Colombia

Del voto preferente

Amylkar D. Acosta M.

19/11/2012

Opinión

^-A ⁺A

“Con los más loables y mejores propósitos
se hacen las peores cosas” A. A

La reforma del régimen de regalías que entró en vigencia a partir del 1º de enero de este año[1] sigue dando de qué hablar. A través de la Ley 1530 de 2012 que desarrolla y reglamenta el Acto Legislativo 05 de 2011 se crearon los órganos colegiados de administración y decisión, los tan publicitados OCAD. Estos, a su vez, están supeditados jerárquicamente al órgano rector del Sistema General de Regalías (SGR), cuya secretaría técnica ejerce el Departamento Nacional de Planeación, el cual está llamado a establecer pautas para el funcionamiento del SGR, así como también de los fondos que hacen parte del mismo. En ejercicio de esa potestad la Comisión Rectora[2], le dio concepto favorable al proyecto de presupuesto bianual del SGR presentado a su consideración por parte del Ministerio de Hacienda, como paso previo para su radicación en el Congreso de la República para su trámite y aprobación.

Presupuesto Inflado

Este proyecto de presupuesto para la vigencia 2013 – 2014 está aforado en la suma de $17’726 millardos, $9’140 millardos para el primer año y $8’586 millardos para el segundo. Este presupuesto, a diferencia del Presupuesto General de la Nación (PGN) que es de causación, es de caja, dado que está basado en las estimaciones de los ingresos provenientes de las regalías que hace el Ministerio de Hacienda a través del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)[3]. Dice la Ponencia del proyecto de Ley, que ya fue aprobado en primer debate por parte de las comisiones económicas terceras y cuartas conjuntas de Senado y Cámara de Representantes y ahora se enruta al segundo y último debate, que “la proyección de las regalías se basó en supuestos ajustados a la realidad”[4]. Pero, al tragar entero, no se dieron al trabajo de analizar las bases sobre las cuales descansa dicha proyección, las cuales lucen muy deleznables, toda vez que, al igual de lo que pasó con el PGN, a nuestro juicio se están sobreestimando los recursos que se esperan recibir por concepto de regalías en los próximos dos años.

No es realista la posición del Gobierno al apostarle a un crecimiento del PIB del 4.8% para este año y el entrante, estando advertido de que la economía colombiana ya ha empezado a sentir en carne propia los embates de los vientos fríos que soplan desde Europa y el lejano oriente. Se parte de la premisa de que el boom minero – energético se prolongará por otros años más, cuando los registros del último año muestran una clara tendencia a su decaimiento merced a la destorcida de los precios internacionales de todos los commodities, influida por la baja en la demanda por los mismos[5], que se encuentra en su cuarto menguante. Por ello, consideramos que los supuestos en que se basó este proyecto de presupuesto están, como diría el connotado escritor Octavio Paz, “a las afueras de la realidad”. Porque, suponer precios WTI del barril de crudo colombiano de US $95 para el 2013 y de US $91 para el 2014, no consulta para nada las sombrías perspectivas que se vislumbran. Lo propio podemos decir con respecto al precio del carbón, que se estima en US $75 para el 2013 y US $77 para el 2014. Claro que el Gobierno se cura en salud, haciendo la salvedad de que tales supuestos “pueden verse afectados por múltiples factores internos y externos, lo cual le confiere una gran volatilidad a las variables del sector Minero – energético”[6].

El Triángulo de las Bermudas

Ahora bien, los triángulos de buen gobierno, como le llaman a los OCAD, como ya tuvimos oportunidad de reseñarlo, han resultado inoperantes, paquidérmicos y se parecen más al triángulo de las bermudas, en donde naufragan las mejores intenciones[7]. A la postre, nadie está contento con los OCAD; pero, curiosamente, los más inconformes con este mecanismo para acceder a los recursos del SGR son los parlamentarios, que fueron quienes los crearon. Ahora se quejan de que “al definir la estructura de decisión de los OCAD se les dio un excesivo poder de decisión a los gobernadores…Su estructura de decisión, tal como ha sido concebida, podría llevar a decisiones indeseables”[8], pero no precisan para quién podrían ser indeseables. Pero, empieza uno a salir de dudas cuando advierten en la Ponencia que “existe una queja generalizada sobre el trato que en ocasiones se dispensa a integrantes de esta corporación (léase Congreso de la República)”[9] que hacen parte de los OCAD. Por su parte el Gobierno no ha disimulado su disgusto con el funcionamiento de los OCAD, porque en ocasiones al momento de tomar decisiones en torno a los proyectos a aprobar las autoridades regionales han terminado por imponerse a la omnímoda voluntad del Gobierno central a través de sus mayorías en el seno de los mismos.

Salta la liebre

Buscándole la comba al palo, a la chita callando, entre bastidores, se les antojó a los ponentes de este Proyecto, acolitados por el Gobierno, que “para evitar que se presenten situaciones como las mencionadas, consideramos aconsejable conceder cierto poder de decisión al Gobierno Nacional, del que actualmente carece, para restringir la aprobación de proyectos que a todas luces (de quién?) sean inconvenientes para las regiones”[10]. Y, a renglón seguido, acotan que el Congreso y el congresista “debe tener la posibilidad de incluir iniciativas en el anexo de proyectos y que estas sean consideradas también en los OCAD”[11]. Eureka, este es “a todas luces” un intento solapado de incrustar en el Presupuesto del SGR los llamados eufemísticamente cupos indicativos, que no son otra cosa que auxilios disfrazados, práctica esta que ha hecho carrera en la aprobación del PGN.

Pues, bien, después de darle vueltas al asunto, se llegó a la fórmula salomónica perfecta que le permitirá al Gobierno aceitar la maquinaria y a muchos congresistas satisfacer sus ambiciones de cara a los próximos certámenes electorales que ya se avecinan. La misma le permitirá al Gobierno central, que ya de por sí tiene la sartén por el mango en el nuevo esquema del SGR[12], imponer sus decisiones en los OCAD a través de su voto preferente y, como favor con favor se paga, por esta vía favorecer aquellos proyectos que tengan el padrinazgo de los parlamentarios afectos al mismo. Se trata, según lo aprobado en las primeras de cambio de que “los proyectos de inversión susceptibles de financiación por los fondos de Desarrollo Regional (FDR) y del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación FCTI), para su aprobación deberán contar con el voto positivo del Gobierno Nacional…Así mismo…los proyectos susceptibles de financiación con cargo al 60% del Fondo de Compensación Regional (FCR) deberán contar con el voto positivo del Gobierno Nacional”[13]. No se queda nada por fuera, todos los recursos de inversión del SGR, tanto los del FDR, como los del FCTI y los del FCR están en la mira.

Ya habíamos advertido del riesgo que se corría de que los recursos del SGR terminaran convirtiéndose en algo parecido a lo que en su momento bautizaron en el Congreso de Inglaterra como el barril de los puercos, por ser una fuente de corrupción y clientelismo, los mismos vicios que supuestamente se buscaba erradicar con la aprobación de la reforma del régimen de regalías. Y, desafortunadamente, todos los indicios conducen a concluir que por esta vía estaremos muy expuestos a que se termine cumpliendo mi premonición de que podemos simplemente salir de las llamas para caer en las brasas. Y de paso se tira por la borda el tris de autonomía que aún les queda a las entidades territoriales, llevándose de calle el principio de la autonomía para la gestión de sus intereses por parte de las mismas, tal y como lo consagra la Carta en sus artículos 1º, 3º, numeral 2 y 287.

Como quedó establecido en la Ley 1530 de 2012, el Gobierno central tiene el control absoluto del SGR, dado que a través del DNP tiene la Secretaría de la Comisión Rectora, maneja el Banco de Proyectos, evalúa y conceptúa sobre estos para darles viabilidad y, como si lo anterior fuera poco, maneja también el Sistema de Monitoreo, Control, