Colombia

Coyuntura colombiana – Febrero de 2013

Félix Posada Rojas

13/02/2013

Opinión

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ECONOMÍA

Todo lo que sube tiene que caer

Tal como se venía advirtiendo la bonanza que presuntamente vivía la economía colombiana estaba montada sobre unas bases muy frágiles y esto empieza a verse reflejado en la caída de las tasas o niveles de crecimiento de la producción nacional en los últimos meses del pasado 2012. Mientras los voceros oficiales hablaban al principio de ese año de una tasa de crecimiento por arriba del 5%, la realidad es que dicha tasa no llegará siquiera al 4%. Con ese porcentaje de crecimiento es imposible crear empleo formal en el país y mucho menos si los sectores que crean ese tipo de empleo productivo a largo plazo como el industrial vienen de capa caída registrando una destorcida, una gran baja en su productividad.

El modelo económico actual está sustentado en la inversión en minas y petróleos y , de hecho, el 80% de la inversión extranjera que llegó al país el año pasado se dirigió a esos sectores de la producción. En la práctica, el país se viene “desindustrializando” y cada vez dependemos más de la exportación de petróleo y otros minerales para el sostenimiento de nuestras finanzas. Recordemos que estos sectores crean muy poco empleo y , por el contrario, arrojan un saldo nefasto, negativo para la conservación del medio ambiente, de los suelos, las aguas, los bosques en el país.

En el sector agrícola , los grandes grupos financieros de Colombia y del exterior que se han vinculado a la compra y puesta en explotación de decenas de miles de hectáreas de tierras en regiones como los Llanos Orientales, están cultivando maíz, soya, palma africana e básicamente para la exportación de aceites y de os mal llamados “ bio-combustibles” a Estados Unidos aprovechando las ventajas que estos productos tienen para entrar a ese país sin pagar impuestos de acuerdo a lo convenido en el Tratado de Libre Comercio firmado con los norteamericanos.

Los cultivos de pan coger, los que alimentan a la población colombiana, cada vez son menos significativos en nuestra agricultura, de un lado, por la competencia de los alimentos importados de Estados Unidos, Canadá, Argentina y otros países y, del otro, por la falta de subsidios y medidas de protección efectivas a los pequeños y medianos campesinos.

De hecho en el año 2012 importamos alimentos por más de 5 mil millones de dólares cuando el país tiene más de 20 millones de hectáreas de tierras con vocación agrícola de las que solo se explotan unas 4,7 millones en la actualidad. Más de 38 millones de hectáreas están en manos de grandes hacendados muchos de los cuales adquirieron esas tierras beneficiándose del despojo a sangre y fuego que se hizo , y se sigue haciendo, de las parcelas de millones de campesinos que hoy conocemos bajo el nombre de población desplazada. Estas inmensas haciendas están dedicadas en su inmensa mayoría a la llamada ganadería extensiva que ocupa muy poca mano de obra y no hace un uso racional de las tierras. Este sector que fue privilegiado por las políticas del ex presidente Uribe es el mismo que se opone no solo a los proyectos de reforma agraria, sino a los procesos de paz con los grupos guerrilleros.

La construcción y las obras públicas que según el gobierno serían unas locomotoras que impulsarían el desarrollo del país no lograron despegar en el año 2012. Por el contrario, la construcción en las ciudades terminó con porcentajes de crecimiento muy inferiores a los que se esperaban.

En estas circunstancias, nuestra economía continua como en el siglo 19 dependiendo de la exportación de materias primas para su sostenimiento. El petróleo , que es nuestro principal producto de exportación, llegó a la cifra record de producción de más de un millón de barriles por día. De los ingresos y regalías derivados de su exportación depende buena parte del presupuesto del Estado para este año y los años siguientes. Sin embargo, de los más de 40 mil millones de dólares que se exportaron del combustible en el 2012 solo un 20% realmente son propiedad del Estado colombiano. El resto de ese dinero ha pasado a enriquecer las arcas, los bolsillos, de las diferentes compañías extranjeras que explotan ese recurso en el país.

El carbón, nuestro segundo producto de exportación, tiene un futuro bastante nublado. A pesar de que tenemos las reservas carboníferas más grandes de Suramérica y somos uno de los cuatro exportadores más grandes del mundo, los precios del mineral están bajando en los mercados mundiales. Hay una explicación para esta baja. En los Estados Unidos nuevas tecnologías que se están poniendo en aplicación están permitiendo extraer de las rocas de ciertas capas del subsuelo gas natural, que por ser menos contaminante y más barato que el carbón lo está empezando a sustituir en muchos procesos industriales. La tendencia indica que a la vuelta de unos años la explotación del carbón va a perder su atractivo financiero y países como Colombia quedarán en el peor de los mundos porque los dólares producidos en estos años de bonanza exportadora solo han servido para enriquecer a las compañías extranjeras que lo sacaban y a un puñado de políticos y de contratistas que se han beneficiado con el manejo de las regalías pagadas por los extranjeros. Los municipios donde están los principales yacimientos presentan un saldo social negativo en redes de servicios públicos, acueductos, escuelas, hospitales y , en cambio, sus poblaciones tienen que beber aguas contaminadas y enfrentar una herencia de bosques arrasados, suelos desertificados y ríos desaparecidos o envenenados por los deshechos de las explotaciones del mineral.

