Colombia

Coyuntura abril – junio

Félix Posada Rojas

28/06/2010

Opinión

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ECONOMÍA

La seguridad endeudada

El gobierno Uribe deja a su sucesor unas finanzas públicas en déficit, profundamente endeudadas. Este año el déficit o faltante en el presupuesto del gobierno se calcula en no menos de 20 billones de pesos= 10 mil millones de dólares. Este faltante debe sumarse a los que se han venido acumulando en años anteriores gracias a la política de gastos desbordados de la llamada “seguridad democrática” que básicamente se ha centrado en la compra de armas y el aumento del llamado “pie de fuerza” del Ejército, la Policía y demás componentes de las Fuerzas militares creyendo que este es el camino adecuado para terminar el conflicto político militar que sufre el país desde hace más de cincuenta años.

En efecto desde el año 2002 al presente la administración Uribe ha gastado más de 120 billones de pesos= 60 mil millones de dólares en el aparato militar del Estado. De unos 280 mil integrantes que las fuerzas militares tenían en el 2002 ahora en el 2010 ese total llega a 456 mil. El 56% de los salarios que en la actualidad paga el gobierno nacional están destinados al pago de los integrantes de esas fuerzas de seguridad. Sobra decir que con esos mismos 60 mil millones de dólares se hubieran podido crear más de 700 mil puestos de trabajo en un país donde los desempleados y los subempleados suman más de 8 millones de personas.

O se hubieran podido construir más de 1 millón de viviendas para sectores populares en una nación que en la actualidad tiene un déficit o faltante de más de 1.600.000 de ese tipo de casas y de apartamentos.

Los 60 mil millones de dólares gastados en el aparato militar del Estado no han sido suficientes para garantizar la llamada “seguridad democrática” en muchas partes del país. En departamentos como Cauca, Nariño, Caquetá, Huila, Arauca, por ejemplo, los grupos guerrilleros siguen manteniendo presencia y control en algunas zonas que se presumía habían sido recuperadas por las fuerzas del Estado.

Las nuevas bandas criminales, nombre con el cual los funcionarios del gobierno insisten en nombrar a los grupos paramilitares reorganizados, mantienen igualmente su presencia en regiones importantes del territorio nacional como el nordeste de Antioquia, Urabá, Alto y Bajo Sinú en Córdoba, los Llanos Orientales, Nariño, etc.

Entre el 2002 y el 2008 el gasto militar creció más del 43%, mientras que al mismo tiempo disminuía la inversión social en educación y salud. De hecho el presupuesto de este año 2010 señala un hecho insólito en la historia de Colombia. Por primera vez en mucho tiempo el presupuesto de gastos militares supera al presupuesto dedicado a la educación en una clara muestra de las verdaderas prioridades o intereses del gobierno que termina su mandato.

De otro lado y para completar este círculo vicioso el gobierno apoyó un modelo económico perverso que nos ha convertido en exportadores de minerales como el petróleo, el carbón, el oro de las cuales solo se benefician las empresas extranjeras que controlan esos negocios y una minoría de contratistas y políticos corruptos que se lucran de las regalías o utilidades que los extranjeros entregan al Estado colombiano.

Los dólares recibidos por la exportación de estas materias primas han revaluado el peso colombiano haciendo poco competitivas por su alto valor en dólares las exportaciones de la industria colombiana en los mercados internacionales. La pérdida de estos mercados se ha traducido a su vez en la pérdida creciente de empleos productivos en Colombia. No en vano nuestro país tiene una de las tres tasas más altas de desempleo en América Latina.

Para tratar de disfrazar en parte el empobrecimiento acelerado de una buena parte de la población el gobierno acudió a multiplicar los programas “asistencialistas” como el de “Familias en acción” que se reducen a la entrega de unas “limosnas” o subsidios a familias en la pobreza con las cuales solo se logra fortalecer una relación paternalista de dependencia y sumisión entre el bondadoso donante, en este caso el propio presidente, y los agradecidos beneficiados.

Estos programas cubren ahora a más de 1 millón y medio de familias y para su sostenimiento el gobierno apeló a nuevos préstamos externos que siguen agravando el endeudamiento estatal y han resultado claves para asegurar el éxito político de los candidatos Uribistas.

En otra variante del modelo económico perverso implantado por el gobierno saliente, las grandes empresas nacionales e internacionales recibieron en estos años exenciones o perdones de los impuestos que legalmente debían pagarle al Estado con el pretexto de estimular la confianza inversionista. En los últimos años el Estado dejó de recibir no menos de 11 billones de pesos= 5,5 billones de dólares.

Este dinero que el gobierno regaló a los inversionistas es el que luego ha tenido que salir a buscar en forma de nuevos préstamos con la banca nacional e internacional.

Mientras tanto, fenómenos como el desempleo y la extrema pobreza se convertían en realidades permanentes, crónicas de nuestra sociedad. En el 2009 , por ejemplo, el ingreso mensual real de los hogares colombianos cayó un 2%, al mismo tiempo que Colombia era clasificado después de Brasil como el país menos equitativo de América Latina, es decir donde las distancias entre los muy ricos y los muy pobres son más grandes.

En Brasil el 10% más rico se queda con el 50,6% de los ingresos. En Colombia el 10% más rico se queda con el 49,1%, mientras el 10% más pobre debe conformarse con el 0,9%. En Venezuela, país del que tanto se habla y al que tanto se critica en los grandes medios de comunicación colombianos, los porcentajes son más equitativos puesto que el 10% más rico se queda con el 36,8% de los ingresos.

Peligro, territorio minado

Los principales recursos minerales del país le han sido entregados por el gobierno saliente a los inversionistas extranjeros en una serie de contratos que resultan “leoninos” o demasiado perjudiciales para los intereses del Estado Colombiano.

En el petróleo, por ejemplo, las compañías del exterior controlan el 60% de la producción del combustible. La canadiense “Pacific Rubiales” es la empresa dueña del yacimiento más rentable , que está ubicado en Puerto Gaitán, departamento del Meta y está produciendo actualmente 112 mil barriles por día. Se calcula que el año entrante podrá aumentarse esa producción a 200 mil barriles.

