ECONOMÍA

POR UN PUÑADO DE VOTOS

La caída estrepitosa de la economía colombiana no es solo consecuencia de la crisis que viven Estados Unidos, la Unión Europea o el Japón. Es también el resultado de un modelo que promovió a lo largo de estos años las inversiones especulativas de los capitalistas nacionales e internacionales en sectores como la minería o las finanzas que crean poco empleo productivo y a la larga terminan fortaleciendo las redes clientelistas y corruptas a través de las cuales se maneja el Estado colombiano.

De un modelo que, también, favoreció con exenciones o perdones de impuestos a los principales empresarios bajo el supuesto falso de que así se favorecería la creación de empleo en el país. Muchas de las grandes empresas que están en Colombia han firmado o vienen firmando los llamados “contratos de estabilidad o seguridad jurídica” con el gobierno, que les garantizan que no se les cobraran en los próximos años muchos de los impuestos actuales como el famoso impuesto de patrimonio o de guerra con el cual se ha venido financiando durante el gobierno Uribe buena parte de las compras de armas para las Fuerzas Militares .

Estas exenciones o perdones suman ya más de 3 billones de pesos= 1.360 millones de dólares, el equivalente a toda una reforma tributaria.

Y a este mecanismo de los contratos debe sumársele el de las Zonas Francas o áreas industriales y comerciales especiales que el gobierno ha autorizado a crear en varias regiones con el fin de promover las exportaciones y que también están exentas, libres de la mayor parte de los impuestos ordinarios.

Mientras a los grandes empresarios se les reducen sustancialmente los impuestos, del otro lado los gastos del gobierno continúan creciendo en la medida que se acerca la próxima elección presidencial y Uribe y sus socios necesitan “aceitar” la maquinaria clientelista del Estado para asegurarse con subsidios y contratos el apoyo de muchos de los votantes. Esta descompensación entre impuestos que se reducen a los empresarios y gastos que aumentan en el gobierno busca resolverse de la misma manera que se han resuelto en gobiernos anteriores crisis parecidas: Descargando sobre la clase media, los pequeños y medianos empresarios y los sectores populares en general el pago de los impuestos que se le han perdonado a los grandes consorcios financieros e industriales.

Esta realidad explica porque uno de los dos hombres más ricos del país, Luis Carlos Sarmiento, propietario del 25% del capital bancario de la nación, esté reclamando que el impuesto de guerra sea convertido en un impuesto permanente que tendrían que pagarlo todos los ciudadanos por igual y no como hasta ahora sucedía solo los grandes empresarios. Sarmiento alega que el éxito de las políticas de seguridad del actual gobierno beneficia por igual a pobres y a ricos y que en consecuencia todos, también por igual, deberían colaborar con el mismo.

Lo que calla astutamente el magnate es que la “Seguridad Democrática” del actual gobierno ha servido no solo para multiplicar las ganancias de industriales, banqueros y hacendados, sino también para arrebatarle garantías y ventajas laborales a los trabajadores, abaratando el costo de la mano de obra bajo el pretexto de ofrecerle a los inversionistas el mejor clima de negocios posible.

La guerra, entonces, no solo la seguirían haciendo los soldados de los pobres, sino que también la pagarían esos mismos pobres con sus impuestos. Desde que este impuesto entró a operar se han recaudado unos 8 billones de pesos= 3.600 millones de dólares, suma que se ha gastado en la compra de helicópteros, aviones de combate, lanchas patrulleras, fusiles, mientras al mismo tiempo ha venido disminuyendo progresivamente el gasto social del Estado en educación, salud y vivienda.

En efecto, mientras este año el gasto militar real subirá a más de 20 billones de pesos= 9.100 millones de dólares, el gobierno invertirá 19,5 billones de pesos en la educación= 8.860 millones de dólares.

De otro lado, las tasas de desempleo y de subempleo o “rebusque” siguen aumentando a tal punto que más del 60% de la población trabajadora del país carece de un empleo con las mínimas condiciones de estabilidad y seguridad social.

Más de 25 millones de personas en el país tienen sus necesidades básicas insatisfechas y ganan menos de $ 150.000 por mes= 68 dólares. Entre tanto, unas 4 millones de personas ganan un promedio de $ 6 millones por mes= 2.700 dólares, en un claro contraste que refleja la profunda inequidad social que se ha establecido en nuestra nación.

A MIS AMIGOS LA COPA LLENA

Los grandes empresarios del país y del exterior tienen razones suficientes para encontrarse satisfechos con el gobierno de Uribe y desear una nueva reelección del actual presidente. Las ganancias que el sector bancario, por ejemplo, ha obtenido y sigue obteniendo a pesar de la crisis de la economía, muestran sin dejar lugar a dudas que el actual modelo neoliberal ha funcionado para garantizar no solo la defensa, sino también el fortalecimiento de sus riquezas.

El año pasado los bancos que operan en Colombia tuvieron utilidades netas de más de 4 billones de pesos= 1.800 millones de dólares y este año los primeros resultados indican que las ganancias serán bastante parecidas.

La explotación de recursos naturales como el carbón y el petróleo por parte de empresas extranjeras les está dejando utilidades enormes a sus dueños. Por ejemplo, “Carbones del Cerrejón”, un consorcio europeo que explota las principales minas de carbón de la Guajira en la Costa Atlántica, declaró ganancias en el 2008 por más de 1,3 billones de pesos= 591 millones de dólares.

Las petroleras British Petroleum y Occidental que extraen el combustible de los pozos de Casanare y de Arauca, tuvieron ganancias de 1,7 billones de pesos= 770 millones de dólares.

De todas estas utilidades que registra la explotación del carbón y del petróleo al Estado colombiano en su conjunto solo le queda un promedio del 10% de las mismas. La parte del león es para los empresarios extranjeros que con razón aplauden a un gobierno que se comporta tan generosamente con sus inversiones.

Este gobierno que privatizó completamente los servicios de salud en el país ha contribuido a la creación de gigantescas empresas en ese sector que han crecido gracias a la explotación que han hecho no solo de los usuarios, sino del personal médico y paramédico que emplean. Empresas como “Saludcoop”, “Coomeva”, “Salud Total” y “Colsánitas” tuvieron ventas en el 2008 por más de 5,8 billones de pesos= 2.600 millones de dólares y utilidades que se acercan a los 61 mil millones de pesos= 27 millones de dólares.

Entre tanto más de 5 millones de personas carecen de cualquier servicio de salud en el país y muchos de los usuarios que pagan sus contribuciones mensualmente deben someterse a un humillante proceso de trámites, ruegos y apelación a los jueces de la república para que se les presten los servicios y tratamientos a que tienen derecho.

Gran parte de la popularidad que tiene el presidente es fruto del respaldo incondicional que las dos grandes cadenas de radio y televisión y sus dueños le han brindado convirtiéndose de hecho en un aparato incondicional de propaganda de la gestión del gobierno. Y no es para menos, en vista de las grandes ganancias que vienen obteniendo gracias al control monopolista que vienen ejerciendo desde hace varios años en esos medios de comunicación.

Los canales de televisión “RCN” y “Caracol” tuvieron ventas en el 2008 por más de Un billón de pesos= 450 millones de dólares y utilidades por cerca de 71 mil millones de pesos= 32 millones de dólares.

En Radio las mismas cadenas “Caracol “y “RCN” tuvieron ventas por más de 270 mil millones de pesos= 122 millones de dólares y ganancias netas por cerca de 29 mil millones de pesos= 13 millones de dólares.

Todo esto demuestra que el modelo económico aplicado por el gobierno es un modelo basado en privilegios, exenciones de impuestos y garantía del control monopolista de los mercados para un grupo muy reducido de empresarios, que a su vez se han convertido en defensores incondicionales del presidente y de su proyecto de reelección.

En la medida que este modelo clientelista neoliberal se profundiza se hace más y más profunda la brecha entre una minoría de población que disfruta de todas las comodidades y ventajas posibles y una mayoría que ve cerradas las oportunidades de trabajo y de progreso económico y que tiene que ingeniarse cientos de maneras para tratar de sobrevivir en un ambiente social cada vez más hostil y despreciativo de las condiciones de pobreza y de exclusión que deben soportar millones de ciudadanos en el país.

No en vano Colombia está clasificado por las Naciones Unidas como uno de los 11 países más desiguales del mundo. En efecto, solo unas 400 personas tienen el control efectivo del 75% del capital financiero y comercial que circula en la nación. De la misma manera que solo unos 2.300 grandes hacendados, muchos de ellos vinculados al paramilitarismo y al narcotráfico, tienen el control de más del 53% de la tierra en el país.

