El país se encuentra a escasos días de experimentar cambios en la estructura de autoridad pública del Estado con la instalación, el 14 de enero del presente año, del nuevo gobierno que fue democráticamente electo en el proceso electoral del pasado 28 de diciembre, y en el que la Gran Alianza Nacional (GANA) y su binomio presidencial y vicepresidencial, Óscar Berger y Eduardo Stein respectivamente, salieron victoriosos. La nueva administración se enfrentará de entrada a grandes retos, tales como la búsqueda de gobernabilidad democrática, el fortalecimiento de la institucionalidad política del país y la generación de políticas encaminadas a crear mejores condiciones en términos de derechos humanos y bienestar social. Igualmente, el mismo día quedará instalado el nuevo Congreso de la República, el cual tiene a su vez un reto enorme: generar su propia gobernabilidad. Esta será la primera vez en muchos años que el Organismo Legislativo no contará con una bancada mayoritaria del partido oficial. Esto debe implicar mayor capacidad de discusión política y más apertura al diálogo entre los diputados, así como mayores destrezas de negociación entre el Organismo Ejecutivo y el Congreso, para que ambos trabajen conjuntamente. Es importante señalar que el tema de la gobernabilidad es una constante cada vez que un nuevo gobierno se instala, debido a que el país enfrenta aún un proceso de transición democrática, en el cual las reglas de juego político no están totalmente definidas, se hallan en flujo permanente y, por lo general, son objetos de una ardua contienda. Y es que para lograr la consolidación de la democracia no es suficiente la realización periódica de procesos electorales, como el que acaba de concluir: es necesario contar con una institucionalidad política fuerte, un sistema de partidos políticos funcional y una sociedad civil más participativa y fiscalizadora de los asuntos públicos, todo esto en el contexto de un Estado de Derecho que realmente se haga valer. Estos elementos deben acompañar necesariamente el proceso de consolidación democrática, ya que de ellos depende en gran medida la evolución o involución que pueda experimentarse a futuro. Sin embargo, en las condiciones actuales nuestro sistema político presenta rasgos de agotamiento y de inviabilidad. Una institucionalidad profundamente debilitada Desde el inicio de la transición política en Guatemala, las instituciones del Estado han sido utilizadas a conveniencia de los funcionarios que han arribado a ellas, impidiendo su desarrollo y fortalecimiento. El resultado, como en otros momentos de la historia reciente del país, es posible identificarlo en las condiciones actuales: un profundo debilitamiento de las instituciones del Estado, principalmente de aquellas garantes del orden constitucional, del Estado de Derecho y de la democracia, tales como la Corte de Constitucionalidad (CC), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Ministerio Público (MP), instituciones que por mucho tiempo habían gozado de cierta estabilidad, pero que en los últimos años han sufrido los embates de la manipulación política a causa de intereses personales, partidarios y sectoriales. No obstante, es fundamental indicar que el deterioro general que ha sufrido la institucionalidad del Estado no es legado exclusivo del gobierno de Alfonso Portillo ni del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), a pesar de que efectivamente en los últimos cuatro años el problema se ha acentuado y profundizado. Es, en definitiva, el resultado de tantos años en los cuales la institucionalidad ha sido sometida a fuertes acometidas fuera de cualquier orden legal y ético, tales como la manipulación política y el uso indebido de recursos, que han socavado las estructuras de cada una de las instituciones que tienen carácter estratégico para quienes las utilizan para sus propios fines. Es el resultado de tantos años en los que los poderes tradicionales y emergentes, que en momentos dados se han alternado en el ejercicio del poder real y que permanentemente se encuentran en pugna por la hegemonía de este poder, han manipulado a su antojo las estructuras del Estado para satisfacer sus intereses propios; han corrompido y amenazado a los funcionarios de la administración pública para encaminar las instituciones como les place; han incrustado agentes en instituciones estratégicas y han obstaculizado la aplicación de justicia con el fin de mantener impunes sus actos ilegales. Lo que efectivamente puede afirmarse es que el deterioro paulatino y sistemático de las estructuras del Estado ha tocado fondo durante la actual administración y se ha incrustado, como un cáncer, en instituciones vitales para la conservación de la incipiente democracia. Tal es el caso que la misma Corte de Constitucionalidad (CC), tomó una decisión inconstitucional en julio 14 del año anterior avalando la inscripción de Efraín Ríos Montt como candidato presidencial del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), lo cual le permitió participar en el proceso electoral, pese a la clara prohibición establecida en el artículo 186 de la Carta Magna. Asimismo, encontramos al jefe del Ministerio Público (MP) más preocupado por su imagen que por realizar de manera adecuada la función de persecución penal que le corresponde; además, enfrentado abiertamente a algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por conflictos personales fuera de todo orden. Por aparte, el sistema de justicia sigue caracterizado por la falta de acceso al mismo; con un presupuesto que no cubre las necesidades imperantes; con funcionarios altamente vulnerables a la corrupción, la manipulación, la intimidación y la coerción existentes en el ambiente; y con falta de independencia y autonomía para realizar su labor como corresponde. Por lo tanto, el mayor rasgo de involución democrática ha sido el profundo deterioro al que ha estado sometida la institucionalidad democrática desde hace varios años, aunque de forma más acentuada y sistemática en el último período de gobierno. Un sistema de partidos políticos sumido en una fuerte crisis Al igual que la institucionalidad del Estado, el sistema de partidos políticos ha sido empleado a lo largo de la corta historia democrática del país para el beneficio de quienes pretenden arribar a las estructuras estatales. Los partidos políticos aún continúan siendo utilizados simplemente como vehículos para alcanzar cargos de autoridad pública, circunstancia que no ha permitido su desarrollo y fortalecimiento. La principal causa de este deterioro radica en que la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) es sumamente débil y permisible: establece únicamente condiciones mínimas y no obliga a los partidos políticos a ser más democráticos internamente. Esto ha ocasionado que las organizaciones políticas sean estructuras con profundas debilidades. En términos generales, y en el reciente proceso electoral ha quedado ampliamente demostrado, los partidos políticos no tienen procesos democráticos internos para elegir quiénes serán sus postulados para ocupar cargos públicos, debido a que regularmente están dirigidos por un grupo de personas, o en el peor de los casos por un líder que maneja el partido según su conveniencia. Además, no son institucionalizados: en su mayoría son estructuras partidarias coyunturales que aparecen cada cuatro años como una especie de cometas y al momento de finalizar el proceso electoral desaparecen, ya sea porque no lograron el mínimo de votos para su mantenimiento o porque entran en estado catatónico a la espera de la siguiente elección. Por lo regular, no presentan planes de gobierno con propuestas técnicas basadas en ideologías claras, sino simplemente ofertas electorales fundamentadas en lineamientos dictados por el marketing político; buscan durante la campaña un grupo-objetivo en el electorado para captar votos, ya que no tienen una base social permanente y fuerte que los respalde. Una sociedad civil puramente delegativa El espacio real de participación ciudadana desde el inicio de la transición democrática se ha reflejado únicamente en los procesos electorales que se han realizado desde entonces, por medio del voto. La ciudadanía acude a las urnas a elegir a los próximos funcionarios públicos, los cuales posteriormente se desvinculan del electorado que los llevó a esos cargos. Este carácter delegativo permite, en gran medida, que los funcionarios accedan a las instituciones del Estado con libertad de acción, sin la existencia de controles democráticos horizontales y verticales, lo cual crea condiciones propicias para el enriquecimiento ilícito, la malversación de fondos y la corrupción. Por lo tanto, cada vez es más latente la necesidad de abrir espacios permanentes de consulta entre el gobierno y la sociedad civil, que generen un ambiente de gobernabilidad y permitan que las acciones que el gobierno desee impulsar tengan el respaldo social necesario. Sin embargo, esto demanda que la sociedad civil se fortalezca ostensiblemente y ejerza la función de fiscalización que le corresponde, alcanzando, de esta manera, más espacios de participación. Situación de derechos humanos En relación con este tema, es posible notar que en los últimos cuatro años se ha generado un patrón institucional que, por medio de aparatos clandestinos y estructuras paralelas de seguridad, han amenazado y, en ocasiones, atentado contra defensores de derechos humanos, operadores de justicia, testigos, querellantes adhesivos, abogados, periodistas, opositores políticos, lo cual ha creado un ambiente de violencia política en el país. Tal es el caso que el proceso electoral reciente estuvo cargado de decenas de hechos (asesinatos, secuestros, amenazas, intimidaciones, presiones, etc.) con vinculación política, que aún permanecen en total impunidad. Además, fue posible observar campañas electorales repletas de agresiones de tipo verbal, lo cual refleja el ambiente de intolerancia que impera en el país. Sin embargo, respecto a este tema no todo ha significado un retroceso: la suscripción de un acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que crea una oficina de campo en Guatemala puede considerarse un gran avance en materia de defensa de los derechos humanos. Esta oficina, al momento de su instalación, tendrá como objetivo observar la situación de derechos humanos a fin de asesorar a las autoridades guatemaltecas en la formulación y aplicación de políticas, programas y medidas para promover y proteger los derechos humanos, así como presentar informes analíticos a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En materia de seguridad y justicia Al respecto, cabe indicar que