La “Pacific” también explota yacimientos de gas natural en el departamento de Sucre y el proyecto es vender en el 2011 parte de ese gas colombiano en Panamá y Centro América.

Mientras tanto la compañía norteamericana “Occidental” continúa explotando los pozos de Caño Limón en el departamento de Arauca, limítrofe con Venezuela, con una producción diaria de 87 mil barriles. Y en el departamento vecino de Casanare los ingleses de la “BP” y los franceses de la “Total” comparten la explotación del yacimiento de Cupiagua que produce unos 69 mil barriles.

El año pasado el primer renglón de exportaciones del país fue el minero aportando cerca del 50% del total de los dólares que ingresaron al país por ventas de bienes y servicios al exterior. Y dentro del minero el producto más importante fue el petróleo que generó más de 12 mil millones de dólares en ventas. Sin embargo, de ese dinero solo le quedó al Estado colombiano un 20%, es decir, unos 2.600 millones de dólares en calidad de regalías. El resto pasó a engrosar las utilidades de los empresarios extranjeros, los mismos a quienes el gobierno de nuestro país les ofrece exenciones de impuestos y todo tipo de facilidades tributarias para consolidar la “confianza inversionista”.

En el carbón, del cual Colombia es el primer exportador en América Latina, se presenta una situación similar en cuanto al control de los yacimientos y exportaciones por parte de las compañías del exterior. Las minas más productivas se ubican en los departamentos de Cesar y Guajira en la Costa Atlántica y son propiedad de empresas que a su vez aparecen en el listado de las que controlan la explotación y venta de minerales en el mundo como la Australiana Billinton, las suizas Glencore y Xtrata, la norteamericana Drummond , entre otras.

Las condiciones en que se efectúa la extracción, transporte y embarque del carbón no pueden ser más nocivas para la conservación de las fuentes de agua, de los bosques, de las playas afectadas por este comercio y para las ciudades y poblaciones que son víctimas del mismo.

En los municipios presuntamente favorecidos con las regalías del carbón las redes clientelistas y corruptas de la política se han encargado de malversar esos dineros dejándole a las poblaciones locales una herencia de obras públicas mal diseñadas, peor terminadas o dejadas sin concluir, además de redes de servicios públicos incluyendo educación y salud inexistentes o claramente deficitarias.

Las regalías que recibe el gobierno nacional por las exportaciones de carbón en algunos contratos corresponden a solo el 2% de las utilidades totales del negocio, lo que en palabras más llanas equivale a la legalización que los actuales gobernantes hacen del verdadero saqueo que vienen efectuando con este y otros recursos naturales del país los grandes consorcios o empresas transnacionales.

La exportación de oro es otro negocio que está tomando fuerza en la economía nacional. Este año se calcula que se exportará oro por valor superior a los 1.400 millones de dólares superando con esta cifra los dólares que nos dejará la exportación de café que hasta hace unos años era el producto base de nuestras finanzas.

Los principales yacimientos de oro se encuentran en poder de compañías canadienses como la “Medoro” o la “Greystar”. La “Medoro” compró las minas de Marmato (Caldas) desalojando a no menos de 600 mineros artesanales que se ganaban la vida con ese oficio. Los nuevos trabajos que ofrecen los canadienses son transitorios y a esto se agrega que la compañía extranjera pretende trasladar el casco urbano del municipio a otro lugar para poder explotar las vetas de oro que hay en el subsuelo a cielo abierto, con grave riesgo para el medio ambiente de la región. Este traslado de un pueblo que tiene más de 470 años de historia costaría no menos de 50 mil millones de pesos= 25 millones de dólares que seguramente terminará pagándolos el Estado Colombiano.

La “Medoro”, de otro lado se hizo al control de los yacimientos que pertenecían a la antigua empresa “Frontino Gold Mines” en el nordeste de Antioquia por 200 millones de dólares, desconociendo los derechos que en la misma tienen los antiguos empleados y pensionados de la “Frontino”.

Mientras tanto otra empresa canadiense “GreyStar” insiste en sacar adelante el proyecto de explotación de oro “Angostura” ubicado en el municipio de California (Santander) en unas tierras del páramo de San Turbán a más de 3 mil metros de altura. Muy poco le importa a los directivos de la compañía canadiense arrasar con el frágil ecosistema de ese páramo que es el proveedor de agua potable para decenas de municipios de la región.

Un caso similar es el que presentan los ingleses de la “Ashanti” quienes quieren explotar los yacimientos de Cajamarca en el departamento del Tolima sin importarles el daño que puedan causar a los bosques y a las fuentes de agua de esa zona montañosa de la cordillera central que abastecen de ese líquido a las gentes de la región.

Curiosamente estas compañías que en nuestro país se muestran interesadas tan solo en enriquecerse rápidamente con los recursos que puedan extraer de nuestro territorio sin importarles los daños ecológicos y los problemas sociales que generen con sus negocios, son las mismas que en sus países de origen como Canadá se muestran respetuosas de la legislación que allí controla y protege a la naturaleza e impide que se cometan los atropellos y abusos que en países como el nuestro cometen con la complicidad de las autoridades locales.

Esto explica, entre otras cosas, que El Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia goce del apoyo de los grandes partidos políticos de ese país que representan los intereses de las empresas mineras canadienses y que su aprobación en el Parlamento Canadiense esté próxima a darse. Los negocios tan rentables que los empresarios canadienses hacen en Colombia han hecho que el Primer Ministro Canadiense, el conservador Stephen Harper considere a Alvaro Uribe uno de sus mejores socios y amigos en América Latina.

El 90% de la inversión extranjera que entró al país en el 2009 estuvo centrada en las explotaciones mineras. Esta tendencia ha continuado en el 2010 y con ella se hace visible la progresiva “desindustrialización” de la economía nacional.