A LOS POBRES LAS SOBRAS

Cuando el actual presidente, Álvaro Uribe, se posesionó en el 2002 el porcentaje de la población que se encontraba en la pobreza llegaba al 58% aproximadamente. Hoy esa tasa puede estar llegando al 65%, aunque el gobierno habla ilusamente de porcentajes del 45% tratando de pasar por alto hechos tan manifiestos como el aumento del desempleo en el país en estos últimos años.

Algunos estudios hablan de la pérdida de más de 500 mil empleos en nuestra economía desde el año 2004 y aseguran que en la práctica no se han creado nuevos empleos productivos y estables durante la administración Uribe en sectores tan importantes como el industrial.

Antes bien lo que ha habido es lo que los técnicos llaman una “precarización” del empleo o en otras palabras el aumento del subempleo o “rebusque” con su carga de inseguridad económica e inestabilidad laboral. Este aumento del subempleo se ha dado tanto para las personas con educación universitaria, como para las que escasamente saben leer y escribir. La crisis de la economía en estos meses con la parálisis de sectores claves como el de la construcción ha reforzado la presencia del “rebusque” en el mercado laboral.

El gobierno aunque ha hablado de aumentar el gasto público para promover la construcción de carreteras, avenidas, puentes y otras obras públicas que generen de nuevo empleo en el país, por ahora se ha contentado con ampliar los programas de subsidios en dinero a la población más pobre que administra directamente la presidencia de la república y que le sirven a Uribe para ganarse una base social, una clientela que favorezca con sus votos los proyectos de una nueva reelección.

No menos de 3 millones de familias harán parte de estos programas paternalistas en el 2010 cuando se elija al nuevo presidente, programas que le costarán al Estado alrededor de 3 mil millones de dólares y que condenan a los “favorecidos” a depender permanentemente de las limosnas oficiales.

En realidad para enfrentar la crisis actual y combatir con eficacia el desempleo, como lo han explicado muchos analistas se necesitaría en primer lugar aumentar el gasto público, el gasto del gobierno no solo para hacer carreteras, puentes, sistemas de transporte en las ciudades, sino también para otorgar crédito fácil y barato a la pequeña y a la mediana industria que constituyen el sector que puede crear un mayor número de empleos productivos en el país.

Además urge la democratización de la propiedad agraria, de las tierras que se encuentran acaparadas por hacendados vinculados al paramilitarismo, que se han lucrado del desplazamiento forzado de millones de campesinos los cuales han sido condenados a vivir en los cinturones de miseria de las ciudades sin encontrar ningún apoyo real por parte de las autoridades del Estado.

Todas estas alternativas se deberían complementar con fuertes medidas de protección a la producción agrícola e industrial del país frente a los productos extranjeros, para asegurar, de un lado, la estabilidad de los empleos creados y, del otro, la acumulación de capital, del dinero necesario para fortalecer un proceso de desarrollo autónomo en el país, como los que en décadas anteriores tuvieron naciones como Corea del Sur y Japón.

En otras palabras, se necesitaría cambiar el modelo o proyecto neoliberal clientelista que profundiza y prolonga históricamente nuestra dependencia y atraso social.

Pero el gobierno Uribe, por el contrario, ha insistido en las mismas políticas que llevaron al presente fracaso y, más aún, ha solicitado un préstamo, una hipoteca ante el Fondo Monetario Internacional por más de 10 mil millones de dólares para asegurar la continuidad del proyecto neoliberal.

Esto explica que se insista en firmar Tratados de Libre Comercio no solo con los Estados Unidos, sino con la Unión Europea y Canadá, tratados que favorecen notablemente los intereses de los empresarios extranjeros y ayudan a desmantelar sectores productivos de nuestra industria.

Los Europeos, por ejemplo, están exigiendo que sus empresas farmacéuticas tengan el monopolio de venta de sus productos por más de 20 años impidiendo así la producción de las llamadas drogas “genéricas”, de bajo costo, que fabrican los laboratorios nacionales. Igualmente exigen reducciones significativas de impuestos para toda una serie de artículos que ellos producen, muchos de los cuales arruinarían a las empresas colombianas.

A cambio Colombia podrá exportar bananos, aceites vegetales, azúcar de caña, frutas exóticas, cultivos que están en manos de los grandes terratenientes y consorcios agroindustriales quienes se han beneficiado en estos años de la sangrienta contrarreforma agraria que han impulsado con la acción criminal de las bandas paramilitares.

De esta manera seguiremos como en el siglo 19 dependiendo de la exportación de materias primas agrícolas y mineras para participar en la economía mundial y tendremos que olvidarnos de cualquier proyecto que pretenda darle una base tecnológica y autónoma a nuestro aparato productivo.

POLÍTICA

EL RETOÑO DEL PATRIARCA

El presidente Uribe y sus más cercanos asesores se han comprometido en una abierta campaña para tratar de perpetuarse en el poder. Pasando por encima de todo tipo de consideraciones legales y éticas el ministro del Interior, Fabio Valencia, ha liderado la aprobación del texto del referendo en el Congreso que propone una nueva reelección del actual mandatario.

Para lograr esa aprobación ha tenido que apelar a todo tipo de trucos y de entregas clientelistas para “alinear “a los congresistas de los partidos Uribistas en las respectivas votaciones de la Cámara y del Senado. Además por encima de las objeciones de los partidos de oposición que están en minoría en el Congreso, Valencia y sus aliados hicieron oídos sordos a los problemas jurídicos que creaba el cambio del texto original del referendo que fue aprobado en la Cámara e impusieron otra versión en el Senado donde se aclaraba que la nueva reelección del presidente Uribe sería para el período 2010 a 2014.

La conciliación entre los dos textos, contra todos los pronósticos fracasó en el Congreso, gracias a las disputas internas entre los sectores Uribistas que acompañan a Vargas Lleras y los que insisten en la reelección a cualquier costo.

Además el temor entre los congresistas por las investigaciones que abrió la Corte Suprema contra los 86 representantes que habían votado a favor del referendo sin duda fue otro factor que paralizó la conciliación.

Habrá que esperar al próximo período de sesiones del Parlamento para saber la suerte definitiva del Referendo, cuyo origen y motivación demuestran la naturaleza corrupta y oscura del mismo.

En efecto, los empresarios y políticos que lo promovieron y que recogieron las firmas que se necesitaban para obligar al Congreso a estudiar su aprobación se equivocaron al redactar el texto del mismo, porque tal como quedó formulado parecía que se pedía la reelección para el período 2014 a 2018 y no para el de 2010 a 2014.

Si el Referendo es aprobado en el Congreso deberá ser revisado por la Corte Constitucional. En esta Corte el presidente ha logrado hacer nombrar un grupo importante de magistrados amigos lo que hace presumir que no será objetado o rechazado por este Tribunal, a pesar de que esta aprobación entraría en contradicción con una sentencia anterior de la misma Corte en el año 2005 cuando aceptó la reelección del presidente solo por una vez.. De darse el visto bueno a este nuevo cambio constitucional harta razón tendría el ex presidente Andrés Pastrana cuando se atrevió a calificar el tribunal como “una corte de bolsillo del presidente”.

Si todo marcha como Uribe y sus asociados esperan, para principios del año entrante se convocaría a la votación popular del referendo. La ley exige que en dicha votación participe un mínimo del 25% de los ciudadanos del país, lo que equivale a unas 7.200.000 personas. No es fácil en las presentes circunstancias de crisis económica y de creciente rechazo a la intención dictatorial de Uribe lograr esa votación.

Sin embargo, el presidente ha demostrado una y otra vez que es un experto clientelista y manipulador de las maquinarias electorales y con la ayuda de sus consejeros más expertos tratará de ambientar en los medios de comunicación un aparato de propaganda favorable a sus intereses.

Lo cierto es que Uribe no las tiene todas consigo. Hay otros factores que se unen en contra de su reelección, entre ellos los siguientes:

a) Sectores empresariales, políticos y periodísticos que han apoyado sus dos primeros gobiernos encuentran completamente desestabilizador para la vida institucional del país un tercer período del presidente en el poder. Como se ha visto en estos años el presidente acabaría de concentrar en su persona el control no solo del poder ejecutivo, sino del legislativo, del judicial, del electoral y de los organismos de fiscalización como la Contraloría y la Procuraduría.

En otras palabras se crearía una dictadura en el país, dictadura que podría a su vez generar una crisis más profunda en el sistema de gobierno con consecuencias imprevisibles para los intereses de los mismos sectores empresariales y políticos que hasta ahora se han visto beneficiados con las políticas Uribistas.

b) Para un gobierno de tendencia liberal como el que preside en Estados Unidos, Barack Obama, resultaría completamente impresentable apoyar una nueva reelección de Uribe, mientras al mismo tiempo ataca a líderes latinoamericanos como Chávez por intentar perpetuarse en el poder. De hecho, funcionarios y ONGs cercanos a Obama han venido expresando su rechazo a una nueva reelección de Uribe.

c) Con su empecinamiento en esta aventura política Uribe está empujando al país a una creciente polarización y a la formación de movimientos políticos que se opongan a su nueva reelección.

