Colombia

Coyuntura enero - marzo

Félix Posada Rojas

15/04/2010

Opinión

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*ECONOMÍA

DESEMPLEO S. A. (SIN ARREGLO)

El modelo económico defendido y promovido por la administración Uribe está dejando un saldo social bastante negativo. La tasa de desempleo ha venido creciendo aceleradamente en el país en los últimos meses. Según cifras oficiales el desempleo en las grandes ciudades llega al 15,3% y el promedio para la nación es de más del 14,5%, lo que hace de Colombia uno de los tres países latinoamericanos con más alto porcentaje de desempleados.

Esto en plata blanca significa que hay más de 3 millones de personas desempleadas y si a este número se le suman los llamados “inactivos”, es decir los que se cansaron de buscar trabajo, el verdadero número de los desocupados pasaría de los 4 millones.

De los trabajadores que las estadísticas oficiales califican como empleados el 58% lo están en trabajos informales sin ninguna clase de seguridad o estabilidad social.

Esto explica que haya aumentado el total de quienes dicen trabajar por “cuenta propia”, que llegan a más del 42% de la población oficialmente empleada.

En la práctica el aumento brutal del desempleo se traduce en el aumento de la pobreza y de la desigualdad social.

Los niñ@s del país son las principales víctimas de esta situación. El 66% de los niñ@s en Colombia viven en la pobreza y más de 2 millones y medio se ven obligados a trabajar para ayudar en el sostenimiento de sus familias.

Las mujeres constituyen otro sector de la población bastante afectado por esta situación. De cada 100 mujeres que trabajan, 41 ganan menos de $200.000 al mes= USA 100 dólares y en el 35% de los hogares son las mujeres las únicas generadoras de ingresos económicos para esas familias.

En las trece principales ciudades del país el desempleo entre las mujeres de 14 a 26 años de edad es del 25%, mientras que entre los hombres de la misma edad es del 20%.

El desempleo no es un fenómeno que haya aparecido mágicamente de la noche a la mañana. Es el resultado lógico de un modelo económico que en estos años se dedicó a privilegiar los intereses de las compañías extranjeras que entraron al país a explotar recursos minerales como el petróleo, el carbón, el níquel, el oro, olvidándose de los pequeños y medianos industriales y agricultores.

Estas explotaciones de los minerales han creado muy poco empleo y han dejado como herencia redes de corrupción y de clientelismo político que se reparten tramposamente las regalías o utilidades que estas empresas pagan a los municipios y a los departamentos.

Los dólares de esas regalías han ingresado a la economía nacional no para invertirse en actividades productivas o en la prestación de mejores servicios sociales sino para despilfarrarse en gastos suntuarios o de lujo, en contratos de obras públicas que no se cumplen, en gastos militares y en la financiación de programas asistencialistas como el de “Familias en acción” que se contentan con distribuir unas limosnas a la población más empobrecida.

Esta entrada masiva de dólares al país ha abaratado el precio de la moneda de los Estados Unidos y a su vez ha revaluado al peso colombiano. En otras palabras, cada vez hay que dar menos pesos para poder comprar un dólar en Colombia.

Pero este abaratamiento del dólar a su vez ha creado un nuevo problema. Nuestras exportaciones agrícolas e industriales se han encarecido para los compradores del exterior. Para comprar nuestros textiles, nuestros cueros, nuestras flores, esos compradores tienen que dar más dólares por esos productos.

Pero como existen países que compiten con Colombia en la elaboración de esos productos y los pueden ofrecer a precios más bajos, los industriales de nuestra nación han venido perdiendo mercados e ingresos aceleradamente.

Y esta situación significa a su vez más despidos y menos fuentes de empleo para la población colombiana. Si a esto se le suma la pérdida de nuestro principal mercado , el venezolano , se entenderá la gravedad de la situación y la razón del furioso reclamo del presidente Uribe al presidente Chávez en la Cumbre de Cancún (México) por haberle cerrado la economía de Venezuela a la producción colombiana.

Para completar el cuadro de decisiones equivocadas Uribe promovió como punto clave de su gobierno la llamada “confianza inversionista”. Esta consistió en reducirle o quitarle impuestos a los grandes empresarios del país y del exterior para animarlos a aumentar sus inversiones y a traer nuevos equipos, nuevas máquinas al país. No menos de 13 billones de pesos= 6.500 millones de dólares les regaló el Estado colombiano por este concepto a estos sectores en estos últimos dos años.

Los empresarios trajeron nuevos equipos, pero estos nuevos equipos sirvieron para despedir a más empleados de las fábricas. De esta manera lo que Uribe y sus asesores veían como una medida efectiva para reducir el desempleo se convirtió en la práctica en otro estímulo para aumentarlo.

Al mismo tiempo en el campo, en las zonas agrícolas el gobierno dedicó sus recursos económicos a promover la presencia de las grandes explotaciones, de las grandes haciendas con subsidios y préstamos de bajos intereses abandonando a su suerte a los pequeños y medianos campesinos.

Esas grandes explotaciones dedicaron las tierras a cultivar productos de exportación como la caña de azúcar, la palma africana, la soya olvidándose de los productos básicos que conforman la dieta alimenticia de los colombianos.

Los pequeños y medianos campesinos resultaron golpeados por una doble tenaza. De un lado, por la falta de subsidios y préstamos para sostener su producción. Del otro, por la acción criminal de grupos armados que expulsaron de sus tierras a un buen número de ellos condenándolos a vivir en la miseria en las barriadas de las ciudades.

Así perdió el país su autosuficiencia alimentaria. La mayor parte del maíz, el trigo, el fríjol, las lentejas, la yuca, el plátano y hasta del café que consumimos tiene que ser comprado en el exterior.

Esto explica que el área cultivada en el país se haya reducido en el país en los últimos diez años de unas 6 millones de hectáreas a 3 millones y medio en la actualidad.

Explica, también, que más de 5 millones de hectáreas le hayan sido arrebatadas o expropiadas a sus legítimos propietarios por terratenientes asociados con el paramilitarismo y el narcotráfico en medio de la más completa impunidad.

Y finalmente explica, igualmente, porque de cada 100 habitantes del campo más de 85 están en la pobreza y porque ha aumentado la violencia y el desempleo en muchas zonas campesinas.