En estas condiciones estamos abandonando la posibilidad de crecer y mejorar los niveles de vida de la población a través del montaje de industrias de alta tecnología que crean empleo productivo y estamos optando en cambio por un modelo que no genera empleo estable , que depreda o daña la naturaleza y que nos condena a ser víctimas de un sistema político corrupto que enriquece con el manejo de las regalías o utilidades de las exportaciones mineras a un pequeño sector de privilegiados quienes se convierten en amos y señores de la voluntad popular en sus departamentos.

La ley del embudo

Un mercado laboral tan precario como el colombiano ofrece muy pocas oportunidades a los jóvenes que se encuentran entre los 14 y los 26 años de edad. En efecto , cifras oficiales hablan de un desempleo entre los jóvenes que supera el 22,3%. En otras palabras, más de 1.200.000 jóvenes se encuentran desempleados y en esas condiciones fácilmente son atraídos a todo tipo de actividades ilegales y criminales.

En los barrios populares de las grandes ciudades proliferan las pandillas, bandas o milicias de todo tipo y condición, desde las que pretenden tener un ideario político , ser seguidoras de un equipo de fútbol o de un estilo de vida importado de los países ricos del mundo hasta las que se identifican con jefes o carteles de la mafia del narcotráfico.

Cada año hay 500 mil colombianos que entran a competir en un mercado laboral que no les ofrece oportunidades para el presente y el futuro, porque está condicionado por un modelo económico que prefiere la exportación de materias primas a la verdadera industrialización del país.

En ese modelo sectores como el bancario son los netos ganadores. En los primeros cuatro meses de este año, los bancos del país han registrado utilidades por más de 3, 4 billones de pesos= 1.700 millones de dólares, mientras al mismo tiempo crecen las tasas de desempleo y de subempleo o “rebusque” en las ciudades.

La tasa de desempleo nacional para el mes de abril llegó al 12,2%, la más alta tasa de desempleo de los últimos cinco años. En algunas ciudades este porcentaje aumenta notablemente. Por ejemplo en Pereira el desempleo alcanza al 21,5% de la población trabajadora; en Pasto al 16,9%; en Medellín al 14,9%; en Cali al 13,5%.

En general estas cifras de desempleo están bastante “maquilladas” porque no se suelen contar como desempleados a las personas que se cansaron de buscar trabajo o a algunas que desempeñan tareas de típico “rebusque”. Las tasas reales de desempleo en el país deben estar bordeando el 20% y las del subempleo más del 50%. Es decir que de cada 10 personas en capacidad de trabajar, 2 están desempleadas, 5 se encuentran en el “rebusque” y solo 3 tienen un empleo estable y con seguridad social.

Esta realidad va de la mano con la excesiva concentración de la riqueza que se presenta en el país. Un ejemplo es el llamado “Grupo Empresarial Antioqueño”, el grupo financiero e industrial más fuerte del país. Este grupo tiene propiedades en Colombia y en el exterior por más de 40 billones de pesos= 20 mil millones de dólares. Al mismo tiempo el país tiene cerca de 22 millones de personas que ganan menos de $10.000 por día= 5 dólares por día.

Las utilidades de las grandes y medianas empresas colombianas en el 2009 sumaron unos 21 billones de pesos= 10.500 millones de dólares. En total tuvieron ingresos por más de 333 billones de pesos= 166 mil millones de dólares. El 75% del capital de estas empresas está controlado por un estrecho círculo de unas 400 o 500 personas.

Entre tanto, el 20% más pobre de nuestra población, unos 9 millones de personas, tuvieron ingresos por cabeza de menos de $ 4 mil por día= 2 dólares por día.

Al mismo tiempo es visible la progresiva “desnacionalización” de nuestra economía. De las 10 empresas que más dinero ganaron en el 2009, 8 son propiedad de extranjeros y 5 están vinculadas al sector minero. Las utilidades que generan estas empresas se van para el exterior lo que en la práctica convierte a Colombia en un país exportador de los capitales o dineros que urgentemente necesita para desarrollarse efectivamente.

La escasez de trabajos bien pagados como fruto del modelo exportador minero ha convertido al sector público, a las administraciones nacionales y locales en los principales empleadores del país en la mayoría de los departamentos. Esto explica la importancia e influencia de los políticos clientelistas en las regiones y como esa influencia se traduce en apoyos incondicionales a los líderes que les garantizan a ellos y a sus clientelas el disfrute de los cargos públicos, el manejo de los contratos para construir obras o proveer servicios o bienes a las instituciones del Estado y la dirección de los programas asistencialistas a los sectores más pobres de la población.

El presidente Uribe, quien tuvo una larga historia como político clientelista en el departamento de Antioquia, ha manejado con habilidad esta maquinaria corrupta de las prebendas y los contratos a los políticos amigos , convirtiéndose así en el gran “patrón” o “padrino” de un sistema de compra y venta de favores con los dineros y los bienes públicos que le han asegurado a él y a sus aliados un gran potencial de votos cautivos en el país como se comprobó en las pasadas elecciones presidenciales.

POLÍTICA

La lógica del miedo y el clientelismo

El triunfo holgado del candidato oficialista Juan Manuel Santos en la segunda vuelta presidencial pareció ser una consecuencia lógica de los resultados bastante sorpresivos de la primera vuelta.

En efecto el triunfo de Santos en la primera vuelta presidencial resultó sorpresivo para la mayoría de los observadores por la gran ventaja en votos que consiguió sobre su rival más cercano, el candidato del Partido Verde, Antanas Mockus.

En esta primera vuelta Santos obtuvo el 46,7% de la votación, mientras Antanas debió conformarse con el 21%. La sorpresa surge de los pronósticos que todas las empresas encuestadoras venían haciendo y que hablaban de “un empate técnico” entre estos dos candidatos.

Mockus parecía estar capitalizando la inconformidad de grandes sectores de la ciudadanía, especialmente de las llamadas clases medias, con la desbordada y rampante corrupción del régimen del presidente Uribe. Esta corrupción se había hecho aún más notoria en los últimos meses con las investigaciones y acusaciones de la Fiscalía contra altos funcionarios del gobierno implicados en la organización de tareas de espionaje e intimidación contra líderes de la oposición, defensores de derechos humanos y los propios miembros de la Corte Suprema de Justicia desde la policía o agencia de seguridad presidencial, el “DAS”.