De hecho se está conformando una alianza entre dirigentes políticos que se dan a sí mismos el nombre de “independientes”, algunos de los cuales han simpatizado con las políticas de la “Seguridad Democrática “ impulsadas por el presidente. Entre estos líderes se destacan los ex alcaldes de Bogotá Antanas Mockus, Enrique Peñalosa, Luis Eduardo Garzón, la ex ministra de Defensa Marta Lucía Ramírez y el ex alcalde de Medellín, Sergio Fajardo.

Este último lanzó abiertamente su candidatura participe o no Uribe en las próximas elecciones. La buena imagen de su gestión como alcalde, la habilidad con la cual ha sabido manejar su posición de independencia de los partidos políticos tradicionales y el estilo de campaña que viene haciendo con giras y encuentros de convivencia con grupos de base y líderes cívicos de los municipios, han colaborado para que Fajardo aparezca en muchas encuestas como uno de los candidatos con más apoyo dentro del electorado.

En realidad tras la cuidada figura de Fajardo se oculta un político conservador en cuestiones de economía y administración del Estado y a la vez uno de tendencia liberal, progresista, en temas de derechos humanos, conservación del medio ambiente, educación de los sectores populares y defensa de las culturas indígenas o afroamericanas. Sería la pieza de recambio, de repuesto perfecta para que los sectores empresariales que se han visto beneficiados con los gobiernos de Uribe conservaran el control del Estado con la ventaja de tener al frente del mismo un liderazgo aparentemente renovado, amigo del diálogo y enemigo del clientelismo político.

No en vano uno de los grupos empresariales más importantes del país, el llamado “Grupo Empresarial Antioqueño”, es uno de los principales patrocinadores de la campaña del ex alcalde de Medellín.

Así como los “independientes” están acercándose, también lo están haciendo los jefes de los dos partidos más importantes de la oposición, el Liberal, dirigido por el ex presidente César Gaviria y el “Polo Democrático”, liderado por su posible candidato, Carlos Gaviria.

El ex presidente Gaviria, dando muestras de gran habilidad política, ha tratado de atraer hacia su partido a sectores Uribistas que rechazan la nueva reelección de Uribe como el que lidera el ex senador Germán Vargas Lleras. Así mismo, ha puesto en movimiento una consulta popular para escoger al candidato del partido para las elecciones del 2010.

Entre los candidatos inscritos en esa consulta no sobresale ninguno por tener un gran caudal de seguidores o contar con simpatías amplias entre el pueblo raso. Es muy posible que gane la consulta el ex senador Rafael Pardo, hombre inteligente pero sin mucho carisma, que cuenta con apoyo dentro de los círculos empresariales de Bogotá.

Una candidatura de Pardo permitiría a Gaviria el poder gestionar alguna alianza electoral con otros sectores opuestos a la reelección, incluso si esa alianza exige el sacrificio de la propia candidatura de Pardo.

Mientras tanto el Polo, el partido que agrupaba a la izquierda en el país, se dividió en tres sectores tras la realización de su reciente Congreso Nacional. El sector mayoritario respalda la candidatura de Carlos Gaviria e insiste en presentarse con su nombre en la primera vuelta presidencial.

Un sector minoritario encabezado por Luis Eduardo Garzón se vinculó al movimiento de los Independientes. De hecho Garzón renunció oficialmente al Polo y lanzó su candidatura presidencial de “Convergencia Democrática”.

El senador Gustavo Petro, líder del tercer sector, aceptó tras negociaciones de última hora participar en la consulta del Polo para elegir a su candidato presidencial, consulta en la que se enfrentará a Carlos Gaviria.

Garzón y Petro son partidarios de presentar una sola candidatura de todos los sectores que no están de acuerdo con el continuismo Uribista como la única fórmula viable para enfrentar con relativas posibilidades de éxito al candidato del gobierno.
En este planteamiento no les falta razón. En esta posición difieren radicalmente del sector del Polo que acompaña a Carlos Gaviria, sector al que por otra parte acusan de clientelista, dogmático y representativo de la “vieja izquierda” de tendencias antidemocráticas.

Estas acusaciones “subidas de tono” resultan bastante discutibles en el caso de Carlos Gaviria quien es un ex magistrado de la Corte Constitucional y un reconocido demócrata liberal bien alejado de complacencias y apoyos a dictaduras y totalitarismos. Tal vez su gran” pecado” ha sido el de prestar de nuevo su nombre para competir por la candidatura del partido, dando la impresión en algunos sectores de que él predica contra la reelección de Uribe, pero promueve su propia reelección en el liderazgo del Polo Democrático.

¿SERÉ YO MAESTRO?

Mientras se define la posibilidad legal de una tercera reelección del presidente Uribe, sus “coroneles”, es decir aquellos líderes de los partidos que lo respaldan y que aspiran a sucederlo en caso de que no se concrete el proyecto de la reelección, se mueven sigilosamente tratando de ganar apoyos discretamente para su causa.

Dentro del Partido Conservador la campaña para las elecciones del 2010 se destaca por su notable ambigüedad, por su falta de claridad.

De un lado, se ha dado vía libre a una consulta popular para elegir el nombre de su candidato presidencial, pero del otro se apoya el referendo reeleccionista de Uribe. El favorito para la consulta es el ex ministro de Agricultura de Uribe, Andrés Felipe Arias, quien ha ganado espacios en los sectores más conservadores del país por la defensa acérrima que ha hecho de las políticas de “Seguridad Democrática” del actual presidente.

Sin embargo, el propio Arias ha sido enfático en advertir que si Uribe es autorizado a presentarse a una nueva reelección, él renunciaría inmediatamente a su candidatura.

Quizás el más destacado de los jefes Uribistas es el ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. Santos pertenece a una de las familias que tradicionalmente han sido más influyentes en la vida política del país. Varios de sus parientes tienen gran influencia en el principal diario de Colombia, “El Tiempo”, y Francisco Santos, el actual vicepresidente, es primo suyo.

Santos salió del Ministerio con un gran prestigio dentro de los círculos empresariales nacionales, quienes han reconocido su gestión como clave, como muy importante para debilitar a los movimientos guerrilleros, especialmente a las FARC.

Santos ambiciona ser presidente y esa ambición lo ha llevado a colaborar como ministro en los gobiernos de los presidentes Gaviria, Pastrana y Uribe sin guardar después mayores lealtades a sus anteriores jefes. Ahora ha expresado que si el presidente no se lanza a buscar una nueva reelección, él lo hará en nombre de los sectores políticos que se encuentran más identificados con el gobierno de Uribe.

Tal vez su principal rival dentro del Uribismo es el ex senador Germán Vargas, jefe del partido “Cambio Radical”. Vargas, al contrario de Santos, ha expresado sin mayores ambigüedades su rechazo a la reelección de Uribe y este rechazo ha motivado una campaña en su contra hecha por los asesores del presidente que han logrado dividir, fragmentar entre reeleccionistas y antireeleccionistas a “Cambio Radical” debilitando políticamente su imagen y posibilidades electorales.

Entre tanto, para arreglarles las “cargas” a los políticos amigos del gobierno, el Ministro Valencia Cossio hizo aprobar en el Congreso un remedo de Reforma Política. Remedo porque entre otros abusos y privilegios que defiende o patrocina están los siguientes:

a) la Reforma obstaculiza el castigo de la pérdida de las curules a los partidos políticos cuyos parlamentarios sean procesados por la Corte Suprema por alguno de los delitos descritos en el código penal

b) Permite que los congresistas puedan cambiar de partido para las próximas elecciones parlamentarias, medida que favorece la propuesta de varios asesores del presidente de crear un partido único del Uribismo y que puede ayudar a debilitar a partidos como el Liberal o “Cambio Radical” de Vargas Lleras

c) Dificulta la participación en las elecciones de los grupos o movimientos de carácter cívico e independiente. Incluso en un primer texto elevaba el umbral o porcentaje mínimo de votos que los partidos debían obtener para considerar sus votos como válidos en las elecciones del 2% al 3% del total depositado nacionalmente en las urnas

d) Permite que el Estado financie las campañas de los aspirantes al Congreso y más aún ordena que se les entregue un 50% de los dineros correspondientes al inicio de las mismas, sin mayores controles, ni restricciones.

PESCA-DAS EN PALACIO

Una muestra clara del carácter dictatorial que está tomando el régimen Uribista es el papel que el DAS, la policía de seguridad del Estado que depende directamente de la Presidencia, ha cumplido en estos años. De un lado, el primer director del DAS en la era Uribe, Jorge Noguera, se encuentra detenido acusado por la Fiscalía de haber puesto la institución al servicio de los grupos paramilitares y más aún de ser cómplice de varios asesinatos que estos grupos criminales cometieron contra líderes de derechos humanos y sindicalistas en la Costa Atlántica.

