Argentina

Derechos humanos: por una visión a largo plazo

Arturo Trinelli

13/04/2010

Opinión

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Un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) revela que un total de 1.464 personas, entre civiles y personal de las fuerzas armadas y de seguridad, están acusadas por crímenes de lesa humanidad en causas vinculadas al terrorismo de Estado. Sin embargo, apenas 75 imputados obtuvieron sentencia. De este total, 44% (649 personas) están procesados, pero sólo el 9% (59 personas) están siendo sometidos a juicio oral en la actualidad. 421 procesados permanecen detenidos en carácter preventivo y el resto, 228, se encuentran en libertad.

El mismo informe, habiendo estudiado cada caso en particular, concluye que hay una suerte de “sabotaje” de algunos miembros del Poder Judicial que demoran intencionalmente algunos juicios, a través de una serie de artilugios que abarca a todo el entramado judicial del país con jueces de instrucción que no agilizan las investigaciones, jueces de tribunal oral que tardan años en disponer la celebración de debates y jueces de las instancias superiores que continúan sin confirmar las sentencias y sin resolver las maniobras dilatorias de las defensas.

Esta incapacidad de la Justicia por ir a fondo en la investigación sobre los casos de los crímenes perpetrados durante la última dictadura tiene un correlato a nivel político. Quien lo ha hecho explícito es Eduardo Duhalde que, buscando diferenciarse de la política sobre derechos humanos del kirchnerismo, ha planteado un plebiscito para que la gente manifieste si se debe o no continuar con los juicios, de manera de evaluar lo ocurrido hasta ahora para estimular una “reconciliación” que permita a los argentinos avanzar “sin rencores” y tener un gobierno que, como representante de esa expresión, integre a todos “incluso aquellos que quieren a Videla”.

Esta propuesta ha sido promocionada por algunos medios de comunicación, a quienes la política de derechos humanos del Gobierno les incomoda por estimular un revisionismo crítico sobre el papel de cada uno durante la dictadura. El aliento a la investigación sobre casos polémicos que los involucran directamente es un claro ejemplo, con avances en su esclarecimiento: la Sala 2 de la Cámara de Casación Penal confirmó la competencia del Banco Nacional de Datos Genéticos para comparar los ADN de Felipe y Marcela Noble Herrera con el fin de saber si son hijos de desaparecidos y qué responsabilidad le compete a quién los adoptó, dando lugar así a un largo reclamo de Abuelas de Plaza de Mayo. Este caso, como el de Papel Prensa, sin dudas constituyen los ejemplos más contundentes de la relación de los grandes medios con la dictadura y explican el desaliento sobre los logros que en materia de derechos humanos se han conseguido hasta ahora.

No es casual entonces que desde diferentes sectores, aprovechando la debilidad política del kirchnerismo, se fomente esta idea de Duhalde consistente en promover una amnistía que suspenda los juicios en curso a los responsables de la represión ilegal.

La oposición por izquierda tampoco es indiferente ante el oportunismo político que presenta el debate, expuesto con mayor énfasis durante los actos del último 24 de marzo en todo el país. Muchos de estos sectores admiten un efectivo avance en materia de derechos humanos por parte del kirchnerismo, pero lo asocian más a una “apropiación” de una reivindicación que les es propia con el fin de obtener un rédito electoral, mientras al mismo tiempo los derechos humanos más urgentes, los actuales, son desoídos ante la pasividad estatal frente a los altos índices de pobreza y marginalidad de gran cantidad de personas. Así, se deslegitima cualquier avance que en este sentido se haya hecho desde el 2003, con acciones que en verdad encubren una maniobra política de un gobierno demagogo que se contradice entre lo que promueve desde el discurso y lo que practica en los hechos.