O con nuevas acusaciones que surgían contra parientes muy cercanos del presidente como su hermano Santiago a quien algunos testigos sindicaban de haber liderado grupos paramilitares en el departamento de Antioquia.

Sin embargo, el triunfo holgado de Santos, a los ojos de Uribe y de sus aliados es visto como un verdadero “espaldarazo” o voto de confianza que el electorado da a su discutida gestión desde la presidencia del país. Este voto de confianza también parece indicar que las mayorías del país han terminado por aceptar no solo en su vida diaria , sino en la vida política de Colombia la cultura del “todo vale”, que no acepta restricciones éticas, ni controles sociales para lograr los resultados que los individuos y los grupos sociales se propongan conseguir.

Esta cultura triunfante ha justificado la alianza de los políticos Uribistas con el paramilitarismo y con las mafias del narcotráfico , el asesinato sistemático de civiles presentados falsamente como guerrilleros por parte de miembros de las fuerzas armadas, la persecución e intimidación a los opositores del régimen, el enriquecimiento con los dineros públicos y en general el ejercicio descarado del clientelismo en todas las instancias o sectores del gobierno nacional a cambio de la presunta seguridad que ese gobierno le ha dado al país y en especial a los empresarios y hacendados , debilitando el poder de las guerrillas marxistas que en épocas anteriores habían puesto en jaque la misma estabilidad del Estado.

En el triunfo de Santos, sin duda alguna influyeron los siguientes factores:

a) Una estrategia de campaña de Santos dirigida a explotar las debilidades, incoherencias e inconsistencias en que cayó reiteradamente Antanas al tratar ciertos temas en los debates en la radio y en la televisión, en declaraciones a los medios o en las manifestaciones de plaza pública. Esta estrategia fue liderada por asesores internacionales expertos en estos manejos de “la guerra sucia” en las campañas electorales de Estados Unidos y de América Latina.

Los errores resultaron bien costosos electoralmente hablando. Por ejemplo, Mockus cayó en la trampa de afirmar que si se presentara una acusación de un tribunal internacional “extraditaría” a Uribe. O de declarar que los médicos debían ganar salarios mensuales por el orden del millón de pesos mensuales = 500 dólares ante la quiebra del sistema de salud en el país. También se vio precisado a aclarar que era Católico y no ateo como la propaganda de sus adversarios afirmaba.

En todas estas aclaraciones y polémicas se fue desgastando la imagen y el mensaje inicial del candidato, que hablaban de un nuevo camino político para el país.

El hecho de anunciar que crearía más impuestos a pocos días de la elección sin especificar que tipos de impuestos y quienes lo pagarían “asustó” sin lugar a dudas a pequeños y medianos empresarios que optaron por cambiar su intención de voto.

Los estrategas de Santos promovieron la imagen de un Antanas que podía exponer al país con un gobierno suyo a un verdadero “salto al vacío” donde se perdería la seguridad conseguida bajo el mandato de Uribe y la guerrilla volvería a retomar su protagonismo político.

Esta lógica del miedo la transmitieron con relativa eficacia en muchos sectores populares

b) El mensaje de Mockus no llegó a los sectores populares. Quedó centrado en las clases medias de las grandes ciudades, en grupos estudiantiles y académicos y no se conectó con la población de las ciudades intermedias, de la Costa Atlántica, de las zonas campesinas donde la maquinaria clientelista se impuso sin mucha dificultad.

Expresiones como “la vida es sagrada”, o “la legalidad democrática” por ejemplo, necesitaban una mayor explicación para que fueran entendidas en su real dimensión en los sectores populares. Antanas no fue concreto y específico en las políticas que su gobierno aplicaría a muchos de los problemas que agobian a la sociedad colombiana.

c) El presidente Uribe intervino descaradamente en la campaña estigmatizando o a- tacando a los candidatos que estaban proponiendo el desmonte de su modelo autoritario de gobierno. La maquinaria clientelista funcionó bien aceitada desde el gobierno con la colaboración de los jefes políticos Uribistas en las regiones que apelaron a todo tipo de trucos desde la compra del voto hasta sembrar el miedo en los electores difundiendo, por ejemplo, informaciones falsas sobre la terminación de los programas asistencialistas en caso de ganarle la elección los candidatos opositores al candidato oficialista.

d) El triunfalismo ante los buenos resultados que se estaban presentando en las encuestas contagió a muchos de los dirigentes del Partido Verde y al propio Mockus haciéndoles creer que podrían ganar la presidencia sin recurrir a alianzas o convergencias con otros grupos o movimientos políticos.

Fruto de ese triunfalismo fue el rechazo desafortunado que Antanas hizo de la oferta de coalición que el candidato de izquierda Gustavo Petro le hiciera en determinado momento de la campaña con miras a la segunda vuelta, argumentando que “Petro todavía apoya algunas teorías que justifican la violencia social”.

Este comentario avivó a su vez las críticas que un gran sector del partido de Petro , “Polo Democrático” , tenía contra Mockus a quien calificaban como un neoliberal disfrazado de pedagogo y educador cívico pero básicamente de acuerdo con el modelo económico capitalista vigente.

Después de la derrota en la primera vuelta, Petro a nombre del Polo insistió en presentarle a Mockus una propuesta de acuerdo mínimo sobre cinco puntos fundamentales que de haber sido aceptada por el Partido Verde hubiera arrastrado la mayor parte de la votación de la izquierda a favor de su candidato.

El Polo presentó una serie de propuestas razonables en políticas de salud, de educación, tratamiento a las víctimas del conflicto, defensa de los derechos humanos y política internacional.

Precisamente este punto fue el que ocasionó el rechazo de los Verdes al acuerdo. El Polo pedía que Mockus como presidente se comprometiera a desmontar las siete bases militares norteamericanas que Uribe instaló en el país y a asumir una política independiente en las relaciones internacionales. Mockus y los verdes encabezados por Enrique Peñalosa se negaron a aceptar la petición de desmonte de las bases argumentando que “eran necesarias para el país en el combate contra el narcotráfico y la guerrilla”.