EL ENTERRADOR DE LA COMARCA

El sistema de salud que creó la ley 100 de 1991 y que pretendía ser la respuesta oportuna y eficaz del Estado colombiano a las necesidades de la población en este aspecto vital está también colapsando, hundiéndose, por culpa del manejo que le ha dado el gobierno Uribe en estos años no solo al propio sistema, sino también a la economía nacional.

Uribe y su ministro Diego Palacios decidieron hacer de la cobertura en salud para toda la población el objetivo político fundamental del gobierno pasando por alto algunos factores claves, a saber:

En 1991 la ley estableció dos tipos de afiliación al sistema de salud; el contributivo , mediante el cual los afiliados que tenían un empleo pagaban una cotización mensual para cubrir los gastos de tales servicios y el subsidiado , en el cual el gobierno pagaba la afiliación de las personas que no estuvieran empleadas.

La ley, así mismo, favoreció la creación de Empresas privadas prestadoras de salud, las EPS, para que atendieran a los afiliados en detrimento o perjuicio de las entidades estatales como el Instituto de Seguros Sociales y la Caja Nacional de Previsión que hasta esa época monopolizaban la atención en salud a la población inscrita en el sistema.

Esta privatización mal disimulada del sistema se presentó como un paso necesario para asegurar la atención de calidad a los afiliados porque se sostenía que las empresas privadas podían administrar de manera más eficaz y transparente los recursos económicos que se les entregaran.

En 1991 los voceros del gobierno de aquella época, el de César Gaviria, consideraban que en la medida que la economía se fortaleciera y creara nuevos puestos de trabajo se aumentaría el número de afiliados que pagarían su cotización mensual y se reduciría el de los subsidiados por el Estado.

Sin embargo, las realidades del modelo económico neoliberal en estos últimos años han mostrado un notable incremento del desempleo, del “rebusque” o empleo informal y en consecuencia un aumento desmesurado del número de afiliados a la modalidad subsidiada en el sistema de salud.

En la actualidad no menos de 25 millones de personas se encuentran en el régimen subsidiado y solo unos 13 o 14 millones en el contributivo y esta situación se ha convertido en un gasto inmenso para las finanzas públicas que ya están desangradas por el aumento del gasto militar y de los demás programas asistencialistas.

A esta situación se suma que el gobierno Uribe en su afán de favorecer los intereses de los empresarios privados de la salud creó las condiciones para justificar y liquidar el Instituto de los Seguros Sociales acabando así con el último contrapeso o barrera que tenían para apoderarse integralmente del sistema.

Gran parte de las entidades privadas que administran el régimen subsidiado de salud en los departamentos son propiedad o tienen relación con los jefes políticos Uribistas de esas regiones y han servido de plataforma, de instrumento para ejercer el clientelismo desbordado de estos caciques. Así se han fortalecido económica y electoralmente muchos grupos y movimientos políticos del Uribismo en el país.

Más aún también se ha denunciado que algunas de estas empresas de salud estaban al servicio de los capos del paramilitarismo que usaban los recursos económicos que el gobierno les entregaba a las EPS para enriquecimiento personal y de sus allegados en detrimento del servicio que debían prestarle a la población supuestamente beneficiada.

No menos de 8 billones de pesos= 4 mil millones de dólares se perdieron durante el gobierno Uribista por estos tratos clientelistas.

Toda esta situación generó una verdadera red de corrupción en el sistema de salud. Las EPS del régimen subsidiado ofrecían listados de usuarios que no correspondían con el número de los que efectivamente recibían los servicios de salud; afiliados al régimen contributivo aparecían en el subsidiado; los precios de las medicinas y de los exámenes y tratamientos supuestamente entregados a la población se “inflaban” en arreglos y convenios donde también intervenían para llevarse su tajada los laboratorios, directivos de clínicas y hospitales, propietarios de farmacias , administradores, etc.

Por este solo concepto el Sistema perdió más de 400 mil millones de pesos=200 millones de dólares el año pasado.

Mientras esto sucedía en el régimen subsidiado en el contributivo las Empresas contando con la complicidad de funcionarios del gobierno integraron verticalmente sus actividades constituyéndose en unos verdaderos pulpos financieros. Crearon o compraron clínicas, se hicieron al control o entraron en alianzas con los laboratorios productores de las medicinas, monopolizaron la distribución de las mismas y de los demás insumos o artículos necesarios para la prestación de los servicios. Incluso algunas llegaron a establecer sus propias universidades para preparar los profesionales de la salud que exigían sus necesidades empresariales.

Abusivamente invirtieron los dineros que aportaban los afiliados en la construcción de nuevos hospitales y terminaron varias de ellas en cuestión de pocos años en el selecto listado de las 40 o 50 empresas más grandes del país por ventas y utilidades.

La más poderosa es “Saludcoop” que ocupa el puesto 18 entre las mayores empresas de Colombia y que hoy cuenta con un patrimonio de más de 439.000 millones de pesos= 218 millones de dólares. “Saludcoop” nació en 1994 y en estos 16 años ha multiplicado asombrosamente más de 176 veces su capital inicial.

El personal médico y paramédico que presta sus servicios a estos “pulpos” ha tenido que someterse a condiciones de sobre explotación en el trabajo en perjuicio de su ética profesional y del bienestar de los pacientes. Cada vez la atención a los pacientes es más precaria, más superficial y en la práctica se “castiga” a los médicos que le hacen perder dinero a las empresas formulando exámenes y drogas por fuera del tratamiento elemental que se le ofrece a los enfermos.

Esta marejada de abusos combinada con el aumento del desempleo ha hecho que el sistema colapse, se hunda , porque es imposible su sostenimiento bajo las actuales condiciones.

El gobierno alega que parte del déficit o faltante de 7 billones de pesos= 3.500 millones de dólares que reconoce en el sistema ha sido ocasionado por las tutelas que presentaban los pacientes ante los jueces del país para que las empresas les prestaran servicios de salud que no estaban autorizados por el Plan Obligatorio de Salud especialmente cuando se trataba de enfermedades crónicas, catastróficas o infrecuentes.

Pero si bien ha habido algunos abusos en las tutelas la causa real del déficit no se encuentra en este punto. Se encuentra en el robo y uso ineficiente de los recursos que, por ejemplo, el gobierno ha entregado para el régimen subsidiado a las EPS; en los precios “inflados” a los que se cotizan las medicinas y tratamientos para enfermedades de alta complejidad por parte de los proveedores y sus cómplices en las EPS y en otra serie de irregularidades que hacen parte de las redes de corrupción que se han montado alrededor del “negocio “ de la salud.