durante la gestión de Alfonso Portillo y el FRG los temas de seguridad y justicia no fueron prioridad. Tal es el caso que la debilidad del presupuesto asignado al Ministerio de Gobernación y a las instituciones del sector justicia fue una constante en los últimos cuatro años, contrario a lo que pudo observarse referente a la suma de dinero destinada al Ejército. Anualmente la institución militar vio incrementado su presupuesto, el cual en el 2003 ascendió hasta Q.1,200 millones, sin contar las transferencias otorgadas a la institución en el último trimestre del año, acción que contraviene el espíritu de los Acuerdos de Paz Sin embargo, a pesar de las profundas debilidades de las instituciones del Estado que trabajan en esta materia, producto de diversos factores (presupuesto reducido, crecimiento del crimen organizado, incapacidad de funcionarios, etc.), es importante indicar que el Estado de Guatemala dio un paso adelante al perfilar la Comisión para la Investigación sobre Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS) suscribiendo con el Procurador de los Derechos Humanos un acuerdo político que fundamenta la necesidad de esta comisión. Actualmente se espera que el Estado de Guatemala, a través de su Cancillería, concrete con la ONU la suscripción del convenio que creará esta comisión; y que el Congreso de la República lo apruebe para que el proceso de instalación se ponga en marcha a la brevedad posible. La instalación de esta comisión es impostergable, ya que es un hecho real que estas estructuras paralelas, de carácter fáctico, están incrustadas en los centros de toma de decisión más importantes del país, en la esfera estatal, en las instituciones, en los partidos políticos, en los órganos de seguridad e inteligencia y en cualquier ámbito estratégico para sus intereses. Además, el Ministerio Público ha evidenciado en múltiples ocasiones su incapacidad para investigar a los responsables y líderes de estos aparatos ilegales y someterlos a los tribunales de justicia, situación que no es casual, ya que dentro de esta institución los poderes ocultos han creado sus redes y operan efectivamente, entorpeciendo investigaciones y procesos judiciales que podrían afectarles. Desafíos para el próximo gobierno A manera de conclusión, es importante indicar que la nueva administración que quedará instalada a partir de enero 14 del presente año deberá realizar varias acciones urgentes, no sólo para generar un ambiente de gobernabilidad, sino para apuntalar la consolidación democrática del país. Éstas se resumen de la siguiente manera: - Tomar todas aquellas medidas necesarias para fortalecer la institucionalidad política del país, a fin de generar mayor estabilidad en nuestro sistema político. - Concretar la creación de la CICIACS, con el propósito de iniciar el proceso de investigación sobre los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que operan impunemente en el país. - Instalar la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Guatemala, con el objetivo de hacer un seguimiento más profundo de la situación de Derechos Humanos. - Realizar todas las acciones necesarias para cesar el patrón de violencia que afecta sistemáticamente a defensores de derechos humanos, operadores de justicia, testigos, abogados, querellantes adhesivos, periodistas, religiosos y opositores políticos. - Fortalecer la institucionalidad encargada de velar por el cumplimiento de los derechos humanos, tales como la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos (COPREDEH), así como cumplir con las recomendaciones de los relatores del sistema de Naciones Unidas, específicamente las provenientes del Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados, Param Cumaraswamy, y de la Representante del Secretario General de ONU, Hina Jilani, sobre el tema de Defensores de Derechos Humanos. - Buscar la gobernabilidad democrática, sobre la base del diálogo y la negociación, para generar políticas orientadas a la estabilidad económica y social, el avance de la implementación de los Acuerdos de Paz y el establecimiento de políticas democráticas de seguridad. - Implementar acciones que empiecen a revertir sistemáticamente los altos índices de delincuencia común, crimen organizado y violencia política que se experimentan en todo el territorio nacional. - Ejercer efectivamente los controles democráticos dentro de la administración pública, con el fin de frenar paulatinamente los altos índices de corrupción en las instituciones estatales, así como poner en marcha un fuerte programa educativo a todo los niveles que fomente los valores éticos y democráticos para afrontar este problema desde la raíz. - Generar un ambiente de estabilidad económica que cree condiciones propicias para atraer inversión nacional y extranjera, con el propósito de generar más fuentes de trabajo y, de esta forma, mejorar paulatinamente las condiciones de vida de tantos guatemaltecos sumidos en la pobreza extrema. - Retomar el Pacto Fiscal en su integralidad, a efecto de fortalecer el sistema de recaudación tributaria y elevar la carga tributaria, de manera que el Estado cuente con suficientes recursos para atender sus obligaciones constitucionales, especialmente aquellas dirigidas a combatir la pobreza y crear mejores índices de bienestar social, empleo y expansión de los servicios públicos esenciales.