Del otro, los sucesores de Noguera en la dirección han sido acusados de haber permitido el montaje de redes de espionaje que interceptaban los teléfonos, los correos electrónicos y hacían seguimiento a los movimientos económicos, a las rutinas diarias de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de sus familiares, de algunos jueces del Consejo de Estado y del Consejo de la Judicatura, de destacados dirigentes de la oposición, de defensores de los derechos humanos y de periodistas que tenían una posición crítica frente al gobierno.

La Corte Suprema de Justicia ha sido víctima de estos operativos como consecuencia del compromiso que ha demostrado en procesar y castigar a los parlamentarios que se han beneficiado o han patrocinado el accionar de los grupos paramilitares. No menos de 80 congresistas han sido procesados o se han visto obligados a renunciar a sus curules a raíz de las actuaciones de la Corte. El 90% de los implicados pertenece a los partidos Uribistas y esto explica la animadversión, la ojeriza que el presidente y sus más cercanos asesores le cargan desde hace unos años a este tribunal.

El escándalo que estas denuncias han despertado ha revelado también nexos o conexiones entre altos funcionarios del Palacio presidencial y miembros de grupos mafiosos y paramilitares. Además algunos informes periodísticos han acusado a varios de esos altos funcionarios de haber impartido las órdenes para hacer las “chuzadas” o seguimientos a los magistrados, los dirigentes políticos y los periodistas.

Las Cortes, incluyendo la de Justicia, la Constitucional, el Consejo del Estado y el Consejo de la Judicatura, han exigido del presidente en varias cartas una explicación clara y satisfactoria al respecto, pero Uribe, haciendo gala de una discreción que en estas materias poco se le conocía, se ha limitado a comentar superficialmente un tema que es de su total incumbencia.

Más aún tratando de aminorar o reducir las consecuencias del escándalo se atrevió a ofrecer una recompensa de 200 millones de pesos = 90 mil dólares, a quien entregue pruebas del autor o autores de los seguimientos, pretendiendo ignorar que el DAS es un organismo que solo le rinde cuentas al propio presidente de la república.

El Fiscal, Mario Iguarán, ha declarado que esta trama de acosos ilegales y abuso del poder policial “tiene un hedor insoportable” y ordenó hacer indagatorias judiciales a los principales funcionarios del “DAS” durante la era Uribe que están comprometidos en la comisión de toda esta serie de delitos.

En realidad lo que espera buena parte de la opinión pública es que las investigaciones de la Fiscalía aclaren cual o cuales funcionarios del Palacio Presidencial ordenaron este esquema de seguimientos, acosos y manipulación ilegal de la información contra magistrados, líderes de la oposición, defensores de derechos humanos y periodistas.

Todo este lío tiene muchas semejanzas con el que se vivió en el Perú en los últimos años de la era Fujimori a raíz de los abusos, chantajes y seguimientos que su asesor de seguridad, Vladimiro Montesinos, organizó para presionar a los dirigentes políticos y a los medios de comunicación a plegarse, a someterse a la voluntad de Fujimori que quería perpetuarse en el poder.

El ejercicio del poder corrompe y este dicho lo comprueban no solo los escándalos del DAS, sino las denuncias que se han presentado contra los dos hijos del presidente, Tomás y Jerónimo, acusándolos de haber hecho tráfico de influencias para lograr la aprobación de una zona franca industrial en el occidente de Bogotá en terrenos que previamente habían comprado y que supuestamente eran de destinación agrícola.

Las denuncias presentadas hablan de utilidades millonarias para los hijos de Uribe y para sus socios en el proyecto logradas en base a decisiones de Ministerios y organismos del Estado.
Más allá de los detalles, lo que estos hechos demuestran a las claras es que sería absolutamente perjudicial para la vida política e institucional del país la continuidad de un gobierno que ha caído en todos estos excesos propios de regímenes dictatoriales.

LA CACERÍA DE BRUJAS

El procurador, Alejandro Ordoñez, ratificando las calificaciones que se habían hecho sobre su identificación servil con el gobierno y el sectarismo ultra conservador que lo caracterizaba, ha iniciado una ofensiva jurídica contra los principales enemigos del gobierno en el Congreso. En primer lugar ha ordenado abrir investigaciones contra senadores como Jorge Robledo, Piedad Córdoba y representantes como Borja bajo la supuesta acusación de que son cómplices de la guerrilla de las FARC y han trabajado desde sus cargos como parlamentarios para favorecer los intereses de la subversión.

Robledo, quien fue el principal acusador en el Senado de los negociados de los hijos del presidente, ha sido durante toda su vida política de militante del antiguo partido “Moir”, un enemigo declarado de la guerrilla y de la lucha armada en el país. Por esto resulta no solo injusto, sino estúpido el proceso que se le quiere montar para anularlo políticamente y crear confusión en la opinión pública sobre las relaciones de la oposición con los grupos subversivos.

Piedad Córdoba ha sido la persona que más se ha comprometido en el país para buscar la liberación de los políticos, militares y policías secuestrados por la guerrilla. El gobierno Uribe, a través del Procurador, parece estar cobrándole los éxitos que ha tenido en esas liberaciones y el protagonismo que se ha ganado como líder de la oposición en Colombia y en el exterior.

Mientras el procurador es diligente en abrir estos procesos contra los enemigos del gobierno mantiene un silencio sospechoso sobre las actuaciones de muchos funcionarios del gobierno nacional que han intervenido descaradamente en la compra venta de votos para asegurar la reelección presidencial o en las maniobras que intentan enlodar el prestigio de la Corte Suprema de Justicia.

Además, desde la Procuraduría se están abriendo procesos contra fiscales que se han atrevido a detener y procesar a militares complicados en delitos violatorios de los derechos humanos, seguramente con el ánimo de intimidar a estos funcionarios y paralizar o desviar la marcha de esos procesos.

MOVIMIENTO POPULAR

ASESINATOS S.A

Pese a las declaraciones evasivas de los altos mandos militares las investigaciones adelantadas por la Fiscalía y las denuncias documentadas hechas por entidades de derechos humanos vienen comprobando la existencia de redes criminales en las Fuerzas Armadas que de manera sistemática venían cometiendo asesinatos contra ciudadanos comunes y corrientes. Estas personas eran, luego, presentadas como guerrilleros caídos en combate.

Estos “falsos positivos” como dieron en llamarlos los medios de comunicación permitían, de un lado, a los oficiales responsables de los mismos ganar ascensos y felicitaciones de sus superiores y a los suboficiales y soldados que los cometían hacerse merecedores a vacaciones especiales y a premios en dinero.

Según las denuncias presentadas se registraron más de 1.700 asesinatos bajo esta criminal modalidad, lo que demuestra que no eran hechos aislados por parte de unas cuantas “manzanas podridas” como han querido disfrazarlos los altos mandos militares, sino unos procedimientos que se habían convertido en una rutina establecida en muchos batallones y brigadas en el país.

Para conseguir a las víctimas, los militares implicados en estos asesinatos se valían de grupos de delincuentes que las reclutaban en distintas ciudades del país ofreciéndoles engañosas oportunidades de trabajo y de ganancia económica. Pero no pocas veces las víctimas fueron, también, personas que tenían enfermedades mentales o padecían de dificultades para el aprendizaje y la vida social.

El ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos y el presidente entendiendo la gravedad de esta trama criminal quisieron librar responsabilidades destituyendo en meses pasados a 28 oficiales del Ejército que tenían mando en algunos de los batallones comprometidos en estos delitos. Pero lo cierto es que como últimos responsables de esa cadena de mando ellos no podrán eludir a la Justicia Internacional si la Justicia colombiana fracasa o solo investiga parcialmente este proceso sistemático de asesinatos cometidos por agentes o representantes del Estado.

Muchos analistas comentan que las mismas exigencias de resultados efectivos en la lucha contra la guerrilla que el presidente y los altos mandos de las fuerzas armadas venían haciéndole a los subalternos crearon el ambiente propicio para que se presentaran estos “falsos positivos”. Según esas investigaciones, el ex comandante del Ejército, el general Mario Montoya, había impuesto a sus oficiales que como prueba de su eficacia en la guerra contra la subversión le rindieran informes donde aparecieran el número de guerrilleros caídos en combate.

Y estas exigencias se reprodujeron después, en forma perversa, a lo largo de toda la cadena de mando hasta llegar a los soldados que formaban el grueso de las tropas del Ejército.

El informe del relator de las Naciones Unidas, Philiph Alston, quien recientemente visitara al país, no deja dudas sobre el carácter sistemático, planificado, que tuvieron estos asesinatos “extra judiciales” y la responsabilidad que el Estado colombiano tiene en estos operativos criminales.