El fracaso del sistema radica en que ha sido entendido por gobiernos como el de Uribe como un negocio al servicio de los intereses particulares de un círculo de empresarios e intermediarios privados. De esta manera se ha desconocido su verdadera identidad de servicio básico que el Estado debe ofrecer a toda la población, a todas las comunidades sin pensar en criterios de rentabilidad económica para justificar la prestación de tales servicios.

Se han privilegiado las utilidades económicas de los empresarios frente a las necesidades e intereses de los pacientes y del personal médico y paramédico.

Además, el Estado en estos años se ha venido desangrando sosteniendo un régimen subsidiado cada vez más costoso en la medida que aumentan el subempleo y el desempleo en el país y que debe generarle utilidades económicas a los empresarios que le prestan los servicios médicos a los usuarios del sistema.

Uribe “sostuvo la caña” de seguir afiliando millones de personas al régimen subsidiado pensando clientelistamente en la posibilidad de una nueva reelección y en asegurarse así unas decenas de miles de “voticos”. Para esto no vaciló en endeudar al Estado y esta deuda sumada a las deudas contraídas por el gasto militar y el de otros programas asistencialistas ha dejado a la nación con un déficit este año de no menos de 10 mil millones de dólares. De hecho la deuda externa aumentó en el 2009 de 28 mil millones de dólares a cerca de 36 mil millones.

Mientras tanto Fondos manejados por el ministerio de la Protección Social tienen prestados al mismo gobierno en títulos de deuda o TES más de 6 billones de pesos= 3 mil millones de dólares.

Para presuntamente remediar el descalabro financiero y operativo del Sistema el presidente y su ministro de Protección social, Diego Palacio, apelaron a la figura de la “emergencia social”. Esta “emergencia” les permitió expedir una serie de decretos con fuerza de ley sin tener que negociarlos o consultarlos con el Congreso con los cuales pretendían devolverle la salud financiera y operativa al sistema.

Pasando por alto las advertencias y sugerencias de las organizaciones médicas, de las universidades y de los usuarios el gobierno defendiendo los intereses de las empresas privadas que se apoderaron del sistema de salud ha descargado la solución de la crisis en las espaldas de los propios usuarios y de los médicos.

En efecto, los decretos obligan a los pacientes a pagar de su bolsillo el costo de los tratamientos de las enfermedades catastróficas, crónicas o poco frecuentes no contemplados en el Plan Obligatorio de Salud. Para ello autoriza a usar las cesantías o auxilios que los trabajadores reciben cuando pierden un empleo, a apelar a préstamos bancarios e incluso a hacer corresponsables de la deuda adquirida por el tratamiento a los familiares del paciente.

En un país donde casi el 60% de la población trabajadora se encuentra en el “rebusque”, en la informalidad económica; donde las tasas de desempleo y de pobreza están entre las más altas de América Latina esta disposición indignó a la ciudadanía y originó protestas y reclamos como nunca antes había sucedido contra el presidente y el ministro Palacio en todo el país.

A este esperpento se agregaron otras disposiciones que amenazan con multas millonarias a los médicos que se atrevan a formular o recetar medicinas o tratamientos por fuera del plan de asistencia superficial que ofrecen las empresas a los usuarios. Como quien dice se prohibe a los profesionales de la salud tratar de acuerdo a sus conocimientos y ética profesional las dolencias de sus pacientes, para asegurarle a los empresarios del sistema unas utilidades generosas.

A esto se suman dentro de los decretos otras medidas que favorecen la llamada integración vertical de servicios por parte de los grandes pulpos financieros que se han apoderado del sistema haciendo a un lado los servicios de los hospitales y clínicas que son propiedad de municipios y departamentos.

Ante la magnitud de las protestas en las que se unieron los usuarios, los médicos, las organizaciones sociales el presidente dándose cuenta del gigantesco error político que había cometido se apresuró a presentarse en los medios de comunicación y en eventos académicos del sector reconociendo algunas de las “metidas de pata” que se habían hecho con los decretos expedidos y haciendo promesas de perdón y enmienda.

La arbitrariedad de los decretos promulgados por el gobierno es tan evidente que el propio Procurador, Alejandro Ordóñez, gran aliado del presidente le ha pedido a la Corte Constitucional declararlos inexequibles, es decir no ajustados a las normas jurídicas del país.

Sin embargo , lo cierto es que los abusivos decretos siguen vigentes; que estos solo pueden ser derogados o anulados por el Congreso y la Corte Constitucional tras estudios y debates que pueden tomar varios meses y que mientras tanto todos los usuarios del sistema seremos las víctimas de una reforma que solo tuvo en cuenta los intereses de los empresarios que son los verdaderos dueños de la salud en Colombia.

LA HERENCIA DEL PATRÓN

La Colombia que entrega Alvaro Uribe es una Colombia donde ha crecido la desigualdad social desde el 2002 año de su llegada al poder. En efecto el coeficiente estadístico de Gini que mide la desigualdad en los ingresos entre los muy pobres y los muy ricos en cada país señala para nuestro país 0,590 uno de los índices de desigualdad más altos del mundo.

En el 2002 ese indicativo para Colombia era de 0,560.

Entre menor sea ese indicativo más igualitaria es la sociedad, de tal manera que el cero equivale a la igualdad de ingresos total dentro de una población y el uno a la desigualdad absoluta.

Países Europeos como Finlandia, Noruega o Suecia ofrecen indicativos Gini de 0,300. El propio indicativo de Estados Unidos marca 0,380.

En Colombia la concentración de la riqueza es un fenómeno que se ha acelerado en los últimos años como consecuencia de las políticas aplicadas por el actual gobierno que han favorecido con todo tipo de subsidios, exenciones o perdones de impuestos, facilidades de inversión y entrega de sectores económicos claves a los grandes grupos empresariales del país.

El 0,01% de la población tiene el control de casi el 40% de los capitales que circulan en Colombia. Estamos hablando de unas 4.500 personas que controlan la banca, el comercio, las principales industrias, las grandes propiedades agrícolas y que generalmente han establecido alianzas de parentesco o de familia entre sí que las relacionan más estrechamente y que en la práctica constituyen la “oligarquía” o estrato máximo de la élite que gobierna al país.

Algunos estudios son más optimistas y hablan de una clase “dirigente” formada por 25 mil a 30 mil personas, pero sea uno u otro el dato válido lo cierto es que Colombia es uno de los dos países de América del Sur con mayor porcentaje de población en la indigencia o miseria y uno de los siete de América Latina en idéntica situación.