Las diferencias ideológicas entre uno y otro partido no podían ser más tajantes. Quedaba claro que el Partido Verde en el fondo era un partido de centro-derecha con un núcleo de ideas conservadoras que no le permitían mayor afinidad con la izquierda democrática.

Todo este rifirrafe sin duda alguna perjudicó las posibilidades de la candidatura de Antanas para enfrentar en segunda vuelta a Santos, quien contó no solo con el apoyo de la maquinaria oficial, sino también con la mayoría de electores que en primera vuelta habían preferido apoyar a otros candidatos como Vargas LLeras, Noemí Sanín o Rafael Pardo.

¿Quien es él?

La candidatura de Antanas avanzó muy rápido en las encuestas gracias a una serie de factores favorables que se conjugaron incluso para crear la imagen de un posible triunfo del partido Verde en la primera vuelta.

Entre esos factores podemos citar:

a) El cansancio y la inconformidad que sectores de la población especialmente dentro de la clase media sentían ante un gobierno como el de Uribe que terminaba sacudido por múltiples escándalos de corrupción representando un modelo clientelista de la política que se oponía a los valores de transparencia en el manejo de los recursos públicos y de respeto a las leyes y a las normas que debían regular la vida del país.

b) Así mismo , la alianza entre los ex alcaldes de Bogotá Mockus, Peñalosa y Garzón en el Partido Verde y la posterior incorporación del ex alcalde de Medellín , Fajardo, dio motivo para que muchos ciudadanos pensaran en que era posible otra manera de hacer política en el país, sin odios, ni polarizaciones excluyentes y con un manejo honesto y eficiente de los dineros públicos.

c) De otro lado, el Polo que en el 2006 con la candidatura de Carlos Gaviria copó o se llevó los votos del electorado independiente y del llamado “centro “ político en esta ocasión presentaba un notorio desgaste fruto de las tensiones entre los diferentes sectores del partido. De hecho el ex alcalde Garzón había salido del partido y había optado por vincularse al partido Verde buscando esos espacios de “centro” o moderados que según él ya no eran posibles dentro del Polo.

La alcaldía de Samuel Moreno en Bogotá también había creado polémicas en el propio Polo. Algunos dirigentes acusaban a su gestión de haber caído en el vicio del clientelismo político y a esto se sumaba la feroz campaña de descrédito contra el Polo y el alcalde que se hacía desde los principales medios de comunicación.

En esas circunstancias la candidatura de Mockus se encontró con un camino abonado para captar el apoyo de muchos de los sectores que en el país deseaban un cambio hacia una política más incluyente, sin odios, transparente en el manejo de los recursos del Estado, respetuosa de los derechos de la oposición y que pudiera reestablecer las buenas relaciones con los países vecinos.

Mockus es básicamente un conservador moderado, con algunas ideas relativamente liberales en temas como la educación, los derechos y las libertades ciudadanas. En lo económico es partidario del modelo neoliberal que favorece los intereses de los grandes empresarios en la ciudad y en el campo. Frente al conflicto político militar en la práctica comparte la alternativa Uribista de no promover ningún diálogo con las guerrillas hasta que estas no acepten su derrota y la legalidad del Estado.

Esto explica que se haya acercado al presidente tras la primera vuelta para persuadirlo de que ‘el también podía darle continuidad exitosa a las políticas de “Seguridad Democrática”.

Al mismo tiempo es firme defensor de los derechos de las minorías étnicas, religiosas , sexuales , de las mujeres , de nuevos modelos educativos que le den prioridad a la inversión en ciencia y tecnología y de políticas claras del Estado en defensa del medio ambiente.

En otras palabras, Mockus encaja perfectamente en las ideas del “centro político”, no es un progresista amigo de reformas sociales a las estructuras del país, pero tampoco un defensor total del proyecto conservador y autoritario que ha liderado Uribe desde el 2002 y que ahora encarna Juan Manuel Santos.

Los otros artistas

La polarización que las encuestas hicieron de la campaña presidencial en la primera vuelta al crear la imagen en el electorado de que solo las candidaturas de Santos y de Mockus tenían opciones reales de triunfo perjudicó enormemente los intereses de otros candidatos como Gustavo Petro y Vargas Lleras. Los resultados que estos lograron se convirtieron en un serio mentís para las firmas encuestadoras que los habían descartado de cualquier opción en la elección.

Petro, fue sin duda alguna, el candidato que brilló en los diferentes debates hechos en radio y televisión por la lucidez, competencia y dominio que mostró al tratar los diferentes temas de la realidad colombiana. Fue el candidato que se atrevió a plantear sin ambigüedades las relaciones criminales existentes entre paramilitarismo, terratenientes, gobierno y violencia social y el que ofreció alternativas diferentes para enfrentar la bancarrota del sistema de salud o la creación de empleo productivo en el país. Cuestionó el modelo neoliberal existente en la economía y habló de asumir la salud, la educación, la vivienda no como mercancías, sino como derechos sociales de la ciudadanía.

Petro a pesar de los ataques abiertos y encubiertos del gobierno y sus aliados logró convertirse en la Costa Atlántica en el candidato más votado detrás del oficialista Santos. La Costa es la región del país que ha sufrido con mayor intensidad los efectos del desplazamiento forzado de campesinos, las masacres y asesinatos cometidos por los grupos paramilitares y por esa misma razón es muy significativo el resultado electoral de Petro en esos departamentos.

Con más de 1.300.000 votos y cerca del 10% de la votación nacional, Petro no solo se ha ratificado como uno de los líderes más destacados en la política del país, sino que le ha permitido al “Polo” mantener su protagonismo desde la oposición que se había puesto en duda tras el resultado obtenido en las elecciones parlamentarias en las cuales el partido no alcanzó el millón de votos.