Entre tanto, tal como se pronosticaba, la ley de víctimas presentada por congresistas de la oposición, tuvo un entierro de tercera categoría en el Senado. El gobierno se opuso radicalmente a esta iniciativa, porque, entre otros puntos, planteaba que hubiera una perfecta igualdad en los procesos de reparación e indemnización a todas las víctimas incluyendo a las víctimas de los agentes o representantes del Estado.

El gobierno proponía en cambio que solo podría entregársele una indemnización a las víctimas de los agentes del Estado después de haber demostrado en un proceso judicial la plena responsabilidad de los funcionarios en el hecho criminal que se denunciaba. Y este procedimiento largo y costoso en la práctica evitaría que el Estado tuviera que responder económicamente por los desafueros y delitos de sus representantes fueran ellos civiles o militares.

Lo insólito del entierro del proyecto es que ya Cámara y Senado habían aceptado en el proceso de conciliación el texto de la oposición, pero por órdenes terminantes del presidente las mayorías Uribistas en el Senado se vieron obligados a rechazarlo.

El presidente alegó que pagar las indemnizaciones a las víctimas del Estado le representaría al gobierno un pago de 82 billones de pesos= 40 mil millones de dólares, pago que, según él, quebraría a las finanzas públicas. Sin embargo, esa gigantesca cifra parece traída de los cabellos porque de un lado las indemnizaciones no tendrían que pagarse de una vez en un solo año y de la otra el gobierno ha probado que para favorecer a sus amigos en cuestiones económicas no tiene límites, ni escrúpulo alguno.

Este gobierno que mezquina, que elude este tipo de indemnizaciones que deberían pagársele a las víctimas de los crímenes que cometen sus representantes, es el mismo que no vacila en conceder exenciones millonarias de impuestos y todo tipo de concesiones económicas a los grandes empresarios que “nos hacen el honor” de invertir sus capitales, sus dineros, en el país. El año pasado les regaló más de 7 billones de pesos= cerca de 3.500 millones de dólares en esas exenciones.

Mientras se le niega la justicia a los miles de víctimas, el gobierno hizo aprobar en el Congreso otra ley, la llamada del “principio de oportunidad”, que faculta a la Fiscalía para no procesar judicialmente a los más de 19 mil miembros del paramilitismo que supuestamente se desmovilizaron en años pasados. Este perdón y olvido para sus delitos se aplica a las tropas y a muchos de los cuadros o jefes intermedios de esas organizaciones criminales.

QUE LES PIQUEN CAÑA

El conflicto político militar prosigue en grandes regiones del país dejando un saldo trágico de población desplazada, de asesinatos selectivos, de pérdida irrecuperable de valores y tradiciones culturales.
El año pasado, y a pesar de las declaraciones de los funcionarios del gobierno que anunciaban el fin del paramilitarismo y la derrota de los grupos guerrilleros, se registraron 380 mil desplazados más.

Esta cifra supera la de 2007 e indica que el proyecto que impulsan círculos empresariales del agro para apoderarse de miles de hectáreas de tierra que les permitan extender sus cultivos de palma de aceite, de caña de azúcar está más vigente que nunca. Los combustibles derivados de esas plantas tendrían entrada asegurada al mercado de los Estados Unidos gracias al Tratado de Libre Comercio que con tanto afán busca hacer aprobar del Congreso de ese país el gobierno de Uribe. Y todo esto representaría millones de dólares más para los afortunados beneficiarios de la “Seguridad Democrática”.

Desde 1986 más de 7 millones de hectáreas han cambiado de dueños gracias a la estrategia de desplazamiento, de expulsión de la población campesina que se ha puesto en práctica sistemáticamente. Estas propiedades han quedado en poder, principalmente, de una minoría privilegiada que hoy por hoy la forman unos 2.300 grandes hacendados que controlan más del 50% del total de la tierra utilizable económicamente en el país.

El gobierno Uribe pese a todas las promesas hechas no ha logrado devolverle a los desplazados ni siquiera el 1% de las tierras que les fueron arrebatadas. Mientras tanto abundan los subsidios y los préstamos o créditos baratos para los grandes empresarios del agro que durante el ministerio del hoy candidato Andrés Felipe Arias recibieron más de 400 mil millones de pesos = 181 millones de dólares en subsidios.

En tanto se consolida este proceso de despojo y rapiña los grupos paramilitares ahora conocidos como “Aguilas Negras “ o “Bandas emergentes” se reorganizan y retoman el control no solo de áreas rurales, sino de muchas barriadas populares en las ciudades. Con la complicidad de autoridades del gobierno estas bandas han multiplicado en estos meses las amenazas contra los líderes cívicos, los dirigentes de organizaciones populares, los militantes de partidos de oposición en muchas de las principales ciudades del país.

Queriendo aparecer hipócritamente como defensores de la moral y las buenas costumbres, estos grupos criminales se han dedicado a amenazar y perseguir prostitutas, homosexuales, ladrones callejeros, drogadictos en las siniestras campañas de la mal llamada “limpieza social”.

En algunas regiones han pasado de las palabras a los asesinatos y en ese recorrido criminal también han incluido a los líderes de los campesinos desplazados que se han organizado para reclamar la devolución de sus tierras y, en general, a los dirigentes de las organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos.

La lucha por hacerse a la herencia en propiedades, dineros, armas, rutas de narcotráfico que dejaron los antiguos líderes de los grupos paramilitares hoy extraditados en los Estados Unidos, ha originado verdaderas guerras entre las diferentes bandas reorganizadas.

Ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla, regiones como el Bajo Cauca Antioqueño, el Catatumbo en Norte de Santander, la Costa Pacífica Nariñense son los escenarios de estas crueles disputas que recuerdan los reinados del terror que establecieron años atrás en el país los viejos capos del paramilitarismo y el narcotráfico.

Las realidades de los derechos humanos en Colombia se sintetizan en el más reciente informe de “Amnistía Internacional”, una organización de reconocido prestigio en el mundo.

Entre Julio de 2007 y Julio de 2008 murieron 1.492 civiles como consecuencia del conflicto político militar. 182 personas fueron víctimas de desaparición forzada; al menos 46 sindicalistas y 12 defensores de los derechos humanos perdieron la vida en acciones que se le atribuyen a grupos paramilitares y las fuerzas de seguridad del Estado.

Para completar en este mismo período se presentaron 296 casos de “falsos positivos”, es decir, 296 asesinatos extrajudiciales cometidos por tropas del ejército. En el año anterior estos casos sumaron un total de 287.

Los grupos paramilitares fueron responsables de 461 homicidios, mientras a los grupos guerrilleros se les atribuyen 166 asesinatos de civiles y se afirma, también, que estos grupos insurgentes siguieron realizando secuestros.

Una de las conclusiones del informe es que “La impunidad siguió siendo un problema grave en Colombia”, a pesar, diríamos nosotros, de los supuestos avances que el gobierno publicita en materia de derechos humanos en el país.

COYUNTURA LATINOAMERICANA

CENTROAMÉRICA

LA MAFIA BLANCA

No solo México sino, en general todos los países centroamericanos están sufriendo el impacto del narcotráfico y de las bandas criminales que lo controlan. En México, la guerra se ha intensificado entre el gobierno del presidente Felipe Calderón y los cuatro grandes carteles que manejan ese negocio en el país.

Los asesinatos ya pasan de 5 mil y aunque las autoridades se han anotado algunos buenos golpes deteniendo a algunos de los allegados a los grandes capos faltan muchos peces gordos por caer.

Mientras tanto la economía mexicana está sufriendo las consecuencias de la crisis de los Estados Unidos y de la excesiva dependencia que mantiene con el mercado y las inversiones financieras de ese país. La recesión, el estancamiento de la producción es ya una realidad innegable, lo que se suma al aumento del desempleo y a la parálisis de las exportaciones. Y como si fuera poco esta situación, habría que agregarle las pérdidas ocasionadas por la epidemia de gripa A H1N1, que tuvo su origen en México.

Gracias al Tratado de Libre Comercio, el NAFTA, firmado con Canadá y Estados Unidos, México se convirtió en una fuente de mano de obra barata para las empresas “gringas” que se establecieron masivamente en el país. Mientras los mercados de los Estados Unidos estuvieron en bonanza, las fábricas funcionaron a pleno vapor. Pero cuando empezó la crisis en los Estados Unidos, así mismo empezaron los malos tiempos para la economía mexicana.

En épocas no tan lejanas mucho mexicano desempleado tenía como último recurso el emigrar, el pasar ilegalmente la frontera y buscar trabajo en las haciendas, en la industria de la construcción y en tantas actividades que los norteamericanos nativos ya no querían, ni les interesaba realizar. No menos de 8 millones de mexicanos ilegales ayudaron a sostener con su trabajo la prosperidad de los Estados Unidos.