Estadísticas oficiales reconocen que en Colombia un 18% de la población está en la miseria, es decir más de 8 millones de personas condenadas a la permanente exclusión social.

La miseria golpea con más fuerza a los grupos de población afroamericanos. El 66% de esta población tiene las necesidades básicas insatisfechas; muchos de ellos han sido desplazados de sus tierras lo que suma al factor de la desigualdad social la discriminación racial como uno de los elementos que influyen negativamente en el acceso a las fuentes de empleo, la educación, el sistema judicial, los programas sociales del Estado y la movilidad social en el país.

Si hablamos de las poblaciones indígenas las realidades no son muy diferentes. Entre un 15% a un 20% de las más de 100 etnias o grupos indígenas que existen en el país están en peligro de desaparecer como consecuencia de la persecución que contra ellos han desatado los diferentes grupos armados y los terratenientes que codician sus tierras para dedicarlas a cultivos de coca, de palma de aceite, de soya o para usarlas como corredores estratégicos para sus operativos militares, la importación de armas, la exportación de cocaína y otra serie de negocios ilícitos.

El propio gobierno ha sido cómplice de esa persecución al facilitar con préstamos y subsidios la expansión de las grandes explotaciones agrícolas en territorios que son propiedad de los resguardos indígenas o de las comunidades afroamericanas.

*POLÍTICA

LA DESPEDIDA DEL PATRÓN

La Corte Constitucional declaró inexequible, es decir contraria a la Constitución nacional por múltiples vicios de forma y de fondo la ley de referendo que pretendía autorizarle al presidente Uribe la posibilidad de ser elegido para un tercer período consecutivo.

Con esta sentencia la Corte salvó espacios democráticos claves para la estabilidad institucional del país que amenazaban perderse ante el proyecto autoritario de perpetuación en el poder que pretendían implantar el presidente y el círculo de contratistas, empresarios y políticos que lo rodea.

Contra el pensar de muchos comentaristas que daban por descontado un fallo favorable a las ambiciones del presidente los magistrados de la Corte demostraron independencia, sentido crítico y ética profesional en la sentencia que entregaron.

El punto clave para lograr este resultado fue la ponencia negativa que contra la ley de referendo presentó el magistrado Jaime Sierra Porto señalando uno a uno todos los vicios de procedimiento en que había caído la accidentada tramitación del referendo desde la recolección de las firmas de los ciudadanos , pasando por el cambio del texto en el Senado y terminando en la convocatoria ilegal de sesiones extras en la Cámara de representantes para aprobarlo.

Siete de los nueve magistrados de la Corte estuvieron de acuerdo con la ponencia de Sierra, recalcando que los vicios de forma se habían presentado de manera sistemática e invalidaban completamente la propuesta. Además, haciendo a un lado la argumentación de los Uribistas, aclararon que la iniciativa había perdido su carácter de popular porque desde un principio había violado los criterios mínimos que la Constitución exigía para que un referendo pudiera entenderse como legítimamente inspirado por la voluntad de los ciudadanos.

En otras palabras, la recolección de firmas para el referendo no fue impulsada por ciudadanos del común sino por un grupo de contratistas y empresarios beneficiados por el gobierno que violaron los topes de dinero que la ley estipula para financiar esa recolección y que a través de maniobras tramposas intentaron ocultar esa manipulación.

A todo esto se suma el verdadero mercado de prebendas, contratos, cargos públicos que el gobierno ofreció a los Congresistas para lograr la aprobación precaria de la ley del referendo en el parlamento y que tiene a muchos de esos congresistas investigados por la Corte Suprema de Justicia.

Un punto muy importante de la sentencia de la Corte Constitucional es aquel que explica que la ley de referendo no solo tenía vicios de forma, sino de fondo. Es decir que aceptar una nueva reelección del presidente alteraba por completo los mecanismos del poder en el Estado Colombiano concentrándolo excesivamente en las manos del gobernante eliminando así los controles y contrapesos que las otras ramas del poder público, Judicial, Legislativa , Electoral debían ejercer de acuerdo a lo establecido por la Constitución de 1991.

De esta manera ha quedado cerrada no solo para Uribe, sino para cualquier mandatario en el futuro la posibilidad de un tercer período en la presidencia de la república.

Aunque el círculo de Uribistas más radicales rechazó la sentencia alegando que desconocía la verdadera voluntad de la ciudadanía, el presidente de manera rápida y con buen olfato político se apresuró a declarar que la aceptaba y la acataba.

En consecuencia quedó despejado el camino para una campaña presidencial que será a la vez muy corta, pero muy reñida, porque a falta del presidente ninguno de sus presuntos herederos o sucesores parece tener el carisma o habilidad necesarias para obtener un triunfo contundente en primera vuelta.

LA PIÑATA

Dentro de los sectores derechistas que acompañan al presidente han surgido varios candidatos que pretenden sucederlo.

Uno de ellos es el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos, que lidera el llamado Partido de la “U”, el partido más cercano a Uribe. Hasta último momento Santos estuvo declarando que respaldaría una nueva reelección del presidente si el referendo salía adelante, advirtiendo que solo en caso de que esta posibilidad no se diera él lanzaría su candidatura.

Santos es un político pragmático, ambicioso, que ha recorrido varios gobiernos y movimientos políticos tratando de acumular méritos y alianzas para llegar a la presidencia. Pertenece a una de las familias más poderosas del país, la familia Santos, copropietaria del principal diario de Colombia, “El Tiempo”. A esta misma familia pertenece el actual vicepresidente Francisco Santos.

Gracias a esos vínculos familiares Juan Manuel Santos ha logrado hacerse a un nombre en el país político sin necesidad de ocupar ningún cargo de elección popular. En ese sentido la imagen que proyecta es la de un tecnócrata o profesional competente pero alejado de las simpatías populares. No tiene el carisma, ni la calidez demagógica de Uribe.

Sin embargo, su desempeño como Ministro de Defensa de Uribe le sirvió para capitalizar políticamente acciones contra la guerrilla de las FARC como el asesinato del líder de ese grupo Raúl Reyes o el rescate audaz de Ingrid Betancur y otros políticos secuestrados por la organización rebelde y presentarse así como el sucesor natural del presidente en la aplicación de la llamada “Seguridad Democrática”.

