Durante los últimos años, el sector militar de la sociedad guatemalteca ha estado experimentando movimientos de alcance social y político, cuyas características muestran el perfil de una estrategia que busca retomar posiciones preponderantes en el flujo de poder en el país.

Se trata de acciones, actitudes y comportamientos que eventualmente podrían conformar un patrón, tanto en la institución del Ejército nacional como en los oficiales retirados que hacen vida política fuera de la institución armada, desde las organizaciones gremiales que han creado en el retiro, los partidos políticos a los que se han afiliado y las estructuras ocultas en las cuales participan algunos de ellos.

Para tratar de entender esta presunta estrategia, la Fundación Myrna Mack analiza a la institución armada como la expresión institucional de este poder militar; y  considera a las agrupaciones de oficiales retirados como su expresión extra institucional.

Este proceso, que bien podría interpretarse como una búsqueda por restaurar el poder militar, ha estado poco expuesto al escrutinio público. Por un lado, poca es la información que se ha sistematizado al respecto; y casi siempre se aborda el tema de forma aislada, considerando sólo algunos aspectos sin establecer conexiones entre ellos.

Por ejemplo, constantemente se denuncia el incremento en el gasto militar y las frecuentes transferencias millonarias a favor del Ejército, lo cual hace que su presupuesto anual supere los mil millones de quetzales. La tendencia de incremento en la asignación a los militares se ha consolidado a pesar que los acuerdos de paz establecen una reducción drástica. Sin embargo, no se ha prestado mucha importancia a los tres intentos que ha habido, desde el año 2000, por reformar la Ley Constitutiva del Ejército[1].

Tampoco se ha hecho énfasis en la regionalización del despliegue militar y de los tribunales militares; el intento por erigir al Ejército como la Autoridad Marítima Nacional, el proyecto de nuevo Código Militar[2] y la reciente creación de un Departamento de Análisis Estratégico adscrito al Ministerio de la Defensa Nacional; la arbitrariedad en los nombramientos y la corrupción que desestabilizó al Banco del Ejército y al Instituto de Previsión Militar; el nulo avance en la reconversión y la generosa compensación económica otorgada a quienes van al retiro[3]; la participación política de oficiales retirados[4] y el ejercicio de cargos públicos que debieran ser ocupados por civiles, entre otros aspectos.

Por otro lado, la situación del creciente poder militar ha pasado prácticamente inadvertida por la avalancha de acontecimientos políticos, sociales y económicos que hemos afrontado en los últimos años: involución democrática, deterioro del Estado de Derecho y de la institucionalidad, crisis económica, falta de acceso a los servicios públicos esenciales, desempleo, corrupción, incremento en los índices de pobreza y una irreductible injusticia social.

De manera que el tratamiento aislado de estos aspectos no permite tener una visión global de lo que está sucediendo en el seno de este sector. En cambio, un análisis integral puede permitirnos hablar de "restitución" del poder militar, y no solamente de "remilitarización".

El posconflicto, una etapa difícil de afrontar

Es preciso notar que el posconflicto ha traído consigo una nueva etapa en la vida del poder militar en Guatemala. Un contexto en el que proliferan las acusaciones contra una institución sindicada de violar los derechos humanos y de haber ejercido una dictadura que impidió, por décadas, el desarrollo institucional democrático del país y engendró, a la postre, nuevas estructuras criminales con poder económico y político.

En algunos casos concretos, sus miembros están expuestos al escrutinio de la justicia o al menos están sujetos a investigaciones criminales que tal vez no arriben a procesos judiciales formales, pero sí los ubica en la mirilla del aparato judicial y de la opinión pública.

Además, en los acuerdos de paz, concretamente en el de Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, se han establecido las bases fundamentales de la reconversión del poder militar, que pasa necesariamente por reformas a su ley constitutiva, cambio de doctrina y de régimen educativo, reducción presupuestaria, disminución de efectivos y ajustes en el fuero castrense, entre otros aspectos. La respuesta del poder militar ha sido de rechazo a la reconversión, razón por la cual se han incumplido los compromisos que le atañen directamente.

El advenimiento de los gobiernos civiles supuso apenas cambios de poca envergadura, pues el Ejército conservó espacios sólidos de poder; espacios que eran administrados por los oficiales que concentraban un poder hegemónico interno. En ese entonces, la lucha era interna, los generales peleaban entre sí por ese control de la institución. El contorno civil era un plano exterior que no representaba amenazas realmente significativas.

Paulatinamente, la situación cambió. Se empezó a negociar la paz con la guerrilla, se desarrollaron investigaciones científico-académicas y se intensificaron las acciones políticas y judiciales contra militares sindicados de violar los derechos humanos[5]. En el plano judicial, los avances han sido escasos y parciales; pero el entorno político de esos casos penales creó nuevas corrientes de opinión nacional e internacional desfavorables al Ejército y sus miembros[6].