Ahora con más de 8 millones de estadinenses desempleados es imposible pensar en esa alternativa de la migración ilegal como salida a la pobreza brutal que golpea a una parte del pueblo mexicano.

Mientras tanto en Guatemala se ha desatado una crisis política e institucional. En un video grabado antes de ser asesinado el abogado Rodrigo Rosenberg acusó de su muerte al presidente del país, Alvaro Colom. Según Rosenberg la esposa y algunos asesores de Colom estaban complicados en manejos fraudulentos de algunos dineros públicos y en tratos con grupos mafiosos.

Sobra decir que los amigos de Rosenberg divulgaron ampliamente el video y que esto motivó a miles de personas a manifestarse en las calles de la capital exigiendo la renuncia del presidente. A su vez los aliados del presidente organizaron manifestaciones de apoyo, situación que refleja la polarización de la opinión pública en el país.

Colom se negó a renunciar y para despejar, según él, cualquier duda al respecto pidió a la Comisión Internacional que ha investigado los miles de crímenes que se cometieron durante la guerra civil que terminó alrededor de 1995, que también investigara el caso del asesinato de Rosenberg.

Guatemala es un país con gravísimos problemas. A más del desempleo y los altos porcentajes de pobreza la nación es víctima de una desbocada criminalidad. Los secuestros, los asaltos, los asesinatos son asunto del vivir diario y en ese ambiente ha encontrado un clima favorable el narcotráfico que ha penetrado los altos círculos de la política y de las finanzas.

La altísima delincuencia es en buena parte consecuencia de la manera como se pactó la paz entre el Estado y los grupos guerrilleros. Miles de combatientes quedaron cesantes y no hubo planes de empleo y reinserción que les permitieran adaptarse de nuevo a la vida civil. Tampoco se promovieron reformas sociales urgentes como la reforma agraria y los crímenes cometidos durante la guerra civil quedaron en la más completa impunidad.

En Panamá, mientras tanto, las elecciones presidenciales le dieron el triunfo al candidato de la oposición, Ricardo Martinelli. Martinelli, un millonario de tendencia conservadora, ganó ampliamente con más del 61% de los votos a la candidata oficialista la ex ministra Balbina Herrera, integrante del Partido Revolucionario Democrático, PRD.

En realidad las causas de la derrota de Herrera no pueden atribuírsele exclusivamente al desgaste de la gestión en el gobierno del presidente saliente Martín Torrijos. Torrijos es popular y la economía tuvo un aceptable ritmo de crecimiento en estos años.

Pero la candidata falló en transmitir confianza y credibilidad al electorado. También la perjudicó el escándalo en que ella y el candidato del partido a la alcaldía de la capital se vieron comprometidos tras las denuncias del empresario colombiano, David Murcia, hoy encarcelado por fraude financiero en Colombia, en las que aseguró que había apoyado con varios millones de dólares las campañas de ambos candidatos oficialistas.

ZONA ANDINA

VENEZUELA: ÉCHELE CANDELA AL MONTE

El presidente Hugo Chávez ha optado por radicalizar aún más si se quiere su lenguaje en contra de los opositores políticos en el país, al mismo tiempo que multiplica los procesos de expropiación y nacionalización de tierras y fábricas, muchas de las cuales eran antes de propiedad de empresas extranjeras.

Chávez dice que este es el camino hacia el Socialismo que el pueblo venezolano debe transitar e inclusive ha anunciado que también está dispuesto a cancelarles las licencias de transmisión a canales y emisoras como “Globovisión” que han asumido una posición de abierto enfrentamiento al poder Chavista apelando, según el presidente, a todo tipo de mentiras, de rumores y exageraciones para confundir a la ciudadanía.

Estas acciones las ha complementado con otras que justifican hasta cierto punto los reclamos y las acusaciones de la oposición sobre la excesiva concentración de poder que el presidente ha acumulado. Nos referimos a casos como el del nombramiento por parte de Chávez de funcionarios como el llamado “superalcalde” de Caracas que en la práctica por el número de atribuciones que el presidente le ha entregado dejan sin oficio alguno al alcalde de la oposición, Antonio Ledesma, que fue elegido por el voto popular.

O a otro tipo de intervenciones autoritarias en las universidades, en algunos sindicatos, que han terminado por polarizar al país en dos grandes bloques: Los chavistas y los antichavistas.

Es un camino riesgoso el que ha emprendido el presidente. Tal vez con este tipo de medidas y actitudes el mandatario quiere desviar la atención de la crisis económica que padece el país como consecuencia de la caída de los precios del petróleo y ganar tiempo políticamente hablando concentrando el interés de la ciudadanía en estos temas de las nacionalizaciones y los enfrentamientos con los medios de comunicación opositores, mientras pasa lo peor de la actual crisis.

ECUADOR:: HABRÁ CORREA OTROS AÑOS MÁS

Tal como se pronosticaba el presidente Rafael Correa ganó con relativa facilidad su reelección frente a los candidatos de la oposición conservadora. Correa sacó un 52% de la votación total, mientras su principal rival, el ex presidente Lucio Gutierrez tuvo que conformarse con el 27% de esa misma votación.

Pese a la recesión económica que vive el país como consecuencia de la crisis de la economía mundial, el gobierno ha sabido manejar con relativa habilidad los peores efectos sociales de la misma distribuyendo abundantes subsidios económicos entre los sectores más empobrecidos y manteniendo en la persona del presidente una continua presencia en los medios de comunicación donde proyecta su imagen como la de un líder honesto y combativo.

En este nuevo período de gobierno Correa deberá definir estrategias, planes para impulsar las reformas sociales y económicas que se han prometido y que el pueblo espera. No será una tarea fácil porque la oposición, a pesar de salir golpeada por una nueva derrota electoral, amenaza con seguir polarizando y dividiendo a la ciudadanía con un lenguaje incendiario y provocador.

Por ahora el presidente se ha acercado más al eje latinoamericano que lidera Chávez, lo que indica que radicalizará en el futuro inmediato las propuestas de cambio social que ha anunciado para el país.

BOLIVIA: TARJETA ROJA A LA OPOSICIÓN

La oposición conservadora que lideran los empresarios y políticos del departamento de Santacruz en el oriente del país ha resultado comprometida en una conspiración criminal que busca asesinar al presidente Evo Morales.

En efecto, las fuerzas de seguridad se enfrentaron con un grupo de extranjeros que se habían reunido en la ciudad de Santacruz con el supuesto objetivo de coordinar la trama del asesinato del presidente. En el enfrentamiento murieron varios de los presuntos conspiradores y fueron detenidos algunos más.

Voceros de la oposición han denunciado estos operativos de seguridad como una farsa montada por el gobierno para justificar, según ellos, nuevas medidas represivas contra los sectores políticos que no están de acuerdo con la permanencia de Evo en el poder.

En este clima convulsionado, el presidente Morales tuvo incluso que apelar a una huelga de hambre para que el Congreso le diera el visto bueno a los acuerdos hechos previamente con la oposición para convocar a elecciones presidenciales en el mes de diciembre.

La economía, como todas las de los países latinoamericanos, ha sido fuertemente golpeada por la crisis mundial, pero pese a ello el gobierno continúa teniendo un amplio respaldo en los grupos indígenas que constituyen la mayoría de la población.

En realidad lo que se presenta en la política Boliviana es el enfrentamiento entre dos modelos o proyectos de ver la realidad social: El proyecto neoliberal favorable al sistema capitalista del que se han lucrado tradicionalmente las élites blancas y ciertos estratos o clases medias en el país y un nuevo proyecto, liderado por Evo, que le da máxima importancia a los modos de producción comunitarios de las culturas indígenas, sin eliminar completamente los espacios para la propiedad privada y la intervención capitalista.

PERÚ: ALAN, EL CARNICERO

Ha sido paradójica la vida política del presidente Peruano, Alan García. En su primera presidencia (1990-95) se presentó como un líder antiimperialista, enemigo de los sectores conservadores y promotor, entre otras cosas, de la nacionalización de los bancos. Incluso se negó a pagar la deuda externa del país.

En este segundo período ha sido la ficha en el poder de los sectores empresariales y ha hecho un gobierno marcado por el neoliberalismo en la economía y el olvido de los intereses populares. Naturalmente le han llovido alabanzas de los medios de comunicación que son propiedad de esos sectores y de sus socios en el exterior.

Por esa razón no vaciló en hacer aprobar en el Congreso nuevas leyes que arrasaban, por ejemplo, con los recursos naturales de la selva amazónica peruana, al darle vía libre a los inversionistas extranjeros para explotar minas, aguas y maderas. Las comunidades indígenas de esa región exigieron la anulación de esas leyes y Alan, soberbio, se negó a hacerlo.

Esta negativa originó una serie de protestas de los indígenas de la etnia Awajun en la región de Utcubamba que terminaron en la represión a sangre y fuego por el ejército y la policía con un saldo trágico de más de 40 muertos, entre ellos decenas de indígenas.