Esta situación es parecida a la que se registra con el oro, que se ha convertido en botín de los grupos armados irregulares y de todo tipo de empresarios inescrupulosos. En ese sentido estos empresarios siguen el modelo depredador establecido por las grandes multinacionales de la minería como la “Billiton”, compañía australiana que explota el yacimiento de níquel de Cerro Matoso en el departamento de Córdoba, envenenando las aguas que beben los habitantes de los alrededores de la mina, contaminando el aire con los deshechos industriales del proceso y evadiendo el pago de las regalías y los impuestos al Estado mediante todo tipo de trucos contables y artimañas clientelistas.

Un modelo económico que privilegia la exportación de materias primas y desindustrializa al país termina por ser un modelo que beneficia a los especuladores financieros y al sector bancario en general. Este sector en los últimos años ha venido creciendo aceleradamente. Sus ganancias suben de año en año en unos porcentajes que superan los cálculos más optimistas. En el 2012, por ejemplo, obtuvieron ganancias por más de 10 billones de pesos= 5.500 millones de dólares aproximadamente. No en vano el personaje más rico del país es el banquero Luis Carlos Sarmiento, dueño del 30% de la banca nacional y uno de los 70 hombres y mujeres más ricos del planeta.

Y, no en vano, su grupo financiero ha ido extendiendo sus tentáculos a otros sectores de la economía como la agricultura en los Llanos Orientales, la hotelería o los medios de comunicación con la reciente adquisición del periódico más importante de la nación, “El Tiempo”.

Este ambiente tan favorable para los especuladores financieros explica también que la desaforada sed de dinero que los posee los lleve a arriesgar miles de millones de pesos en operaciones de compra y venta de acciones de empresas en muy difíciles situaciones económicas, en la creación de fondos de inversión piratas en el extranjero y en todo tipo de negocios que supuestamente les van a permitir una alta rentabilidad. Este fue el caso de la principal empresa de comisionistas de la Bolsa de valores de Bogotá, “Interbolsa”, que se quebró dejando un hueco financiero de más de 300 millones de dólares, miles de inversionistas “tumbados” y a sus directivos envueltos en una serie de procesos judiciales que comprometen también a funcionarios y ex funcionarios de este y del anterior gobierno. Sin la complicidad de estos funcionarios estos manejos de la empresa no se hubieran podido producir porque en la práctica solo así se explica la magnitud de los dineros comprometidos en estas alocadas especulaciones de una empresa convertida en “pirámide financiera” al estilo de las que se quebraron en años anteriores en el país. La diferencia entre esta y las otras pirámides es que la de “Interbolsa” fue una pirámide que funcionó entre los altos estratos económicos del país, entre la élite de Bogotá, Medellín y otras ciudades.

Rico pa el rico

La reforma tributaria que hizo aprobar a las volandas el gobierno Santos en el Congreso a fines del año pasado ratifica los privilegios y las gabelas para los grandes empresarios del país. En efecto , la reforma redujo del 33% al 25% los impuestos que tienen que pagar las grandes compañías al Estado colombiano lo que les significará una ganancia extra de más de 8 billones de pesos anuales para sus bolsillos= 4.400 millones de dólares.

Al mismo tiempo, la reforma aumentó los impuestos sobre los estratos de clase media alta, conformada especialmente por profesionales que ganan más de 8 millones de pesos mensuales= 4.400 dólares. El gobierno afirma que este sector es una minoría y debe pagar en consecuencia pero lo que resulta inequitativo es que se le pongan más tributos a los que viven de su trabajo y se le reduzcan sustancialmente a los grandes capitalistas.

Como una supuesta medida para favorecer la creación de empleo formal en el país, la reforma redujo del 29% al 16% las contribuciones que gravaban las nóminas de personal de las empresas, entre ellos los llamados impuestos parafiscales . Con estos impuestos se financiaban entidades del Estado como el “SENA”, una especie de universidad popular al servicio de los sectores populares del país y el “ICBF” , instituto que tiene a su cargo la protección de la infancia en Colombia. Para compensar esta pérdida de ingresos, el gobierno se comprometió a financiar directamente con dineros del presupuesto Estatal estas dos entidades pero muchos temen que estos compromisos como los que en años anteriores hablaban de financiar a otras entidades como el Instituto de Seguros Sociales terminen incumpliéndose y facilitando la privatización de estos organismos.

El gobierno alega que las finanzas públicas no se verán afectadas con la Reforma. Por ejemplo, el dinero que se deja de recibir por concepto de los parafiscales , se recibirá por otra vía con la creación de un nuevo impuesto del 9% a las utilidades de las empresas que han llamado “ CREE” con el que se financiarán no solo el “Sena” y el “Icbf”, sino que también se harán aportes a las universidades públicas y al régimen subsidiado de salud.

Pero en plata blanca los grandes ganadores de esta reforma son los grandes empresarios del país, ya que si bien pasan a pagar el nuevo impuesto del “CREE”, reciben a cambio la reducción de las contribuciones en las nóminas de personal y, sobre todo, la rebaja del impuesto de renta, el más importante que pagan en la actualidad.

La lógica de la codicia

La lógica capitalista enseña que muy difícilmente las gabelas y ventajas que reciben los empresarios en reducción de impuestos se traducen en la creación de empleos. Por el contrario, lo que generalmente se registra es una sobre explotación de la mano de obra aprovechando las nuevas condiciones que se les ofrecen. El gobierno de Uribe en años anteriores promovió una reforma laboral acabando con el pago de las llamadas “horas extras nocturnas” a los trabajadores clasificando como “diurnas” las jornadas que llegaban hasta las 10 de la noche. Decían los voceros oficiales de esa época que el abaratamiento de la mano de obra motivaría a los empresarios a crear miles de empleos formales pero no solo no se crearon empleos , sino que los empresarios engordaron sus ganancias con más de 2,5 billones de pesos= 1.390 millones de dólares que dejaron de pagarle a los trabajadores.