Esta situación perfiló una nueva realidad. En términos de la mentalidad militar, se presentaba un nuevo escenario de guerra, donde los "enemigos" serían los defensores de derechos humanos, los familiares de las víctimas, los sobrevivientes, la comunidad internacional que apoya la búsqueda de verdad y justicia, los operadores de justicia independientes y los acuerdos de paz, particularmente el que obliga a la reconversión, a la neutralidad política y al sometimiento al poder civil, así como al abandono de los conceptos contrainsurgentes y de la doctrina de seguridad nacional.

Esta nueva realidad los obligó a prepararse para la defensa en los tribunales, en los medios de comunicación y, en términos generales, en un ambiente eminentemente político, donde las prácticas contrainsurgentes no son del todo efectivas. La eliminación física o la intimidación de los oponentes no son suficientes, porque una dinámica de esta naturaleza traspasa las fronteras de lo personal. De manera que el poder militar se enfrentó a la necesidad de levantar defensas en una dimensión totalmente diferente a la acostumbrada.

La nueva realidad encontró al poder militar un tanto “desarmado”, por contradictorio que parezca. Los vaivenes en los ámbitos gubernamental y político minaron la solidez de los grupos hegemónicos internos; la política partidaria y la gubernamental afectaron la cohesión interna y virtualmente el Ejército quedó al mando de jefes militares poco avezados para la necesidad del momento.

La participación de militares en el crimen organizado, o la sospecha de su participación, así como su vinculación con asonadas o movimientos que promovían la inestabilidad política, agravó la crisis. A los "líderes legendarios", muchos de ellos supuestos miembros de la llamada "Cofradía"[7], que fueron al retiro al concluir su tiempo de servicio, se sumaron otros oficiales superiores y subalternos que se jubilaron, salieron intempestivamente de la institución como resultado de presuntas actividades delictivas[8] o por haber sido víctimas de la correlación de fuerzas internas que estaba en constante acomodo.

A todo ello se suma la manipulación de la carrera militar y el constante rompimiento de la línea de sucesión para integrar el Alto Mando del Ejército, debido precisamente a los vaivenes políticos y gubernamentales. Es posible que esta situación haya tenido sus momentos más determinantes cuando en 1997 se produjo la salida abrupta del general Julio Balconi Turcios del Ministerio de la Defensa Nacional; y cuando, en el año 2000, el presidente Portillo envió a disponibilidad a más de veinte generales e integró el Alto Mando con coroneles.

Desde entonces, la manipulación política del Ejército se agudizó y se llegó al extremo de permitir que el jerarca de un partido político, Efraín Ríos Montt, impusiera el ascenso de su hijo, el general Enrique Ríos Sosa[9], al cargo de Jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional.

Poder militar en dos ámbitos

Esta situación creada a lo largo de varios años, dio como resultado la constitución de un poder militar fuera de la institución armada. Muchos generales retirados aún consideran tener la vigencia necesaria para impulsar la restauración del poder militar, a efecto de protegerlo de las embestidas propias del posconflicto.

 El poder militar, entonces, empezó a expresarse en dos ámbitos diferentes, pero de alguna manera intercomunicados. En el ámbito institucional estarían el Ejército, su Alto Mando y estructuras más importantes.

En el ámbito extra institucional estarían los grupos, asociaciones y organizaciones que han formado los militares en situación de retiro. En éste podrían identificarse la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA), el grupo de Francisco Ortega Menaldo, la Cofradía, el grupo de Otto Pérez Molina y otras expresiones no menos importantes.

Las expresiones más pequeñas están constituidas por militares que prácticamente activan en lo individual. Se han acercado a partidos políticos para buscar un futuro en la administración del Estado y la conducción de los organismos estatales, tal es el caso de Otto Pérez Molina, Julio Balconi, Sergio Camargo, Héctor Alejandro Gramajo, Mauricio López Bonilla, Otto Noack, Enrique Mendoza, Mario Mérida, entre otros[10].

El grupo de Ortega Menaldo ha sido afortunado en el gobierno de Portillo, pues ocupa posiciones envidiables de poder al lado del Presidente, asesorándolo en materia de seguridad (con todo lo que esto implica en tareas de control político) y con fuerte influencia en los negocios del Estado.

AVEMILGUA es quizá la expresión organizada más fuerte, más estratégica y más definida del poder militar extra institucional. Ahí están los generales que protagonizaron el conflicto armado interno. En apariencia, es una organización gremial que se ocupa de promover “el respeto hacia el honor y la dignidad del militar”.

