Al conmemorarse hoy el decimotercero aniversario del asesinato de la antropóloga social Myrna Elizabeth Mack, y al hacer una evocación del tortuoso pero aleccionador proceso judicial que hemos impulsado para esclarecer este crimen y obtener justicia, presentamos una demanda pública para que la lucha contra la impunidad sea identificada como un objetivo del Estado de Guatemala. La coyuntura electoral es propicia para que los partidos políticos, los candidatos a los diversos cargos de elección popular, especialmente quienes aspiran a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, asuman el compromiso de luchar frontalmente contra la impunidad en el ámbito que les corresponde. Éste no es un compromiso o una responsabilidad que en forma exclusiva corresponda a los órganos judiciales, porque muchos mecanismos de impunidad se generan en estructuras ajenas al sistema de administración de justicia. La experiencia del caso Myrna Mack nos revela que a las deficiencias, atrofia y debilidad características de las instituciones de justicia, se suman otros factores muy eficaces de encubrimiento y retardo judicial. Los casos de violación de derechos humanos, corrupción, crimen organizado y narcoactividad presentan problemas comunes. Es decir, la impunidad ya no es exclusiva para los comportamientos criminales observados durante el conflicto armado interno o por inducción contrainsurgente. Las personas involucradas en delitos económicos, lavado de dinero, tráfico de drogas, contrabando, secuestros, corrupción y tantos otros crímenes también son ahora beneficiados por la impunidad. Muestra de ello es que la violencia selectiva ya no afecta solamente a defensores de derechos humanos, académicos, periodistas, campesinos, sindicalistas y otros que exigen el goce pleno de sus derechos y libertades. Los operadores de justicia, los abogados, los testigos y otras personas vinculadas a procesos judiciales, cualquiera que sea su índole, se han convertido en víctimas de un tipo de violencia sistemática que rodea a la administración de justicia. La situación es menos alentadora en la medida que las reformas al sistema judicial no dan los frutos esperados. La impunidad no ha retrocedido un solo paso. Por el contrario, se ha solidificado; mientras el objetivo de modernizar y democratizar la administración de justicia se ha limitado a la cobertura de aspectos formales que no garantizan un acceso real a la justicia. Las cantidades millonarias que el Estado de Guatemala y la comunidad internacional han invertido en la consecución de este objetivo, se han desvanecido en procesos formales, construcción de edificios, compra de equipo, salarios y más burocracia, sin que esto se traduzca en un mejor servicio público de administración de justicia. El nido de la impunidad no ha sido atacado. Los grupos de poder que la generan para su propio beneficio, siguen siendo intocables. El reto ahora consiste en atacar los mecanismos de la impunidad, en rescatar a los eslabones de la justicia y la seguridad que han sido desnaturalizados y trastocados en su esencia. Las nuevas autoridades ejecutivas y legislativas deben asumir el compromiso ante la opinión pública, ante los electores, de sumarse a las filas de la justicia. No con discursos y actitudes represivas, que son los métodos usuales cuando los procedimientos democráticos han sido aplastados, sino con acciones firmes encaminadas a: 1. Impulsar el desmantelamiento de los cuerpos clandestinos de seguridad, que cuentan con el respaldo de agentes y agencias del Estado, para evitar que sigan utilizando el terror como arma que procura impunidad. Debe existir el compromiso de crear la Comisión Investigadora de los Cuerpos Ilegales y los Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS), a la vez que se fortalece al Ministerio Público, a los tribunales de justicia y a la Policía Nacional Civil, que son las instituciones nacionales encargadas de la investigación criminal y la sanción judicial. 2. Cumplir con el mandato constitucional de respetar y proteger la independencia judicial y la autonomía de instituciones de justicia, para que no sufran presiones del orden político. Simultáneamente, debe asegurarse el combate de cualquier otra amenaza a estos principios de independencia y autonomía. 3. Fortalecer técnica, jurídica y financieramente al Sistema Penitenciario y a la Policía Nacional Civil, particularmente al Servicio de Investigación Criminal; e iniciar un proceso de depuración de agentes comprometidos en actividades ilegales. 4. Fortalecer financieramente al Instituto de la Defensa Pública Penal, al Ministerio Público y al Organismo Judicial, y que cese el acoso político a estas instituciones y las represalias que se manifiestan en significativos recortes presupuestarios. 5. El fortalecimiento financiero de estas instituciones debe ir acompañado de medidas que garanticen transparencia y eficiencia en el gasto, así como el acceso a la información de la ejecución presupuestaria, sin que este tipo de controles vulnere la independencia y la autonomía que garantiza la Constitución. El Estado de Guatemala debe reducir drásticamente el presupuesto del Ejército, en beneficio del gasto público en educación, salud, justicia y fuerzas civiles de seguridad. 6. Desatar una lucha frontal contra los comportamientos criminales en que puedan incurrir sus funcionarios; impulsar el esclarecimiento y sanción de hechos del pasado, vinculados o no con el conflicto armado interno (como los actos de corrupción que siguen impunes); y eliminar cualquier posibilidad de que los agentes del poder oculto mantengan su influencia en las instancias de conducción del Estado. 7. Rescatar el proceso de paz, en especial el cumplimiento del Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, a efecto de concretar las transformaciones institucionales en materia de justicia, seguridad, servicios de inteligencia y reconversión militar. 8. Identificar como objetivo nacional todo aquello que esté encaminado a fortalecer el principio de legalidad y la plena vigencia del Estado de Derecho, mediante la consolidación del orden constitucional y la democratización en el país. Lo anterior no será suficiente. Habrá que tomar acciones complementarias en diversos ámbitos de trabajo. En especial, las instituciones del sector justicia deben combatir la corrupción en su seno, fortalecer los órganos del régimen disciplinario para sancionar faltas o delitos en el ejercicio de la jurisdicción; eliminar los procedimientos que generan retardo y falta de agilidad procesal, así como los factores que deniegan o dificultan el acceso a la justicia o coadyuvan al litigio malicioso. El gremio jurídico del país debe ocuparse de rescatar la dignidad de la profesión y denunciar, sancionar y exponer a todo aquel jurista que, lejos de servir a los principios fundamentales de la justicia, trabaja en pro de la impunidad. A la sociedad en general nos corresponde denunciar las anomalías, los crímenes, poner a prueba a las instituciones y exigir que la transformación del Estado se vuelque hacia la democracia y no a una involución que nos lleve de regreso al autoritarismo. Guatemala, 11 de septiembre de 2003