Algo parecido sucederá con la reducción de los impuestos a la nómina. Las realidades del mercado laboral son dicientes. El 56% del empleo actual es empleo informal, sin seguridad social, ni estabilidad laboral. Las estadísticas oficiales disfrazan esta situación clasificando como empleados formales a millones de personas que viven del “rebusque” diario.

El año 2012, según esas estadísticas, termina con un porcentaje de desempleo del 9,4% lo que según el presidente Santos y sus ministros es una buena prueba de las bondades de sus políticas económicas. Sin embargo , el truco para obtener este porcentaje está en la manipulación de las cifras. De un lado, como ya lo dijimos, los voceros oficiales cuentan a millones de subempleados como empleados y, del otro, dejan de contar como desempleados a los llamados “inactivos”, es decir a aquellos que se cansaron de buscar trabajo y que según el gobierno mismo lo reconoce han venido aumentando en los últimos meses .Los inactivos suman por lo menos millón y medio de colombianos y si están aumentando es porque cada vez es más difícil conseguir empleo en el país.

Solo con estas “maromas “en las cifras se logra obtener la reducción de la tasa de desempleo que nos presentan las estadísticas oficiales.

La realidad “monda y lironda” es la que describe la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en un reciente informe. En vez de aumentar el número de asalariados permanentes en el país, estos vienen disminuyendo. En efecto, en el año 2000 el porcentaje de asalariados era del 54,2%, mientras que ahora es del 42,8%, cifra que contrasta con las de la mayoría de los países latinoamericanos donde naciones como Brasil, Argentina, Chile, Panamá y México muestran porcentajes de empleados asalariados permanentes, es decir de empleados con todas las garantías laborales, por arriba del 65%.

Para cerca de un millón de trabajadores que ganan el salario mínimo mensual el gobierno aumentó en un 4,02% el monto del mismo que para este año 2013 será de $ 589.500 = 372 dólares. El gobierno tuvo que hacer esta mínima alza por medio de un decreto al fracasar la concertación entre empresarios y directivos sindicales para fijarlo de común acuerdo. Sobra decir que el salario mínimo es absolutamente insuficiente para cubrir las necesidades básicas de un trabajador y de su familia. Lo peor es que por lo menos hay 2 millones de trabajadores en el “rebusque” que ganan mucho menos del monto de ese salario mínimo.

Por esta razón si hablamos de las cifras de la población que aguanta hambre en el país, que están en situación de extrema miseria, los datos no dejan lugar a dudas de la grave situación social que padece nuestro país. Otro informe, esta vez de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, afirma que mientras el 7,7% de la población latinoamericana aguanta hambre, en Colombia ese porcentaje sube al 12,6%. Esto significa que no menos de 3,5 millones de personas en nuestro país están en la más extrema situación de exclusión social y que a ellos hay que sumarles unos 13 millones más que sufren gravísimas carencias sociales y que se califican en situación de pobreza.

Tierra ancha y ajena

Las realidades de pobreza y miseria en los campos, en las áreas rurales, son mucho más significativas en términos de porcentajes que en las áreas urbanas. No menos del 65% de la población campesina se encuentra en la pobreza y un 23% en la miseria. Esta situación tiene directa relación con la concentración excesiva de la propiedad agraria en un pequeño grupo de grandes hacendados y empresarios agro-industriales. Mientras más de 30 millones de hectáreas están en manos de unos 3000 hacendados, millones de campesinos se ven obligados a cultivar pequeñas parcelas de menos de 2 hectáreas o no tienen tierra en absoluto.

La ley de víctimas y de restitución de tierras que ha sido presentada por el gobierno Santos como un gran avance social para resolver el conflicto social en las áreas rurales , esconde detrás de muchos de sus artículos fórmulas para preservar o conservar el dominio de los grandes propietarios. Por ejemplo, permite que los legítimos propietarios de las tierras, los campesinos desplazados, alquilen esas tierras a los empresarios que estén posesionados de las mismas “de buena fe”.

Facilita, igualmente, la asociación comercial entre pequeños campesinos y grandes consorcios agrarios para explotar grandes extensiones de tierras argumentando que este es un camino para traer desarrollo y paz al campo colombiano bajo el supuesto falso de que los pequeños campesinos podrían tratar comercialmente en plan de igualdad con los grandes capitalistas.

La ley promete también que serán restituidas las más de 4,5 millones de hectáreas que les fueron arrebatadas a los campesinos en el proceso violento de desplazamiento del que han sido víctimas, pero la realidad es que estos procesos marchan muy lentamente, entre otras cosas por la resistencia violenta que están haciendo a esta restitución grandes hacendados de zonas como Urabá y Córdoba con el respaldo criminal de los neoparamilitares o “bacrim” como denomina a estos grupos armados ilegales el gobierno.

Decenas de líderes campesinos han sido asesinados por defender sus derechos pese a las promesas de protección y seguridad para sus vidas que han hecho reiteradamente el presidente Santos y su ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo.

Las indemnizaciones económicas a las víctimas del conflicto, que suman más de 450 mil familias, tampoco andan al ritmo que se quisiera. El año pasado se pagaron unos 300 mil millones de pesos= 166 millones de dólares, cifra demasiado baja si se la compara con el total presupuestado para el cumplimiento integral de la ley en los próximos diez años que es de unos 56 billones de pesos= 31 mil millones de dólares.

En realidad, los planes del gobierno se dirigen a fortalecer un modelo de explotación agrícola similar al puesto en práctica en grandes zonas del Brasil como el Matto grosso y que han convertido a ese país en uno de los principales productores mundiales de alimentos. Este modelo se basa en la puesta en funcionamiento de unidades agrarias de producción de miles de hectáreas que estarán en manos, como ya viene ocurriendo en los Llanos Orientales, de grandes consorcios financieros nacionales e internacionales quienes con sus recursos económicos pueden asumir los inmensos costos iniciales de esas explotaciones. Entre esos costos está el de fertilizar los suelos de los Llanos, suelos ácidos , pobres, tal como lo han hecho los brasileños en el Matto grosso y en otras regiones lindantes con la selva amazónica.

Uno de los grandes peligros de este modelo, como ya lo han denunciado varios Congresistas, es que capitalistas extranjeros, chinos, brasileños, norteamericanos, indios, canadienses, australianos, se apoderen de inmensas cantidades de tierra del país y nos conviertan en un enclave colonial de grandes plantaciones al estilo de lo que está ocurriendo con varios países del África hipotecando aún más nuestra desgarrada soberanía nacional.

Frente a este modelo agrícola dominante y más como un instrumento de propaganda política del régimen, el gobierno quiere apoyar un segundo modelo basado en la pequeña y mediana propiedad campesina en áreas o regiones muy reducidas del país. Los altos funcionarios del gobierno son conscientes de que el interés prioritario de la administración Santos está en consolidar el modelo agro industrial orientado a la exportación de los productos derivados de esos cultivos y de que el apoyo a los pequeños campesinos no pasa de ser un “contentillo social”, porque muy difícilmente podrán competir en los cultivos de pan coger con los precios de los alimentos importados al país que vienen de Estados Unidos donde sus agricultores están plenamente subsidiados por su gobierno.

POLÍTICA

De San Andrés y san andresitos

El fallo que expidió la Corte Internacional de La Haya (Holanda) resolviendo en definitiva el diferendo de límites que se presentaba en el mar Caribe entre Nicaragua y Colombia, creó una singular tormenta política en nuestro país. Muy pocos observadores y analistas de estos temas se habían atrevido a pronosticar un fallo que fuera contrario a los intereses colombianos y por eso la sorpresa de lo que planteaba la sentencia sumada al sentimiento de indignación y de protesta que la misma produjo en muchos sectores de la vida nacional crearon una oleada de patrioterismo que intentó ser aprovechada políticamente por personajes como el ex presidente Uribe.

Uribe , cínicamente, convocó al país a desconocer el fallo de la Corte Internacional, pasando por alto que durante su gobierno había prometido públicamente respetar la sentencia de la Corte fuera cual fuera el resultado de la misma.

En realidad, las primeras víctimas de esta oleada nacionalista fueron el presidente Santos y su ministra de Relaciones Exteriores, María Angela Holguín a quien una opinión pública enceguecida culpó del fracaso que se había tenido en La Haya por la forma errática como supuestamente habían manejado la defensa de los intereses colombianos.

Sin embargo, el problema es mucho más complejo. En el siglo 17 las Islas de San Andrés y Providencia que hoy hacen parte de Colombia fueron propiedad de Inglaterra. Colonos ingleses llevaron a esas islas esclavos negros para cultivar caña de azúcar. De esos antiguos esclavos desciende la actual población de “raizales” san andresanos. Económicamente los cultivos no prosperaron y en el siglo 18 las islas se integraron al Imperio Español y quedaron bajo la jurisdicción del Virreinato de la Nueva Granada con capital en Bogotá.

Con la independencia, San Andrés y Providencia pasan a hacer parte, primero de la República de la Gran Colombia y , luego, en 1830, de la nueva República de la Nueva Granada tras la disolución de la Gran Colombia. Esta Nueva Granada es la Colombia de hoy en día. Nominalmente la Nueva Granada heredó del antiguo Virreinato derechos sobre la actual Costa Atlántica de Nicaragua, conocida en siglos anteriores como “la Mosquitia”. Sin embargo, durante la mayor parte del siglo 19 el gobernante de hecho de ese territorio fue Inglaterra, país que cedió su control sobre esos territorios a Nicaragua a finales de ese mismo siglo.

Nicaragua firmó en 1928 un tratado de límites con Colombia , el tratado Esguerra-Bárcenas, en el cual reconocía no solo la soberanía de nuestro país sobre las Islas de San Andrés y Providencia y los cayos vecinos , sino en el que supuestamente se fijaba un meridiano, el meridiano 28, como límite entre las aguas territoriales de ambos países.

Cuando en 1979 la revolución Sandinista triunfó en Nicaragua, su líder, Daniel Ortega, desconoció la legalidad de ese tratado y reclamó la soberanía de su país sobre San Andrés y los demás territorios. Ortega, alegaba desde su punto de vista con mucha razón, que el Tratado había sido firmado en 1928 por un gobierno nicaraguense títere de los soldados norteamericanos que tenían en ese momento invadido el país y contra los cuales se había alzado en rebelión el caudillo nicaragüense Augusto César Sandino.

La demanda nicaragüense fue presentada años después ante la Corte Internacional de La Haya y aunque Ortega perdió el poder en 1990, los gobernantes que lo sucedieron continuaron el litigio, el pleito en la Corte. Colombia se vió obligada a responder la demanda porque así la obligaba un Tratado firmado precisamente en Bogotá en 1948, que planteaba a la Corte Internacional como el tribunal donde necesariamente se debían resolver los problemas de fronteras entre los países latinoamericanos.

En el gobierno de Uribe (2002-2006) la Corte reconoció la soberanía colombiana sobre las islas de San Andrés y Providencia pero siguió estudiando el problema de la soberanía de las aguas marinas que rodean a estas islas. La defensa colombiana cometió muchos errores, entre ellos el de no integrar al proceso a los directos interesados en el problema, la población raizal de San Andrés.

La sentencia final de la Corte reconoce a Nicaragua unos 75 mil kilómetros cuadrados de mar que antes hacían parte del territorio colombiano. Tomó en cuenta para hacer esta nueva partición nuevas doctrinas jurídicas sobre el Derecho del Mar que se han puesto en aplicación en estos años. Ahora bien, es necesario aclarar que lo que se le ha entregado a Nicaragua es el derecho a usar, a usufructuar, las riquezas pesqueras y de minerales que pueda haber en esos territorios, que es muy distinto a decir que solo los barcos nicaragüenses pueden transitar por esas aguas.

Del lado colombiano llovieron los reclamos y protestas contra el fallo. El presidente Santos no tuvo la lucidez necesaria para aceptar no solo que este tipo de sentencias son inapelables, sino que este tipo de procesos hacen parte del Derecho internacional que rige las relaciones entre las naciones.

En forma imprudente el presidente, tal vez con el ánimo de aplacar la ira nacionalista, expresó que su gobierno no reconocía la validez del fallo y pasó a nombrar una comisión de expertos para estudiar los recursos jurídicos que se podían contraponer a la sentencia de la Corte. Además, el gobierno y los grandes medios de comunicación “descubrieron” que decenas de pescadores de San Andrés y Providencia habían quedado económicamente afectados por el fallo ya que las aguas donde ellos suelen hacer sus faenas de pesca son las que se le entregaron a Nicaragua. Lo curioso de este asunto es que jamás en los años anteriores se habían acordado de la población raizal , ni mucho menos se habían preocupado por tomar en cuenta sus intereses dentro de los programas estatales.

En este sentido el presidente nicaragüense, Ortega, a quien en los medios colombianos se lo ha caricaturizado como un “dictador” y un “demagogo”, reaccionó con mucha sensatez. Llamó a su colega Santos al diálogo y a aceptar las decisiones del tribunal internacional. Santos, insistiendo en la insensatez, propuso que Colombia se retirara del pacto de Bogotá firmado en 1948, mientras sectores políticos de todos los pelambres, especialmente los conservadores, seguían vociferando contra la Corte, contra la supuesta corrupción de sus jueces y sobre defender por la vía de las armas nuestra soberanía en las aguas del Caribe que la sentencia reconoce como Nicaragüenses.

En realidad, lo que más lamenta Santos de esta situación es la nueva pérdida de popularidad que ha tenido en las encuestas de opinión, baja de popularidad que lo perjudica ante la perspectiva de optar por la reelección en la campaña que se inicia en el segundo semestre de este año. Si no existiera ese bajón, difícilmente el presidente hubiera respondido como lo hizo a la decisión tomada por la Corte de La Haya.

De todo lo anterior podemos sacar las siguientes conclusiones:

a) Los fallos de la Corte Internacional son inapelables, son de obligatorio cumplimiento para las partes

b) En consecuencia se impone un diálogo diplomático con Nicaragua para acordar un tratado que proteja los intereses de los pescadores San Andresanos y les garantice el poder seguir ganándose la vida tal como lo venían haciendo

c) Todos los gobiernos anteriores a Santos, especialmente los de Pastrana y Uribe, comparten la responsabilidad política sobre la forma como se manejó la defensa de los intereses colombianos y el resultado adverso que se obtuvo. Este proceso arrancó hace muchos años y tal vez el gobierno de Santos es el que menos culpabilidad tiene en ese manejo.

d) El gran problema para el Estado Colombiano ahora es el de atender las necesidades y reclamos de la población raizal sanandresana. Dejarlo de hacer es crear más razones para que en unos años tengamos que enfrentarnos a una situación aún más complicada, que lleve a la independencia del archipiélago de nuestra nación.

Contentillo pa la tribuna

Los delegados del gobierno y del principal grupo guerrillero existente en el país, las FARC, han continuado en La Habana (Cuba) los diálogos sobre la agenda negociada en meses anteriores con el propósito de llegar a un acuerdo político que permita la desmovilización de este grupo insurgente y le garantice su plena participación en la vida política del país. El primer punto de la agenda se centra en el desarrollo agrícola e involucra problemas que han sido claves para justificar el surgimiento de los grupos guerrilleros como el de la concentración de la propiedad de la tierra; la posibilidad de una serie de reformas para democratizar esa propiedad ; el como proteger a la pequeña y mediana propiedad campesina del avance de los grandes consorcios agro exportadores y de las consecuencias del Tratado de Libre Comercio firmado con los Estados Unidos.

En ese sentido ambas partes creyeron oportuno recibir para sus discusiones los aportes de la llamada “sociedad civil”, es decir de decenas de asociaciones, de organizaciones sociales, de gremios, sindicatos, universidades, academias de todas las vertientes ideológicas que han estudiado estos temas o tienen intereses directos en los mismos. Para ese efecto se organizó un Foro en Bogotá que recogió más de 400 propuestas hechas por las decenas de asistentes al evento. Sin embargo, el gremio de los grandes ganaderos representado por “Fedegan” se negó rotundamente a asistir al foro, alegando a través de su presidente, José Félix Lafaurie, que hacerlo era hacerle el juego a los intereses de las Farc a quienes volvió a sindicar de ser un grupo narcoterrorista enemigo declarado del gremio que él lidera.

Tras las fuertes declaraciones de Lafaurie que ha sido un caracterizado partidario del ex presidente Uribe se percibe con claridad el fuerte rechazo de los sectores más conservadores del país a los diálogos que adelanta el gobierno del presidente Santos con el grupo guerrillero. Cualquier tropiezo en esos diálogos, cualquier acuerdo final que comprometa radicalmente los intereses de estos sectores será sin duda aprovechado por Uribe y sus socios para sacarle el mayor partido político e impedir la reelección del actual presidente.

Santos es consciente de estas realidades y sabe que en buena parte su reelección para el período 2014-2018 depende del éxito de los acuerdos con las Farc. Esto explica que se haya negado reiteradamente a aceptar la tregua que le pedía el grupo guerrillero y, por el contrario, le hubiera asignado a su ministro de Defensa, Juan Carlos pinzón, el papel de presentarse permanentemente en los medios de comunicación como un visceral enemigo de la subversión proclamando y reclamando de las tropas y de los altos mandos militares la continuación de los operativos contra los jefes y los frentes de la insurgencia.

Con esta estrategia el presidente trata de cubrirse por así decirlo las espaldas ante las reiteradas acusaciones que los miembros del Uribismo le vienen haciendo al gobierno de haber bajado la guardia contra la guerrilla, de que los soldados y los oficiales han perdido el entusiasmo, la moral de combate para enfrentar a la subversión.

Al mismo tiempo, Santos está , también, intentando no caer en los errores del proceso del Caguán que fracasó durante el gobierno de Andrés Pastrana y por eso, igualmente, fijó como plazo máximo para obtener el acuerdo con las Farc el mes de noviembre de este año. Eso le permitiría aprovechar electoralmente el éxito de las conversaciones o en caso de fracasar le facilitaría aparecer ante la opinión pública como el hombre que le dio una oportunidad histórica a la guerrilla de llegar a un acuerdo de paz, pero que supo también retirarse a tiempo de los diálogos cuando estos no ofrecían resultados concretos.

Para completar su estrategia el presidente ha sido claro que en los diálogos con las Farc no se negociará con los insurgentes ni el sistema social del país, es decir el modelo capitalista vigente, ni el entramado institucional político y jurídico que sostiene al sistema. Si las Farc desean imponer su propio modelo, Santos ha sido claro en que primero tendrían que ganar el poder por la vía electoral para poder ponerlo en práctica

Ahora bien, si este es el derrotero , si esta es la ruta que ha trazado el presidente a su equipo de negociadores resulta, entonces, ingenuo creer que los aportes de la sociedad civil en el foro agrario y en otros que se puedan programar puedan realmente influir la voluntad política del gobierno. Más bien, parece que el gobierno hubiera tomado estos foros como un mecanismo para canalizar y bajar las presiones políticas de muchos sectores que desearían tener protagonismo y presencia en las conversaciones de paz.

Lo que no puede descartarse es que de lograrse un acuerdo con las Farc este acuerdo cree un clima favorable para convocar a una Asamblea Constituyente espacio en el que las diferentes fuerzas sociales existentes en el país podrían intervenir ampliamente no solo para presentar sus propuestas sino para negociar el futuro modelo institucional del país.

Entre tanto los enfrentamientos entre las tropas del Estado y los grupos insurgentes continúan en el territorio nacional a pesar de la tregua unilateral que las Farc decretaron para la época de navidad. El Eln, el segundo grupo guerrillero del país, a través de algunos de sus voceros ha manifestado también su interés en iniciar un proceso de paz con el gobierno. Es muy lógico que manifieste ese interés ya que de desmovilizarse un sector mayoritario de las Farc, El Eln no solo sufriría en toda su intensidad los ataques del poderoso aparato militar del Estado, sino que quedaría muy debilitado políticamente para seguir justificando un proyecto de lucha armada condenado en esas condiciones a un fracaso rotundo.

Fuero fuera de ley

Dentro de la estrategia del presidente Santos para apaciguar políticamente los reclamos y protestas de los sectores más conservadores del país, la aprobación que logró su gobierno en el congreso del nuevo fuero para los integrantes de las Fuerzas Armadas y de policía es un punto muy importante. Pasando por encima de las críticas y comentarios de organismos internacionales y nacionales tan prestigiosos como la Ong norteamericana “Human Rights” o el equipo de las Naciones Unidas que monitorea el cumplimiento de los derechos Humanos en el país, el gobierno impuso sus mayorías y sacó adelante una pieza legislativa que por así decirlo legitima la impunidad para una gran cantidad de delitos y de violaciones de los derechos humanos que puedan cometer los militares y policías contra la población civil.

El gobierno, a través del Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, sostuvo con vehemencia que para evitar la impunidad se habían excluido expresamente de la competencia de la Justicia Penal Militar siete tipos de delitos que constituyen graves violaciones a los Derechos Humanos. Entre esos delitos que supuestamente serían investigados y juzgados por la Fiscalía y los jueces civiles se incluyen el genocidio, la desaparición forzada, la tortura, la violencia sexual, el desplazamiento forzado y las ejecuciones extrajudiciales.