Sin embargo, sus esfuerzos se han orientado a desconocer los informes de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico y del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica; ha impulsado versiones en las que predomina la visión contrainsurgente; y suele “acompañar” a los pocos oficiales que han sido llevados a proceso judicial. Algunos de sus miembros se han involucrado en partidos políticos, como parte de una estrategia y no sólo por la mera búsqueda un cargo público o un espacio de influencia. La asociación también ha tratado de ampliar su "base social" y ha incluido en ella a varias facciones de ex patrulleros de autodefensa civil y ex comisionados militares.

En este punto, vale mencionar que varios militares aprovecharon ciertos privilegios de su carrera para estudiar Ciencias Jurídicas y ahora, graduados y en situación de retiro, asesoran a los acusados judicialmente. Así, forman parte de la barra de la defensa de los militares procesados por los asesinatos de la antropóloga Myrna Mack y del obispo Juan Gerardi; y realizan estudios jurídicos sobre otros casos que eventualmente podrían llegar a los tribunales.

En busca de la restauración del poder militar

La separación entre poder militar institucional y poder militar extra institucional es una mera clasificación, cuyo propósito es ordenar los factores y elementos para el análisis, pues en el fondo ambas expresiones tienen similares motivaciones:

1)      Obtener respeto por su actuación durante el conflicto armado interno, que rescate el honor y la dignidad militar.

2)      Proclamar la victoria política sobre la guerrilla y el entorno del conflicto, para sumar esto a su victoria militar.

3)      Impunidad, para eludir juicios por violación de derechos humanos y otros comportamientos criminales.

4)      Poder e influencia para proteger directa e indirectamente los intereses del sector.

5)      Proteger a quienes desde la contrainsurgencia transitaron hacia el crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción articulada y otros negocios ilícitos, en un malentendido "espíritu de cuerpo".

6)      Control sobre el proceso de reconversión que tarde o temprano debe empezar a concretarse; a efecto de que los ajustes tengan el menor impacto negativo posible en su posición de poder e influencia.

Los militares buscan generar una suerte de respeto hacia su actuación durante el conflicto armado interno y pretenden que la sociedad acepte como válido su comportamiento institucional en la lucha contra la guerrilla.

En el plano militar, el Ejército salió victorioso del conflicto armado interno, pero aún sigue peleando un saldo político a su favor. La paz abrió dinámicas que entrañan una sanción social y política, así como una eventual y tal vez una remota sanción judicial, por los delitos que se derivan de su accionar contrainsurgente; y por el ejercicio del poder político y público que tuvieron a su cargo durante los regímenes castrenses.

La gran motivación es restaurar el poder militar, con ajustes controlados que le permitan acomodarse al nuevo contexto y a la nueva realidad, pero con una carga ideológica similar a la que dominó la vida nacional durante gran parte del siglo pasado. Pretenden establecer parámetros que hagan posible disputar la interpretación del conflicto armado interno; abatir o eliminar amenazas que pongan en peligro la impunidad que han gozado; y fortalecer las barreras de protección sobre las actividades ilegales que hoy conforman la nueva forma de vida de algunos integrantes del poder militar.

Esta restauración se busca por la vía de la dinámica social y política; y han incursionado también, con mucha fuerza, en el ámbito electoral aprovechando que varios partidos políticos se han convertido en nichos desde donde pueden aspirar a cargos de elección popular  o actuar como asesores y cuadros técnicos.

Hay casos especiales, como el de Otto Pérez Molina, que ha construido su propia plataforma –el Partido Patriota-, desde la cual seguramente buscará la Presidencia de la República en el futuro cercano. Pérez fue afortunado cuando Oscar Berger tuvo que refugiar su candidatura presidencial en expresiones partidarias nuevas, luego de haber roto con el Partido de Avanzada Nacional.

De no haber ocurrido esto, seguramente la cosecha electoral de Pérez Molina y sus seguidores habría sido menos que exigua. Por supuesto, en este caso prima también el interés personal de un oficial militar que desea dar continuidad en el plano de la política partidaria a una carrera militar que iba en pleno ascenso cuando fue truncada, precisamente por los vaivenes políticos a los que ha estado sometida la institución armada.

El caso es que la pretendida restauración del poder militar, las características del presunto patrón que se ejecuta en esta dirección y la estrategia que puede vislumbrase en los nuevos tiempos que corren para el Ejército y sus oficiales, entrañan muchos riegos para la situación democrática del país, la vigencia de los derechos humanos y la institucionalidad política del país. Especialmente para el principio relacionado al fortalecimiento del poder civil.

Es un hecho que la estrategia que va tras la restauración del poder militar en las nuevas condiciones políticas del país, incluyendo la búsqueda de impunidad y de interpretaciones políticas favorables, estará presente en cualquier escenario político y partidario futuro. Unas más, otras menos, todas las opciones partidarias representan una posibilidad para el poder militar y sus motivaciones; y la misma dinámica social y política de Guatemala está abriendo los espacios para que esto sea posible.

Fundación Myrna Mack

Guatemala, diciembre de 2003