La matanza desencadenó el repudio, el rechazo internacional y Alan se vio obligado a solicitar del Congreso la anulación de las leyes y a aceptar la renuncia de su primer ministro.

Toda esta situación se suma a las huelgas de los sectores obreros y a la inconformidad social que está creciendo en los sectores populares lo que hace presumir un cierre de gobierno bastante negativo para García, quien no podrá evadir en un futuro su responsabilidad política en la matanza de los indígenas.

CONO SUR

PARAGUAY: UN OBISPO EMBARAZADO

El gobierno del presidente Fernando Lugo, ex obispo Católico, no acaba de despegar. De un lado ha tenido que enfrentar la feroz oposición de sus enemigos que tienen las mayorías en el Congreso y han bloqueado muchas iniciativas de la administración.

Además el principal partido de oposición, el Colorado, que manejó en medio del clientelismo y la corrupción al país en los últimos 60 años, le dejó una herencia nefasta, nociva al nuevo presidente. La inmensa mayoría de los funcionarios públicos son leales al partido que entregó al poder y al mismo tiempo están “blindados”, protegidos, porque son funcionarios de carrera, es decir que no pueden ser destituídos o reemplazados por el nuevo gobierno.

Esta burocracia está acostumbrada a “la coima”, al soborno, a sacarle “jugo” a los dineros públicos y a ser indiferente con las quejas y reclamos de la ciudadanía.

Lugo también ha contribuido a este bloqueo por su carácter vacilante y la incapacidad que está mostrando para lidera con firmeza las reformas sociales que urgentemente necesita el país. Dentro de la coalición de gobierno hay pugnas, rivalidades y no pocas diferencias ideológicas.

Para completar el panorama el propio Lugo que había llegado a la presidencia como el representante de una nueva ética en el poder, como el símbolo del político responsable y transparente se vio envuelto en un escándalo que le ha dado munición de sobra a la oposición para atacarlo sin piedad. Varias mujeres denunciaron que el Obispo –presidente era el padre de sus hijos y que los habían concebido mientras este todavía estaba ejerciendo sus funciones pastorales en la Iglesia Católica.

Sobra decir que Lugo tuvo que salir a reconocer en alguno de los casos esa paternidad y que este reconocimiento marcó al presidente como otro más de los padres irresponsables que abandonan u olvidan sus obligaciones con los hij@s que engendran en una conducta que ya es tradicional dentro de una cultura profundamente machista como la paraguaya.

CHILE: SE EMPATÓ EL PARTIDO

El candidato de los partidos conservadores chilenos a la presidencia, el millonario Sebastián Piñera, parecía tener todo a su favor para ganar las próximas elecciones. El gobierno de centro izquierda de Michelle Bachelet venía perdiendo credibilidad y confianza en la ciudadanía y las luchas internas entre los diferentes sectores que lo conforman habían debilitado aún más su imagen.

Sin embargo, sorprendentemente la crisis que vive la economía mundial se convirtió en una gran oportunidad para que la presidenta y su gobierno se fortalecieran ante el pueblo chileno. En efecto, en años anteriores el principal producto de exportación, el cobre, tuvo altísimos precios en el mercado internacional. Pero en lugar de gastarse los dineros de más que habían entrado, el gobierno optó por hacer con ellos un ahorro para cuando llegaran las “vacas flacas”.

Ahora que se está en las “vacas flacas” el dinero guardado ha servido para crear un gigantesco programa de obras públicas que le da empleo a unas 80 mil personas, para entregar subsidios en dinero a los jefes de familia de los sectores más golpeados por la crisis y también para entregar créditos a empresas que los necesitan con urgencia.

Todo este manejo ha hecho que el nivel de aceptación de Bachelet suba a un 67% y que el candidato de la coalición de centro izquierda, el ex presidente Eduardo Frei, repunte en las encuestas y tenga algunas posibilidades de vencer al antes imbatible Piñera. Pero la situación del candidato oficialista se ha complicado con la aparición de un candidato disidente de la coalición que se presenta como independiente y que está ganándose un 13% de los votantes, Marco Enriquez Ominami.

ARGENTINA: SOS UN CASO PERDIDO

El gobierno de la presidenta Cristina Fernández se ha debilitado políticamente a tal punto que su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, se vio obligado a encabezar las listas oficialistas para las próximas elecciones parlamentarias, mientras gestionaba apresuradamente alianzas con gobernadores de varias provincias, con el fin de no perder el control del Congreso.

La presidenta no ha sabido conducir con tino la economía del país y esto explica que, ahora, en medio de la crisis mundial, Argentina tenga que entrar a buscar préstamos en el exterior para financiar el funcionamiento del aparato estatal. Después del sonado fracaso que representó el no lograr que el Congreso aumentara los impuestos a los exportadores agrícolas, el gobierno quedó muy debilitado políticamente.

Esta situación la están aprovechando los sectores conservadores, los mismos que llevaron al país a la bancarrota en años anteriores, para presentarse como la alternativa que necesita la nación. Han encontrado un líder que, aparentemente, no está contaminado con la antigua politiquería en el actual alcalde o intendente de Buenos Aires, Mauricio Macri, un millonario que se hizo famoso en la presidencia del popular club de futbol, Boca Juniors.

BRASIL: LA ÚLTIMA TENTACIÓN DE LULA

La campaña para elegir al sucesor del presidente Lula está ganando fuerza. La candidata del Partido del Trabajo, el partido de Lula, la ministra Dilma Rousseff, a pesar de tener el apoyo incondicional del presidente, no parece contar con el carisma suficiente para aprovecharse de la gran popularidad y la buena imagen de su patrocinador.

A esta situación de poca aceptación en las encuestas también ha contribuido el estar padeciendo de un cáncer, enfermedad que los opositores han aprovechado para señalarla como una candidata débil, poco confiable para enfrentar las duras tareas de liderar el gobierno.

Además, dentro de la guerra sucia de propaganda que adelantan, han sacado a relucir el pasado guerrillero de la ministra, ignorando que también sufrió crueles torturas en la dictadura militar y que ha demostrado unas brillantes capacidades administrativas e intelectuales en los cargos que ha desempeñado.

Muchos de los amigos de Lula en vista de las dificultades que tiene la actual candidata han sondeado a Lula para proponerle la posibilidad de presentarse a una tercera reelección, ofrecimiento que ha rechazado alegando que ha tenido suficiente con dos períodos de gobierno y que no conviene cambiar la Constitución para satisfacer una ambición personal.

Entre tanto el gran favorito en las encuestas es el opositor Joao Serra. Sin embargo, su opción puede verse debilitada si uno de sus posibles aliados Aecio Neves decide lanzar también su candidatura.

Por ahora el candidato del partido Socialista, que es un aliado de Lula, Ciro Gomes, parece tener mayores posibilidades de triunfo que la ministra Rousseff.

Mientras tanto la economía da señales de estar recuperándose de la crisis sufrida en meses anteriores al reactivarse indicadores básicos como el del empleo y el de las inversiones productivas.

COYUNTURA PAISES DESARROLLADOS

ESTADOS UNIDOS: OBAMA Y LA LARGA SOMBRA DE LOS CONSERVADORES

El nuevo presidente, Barack Obama, ha enfrentado con relativo éxito la profunda crisis económica que vive el país. La banca parece estar recuperándose de los fracasos padecidos en años anteriores, aunque sectores industriales como el automovilístico siguen padeciendo la pesadilla de la bancarrota.

La tasa de desempleo, la más alta de los últimos veinte años, ha llegado a un 8,9% y mientras esta tasa no se reduzca sustancialmente no podrá el presidente declarar superada la crisis.

Irónicamente todas estas dificultades de la economía han servido para que los norteamericanos recuperen la virtud del ahorro y frenen el desbordado consumismo que los caracterizaba como sociedad.

Entre tanto, Obama, ha tenido que enfrentar críticas de los sectores más liberales de su propio partido, el Demócrata, que se sienten traicionados por algunas medidas ambiguas que ha tomado con relación a la cárcel de Guantánamo. De un lado, el presidente ha defendido ante el Congreso el cierre de Guantánamo como prisión militar., pero al mismo tiempo apoyó la permanencia de los tribunales militares que había creado Bush para juzgar a los detenidos acusados de terrorismo.

Estos tribunales son un remedo del sistema judicial porque con sus procedimientos violan los derechos humanos de los prisioneros, impidiéndoles defenderse y contrarrestar las pruebas que supuestamente los incriminan. Además el presidente se opuso a la difusión de una serie de fotos que mostraban las torturas que las agencias de seguridad norteamericanas han aplicado a este tipo de prisioneros porque “podían poner en peligro la vida de nuestros soldados en el exterior”.