Precisamente en este delito se centró una de las críticas más radicales de los organismos de derechos humanos al nuevo Fuero aprobado. En el código penal colombiano no existe el delito de ejecuciones extrajudiciales con el que según el gobierno se denominan los tristemente célebres asesinatos de civiles cometidos en años recientes por los militares y que los medios de comunicación dieron en llamar “los falsos positivos”.

Un abogado hábil puede defender a su cliente argumentando que el delito de ejecución extrajudicial no existe en el código penal colombiano y que en consecuencia su apoderado debe ser juzgado por los tribunales militares lo que le asegura completa impunidad para sus crímenes. Por esta razón los críticos del nuevo fuero afirmaban que en lugar de “ejecuciones extrajudiciales” lo que el texto debería decir es “homicidio culposo” u “homicidio en persona protegida” delitos que contempla el código penal actual.

Otro punto que ayuda a crear el velo de la impunidad para los miembros de las Fuerzas Armadas y de Policía en el nuevo Fuero es que serán los jueces militares quienes tendrán la preferencia para llegar a la escena donde se han cometido los supuestos crímenes , recoger las pruebas correspondientes y decidir si los delitos son de su competencia o lo son de la justicia ordinaria en cabeza de la Fiscalía. Sobra decir que como se ha probado en años anteriores los jueces militares suelen obrar con lo que algunos llaman “el espíritu de cuerpo” , es decir tratando de favorecer a los inculpados porque al fin y al cabo son colegas miembros de las Fuerzas Armadas y de Policía.

Muy difícilmente. dicen los críticos del Fuero, los jueces militares le entregaran los casos a la justicia civil y aún mucho más difícil será que entreguen un inventario completo de las pruebas halladas en el lugar del crimen o que no dejen de modificar a su amaño las escenas de los crímenes.

Lo peor de todas estas situaciones es que aún en caso de que se decida que los casos son de competencia de la Justicia civil los militares y policías implicados podrán recurrir a un tribunal especial en el que la mitad de sus miembros pertenecen a las fuerzas armadas, para que este dirima o decida en última instancia cual sistema judicial, el civil o el militar, tendrá su cargo el proceso respectivo.

Completando el cuadro de ventajas la nueva Ley ordena que con cargo al presupuesto del Estado se creen equipos de abogados cuyo trabajo será asumir la defensa de los militares y policías inculpados o procesados por algún delito.

El presidente Santos , su ministro de Defensa y los Altos mandos militares celebraron la aprobación de la nueva ley afirmando que así se les garantizaban sus derechos a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policías que según ellos venían siendo conculcados, ignorados, por una Justicia civil parcializada y prejuiciado ideológicamente contra esas instituciones. Además, con estas garantías, los militares según el presidente perderían el miedo para enfrentar a las organizaciones criminales porque de ahora en adelante van a tener la seguridad de que no van a ser procesados “injustamente” por cumplir con su deber “como sucede hoy en día”.

En realidad lo que se viene para el país en los próximos años tras la expedición de esta nueva ley es toda una serie de demandas en los tribunales internacionales de Justicia contra el Estado colombiano por los muchos delitos y violaciones a los derechos humanos que serán ignorados, minimizados, tergiversados o manipulados en los procesos que emprenda la Justicia Penal militar. En la práctica parece que estuviera empezando a operar una mala copia de la llamada “Justicia transaccional” que a cambio de asegurar la Paz para un país acepta la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los integrantes de los Ejércitos, cuerpos de seguridad y organizaciones armadas irregulares que han tomado parte en un conflicto bélico, en una guerra como la que ha sufrido nuestro país en estos años.

En la petrohistoria

El actual alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, es, sin duda alguna, uno de los políticos intelectualmente más brillantes que tiene el país. En años pasados como senador y líder del “Polo Democrático” en el Congreso denunció y desenmascaró con valor las relaciones existentes entre el gobierno Uribe y los grupos paramilitares actitud que le ganó amenazas y persecuciones del régimen de esa época.

Se separó del “Polo” argumentando que sus directivas habían asumido una actitud complaciente con los manejos corruptos y clientelistas del anterior alcalde de la capital, Samuel Moreno, y creó su propia organización política “Progresistas” a nombre de la cual se presentó como candidato a las elecciones de alcalde del 2011. Con habilidad aprovechó la división de los candidatos afines o aliados del gobierno nacional y con solo el respaldo del 32% de los electores logró un triunfo que meses atrás parecía imposible.

En el ejercicio de la alcaldía ha tenido una gestión bastante accidentada, bastante polémica. Tratando de aplicar un programa de carácter progresista ha impulsado propuestas que han tenido resultados positivos como la del control de armas dentro de la población civil, el subsidio de agua potable para los estratos más pobres, el salvamento de los hospitales públicos y la puesta en práctica de un sistema de salud más preventivo que curativo, entre otras.

Pero en otras propuestas ha fallado o demostrado que él y parte de su equipo carecen de las habilidades gerenciales para concretar en obras los programas que se escriben en el papel. Por ejemplo, sobre la construcción del Metro para Bogotá no ha tenido una posición clara al respecto avalando inicialmente unas propuestas y luego deshechándolas por otras. Pero tal vez el caso donde más se percibió esa falta de habilidad gerencial de Petro fue en el manejo de los contratos para la recolección de las basuras en la ciudad.