Pero su gestión como Ministro también ofrece un balance preocupante en materia de derechos humanos. Durante esa gestión se presentaron la mayor parte de los mal llamados “falsos positivos” o asesinatos sistemáticos de civiles por parte de miembros del Ejército para ganarse ascensos y premios en la vida militar. Estos asesinatos están siendo investigados por la Fiscalía, investigaciones que también están siendo seguidas muy de cerca por organismos internacionales de derechos humanos y por la propia Corte Penal Internacional. Aunque hasta ahora Santos ha eludido hábilmente sus responsabilidades en estos hechos tarde o temprano deberá responder por los mismos en Colombia o en el exterior.

Mientras tanto, el candidato respaldado política y financieramente por altos círculos empresariales del país se ha lanzado a la campaña vendiendo la imagen de heredero natural del presidente. Santos despierta confianza entre estos círculos por sus posiciones ideológicas que defienden el modelo económico neoliberal, la alineación con los Estados Unidos y la censura a regímenes populistas de izquierda como el de Hugo Chávez en Venezuela.

Además, Santos demostrando gran habilidad política escogió como su candidato a la vicepresidencia al ex ministro y ex sindicalista Angelino Garzón. Garzón es un antiguo militante de la izquierda tradicional, que en años recientes hizo tránsito al oficialismo primero como ministro de Pastrana y luego como embajador de Uribe. Ha logrado con inteligencia y una dosis de oportunismo presentarse como un líder moderado, progresista, defensor de los derechos humanos y de los sindicalistas. Con esas credenciales parece el hombre adecuado para disfrazar o tapar ante ciertos sectores del electorado las políticas e ideas conservadoras de Santos y su pertenencia a la élite del país y para afrontar en el extranjero a los organismos de derechos humanos que han cuestionado las actuaciones de su compañero como ministro de defensa de Uribe.

La victoria del partido de la “U” en las elecciones parlamentarias gracias en buena parte al apoyo de la maquinaria estatal fortalece indudablemente la opción de Santos para

ganar la presidencia dentro de los sectores que han respaldado la administración de Uribe y su visión autoritaria de la sociedad colombiana.

Frente a la candidatura de Santos en los partidos que han hecho parte de la coalición Uribista han surgido otros candidatos que le disputan la herencia del actual presidente.

En el Partido Conservador se llegó al acuerdo de adelantar una consulta popular para seleccionar a su candidato. La lucha por esa candidatura se centró en las figuras de los ex ministros Andrés Felipe Arias y Noemí Sanín.

Arias fue ministro de Agricultura de Uribe y su nombre resultó salpicado gravemente en el escándalo de los subsidios del programa “Agro Ingreso Seguro”. Medios de comunicación denunciaron que buena parte de esos subsidios fueron entregados a familias terratenientes de la Costa Atlántica muy cercanas políticamente al presidente y al ministro, olvidándose de los pequeños campesinos a quienes supuestamente estaba dirigido el programa.

Arias a pesar del escándalo se presentó reiteradamente ante la ciudadanía como el verdadero heredero del presidente, su clon o copia ideológica. Por su juventud y servilismo ante su jefe popularmente se lo conoce en el país como “uribito”.

A su sombra se alinearon sectores agroexportadores del país y muchos políticos clientelistas conservadores de las regiones que se han enriquecido con contratos y prebendas públicas.

Noemí Sanín, abandonó la embajada en Gran Bretaña, para lanzar su candidatura dejando desde un principio en claro que no respaldaba una tercera elección del presidente. Sobra decir que esta posición le hizo perder el favor presidencial y la llevó a alinearse con el sector que dentro del partido Conservador comanda el expresidente Andrés Pastrana, ahora feroz crítico de Uribe.

Tras una cerrada disputa con Arias, Noemí triunfó en la Consulta por una mayoría de 38 mil votos. Estos resultados solo pudieron conocerse una semana después de realizadas las elecciones ante las notorias fallas que la Registraduría Nacional y sus sistemas de cómputos presentaron y que despertaron otro nuevo escándalo de acusaciones y contraacusaciones entre el presidente, el ministro Valencia Cossio y el Registrador a quien deseaban cobrarle políticamente la falta de apoyo al frustrado Referendo.

Sanín le está apostando a ganarse los votos de los sectores independientes tratando de recuperar la imagen que la acompañó en las campañas de 1998 y de 2002 cuando se presentó como candidata opuesta a los partidos tradicionales. Al mismo tiempo desea contar con el respaldo de la maquinaria conservadora en una maniobra riesgosa que no se sabe exactamente si le dará los frutos electorales que ella espera.

Germán Vargas Lleras líder del partido Cambio Radical que también hace parte de la coalición Uribista , decidió jugarse desde hace meses la carta de su propia candidatura sin esperar la sentencia de la Corte Constitucional sobre la ley del referendo. Esa separación le costó la pérdida de importantes cargos públicos en el gobierno a su partido y una campaña mal disimulada del ministro del Interior, Fabio Valencia y de otros altos funcionarios para dividir y debilitar a su movimiento.

Vargas, un ex senador nieto de un expresidente Liberal, ha contado a lo largo de su carrera política con el apoyo constante de sectores empresariales conservadores y de clase media que ven en él un líder fuerte y decidido muy similar en temperamento y posiciones políticas al actual presidente. Ha ganado visibilidad denunciando los actos de corrupción que se esconden bajo los decretos de la “emergencia social “ de la salud y su apuesta electoral está dirigida a ganar uno de los dos puestos que le permitan pasar a disputar la segunda vuelta electoral en la confianza que allí podrá derrotar a su adversario aunque este sea el propio Juan Manuel Santos.

Sin embargo, el alejamiento del gobierno y la pérdida de cuotas clientelistas le pasó cuenta de cobro a Vargas y a su partido en las elecciones parlamentarias, en las cuales solo logró conservar 8 curules en el Senado de las 11 que antes retenía.

LOS OTROS

El Partido Liberal, actualmente en la oposición, lanzó la candidatura del ex senador Rafael Pardo. Pardo ganó una consulta electoral previa que se realizó a fines del año pasado. Pertenece a la élite bogotana y durante su trayectoria política ha cultivado una imagen de hombre serio, moderado , que frente a fenómenos criminales como el paramilitarismo , los “falsos positivos”, la corrupción en el aparato estatal ha asumido una actitud consecuente de denuncia y rechazo a sus autores y cómplices dentro y fuera del actual gobierno.

