Colombia

Balance de la Ley de Víctimas

Bárbara González

25/06/2011

Opinión

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En un contexto como el colombiano, en el que se han cometido violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, es imperativo el reconocimiento de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, por eso constituye un avance la adopción de políticas públicas que consagren estos derechos y permitan su exigibilidad, siendo preciso que estas medidas estén acordes los principios constitucionales y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

En este sentido es importante revisar de la ley de víctimas aprobada en el Congreso de la República los siguientes temas:

1. No discriminación en la aplicación de las normas de Derechos Humanos: ampliación del Universo de Víctimas

El criterio para definir a una persona como víctima es el daño sufrido, el límite temporal que dispone la ley dejando a un lado la arremetida de violencia ocasionada por los grupos paramilitares y guerrilleros al inicio de la década de los años ochenta, hechos de violencia como despojo, desplazamiento forzado, persecución a grupos políticos, organizaciones sociales, homicidio, desaparición, reclutamiento forzado, etc. Tampoco debe limitarse el reconocimiento de los beneficiarios de las medidas de restitución de tierras a partir del 1 de enero de 1991, la fecha debe ampliarse. Así mismo es preciso ampliar a los familiares como víctimas indirectas más allá del primer grado de consanguinidad o de afinidad y no sólo para casos de homicidio y desaparición forzada. Igualmente reconocer como víctimas a los miembros de grupos armados al margen de la ley cuando estén protegidos por el DIH y a sus familiares como víctimas indirectas por los mismos hechos.

Con relación al conflicto armado, si bien se considera un avance el reconocimiento de la existencia del mismo en el país, debe ampliarse el marco de la violencia en la que se genera la violación sistemática y generalizada de los DDHH Y DIH en Colombia. En este sentido importa el reconocimiento de las víctimas de las Bandas Criminales, estructuras que victimizan y revictimizan bajo procedimientos y fines idénticos a las estructuras paramilitares.

2. Diferenciación medidas de reparación, ayuda humanitaria y medidas de asistencia:

Es necesario redefinir:

*El artículo 25 de la ley, el cual señala que las medidas de asistencia adicionales consagradas tienen efecto reparador.

*El alivio de pasivos como efecto reparador (art.121);

*La restitución en materia de vivienda, como acceso prioritario y preferente a programas de subsidio de vivienda sujeto al monto de vivienda de interés social (art. 123);

*El reconocer como medidas de reparación lo estipulado como ayuda humanitaria a las víctimas del desplazamiento.

3. Restitución del patrimonio:

Para el desarrollo del principio de integralidad en la reparación, la restitución no debe basarse únicamente en los bienes inmuebles (art. 72). Conforme a los conocidos principios Pinheiro, el objeto de la restitución debe incluir la restitución de la vivienda y la restitución del patrimonio afectado por el despojo o abandono de bienes.

4. Contrato de transacción:

Las medidas de reparación deben caracterizarse por su integralidad, por lo que la reparación administrativa y judicial no es excluyente. El “Contrato de Transacción” vulnera el derecho de las víctimas a la justa indemnización, la autonomía judicial, y la jurisprudencia nacional que ha señalado la diferenciación entre la reparación por vía judicial y la reparación por vía administrativa (art.132).

5. Contrato de uso:

El ceder el uso y goce de la tierra objeto de restitución al opositor de buena fe exenta de culpa o al Estado (a través de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, cuando no se pruebe la buena fe mencionada del opositor) para el desarrollo de proyectos agroindustriales, desestímula el retorno al beneficiario de la restitución, y vulnera su derecho a la propiedad (art. 99).

6. Institucionalidad:

Ante las denuncias de las víctimas con relación a la revictimización de instituciones como Acción Social, es imperativa la renovación institucional, que responda adecuada y oportunamente a las demandas y reclamaciones de las víctimas.

7. Defender la eficacia de los derechos y verdadero goce por las víctimas a reparar y que no esté sujeto a proyectos como el Acto legislativo de principio de sostenibilidad fiscal.

8. Justicia transicional:

El Estado colombiano al adoptar políticas que no llevaron al desmantelamiento verdadero de los grupos paramilitares ni al proponer salidas al conflicto armado, enfrenta una justicia transicional sin transición y una paz fragmentaria, impidiendo la transformación radical del orden social y político, dado por el paso de un régimen dictatorial a uno democrático, o por la finalización de un conflicto interno armado y la consecución de la paz[1], como bien se entiende la justicia transicional. Lo anterior supone que el Estado colombiano debe adoptar medidas adicionales que garanticen el retorno, judicializar a los victimarios, conocer la verdad, etc.

9. Respetar el concepto de justa indemnización, y que los montos judiciales sean mayores a los topes fijados por el Gobierno Nacional.

En materia de responsabilidad subsidiaria del Estado no debe obligar a los jueces a indemnizar a las víctimas con base en topes impuestos por el Gobierno Nacional, esta medida vulnera el derecho de igualdad de las víctimas (aquéllas que deciden ir a la vía judicial de reparación frente a las que deciden ir a la vía administrativa) y desmotiva el desarrollo de procesos judiciales (valga decir que éstas medidas más el tope de honorarios para abogados en procesos de reparación directa desmotiva los procesos judiciales ante la jurisdicción contencioso administrativa)

10. Se deja a futura reglamentación (seis meses después de entrada de vigencia la ley) las acciones de restitución de los despojados; la estructura interna de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojada; las medidas de reparación colectiva; la indemnización por vía administrativa, entre otros. Es preciso que en esta importante parte se garantice la participación y consulta de la sociedad civil, y que efectivamente haya reglamentación para no repetir lo que ha ocurrido con otras leyes.

11. Indemnización por vía administrativa:

Será reglamentada por el Gobierno Nacional; el Ministro de Defensa, el Defensor del Pueblo y el Procurador General de la Nación podrán solicitar la revisión las decisiones que conceden indemnización por vía administrativa, adicionalmente se reconoce que ésta medida de reparación será entregada a la población desplazada por núcleo familiar y destinada a mecanismos definidos.

- Bárbara González es Asesora jurídico política Corporación Viva la Ciudadanía

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 260, Semana del 24 al 30 de Junio de 2011, Corporación Viva la Ciudadanía.

[1]1. Uprimny Yepes, Rodrigo; Botero Marino, Catalina y otros. ¿Justicia Transicional sin transición? Verdad, Justicia y Reparación para Colombia. DeJusticia. Bogotá, Junio de 2006.

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