Inicialmente el alcalde anunció la creación de una empresa oficial que tomaría a su carguen el mes de diciembre el manejo de la recolección de todas las basuras en la ciudad una vez se vencieran los contratos que la alcaldía tenía vigentes con cuatro empresas de concesionarios privados. Incluso a alguno de estos concesionarios como William Velez, gran amigo del ex presidente Uribe, lo acusó de tener alianzas con grupos paramilitares en el país.

Para realizar su proyecto Petro comprometió los recursos económicos y logísticos de la Empresa de Acueducto de Bogotá, asegurando que no se presentarían traumatismos para la ciudadanía en el empalme de los dos sistemas de recolección de las basuras. Pero los cálculos del alcalde fallaron lamentablemente y por unos días Bogotá se vió invadida de basuras y el precario esquema de recolección de la nueva empresa oficial se hizo tan evidente que Petro y sus asesores tuvieron que echar para atrás los planes iniciales y negociar apresuradamente unos acuerdos para comprometer a los antiguos concesionarios en la recolección de las basuras en ciertas zonas de la capital.

Sobra decir que los grandes medios de radio, televisión y prensa le dieron el máximo despliegue al error del alcalde y crearon un clima hostil al mandatario en un buen sector de la opinión pública. De esta manera le hacían un gran favor político a los muchos enemigos que tiene Petro y que desde que se posesionó han estado conspirando contra su gestión en la alcaldía.

Esto explica que a muy pocos días de este suceso dirigentes del Uribismo como el representante Miguel Gómez hubieran lanzado una campaña para revocarle el mandato a Petro y que desde la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría se hubieran abierto investigaciones contra el alcalde y algunos de sus funcionarios por los supuestos abusos de poder y despilfarros de dineros públicos cometidos no solo en el problema de la recolección de las basuras, sino en otras gestiones administrativas.

En esta persecución a Petro y a su gestión existe una alianza tácita, encubierta, entre Uribistas y Santistas. La razón de esa alianza es muy simple; Petro, no ha ocultado su ambición de llegar a la presidencia de la república y una revocatoria por voto popular o una destitución del actual cargo no solo lo eliminaría de cualquier posibilidad a la presidencia sino que sería un golpe muy contundente para la izquierda colombiana en una coyuntura especial en la que es posible que grupos guerrilleros como las FARC se reintegren a la lucha electoral y quieran sacarle dividendos al proceso de paz.

Tal vez la opción que más le convendría a Petro sería la de enfrentar una votación por su revocatoria ya que en este terreno electoral se mueve con mucha agilidad y un posible triunfo suyo lo reencaucharía políticamente y le daría más alas para sus futuros proyectos.

MOVIMIENTO POPULAR

Los costos de la guerra

La guerra, el conflicto político militar que sufrimos los colombianos desde hace varias décadas ha tenido unos costos altísimos no solo en el respeto de los derechos humanos de la población civil , sino en la construcción de una sociedad más equitativa y justa donde las posibilidades de tener una vida con dignidad y acceso a la educación, la cultura, al libre desarrollo de la personalidad no sea un privilegio de una minoría afortunada.

Veamos algunas cifras ilustrativas sobre los costos actuales de la guerra.

Con cada uno de los aviones “supertucano” que usa la fuerza aérea en sus bombardeos y cuyo valor está en 17 mil millones de pesos= 9,4 millones de dólares, se podría construir un colegio para mil estudiantes.

Con cada hora de vuelo de un helicóptero “Black Hawk” que cuesta $ 7.800.000 = 4.300 dólares se podría pagar un año de educación pública para 5 niñ@s.

Con el valor de un fusil Galil que cuesta $2.070.000= 1.150 dólares se puede comprar o una trompeta, o dos violines o cinco tambores para educar en la música a grupos de niñ@s en el país.

El año pasado el presupuesto estatal para los gastos de defensa subió a 23 billones de pesos= 12.700 millones de dólares. Esto quiere decir que el gasto de defensa por cada colombiano equivale anualmente a $ 495.901= 275 dólares.

De cada 100 mil habitantes en Colombia 9 hacen parte de las Fuerzas Armadas. El promedio para América Latina es de 3 por cada 100 mil habitantes.

De cada 100 mil habitantes en Colombia , 616 son soldados y 355 son policías. En el mundo el promedio es de 400 soldados y policías por cada 100 mil habitantes.

Mientras hay más de 450 mil miembros de las Fuerzas Armadas y de policía en Colombia, solo existen 330 mil maestros pagados por el Estado.

Hay 85.452 soldados profesionales en el Ejército. Se llaman profesionales porque ganan un sueldo por combatir. El costo anual de cada uno de estos soldados es de 29 millones de pesos= 16.100 dólares. Con ese dinero se podría pagar la educación pública anual de 18 niñ@s en el país. En otras palabras con lo que cuesta el sostenimiento de todos los soldados profesionales en Colombia , se podría pagar la educación pública de 1.538.000 niñ@s en nuestro país.

En Colombia hay un soldado por cada 4 kilómetros cuadrados, mientras que en Latinoamérica la proporción es de un soldado por cada 17,4 kilómetros cuadrados.

La reparación de una torre de energía volada por un atentado cuesta 100 millones de pesos= 550 mil dólares. Con el costo de reparación de 2 torres de energía se puede montar toda una Orquesta Sinfónica Juvenil.

El año pasado el Estado colombiano pagó 31 mil millones de pesos = 17, 2 millones de dólares en recompensas a informantes que colaboraron para capturar o dar de baja a jefes de grupos armados ilegales. Con ese mismo dinero se hubieran podido construir 2 colegios para mil estudiantes cada uno.

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