Sin embargo, como candidato Pardo proyecta una imagen demasiado fría, demasiado severa que no “conecta” emocionalmente con los electores y que no le ha permitido liderar las encuestas de opinión.

A pesar de estas gabelas el Liberalismo tuvo unos resultados satisfactorios en las elecciones parlamentarias convirtiéndose en el partido más votado dentro de los que se oponen a la continuación del modelo Uribista y el tercero a nivel nacional detrás de los que acaparan la maquinaria clientelista del gobierno, el partido de la “U” y el Conservador. Esto en la práctica significa un nuevo aire para las posibilidades de Pardo de pasar a una segunda vuelta en las elecciones presidenciales.

El candidato del Polo Democrático, el partido que agrupa a la mayor parte de los sectores de izquierda en el país, el senador Gustavo Petro , parecía estar logrando ganar sectores del electorado independiente a juzgar por los resultados de algunas encuestas. Petro se ha presentado como un candidato moderado que acepta los aspectos “positivos” de las políticas de seguridad que lideró Uribe, pero a la vez ha hecho énfasis en la necesidad de respetar los derechos humanos de la población civil, eliminar el paramilitarismo y el régimen de grandes haciendas en el país.

Ha propuesto democratizar la propiedad agraria, el crédito bancario y acabar con el clientelismo y la corrupción enquistados en los gobiernos locales, regionales y en el nacional.

Sin embargo, los resultados de las elecciones parlamentarias no han sido muy positivos para el Polo. Perdió 3 de los 11 senadores que tenía y vio reducida también su bancada en la Cámara de representantes.

Estos resultados no son gratuitos y obedecen a varios factores. Entre ellos podemos citar la evidente persecución y satanización que el presidente Uribe y sus asesores han venido haciendo del partido tratando de presentarlo mentirosamente como un apéndice o aliado del Chavismo venezolano.

A esta campaña hay que sumar el claro desgaste político que el Polo ha tenido con la alcaldía de Samuel Moreno en Bogotá, que ha sido acusada de incompetencia y de clientelista no solo por los enemigos del partido, sino por el propio Petro; la falta de creatividad de muchos candidatos que apostaron a ser electos confiando únicamente en sus partidarios tradicionales dentro de los maestros y los sindicatos y a las propias disputas internas entre las diferentes tendencias del movimiento.

De esta situación se salvan líderes como el Senador Jorge Robledo, quien obtuvo una de las más altas votaciones nacionales de todos los partidos gracias a la imagen de congresista serio, honesto y documentado que proyectó desde su trabajo en el parlamento enfrentando en varios debates al régimen Uribista.

El Partido Verde, un partido que se presenta como perteneciente al “Centro”, ni izquierdista, ni derechista, eligió en consulta popular entre los ex alcaldes de Bogotá, Antanas Mockus, Enrique Peñalosa y Luis Eduardo Garzón su candidato presidencial.

Mockus ganó en forma amplia la consulta y demostró ser un líder con credibilidad en muchos sectores de la opinión pública que no pertenecen a su partido. Esta victoria se complementó con una votación satisfactoria para el Congreso que le permitió al partido hacerse a 4 curules en el Senado presentándose ante el país como una nueva alternativa, como una esperanza frente a las maquinarias corruptas del clientelismo tradicional.

En este sentido dentro del grupo de candidatos no alineados con el Uribismo Antanas aparece después de las elecciones para el congreso como un candidato que puede fortalecerse y lograr conquistar sectores independientes que parecían simpatizar con otros candidatos como Sergio Fajardo.

Precisamente este ex alcalde de Medellín es el principal damnificado de las elecciones para el Congreso. Quizás apoyado en los buenos registros que estaba obteniendo en las encuestas decidió lanzar las listas de su propio grupo “Compromiso ciudadano” al Senado y sufrió una gran derrota que le resta credibilidad a su candidatura en algunos sectores independientes.

Fajardo venía haciendo desde hace unos dos años una campaña en todo el país presentándose hábilmente como un candidato sin odios, transparente, que no estaba contaminado por la corrupción ,un candidato“ni uribista, ni antiuribista”.

Rodeado de un equipo de académicos y políticos novatos y sin definirse claramente sobre muchos temas complejos de la realidad colombiana había logrado ubicarse en las encuestas como uno de los candidatos más opcionados a pasar a la segunda vuelta electoral.

Ahora esa estrategia que había sido exitosa tendrá que enfrentarse al repunte de candidatos que como Mockus le entran a disputar esa misma franja electoral que él parecía haber ganado.

De todo este panorama electoral se pueden concluír los siguientes puntos:

a) El nuevo Congreso seguirá dominado por grupos amigos de la ideología autoritaria de Uribe, algunos de los cuales han tenido y siguen teniendo vinculaciones con organizaciones criminales. Entre un 60% al 65% de las curules han quedado en manos de esos grupos y de ellas un 35% aproximadamente están vinculadas a la llamada “parapolítica”.

Este dominio es fruto de muchos factores, entre ellos la habilidosa campaña de propaganda hecha desde el gobierno que desprestigió o estigmatizó a los sectores de oposición como amigos del terrorismo y enemigos de la democracia; el clientelismo y el manejo corrupto de los dineros y bienes del Estado; la persecución y exterminio de grupos opositores en varias regiones del país y la correspondiente impunidad de esos hechos; la influencia de los grandes medios de comunicación ; la apatía política de grandes sectores de la población; los propios errores y debilidades de los grupos de oposición.

b) La consolidación de dos grandes partidos del Uribismo, el llamado de la “U” y el Conservador; el debilitamiento del Polo Democrático y el crecimiento del Partido Verde entre los sectores independientes que en pasadas ocasiones acompañaron a la izquierda.

c) La nueva situación política sitúa paradójicamente al sector más corrupto del Uribismo que se alineó en el llamado partido “PIN” como el posible árbitro de la disputa entre Conservadores y seguidores de Juan Manuel Santos por la presidencia.