De su lado, Germán Vargas Lleras, líder del Partido “Cambio Radical” y uno de los dirigentes más destacados de la derecha colombiana salió fortalecido de estas elecciones al ocupar un sorpresivo tercer lugar con casi el 11% de la votación nacional y más de 1.500.000 votos cuando las encuestas le daban en el mejor de los casos el 5% o el 6% del total.

Vargas, quien respaldó las dos elecciones anteriores de Uribe se rebeló ante el intento del presidente de reelegirse por tercera vez consecutiva promoviendo un referendo constitucional. La rebelión de Vargas y el lanzamiento de su candidatura disidente dentro del Uribismo le hicieron caer en desgracia ante Uribe, quien en represalia le quitó todas las cuotas de poder en el gobierno y maniobró para dividir y debilitar su partido.

Vargas en los debates demostró ser un candidato serio, informado, independiente frente al actual gobierno y con un programa político consecuente con sus ideas conservadoras en materia de orden público y neoliberales moderadas en lo económico.

Desde ahora, Vargas LLeras ha quedado ubicado como el gran rival del presidente Santos en su posible reelección en el 2014 dentro de los partidos y movimientos en que se divide la derecha colombiana.

Los grandes derrotados de la campaña fueron los candidatos del partido Conservador, Noemí Sanín y del partido Liberal, Rafael Pardo Rueda.

Noemí, otra disidente del Uribismo que se opuso abiertamente a un tercer mandato del presidente ganó la candidatura del Conservatismo venciendo en una consulta popular muy reñida al ex ministro Andrés Felipe Arias. Arias, aliado de Juan Manuel Santos, en represalia contra Noemí saboteó la campaña de esta y promovió la deserción de sus seguidores hacia la candidatura oficialista, lo que debilitó aún más el trabajo electoral de la candidata.

Noemí, quien por tercera vez aspiraba a la presidencia, se mostró imprecisa, llena de lugares comunes en los debates en radio y televisión y nunca pudo imprimirle dinámica y credibilidad a su campaña. Con unos 900 mil votos y cerca del 6% de la votación total será muy difícil que pueda revivir como candidata en futuras elecciones y mucho menos conservar su liderazgo dentro de un Conservatismo que se alió con Santos para la segunda vuelta ilusionado en no perder la abundante cuota burocrática que ha tenido en los dos gobiernos de Uribe.

Rafael Pardo, es un hombre preparado académicamente con un buen historial en sus actuaciones como funcionario y líder político. Desde hace varios años ha sido un firme opositor de muchas de las políticas Uribistas en materia de derechos humanos, reparación a las víctimas de la violencia, lucha contra la corrupción y el paramilitarismo.

Sin embargo, nunca pudo conectarse emocionalmente con su electorado. Su imagen demasiado adusta, demasiado seria, demasiado académica y la falta de temas o de ideas que tuvieran atractivo, “agarre”, entre los votantes lo marginaron a un lánguido sexto lugar con el 4% de la votación total del país en lo que ha sido el peor resultado electoral del partido en los últimos 100 años.

De hecho buena parte de los congresistas liberales abandonaron a Pardo en plena campaña y se aliaron “por debajo de cuerda” con Santos argumentando que este candidato era de origen liberal y que el partido no podía seguir otros cuatro años por fuera de los privilegios y gabelas del poder estatal.

En síntesis las elecciones presidenciales mostraron, entre otros, los siguientes aspectos:

a) El debilitamiento de los dos partidos tradicionales, Liberal y Conservador, y el surgimiento de una nueva estructura de partidos representando las diferentes tendencias ideológicas de la vida política nacional.

b) Los sectores conservadores Uribistas se fortalecen en el poder con la renovación de la alianza entre el Partido de la “U”, el Conservatismo, Cambio Radical y otras agrupaciones menores, alianza que viene desde hace varios años y que se consolida en el nuevo gobierno de Santos. En la práctica han formado un bloque derechista que aspira a perpetuarse en el poder mediante la apelación al clientelismo, el apoyo irrestricto a los intereses de los grandes empresarios y el rechazo visceral a cualquier proyecto que plantee la resolución pacífica del conflicto político militar que sufre el país. A este bloque se han sumado la mayoría de los congresistas liberales que no desean estar en el “desierto” de la oposición otros cuatro años.

Esta alianza es la reedición del antiguo “Frente Nacional” que gobernó excluyentemente al país entre 1958 y 1974.

c) A su vez grandes sectores de las clases medias inconformes con la visión autoritaria y el manejo corrupto y clientelista del bloque derechista en el poder han encontrado en partidos relativamente nuevos como el Verde , una plataforma para participar con relativo éxito en la vida política del país promoviendo una visión de la política y de lo público que resulta innovadora en Colombia en algunos temas , pero que en general tiene una característica conservadora moderada.

d) El Polo Democrático a pesar de las tensiones y fricciones que se presentan entre sus diferentes sectores continúa siendo un proyecto viable de la izquierda civilista, con credibilidad en amplios sectores populares, que puede constituirse en alternativa de poder en los próximos años en el país si ante todo se logra conservar la unidad del partido.

Un dato para tener en cuenta: Recordemos que más del 50% de los electores se pronunciaron en primera vuelta en contra de la candidatura de Juan Manuel Santos y que hay un bloque de votantes opuestos al proyecto del Uribismo que oscila entre el 35% y el 40% del electorado.

La seguridad burocrática

Juan Manuel Santos, es un político hábil y experimentado. Ha transitado por diferentes grupos políticos siempre en procura de lograr su máxima ambición, la presidencia de la república. En esta búsqueda no ha vacilado en traicionar a unos y a otros demostrando muy pocos escrúpulos a la hora de hacer volteretas y conspiraciones.

Pertenece a una de las familias de la élite Bogotana y es descendiente del ex presidente Eduardo Santos. Su familia ha sido la dueña del principal periódico colombiano “El Tiempo” y su primo Francisco ha sido el vicepresidente de Uribe.

