido hace tiempo, y asegurarse el gas que tiene a la Argentina como intermediario en su ruta desde Bolivia. El objetivo del gobierno oriental es bajar un 30% el precio de importación de gas que le cobra Argentina, y a tal efecto Cristina Fernández aceptó una reunión de ministros para tratar el asunto. Este tema ya había sido planteado por Mujica al Presidente Evo Morales, con lo cual el diálogo con Argentina busca no simplemente asegurarse el suministro sino hacerlo al mejor precio posible. En Uruguay preocupa lo que denominan el “peaje de la Argentina sobre el gas”, situación que fue expuesta por el Canciller Luis Almagro en declaraciones al diario La República de Montevideo.

 

Sin embargo, hay dos temas muy importantes que marcan la agenda bilateral más urgente, pese a la prudencia con que ambos presidentes buscan presentarla en los medios: los pasos a seguir ante el inminente fallo de la Corte de la Haya sobre las pastera ex Botnia (actual UPM) prevista para el 20 de este mes, y por otro lado el pronunciamiento de Uruguay frente a la candidatura de Néstor Kirchner a la presidencia de Unasur, que había sido vetada por la administración de Tabaré Vázquez. El gobierno argentino tiene especial interés en que se llegue a la próxima reunión, prevista para el 4 de mayo en nuestro país, con el consenso suficiente para que Kirchner sea propuesto a presidir el organismo. Su candidatura cuenta con el aval de los países miembros y recientemente Mujica dio a entender que Uruguay podría rever el veto, en un intento por relanzar una nueva relación con Argentina.

 

La negativa inicial a pronunciarse a favor del ex presidente argentino para ocupar el cargo tenía que ver con el supuesto aval que Kirchner había manifestado con las posturas de los asambleístas que cortaban los puentes internacionales, fundamentalmente el de Gualeguaychú-Fray Bentos, donde se aseguraba que ninguna negociación era posible con los puentes bloqueados. Del lado argentino, se vivió como una “traición” la autorización para que la empresa entrara en funcionamiento en medio de las conversaciones con el ex Presidente Vázquez para negociar una salida al conflicto durante la Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile en el 2007. A partir de allí, la escalada de la disputa fue en aumento, y sus puntos más altos se vivieron con la movilización de tropas del lado del uruguayo y el multitudinario acto de Kirchner en Gualeguaychú asumiendo el tema Botnia como causa nacional. En el medio hubo una mediación de la Corona española, que a través de su “facilitador” Juan Antonio Yáñez propuso designar reserva ambiental la zona de Botnia y un monitoreo conjunto argentino-uruguayo, con participación de un organismo internacional. Pero a pesar del intento la mediación no prosperó.

 

Sobre el posible fallo de la Corte, en general hay coincidencia sobre cuál sería su resolución: se advertiría a Uruguay por haber violado el Estatuto del Río Uruguay al permitir de manera inconsulta la instalación de esta industria, pero al mismo tiempo se dirá que no hay pruebas suficientes que demuestren que contamina, motivo que mantiene en protesta a los asambleístas de Gualeguaychú cuyo único objetivo es lograr la relocalización de la planta, algo que parece poco probable a esta altura con la misma en pleno funcionamiento.

 

Sin embargo, el conflicto por la papelera, que condujo al absurdo de enfrentar a dos países de raíces culturales e históricas prácticamente iguales, puede encuadrarse como un episodio más de una tendencia que va siendo progresiva en nuestras regiones, y que tiene que ver con la explotación extranjera de recursos naturales propios, de una importancia estratégica y geopolítica fundamental. El capitalismo del siglo XXI parece asumir una nueva modalidad, conforme al deterioro ambiental creciente y a la imposibilidad de los países del primer mundo de encontrar acuerdos consecuentes para impulsar de manera sostenida una política que reduzca a corto plazo los efectos sobre el medio ambiente del desarrollo industrial y tecnológico. Se multiplican los encuentros multilaterales para encarar soluciones sobre el tema, con certezas respecto a la incidencia de la actividad humana sobre el calentamiento global (cuyas consecuencias ya se manifiestan hoy y serán más dramáticas en el futuro) pero los intereses de cada uno por ahora han primado por sobre el de las mayorías.

 

Mega minería extractiva, papeleras, explotación de hidrocarburos y cultivo de soja a gran escala, entre otros, son procesos que se están dando con especial énfasis en la Argentina y que deberían alertarnos respecto de la importancia estratégica que tiene el control sobre nuestros recursos naturales. Se tratan de ejemplos que advierten que sin una efectiva preocupación por ellos de parte de la dirigencia política se hará difícil encarar un proceso de desarrollo próspero e independiente para las futuras generaciones. Algunos de sus efectos más contundentes son motivo de crisis en nuestras sociedades: expropiación de la tierra, desplazamiento forzado de poblaciones rurales hacia la periferia de las grandes ciudades, alteración de valores y símbolos culturales, desmonte para expandir la frontera agrícola, pérdida de biodiversidad, etc. El agua aparece como el mayor conflicto geopolítico del nuevo siglo ya que se espera que en el año 2025 la demanda sea de un 56% superior al suministro actual, y quienes posean agua podrían ser blanco de un saqueo forzado, incluso mayor al que son sometidos en la actualidad.

 

Particularmente las industrias mineras y sojeras requieren de la utilización de enormes cantidades de agua. En el caso de la soja se necesitan aproximadamente 55 mil litros de agua por hectárea y además hay otros elementos nocivos para el suelo asociados a su cultivo, como la utilización de glifosato como único herbicida y la alteración que se produce en su estructura por la práctica de siembra directa. Esto tiene estrecha relación con la soberanía alimentaria, que es organizar la producción y el consumo de alimentos de acuerdo a las necesidades de las comunidades locales otorgando prioridad a la producción y el consumo doméstico. Algunos de sus efectos, como el aumento de la carne como consecuencia de una producción ganadera menos rentable frente a la soja, ponen seriamente en cuestión esa soberanía y son la expresión más clara del peligro de dejar librado al mercado la dieta de nuestra población.

 

La Argentina necesita fomentar una estructura productiva acorde a esta dinámica del capitalismo global, de manera de poder ejercer verdadera soberanía sobre sus recursos, valiéndose de ellos para su desarrollo pero con una participación del Estado más activa para involucrarse directamente como agente fiscalizador de esas explotaciones. Las reformas neoliberales debilitaron la regulación estatal de tal forma que el capital ha quedado liberado a su propia lógica, un camino que es urgente recuperar. Los bienes naturales apropiados por capitales extranjeros se hacen en forma privada, pero las consecuencias que se derivan de ello las padecemos todos.

 

La protección del medioambiente ya no puede quedar fuera de los análisis económicos, políticos y sociales. La crisis ecológica en curso amerita la utilización de enfoques totalizadores de la realidad para comprender sus causas y sus consecuencias, y estar mejor preparados para atenuar sus efectos. Introducir la noción de deuda ecológica como reclamo de los países del Sur hacia las economías del Norte, por el reconocimiento de todos los daños producidos por el uso indebido de su naturaleza y biodiversidad, debe ser un reclamo con carácter regional. En este sentido, la próxima reunión de Unasur debería ser una buena ocasión para el abordaje de esta problemática de manera integral, pues los nuestros son países ricos en cuanto a biodiversidad, con enormes recursos genuinos, pero que requieren de políticas de conservación acorde a su importancia y con instituciones supranacionales para protegerlas.

 

 

Licenciado en Ciencia Política (UBA)