Esto los convertirá en socios privilegiados del nuevo gobierno perpetuando la era de corrupción y clientelismo desbordado en el gobierno.

d) La abstención sigue siendo muy alta en el país. En estas elecciones de congreso a pesar de una votación que se acercó a los 13 millones de electores se registró una abstención del 56%.

e) Es muy posible que ningún candidato obtenga en la primera vuelta más del 50% de los votos y en consecuencia se haga necesaria la celebración de una segunda elección para definir entre los dos candidatos más votados el futuro presidente del país.

b) Dentro del Uribismo el mayor opcionado a pasar a la segunda vuelta es Juan Manuel Santos, pero no las tiene todas consigo. Su nombre despierta rechazos entre los seguidores de Vargas Lleras, de Noemí Sanín , de Rafael Pardo , políticos a quienes atacó apelando muchas veces al juego sucio en años anteriores. Santos reconoce esta debilidad y por eso desde que empezó la campaña ha hablado de una gran coalición y ha tratado de tender puentes hacia otros candidatos.

c) También es factible que a la segunda vuelta pasen dos candidatos de los partidos Uribistas si los candidatos de oposición no llegan a alianzas, a acuerdos antes de la primera vuelta para presentar una opción unificada ante el electorado.

En otras palabras la dispersión de los votos de la oposición entre varios candidatos puede terminar beneficiando a los candidatos del partido de la “U” y del partido Conservador.

d) Lo cierto es que a los grandes sectores populares del país no les conviene la continuación del actual proyecto conservador, autoritario, neoliberal, concentrador de la riqueza y promotor de grandes desigualdades sociales. Los candidatos que vienen del Uribismo representan en mayor o menor grado la continuación de ese proyecto cuyo balance hasta ahora ha sido muy negativo para los derechos y el bienestar de los millones de personas empobrecidas de nuestra sociedad.

Los candidatos que planteen una opción diferente a la continuación de ese modelo abren alguna luz de esperanza para construir programas e iniciativas que de verdad le aseguren a la población la paz, la dignidad y el bienestar que merecen.

LA CORRUPCIÓN PAGA

Las elecciones para el congreso se convirtieron en una feria del clientelismo y de la corrupción más descarada como otra herencia negativa, nefasta del régimen Uribista.

A pesar de las decenas de congresistas investigados , procesados y condenados por la Corte Suprema de Justicia por haber hecho alianzas criminales con los paramilitares y mafias del narcotráfico, los parientes más cercanos de estos congresistas con el apoyo de estos jefes políticos no vacilaron en promover sus candidaturas al Senado y a la Cámara con el objetivo de mantener bajo control familiar los imperios que regionalmente sus esposos, padres, tíos, hermanos, hijos o primos habían creado gracias a la complicidad del gobierno nacional.

Desde las cárceles se impulsaron candidaturas y se crearon nuevos partidos como el “PIN” (Partido de Integración Nacional) que no es más que el antiguo Partido de “Convergencia Democrática” maquillado con otro nombre cuyos antiguos lideres pagan prisión por haberse asociado con el paramilitarismo.

El millón de votos y las 8 curules en el Senado que lograron las listas del “PIN” demuestran que hay un sector de la ciudadanía que acepta y tolera la “manguala” entre la política y los grupos criminales llámense paramilitares, carteles, bandas emergentes.

Y que esas estructuras de corrupción son también aceptadas por Uribe y sus asesores sin que contra ellos el presidente se hubiera atrevido a hacer una campaña descalificadora de sus acciones y tratos tramposos.

Estos nuevos partidos y movimientos han apelado a las más burdas, a las más groseras formas de la corrupción para ganar votos. El dinero ha servido para comprar jefes políticos en los pequeños pueblos, en las barriadas de las ciudades; para pagar regalos y prebendas a los electores ; para financiar la maquinaria clientelista en zonas urbanas y rurales.

La Corte Suprema a pesar de esta ofensiva de los sectores corruptos se ha mantenido en su papel de investigar y condenar a los políticos contaminados por el crimen y la corrupción.

Una sanción ejemplarizante fue la que aplicó al ex senador Uribista del departamento de Sucre, Alvaro García, financiador y promotor del paramilitarismo en esa región a quien condenó a 40 años de prisión no solo por ese delito, sino por haber sido el autor intelectual de varias masacres y asesinatos selectivos en ese territorio.

Así mismo, el ex senador Mario Uribe, primo del presidente, volvió a ser detenido por la Corte que encontró válidos los testimonios de algunas personas que lo sindican de haber hecho alianza en años anteriores en el departamento de Córdoba con el jefe paramilitar Salvatore Mancuso para hacerse al control de algunas tierras y obtener apoyo electoral para su movimiento político en esa región del país.

Mientras tanto los procesos que adelanta la misma Corte contra los directores del “DAS”, la policía política del Estado, durante el régimen Uribe están confirmando a través de las declaraciones de los implicados, que el “DAS” realizó operativos ilegales de seguimiento e intimidación a líderes de la oposición, periodistas independientes, defensores de los derechos humanos y a los propios miembros de la Corte.

También se ha confirmado que las informaciones recogidas en estos operativos eran entregadas a funcionarios de la Presidencia de la República, lo que comprueba de donde venían las órdenes para estas acciones criminales más propias de una dictadura que de un gobierno respetuoso de las libertades democráticas.

Para completar el cuadro de corrupción la Corte Suprema le ha ordenado a la Fiscalía investigar al general Mario Montoya , ex comandante del Ejército y actual embajador en República Dominicana , quien ha sido reiteradamente acusado por varios jefes paramilitares de haber colaborado abiertamente con ellos en la realización de operativos criminales contra la población civil e inclusive de haber recibido un soborno de 1.500 millones de pesos = 750 mil dólares para colaborar con uno de los grupos “paracos” en el exterminio de una organización rival en los Llanos Orientales.

MOVIMIENTO POPULAR

LA MATA QUE LOS REMATA

El narcotráfico sigue siendo el combustible, la fuente de financiación prioritaria de los diferentes grupos armados en el país llámense guerrilleros, paramilitares, carteles o “bacrim” como ahora los denominan curiosamente los funcionarios del gobierno.

Colombia continúa apareciendo como el primer productor y exportador de cocaína en el mundo con cerca del 60% del total que de esa sustancia se elabora en el planeta. Bolivia y Perú han resurgido como competidores de la coca colombiana en América Latina como consecuencia entre otros factores del desplazamiento que han hecho a esos países miembros de los carteles colombianos y la presencia de representantes de los mexicanos interesados en crear nuevas fuentes de abastecimiento de esa sustancia cuya comercialización en los Estados Unidos dominan.

Pese a que se han reducido las hectáreas de cultivo en Colombia, las que subsisten , unas 70 mil , son suficientes para alimentar un negocio que pasa anualmente de los 5 mil millones de dólares y del cual dependen directa o indirectamente más de un millón de personas.