Mientras Uribe es un hacendado del departamento de Antioquia con una visión ideológica conservadora, autoritaria y excluyente de la oposición, Santos representa a esa oligarquía urbana que tradicionalmente ha dominado la vida política del país. Aunque de convicciones conservadoras, Santos es un político más flexible, más pragmático, más propenso a plantear acuerdos y negociaciones con sus adversarios.

Esta actitud la demostró al haber anunciado después de haber ganado la primera vuelta electoral su intención de formar un gobierno de “Unidad Nacional” donde según él podrían caber todos los partidos y movimientos incluyendo al propio “Polo Democrático”.

La oferta fue aceptada en un santiamén por los jefes del Partido Conservador que a pesar de haber sostenido de labios para afuera la candidatura de Noemí Sanín, estaban en su mayoría acompañando a Juan Manuel Santos. Más que acuerdos ideológicos con Santos lo que verdaderamente les importa es no perder “la seguridad burocrática”, es decir todo el pastel de cargos públicos, contratos y dineros del Estado de los que han venido disfrutando en la era de Uribe.

El gobierno Santos, con algunas diferencias de matices, continuará el proyecto político de Uribe. Seguirá la confrontación militar con los grupos guerrilleros y el desbordado gasto en armas y pie de fuerza que su antecesor venía haciendo; la dependencia política con los Estados Unidos tampoco cambiará sustancialmente. Como también es muy difícil que se modifiquen las conflictivas relaciones con el gobierno venezolano de Chávez.

El modelo minero exportador y la protección incondicional a los grandes empresarios continuarán imponiéndose en la economía con muy ligeras variantes haciendo insolucionable el problema del desempleo a pesar de las promesas del propio Santos de crear durante su gobierno dos millones de puestos de trabajo.

A través de su vicepresidente, Angelino Garzón, Santos tratará de ganarse el favor de sectores del movimiento sindical y de la izquierda en el país, como de hecho ya lo logró para la segunda vuelta electoral.

Es muy posible que se intente cambiar la Constitución del 91 por otra abiertamente autoritaria y conservadora. Así mismo, también es muy probable que se reduzcan los poderes de la Corte Suprema de Justicia y que se apruebe que el Fiscal sea nombrado por el presidente sin ninguna participación de las cortes en ese nombramiento.

Pero también seguramente a Santos le tocará afrontar los posibles procesos judiciales internacionales en que pueda verse vinculado el ex presidente Uribe como fruto de las violaciones sistemáticas que en su gobierno se hicieron contra los derechos humanos y en las cuales él nuevo presidente también tiene su parte de responsabilidad como ministro de la defensa de Uribe.

La politiquería, la corrupción y el clientelismo seguirán apoderados del poder del Estado como hijos pródigos de la cultura del todo vale, de la cultura del atajo y de la trampa en la que parecen identificarse buena parte de la antigua clase empresarial y los “nuevos ricos” del país.

MOVIMIENTO POPULAR

La tierra pa’ mis socios

El gobierno Uribe insiste cínicamente en afirmar a través del vicepresidente Francisco Santos que durante su mandato se protegieron los derechos de la oposición y de las minorías, se respetó el trabajo de los defensores de los derechos humanos y se redujeron notablemente los asesinatos a sindicalistas y líderes de las organizaciones sociales.

Sin embargo, las realidades de los derechos humanos en el país son muy diferentes a ese cuadro maquillado que pinta el vicepresidente. De un lado, el propio Estado a través de su policía política, el “DAS” promovió operaciones sistemáticas de seguimiento, intimidación y difamación a los dirigentes de la oposición , a los defensores de los derechos humanos, a periodistas independientes y a los propios miembros de la Corte Suprema de Justicia a quienes se consideraba enemigos del presidente . Más aún , el mismo DAS como ha sido denunciado por varios testigos bajo la administración de Jorge Noguera, un amigo cercano de Uribe, se puso al servicio de los grupos paramilitares de la Costa Atlántica y compartió con ellos informaciones de inteligencia que culminaron en el asesinato de destacados intelectuales y líderes sindicales de esa región del país.

Del otro lado, Ministerios como el de Agricultura financiaron con préstamos y legalización de tierras a empresarios aliados de grupos paramilitares y mafiosos en regiones como Urabá en los departamentos del Chocó y Antioquia. Estos empresarios se apoderaron de las tierras ancestrales de las comunidades afroamericanas asesinando y desplazando a sus legítimos propietarios para montar extensos cultivos de palma de aceite. El aceite de palma según el Tratado de Libre Comercio firmado con los Estados Unidos podría entrar a ese país libre de impuestos y de aranceles, o sea, se convertiría en una fuente de enriquecimiento asegurada para quienes tuvieran cultivos de esta especie y esto explica el que hayan continuado los procesos de expulsión violenta de campesinos de sus tierras en muchas regiones del país.

Tribunales internacionales como la Corte Interamericana se pronunciaron sobre estos atropellos y le exigieron al gobierno colombiano la devolución de las tierras a las comunidades afro americanas y una protección especial a sus integrantes.

Pese a estos llamados el gobierno con su habitual falta de escrúpulos optó por dividir políticamente a algunas de esas comunidades y aliarse con una minoría de los líderes para supuestamente devolverles las tierras que les habían sido robadas, cerca de 26 mil hectáreas. La Corte Constitucional colombiana enterada de estas situaciones anómalas ordenó la suspensión de las falsas devoluciones, mientras la Fiscalía procedía a expedir órdenes de captura contra 23 empresarios agrícolas de la región de Urabá comprometidos en robos de tierras, masacres y desplazamientos de campesinos y en la financiación y organización de grupos paramilitares.

Uribe, entre tanto, fiel a su talante insistía en presentar a las ONGs y grupos de derechos humanos que han defendido los derechos de las comunidades afroamericanas en Jiguamiandó y Curvaradó en el Chocó como enemigos de las instituciones y promotores de la subversión en esa región.