Mientras tanto los Republicanos dominados por el sector más conservador del partido en lugar de aceptar el diálogo que les ofrece el gobierno han redoblado sus críticas al presidente y a su equipo acusándolos de todo lo malo que pasa en los Estados Unidos, como si ellos no fueran los directos responsables de la crisis económica y de los gravísimos problemas de política internacional en que dejaron embarcados al país. Esta actitud sectaria les ha hecho perder opciones y credibilidad dentro del electorado.

De hecho los Demócratas lograron asegurarse una cómoda mayoría en el Senado al integrar al partido un senador republicano, Aaron Specter, que desertó de sus antiguas filas al no sentirse identificado con la línea ultraderechista que se ha apoderado de la política republicana.

Entre tanto los problemas internacionales para el nuevo gobierno se han multiplicado. Los talibanes, una organización de extremistas islámicos, en Afganistán siguen ganando terreno ante un gobierno débil y corrupto como el de Ahmed Karsai, lo que ha obligado a Obama a aumentar el número de tropas norteamericanas en ese país.

Los aliados de los talibanes en el vecino Pakistán han empezado a tomarse zonas claves de este país, y este avance de los extremistas ha asustado al nuevo gobierno norteamericano, porque Pakistán tiene armas nucleares y es una nación de más de 150 millones de habitantes demasiado importante en el juego político de Asia.

De ahí que Obama hubiera presionado al gobierno de Pakistan para que comprometiera al ejército del país en una verdadera ofensiva militar contra los extremistas que les impida convertirse en una amenaza para la estabilidad del país.

El régimen comunista de Corea del Norte, liderado por Kim Jong Il, desafiando a las grandes potencias ha seguido el programa de construcción de armas nucleares y ha hecho explotar algunas a manera de ensayo. Al mismo tiempo ha amenazado a su vecino Corea del Sur, aliado de los Estados Unidos, con una guerra que sería fatal no solo para el pueblo coreano, sino para la humanidad. Tal vez detrás de esta actitud agresiva de Corea del Norte se esconda el deseo de sacarle mayores concesiones económicas a los Estados Unidos y Japón a cambio de congelar el programa nuclear. O, también, el deseo del líder de asegurar la sucesión en el poder de uno de sus hijos.

EUROPA: UNA CRISIS SIN SALTOS MORTALES

Mientras los países que se acogieron al modelo económico neoliberal como Estados Unidos e Inglaterra están padeciendo una gravísima situación económica con altos niveles de desempleo y de estancamiento de las inversiones, aquellos que han logrado conservar sistemas de seguridad social para la población y una participación más activa del Estado en la economía, como Francia y Alemania, están saliendo mucho mejor librados de esta coyuntura . De un lado no han tenido que enfrentar las bancarrotas y cierres de empresas que se han hecho lugar común dentro de las economías neoliberales y, del otro, los seguros de desempleo y todas las facilidades que el sistema ofrece a los ciudadanos, han evitado que cientos de miles de franceses de alemanes caigan en la misma situación desesperada en que han caído millones de familias en Norteamérica e Inglaterra.

Pero lo que también es cierto es que se han fortalecido las posiciones racistas y los apoyos a partidos conservadores y extremistas de derecha como quedó evidenciado en el resultado de las elecciones para el Parlamento Europeo.

En Italia, el errático gobierno de Berlusconi, ha sido incapaz de promover políticas para sacar del estancamiento y la deuda a la economía Italiana. Berlusconi, con sus actitudes de bufón millonario, quizás como un medio para desviar la atención pública ha optado por convertirse en comidilla de todo tipo de escándalos sexuales que incluyen el anunciado divorcio de su última esposa.

En Francia Sarkozy, que hasta hace poco proponía desmontar las redes de seguridad social dirigidas por el Estado, para hacer más competitiva la economía, celebra ahora que la economía tenga tan alta participación del Estado.

En Rusia la caída de los precios del petróleo, del gas natural, principales productos de exportación del país ha estancado la economía y frenado la bonanza que hasta hace unos meses vivían ciertos sectores de la población.
En España ha aumentado notoriamente el desempleo y se han paralizado áreas claves del desarrollo nacional como la industria de la construcción y la turística que dan trabajo a decenas de miles de personas.

EL MUNDO A VUELO DE PÁJARO

Los partidos conservadores liderados por el nuevo primer ministro Benjamín Netanyahu regresaron al poder en Israel. Netanyahu no ha definido con claridad su posición ante la posibilidad de aceptar un Estado Palestino, pero el gobierno de Obama ha comenzado a presionarlo seriamente para que acepte con realismo político la necesidad de que en esa parte del mundo coexistan pacíficamente dos estados, el Palestino y el Israelí.

Mientras tanto en Irak se ha recrudecido la escalada terrorista de grupos Sunitas ante la poca voluntad política demostrada por el gobierno Chiita del primer ministro Maliki de compartir con mayor generosidad los recursos del Estado, incluyendo el petróleo, con ese sector minoritario de la población. El presidente Obama está decidido a seguir desarrollando el plan de retiro de las tropas norteamericanas del país, confiando en que el nuevo ejército nacional sea capaz de mantener el control del orden público, objetivo que parece bastante alejado de la realidad.

En Irán, el resultado oficial de las elecciones confirmó el triunfo del presidente Ahmadenijad, pero el candidato opositor se ha negado a reconocer ese triunfo y las protestas de sus partidarios se han multiplicado en la capital, Teherán.

En la India, las elecciones que duraron un mes ante la extensión y la complejidad del país le dieron un sonoro triunfo al Partido del Congreso dirigido por Sonia Gandhi y que lidera la actual coalición de gobierno en cabeza del primer ministro Manmohan Singh. Los grandes derrotados fueron los conservadores del partido Baratiya Janata, cuyo líder Advani había planteado las elecciones como una consulta al pueblo sobre el tema de la seguridad en el país y el aumento de la criminalidad y de los grupos terroristas.

India, sigue teniendo un gran dinamismo económico e incluso es líder en el mundo en tecnologías de punta como la producción de Software para los computadores. Pero al mismo tiempo presenta un cuadro negativo de cientos de millones de personas en la miseria, de gran corrupción política en los Estados y de zonas controladas por todo tipo de grupos y bandas criminales.

En la isla de Sri Lanka terminó aparentemente la terrible guerra civil que durante varios años enfrentó a la mayoría Cingalesa de religión Budista, frente a la minoría Tamil de religión Hindú. El gobierno de la mayoría logró retomar la parte norte de la isla en un gigantesco y sangriento operativo que costó miles de vidas y dejó más de 250 mil personas desplazadas en medio de las protestas de los organismos internacionales de derechos humanos.

China, gracias a la inversión masiva de más de 500 mil millones de dólares que ha hecho el gobierno para reactivar la economía y evitar que se paralice ante la caída en la venta de las exportaciones en mercados claves como Estados Unidos y Europa, ha logrado superar en relativas buenas condiciones la crisis del capitalismo mundial. Para muchas empresas de Estados Unidos, Europa y Japón, el mercado chino se ha convertido en tabla de salvación en la presente coyuntura.

Todo esto explica porque el gobierno de esta potencia está exigiendo que se reforme el manejo de la economía mundial, que el dólar deje de ser la moneda comercial de referencia obligada y que países de todo el mundo estén acudiendo a China para solicitar préstamos e inversiones para todo tipo de negocios.

En Sudáfrica las elecciones presidenciales dieron como presidente, tal como se esperaba, a Jacob Zuma, el candidato del partido de gobierno. Sin embargo dentro de este partido se han presentado disidencias y divisiones ante el manejo corrupto que muchos de sus dirigentes han hecho de los bienes y dineros públicos en estos últimos años.

Zuma mismo es un personaje bastante controvertido que ha sido acusado de clientelismo y corrupción por lo que los pronósticos para su nuevo gobierno no son muy optimistas. Además se encontrará con una economía en recesión donde el desempleo y la extrema pobreza de un gran sector de la población negra siguen siendo fuente de inestabilidad y descontento social.

Mientras tanto en la zona de Darfur en Sudán y en partes de la República del Congo se siguen desarrollando sendas guerras civiles en las cuales los ciudadanos comunes y corrientes son las principales víctimas de los ejércitos y milicias que siembran de terror esas regiones.

Somalia, un país que desde hace años carece de un gobierno nacional representativo se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para las principales potencias mundiales. Grupos de población en las costas del país se han organizado en bandas de piratas marinos que vienen asaltando y reteniendo barcos de todas las banderas para exigir a cambio de la liberación de las naves y de sus tripulaciones millonarios rescates. Países como Estados Unidos, Francia, Rusia han trasladado barcos de guerra a la zona para hacerle frente a los desafueros de los piratas y ya se han registrado combates, detenciones y muertes entre los integrantes de esas bandas.

- Revista Encuentro, Nª 123, CEPALC, Bogotá, Colombia