Departamentos como Cauca o Nariño están virtualmente en poder de los grupos armados que se financian con el narcotráfico y esto explica el aumento desmesurado de los asesinatos y de otros actos criminales en esos territorios que ponen en duda el publicitado éxito de la “seguridad democrática” Uribista.

En efecto en Nariño, 22 de los 64 municipios de Nariño tienen grandes extensiones de cultivos de coca y en estos municipios hay una tasa de homicidios de 78 por cada 100 mil habitantes, dos veces superior a la tasa nacional.

En el Cauca se ha vivido una reactivación militar de los grupos guerrilleros de las FARC quienes han atacado reiteradamente los centros urbanos de municipios como Caldono, Cajibío o terrenos vecinos a Corinto causando muertos y heridos entre la población civil y las fuerzas armadas del Estado.

En otros departamentos como Antioquia, Córdoba, Atlántico, Bolívar , los nuevos grupos paramilitares herederos de las organizaciones creadas por los jefes “paracos” extraditados a los Estados Unidos , continúan disputándose el control de las zonas de cultivo , de las rutas de embarque al exterior y en algunas ciudades como Medellín negocios tan lucrativos como el microtráfico de droga en los barrios populares y la cadena de extorsiones que se aplican a los comerciantes y transportadores de esos vecindarios.

La violencia generada por estas disputas en Medellín “disparó” la tasa de homicidios en el año 2009 haciendo olvidar los aparentes avances que en materia de convivencia pacífica y desarrollo comunitario parecían haberse hecho en esas localidades durante la alcaldía del ahora candidato presidencial, Sergio Fajardo.

Una Comisión de “notables” liderada por el arzobispo de la ciudad, Alberto Giraldo, contando inicialmente con la aprobación del gobierno nacional negoció una tregua, un pacto provisional de paz entre las facciones o grupos que habían desatado la guerra en las barriadas populares. Sin embargo , el director nacional de la Policía, Oscar Naranjo y algunos periodistas y políticos cuestionaron duramente la mediación de la Comisión argumentando que estos grupos eran pandillas de criminales comunes cuyo principal motivación es el enriquecimiento fácil y que tratarlos como si fueran delincuentes políticos era más que un error , una claudicación de las autoridades y de la sociedad ante el hampa.

Ante estas críticas el propio presidente se apresuró a desautorizar las gestiones de los comisionados y los vecinos de Medellín quedaron nuevamente en la incertidumbre a la espera de que las medidas anunciadas por la policía para controlar los enfrentamientos armados y las demás acciones criminales de las bandas en sus barrios tuvieron algún efecto positivo.

Esta violencia en los barrios populares no es monopolio de Medellín. En las principales ciudades, incluyendo Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena, Pereira, Cúcuta, entre otras, se han registrado en los últimos meses un aumento en el número de muertes violentas , de asaltos y de extorsiones que parecen ir a la par con la formación de todo tipo de grupos armados desde los que se denominan como “paramilitares” , pasando por “milicias “ de las guerrillas , o “combos” delincuenciales que trabajan para alguno de los carteles u “oficinas” coordinadoras de sicarios en el país.

Algunos de estos grupos trabajan en alianza con miembros de los cuerpos armados del Estado o bajo su protección y aparte de las acciones criminales “tradicionales”: extorsiones, venta de drogas, ajustes de cuentas, también se han dedicado a perseguir y asesinar en algunas regiones como es el caso de Córdoba a líderes y coordinadores de organizaciones sociales que trabajan por el bienestar de las comunidades y la promoción de los derechos humanos.

En la campaña electoral varios de estos grupos se han alineado con políticos que buscan curules en el Congreso Nacional y por medio de la intimidación a los vecindarios locales han ejercido un verdadero “proselitismo armado” en medio de la más completa impunidad.

Estas alianzas revelan la degradación, el grado de corrupción en que ha caído el ejercicio de la política en el país.

LA BARBARIE DE LOS CONQUISTADORES

Informes recientes de la Comisionada de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y de la propia Secretaría de Estado de los Estados Unidos han coincidido en denunciar los muchos abusos y atropellos que el Estado colombiano viene promoviendo o permitiendo en contra de sindicalistas, pueblos indígenas, periodistas, campesinos , defensores de los derechos humanos y que se siguen manifestando en decenas de miles de familias desplazadas de sus tierras, asesinatos selectivos, reaparición de los grupos paramilitares, persecución de los grupos armados a comunidades afroamericanas e indígenas.

El vicepresidente Santos en lugar de aceptar las realidades denunciadas ha salido a calificar el informe norteamericano como “hipócrita” y no ajustado a la verdad. El presidente Uribe, a su vez, lo atacó como una muestra de “la politiquería internacional”.

Mientras tanto un reciente informe de la prestigiosa organización internacional de derechos humanos, “Amnistía Internacional”, denuncia la trágica situación que padecen los pueblos indígenas de nuestro país, a quienes sistemáticamente se les desconocen sus derechos y se les arrebatan sus tierras y sus valores culturales.

En Colombia hay cerca de 1.400.000 indígenas que representan el 3,4% de la población total de la nación. Están distribuidos en unas 102 etnias, de las cuales 32 están amenazadas de extinción o desaparición.

El Estado dice haberles entregado a los indígenas 34 millones de hectáreas en calidad de resguardos, pero lo que no aclara es que solo el 8% de estas tierras son aptas para la agricultura.

En el período 2002-2009 fueron asesinados 1.400 indígenas, se produjeron 4.700 amenazas colectivas a las comunidades por parte de diferentes grupos armados y se registraron 90 secuestros y 195 desapariciones de integrantes de esas etnias.

En el solo año 2009 fueron asesinados 114 indígenas y más de 20 mil fueron obligados a abandonar sus tierras.

Esto significa que el 7% de la población desplazada el año pasado en Colombia correspondió a población indígena y si tomamos en cuenta que los indígenas solo representan el 3,4% de la población nacional se podrá concluir que este tipo de violencia los está afectando con especial intensidad.

No es extraño que ante estas circunstancias de injusticia y desprotección las Naciones Unidas y organismos internacionales de derechos humanos estén reclamando del gobierno colombiano la protección y defensa efectivas de los derechos, las culturas y las tierras de los pueblos indígenas. Después de 500 años de haberse dado la conquista española pareciera que en el país estuviéramos reviviendo los crímenes y abusos que los primeros conquistadores hicieron contra esos pueblos en su afán de saqueo y enriquecimiento rápido.

- Publicada en la Revista Encuentro No. 126

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