Sobra decir que en muchos departamentos del país se han multiplicado las amenazas e intimidaciones para los defensores de los derechos humanos y para los líderes de las organizaciones sociales que, por ejemplo, están luchando por la devolución de las tierras que les fueron arrebatadas por los paramilitares y los grandes hacendados. En algunos casos esas amenazas han terminado en el asesinato de los líderes como ha ocurrido por ejemplo en Córdoba, Sucre, Antioquia donde los nuevos grupos “paracos” han retomado el control territorial y las acciones criminales en contra de la población civil.

En efecto , en estos últimos días fueron asesinados Rogelio Martínez en San Onofre (Sucre) , Albeiro Valdés en Necoclí (Antioquia) y Alexander Quintero en el Cauca , que se suman a la lista de más de 45 dirigentes campesinos asesinados desde que arrancaron la mal llamada ley de “Justicia y Paz” y los procesos de restitución de tierras a los campesinos que fueron expulsados de sus parcelas por los grupos al servicio de los grandes hacendados. En la actualidad unos 214 líderes de esos procesos de restitución están en grave riesgo de seguridad.

En las barriadas pobres de ciudades como Bogotá se han multiplicado en meses recientes los asesinatos de jóvenes a quienes los grupos paramilitares que ejecutan esas matanzas acusan de ser drogadictos, ladrones, violadores, pandilleros. Esta mal llamada “limpieza social” se realiza en muchas ciudades con el apoyo o complicidad por acción u omisión de los cuerpos de seguridad estatales.

En un círculo vicioso horrible los grupos que hacen esta limpieza se convierten en dueños y señores de las comunidades imponiendo su ley y sus acciones criminales a la población como los cobros de cuotas de seguridad a los comerciantes y transportadores, las extorsiones generalizadas a los vecinos, la apropiación de casas y locales y la expulsión de sus residentes, el control del microtráfico de droga, etc.

Este tipo de seguridad hace parte también de la herencia que deja el mandato Uribista en el país. No es extraño, entonces, que en este período unas 70 organizaciones sociales que trabajan por la Justicia y la vigencia de los derechos humanos en Colombia hayan recibido panfletos amenazantes por parte de grupos que se hacen llamar “Águilas Negras”, o “Comando conjunto de limpieza” en los cuales se les exige desistir o renunciar a ese trabajo social porque se oponen “al desarrollo y a la seguridad del país”.

En el plano internacional el relator de las Naciones Unidas en su informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia recalcó que las ejecuciones extra-judiciales o asesinatos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas o “falsos positivos” como se los conoce en los medios obedecieron a un modelo o patrón sistemático, es decir no fueron crímenes improvisados por unas cuantas “manzanas podridas” del Ejército como el gobierno Uribe ha repetido una y otra vez.

Al mismo tiempo madres y familiares de las víctimas de estos asesinatos enviaron una solicitud formal a la Corte Penal Internacional para que entre a investigar estos delitos de lesa humanidad ante las trabas, las dilaciones y las dificultades que se vienen presentando en el sistema judicial colombiano para procesar y castigar a los autores materiales e intelectuales de esa cadena de crímenes.

Un punto de esperanza ante la impunidad es la reciente condena a treinta años de prisión que un tribunal de Bogotá dictara contra el Coronel Plazas Vega como autor de la desaparición de varias personas que salieron vivas del Palacio de Justicia en 1985 tras la retoma que hicieran del mismo las tropas bajo su mando.

Sobra decir que la sentencia fue rechazada por el presidente, los militares y los sectores más derechistas del país quienes están desarrollando una campaña sistemática de descrédito y difamación contra el poder Judicial colombiano mostrando su valiosa independencia como una señal de complicidad con la subversión y el terrorismo.

Te odio y te quiero

La violencia de género, la violencia que los varones ejercen en esta cultura machista contra las mujeres es otra variante trágica de los odios y enfermedades que se han venido sembrando en un tejido social tan descompuesto como el de nuestra sociedad. Lo peor es que aunque estos crímenes han venido aumentando en el país , en los medios de comunicación se insiste en presentarlos bajo el nombre de “crímenes pasionales”, pasando por alto las verdaderas causas de los mismos , que radican en buena parte en el desprecio con que la cultura autoritaria y patriarcal que predomina en Colombia mira a la mujer y la manera como se desconocen y vulneran sus derechos y su dignidad.

De los 50.058 casos de violencia intrafamiliar que se reportaron ante el Instituto de Medicina Legal en el 2009, en el 88% de ellos las víctimas eran mujeres que terminaron golpeadas o maltratadas por sus compañeros, esposos o novios. Entre los motivos que originaron esos maltratos se citan los celos, el alcoholismo, la infidelidad, razones económicas, el machismo, la intolerancia.

Los departamentos donde hay mayores denuncias de maltratos son Antioquia, Cundinamarca y Valle. Lo curioso es que la mayoría de estos casos se presentan contra mujeres que trabajan, que generan ingresos económicos para sus familias.

Cada 4 días es asesinada una mujer en Colombia. Entre el 2002 y el 2008 se presentaron 6.603 feminicidios o asesinatos de mujeres, siendo las jóvenes entre los 20 y los 24 años de edad el grupo más afectado por este delito. Más del 30% de estos asesinatos se cometieron en la propia casa de las víctimas.

Las cifras también revelan un preocupante aumento de las agresiones sexuales o violaciones contra las mujeres. Mientras en el 2004 la tasa de mujeres violadas era de 34 por cada 100 mil habitantes, en el 2008 esa tasa subía a 71.

El 40% de las violaciones ocurrieron en la casa de las víctimas y el 37% de las mismas fueron cometidas por un familiar.

Llegar a la llamada “tercera edad” no libra tampoco a las mujeres de ser agredidas. Entre el 2004 y el 2008 se registraron 2.623 casos de violencia contra mujeres mayores de 60 años de edad. Lo insólito es que en el 40% de estos casos los agresores fueron los propios hijos de las víctimas.

Sin duda alguna, el modelo autoritario, excluyente e intolerante que se ha venido fortaleciendo en estos años desde la dirección política del Estado tiene también mucha responsabilidad en que la violencia de género contra las mujeres venga aumentando tan sensiblemente en el país.

- Revista Encuentro No. 127, CEPALC.

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