Inconsistencias

Sin embargo, ambas posturas son inconsistentes. En el caso de aquellos que ven en la política de derechos humanos actual una lesión a la idea de reconciliar el país, los argumentos son los mismos que los que sostienen los grupos implicados directamente en el pasado de facto, con intelectuales y periodistas que son su sostén ideológico y cultural. También algunos formadores de opinión son consecuentes con esta idea desde un lugar supuestamente independiente o desinteresado. Evidenciando absoluta irresponsabilidad y una gran confusión, acusan al gobierno de no preocuparse por la inseguridad con el mismo énfasis que pone en la defensa de los derechos humanos. La idea que subyace, por lo tanto, es que con mayor “mano dura” se combatiría mejor a la inseguridad, y que la defensa de los derechos humanos en verdad terminan siendo un incentivo para la delincuencia. Haciéndose eco de esas opiniones, el propio Duhalde ha sostenido que enjuiciar a los responsables de los crímenes de la dictadura y no entregar a las Fuerzas Armadas la tarea de combatir la inseguridad es “humillarlas”. Este tipo de ideas no merecerían ningún análisis serio si no fuera que hoy se utiliza cualquier argumento para desgastar al gobierno y muchos dirigentes pretenden capitalizarlos a su favor. En este sentido, un político de la experiencia del bonaerense no alentaría tal iniciativa sino estuviera convencido de que la misma puede fortalecer sus expectativas electorales.

En el caso de algunos sectores de la izquierda, sus proyectos de máxima le impiden constantemente poder hacer una evaluación equilibrada de logros y límites de cualquier administración. Ellos no comulgan con la idea del referéndum, pero con el propósito de que el gobierno no les “robe” lo que consideran que es de su patrimonio ideológico, relativizan la política de derechos humanos del kirchnerismo y de todos aquellos sectores políticos que, sin ser kirchneristas, la apoyan. Esto cuestionaría entonces el propio reconocimiento de los principales damnificados del terrorismo de Estado, los familiares de las víctimas, agrupados en la diferentes organizaciones que ven que el impulso a la defensa de los derechos humanos de la actualidad es potente. A nivel internacional, la repercusión de la política de derechos humanos del gobierno también es ampliamente elogiada. Así lo expresa Rodolfo Matarollo, Consultor Permanente en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, quien sostiene que en la reunión del pasado 9 de marzo en Ginebra se ha reconocido la “positiva valoración internacional de la política argentina de derechos humanos como política de estado, muy especialmente bajo los gobiernos del ex presidente Néstor Kirchner y Cristina Fernández. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU – agrega- integrado por 47 estados, reconoce a Argentina un papel de liderazgo indiscutido, que va más allá del ámbito regional” (Le Monde Diplomatique, abril 2010).

En cuanto al desinterés por atender a los derechos humanos actuales, siempre podrá haber propuestas superadoras que contribuyan a una mayor redistribución de la riqueza y reducción de las desigualdades socioeconómicas. Un buen comienzo sería reconocer lo hecho hasta aquí con algunas medidas puntuales, y plantear la manera de mejorarlas o profundizarlas.

En consecuencia, cabe concluir que el impulso a los derechos humanos y la profundización de los juicios a los responsables de los crímenes de la última dictadura no debe ser un insumo político de quienes buscan desgastar al gobierno en, quizás, la que ha sido su trayectoria más coherente desde que asumió el poder. Al mismo tiempo, lo logrado hasta aquí resulta insuficiente si el objetivo es aspirar a un esclarecimiento total de los hechos que están impunes. El informe del CELS advierte que el proceso de justicia por los graves crímenes cometidos por funcionarios de la última dictadura militar de nuestro país podría llegar a extenderse al menos por veinte años más, teniendo en cuenta el ritmo con que vienen sosteniéndose algunos juicios, el número de causas que continúan en instrucción y la baja cantidad de sentencias al año.

Ante este panorama, la ciudadanía debería reclamar una sólida política de derechos humanos sostenible a largo plazo y que la ubique por sobre los gobiernos de turno, para que las expresiones en su defensa se concreten en iniciativas del Estado que las garanticen en el tiempo, les den fuerza y otorguen sentido. Atar los derechos humanos al humor político del momento no parece una buena medida si se pretende llegar a ese objetivo.

- Arturo Trinelli es Licenciado en Ciencia Política (UBA)

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