Colombia

Cómo va el proceso de participación de las víctimas en el marco de la ley de víctimas y restitución de tierras?

Bárbara González

28/01/2013

Opinión

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Como he mencionado en anteriores artículos, en el marco de la ley 1448 o ley de víctimas aprobada en junio 10 del 2011 y puesta en ejecución o implementación en enero del 2012, y bajo la Circular 004 de 2012, se aprobó la creación de un mecanismo transitorio de participación destinado a tres grandes funciones:

a. Discutir el protocolo de participación.

b. Elegir de manera transitoria a los representantes de las víctimas en los escenarios de participación dispuestos en la ley 1448 de 2011.

c. Participar en la construcción de los Planes de Acción Territorial.

Este espacio transitorio fue una propuesta impulsada por la sociedad civil, víctimas, organizaciones de víctimas y organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas, con la intención que la ley no siguiera implementándose a espaldas de las víctimas y también para trabajar en la definición de la participación de las víctimas para el mecanismo definitivo de participación dispuesto en la ley de víctimas, concertando para ello, criterios, procedimientos, funciones, etc. Pero, también fue sugerido por las reiteradas denuncias sobre la ilegitima conformación de las mesas municipales de participación, denuncias que consistieron en:

- Declaraciones que implicaban a funcionarios de Personerías, quienes, de acuerdo a dichas acusaciones, asumieron un rol equivocado al exigir a las organizaciones de víctimas una serie de requisitos que no se encontraban en la ley, evidenciándose con ello una falta de información por parte de los funcionarios públicos y de la sociedad civil.

- Víctimas designadas a la libre escogencia del Personero.

- En las mesas de participación de víctimas estaban inscribiéndose personas que posaban como víctimas cuando en realidad eran sujetos conocidos por la comunidad como miembros que habían integrado o pertenecían a grupos de victimarios (grupos paramilitares, guerrilleros, bandas criminales)

Sin embargo, esta propuesta fue criticada en su pertinencia por ejemplo, la Defensoría del Pueblo manifestó que era una medida innecesaria. Lo que seguramente no se había analizado por parte de esta entidad era que la participación de las víctimas no se estaba dando y que los espacios conformados como los consejos de justicia transicional se estaban instalando sin contar con las víctimas (como ocurrió en Bogotá), lo peor era que las mesas se estaban conformando sin criterios para su conformación, no se establecía cuántas víctimas por forma victimizante, por el orden territorial, por enfoque diferencial, etc., se estaba permitiendo el desorden y la falta de claridad.

Hasta ahí pareciera que el rumbo se había enderezado. Sin embargo, es real y palpable la debilidad institucional en este caso expresado en la Subdirección de Participación de la Unidad de Atención y Reparación a víctimas (UARIV) y en general de la misma UARIV.

Para explicar mejor la anterior afirmación la crítica reside en la incapacidad de conducción del proceso participativo por parte de la Unidad, demostrado en:

a. Errores que van desde lo elemental. Se ha presentado una serie de malos manejos logísticos siendo el responsable (dicho por funcionarios de la misma Unidad) el operador logístico, que el año pasado correspondía a Quinta Generación. Era tan grave la inoperancia que se les dificultaba organizar una reunión de 120 delegados como ocurrió en la segunda asamblea de la mesa transitoria de participación llevada a cabo en la ciudad de Medellín, es decir, en términos de una adecuada convocatoria y garantías para una efectiva participación, perdieron. En el momento los problemas persisten, esta vez arguyen al complejo procedimiento para la contratación del nuevo operador, procedimiento impuesto por la ley 80. Es conveniente decir que se realizarán talleres a nivel nacional para la discusión del protocolo de participación y lamentablemente aún a estar próximos (primera y segunda semana de febrero) no sabemos los lugares donde se llevarán a cabo[1].

b. La división de las víctimas, específicamente las inconformidades manifestadas por la Mesa Nacional de Desplazados. A esta situación, la idea debería ser la unificación de los distintos grupos, en medio de las diferencias en un solo proceso, lo equivocado ha sido, la puesta en marcha de talleres, unos elaborados desde la mesa transitoria de participación y otros por la mesa desplazados, talleres y procesos divididos avalados por la Unidad.

c. La puesta en discusión de un documento borrador de protocolo de 300 páginas aproximadamente, que no concreta criterios para la elección, representación, funciones, condiciones entre otros. Es un documento elaborado por la Unidad que hace toda una explicación extensa al derecho a la participación pero que al final de su lectura el malestar es que queda faltando lo más importante, nada más y nada menos que las reglas de juego. Pero, peor aún es que el documento extenso no tiene forma de documento jurídico, redactado a manera de artículos, no es un proyecto de decreto ni nada parecido, por lo tanto se está discutiendo y se debatirá un documento que no será el aprobado, es decir, al final la Unidad redactará un texto en forma de decreto que no fue el consultado con las víctimas ni con las organizaciones de víctimas. Es un documento que la gran mayoría de su escritura debería ser resumido y cabría como la parte motiva del protocolo elaborado como proyecto de decreto reglamentario. Es importante mencionar que un logro conseguido ha sido que el Comité de Gestión y Trabajo de la Mesa transitoria de participación instó a la Unidad para que incluyera en los talleres municipales, el documento borrador de protocolo elaborado por la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de desplazamiento forzado, documento apoyado por la Mesa Nacional pertenecientes a organizaciones sociales. Esta propuesta de la Comisión contrario al texto promovido por la Unidad, no es extenso, crea criterios y está escrito en proyecto de decreto reglamentario.

Con base en lo anterior, es lamentable que la Unidad aún con todas las demandas presentadas y propuestas elaboradas por las organizaciones de víctimas y organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas pareciera oír, pero no actuar.

Sólo esperamos que no se repita el pasado, y es que ante la incapacidad institucional se generen relaciones de favores que entorpezcan aún más la responsabilidad de coordinación y puesta en marcha de la implementación de la reparación de las víctimas en condiciones de una participación efectiva, incluyente e informada de las víctimas.

- Bárbara González es Asesora jurídico política Corporación Viva la Ciudadanía

Edición N° 00336 – Semana del 25 de Enero al 1º de Febrero de 2013

Agenda y cronograma de los talleres departamentales, en las siguientes páginas.

[1]Adjuntamos a este artículo el cronograma de los talleres a nivel nacional y la metodología para su realización e informamos que el taller en Bogotá se celebrará los días 29,20 y 31 de enero, en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

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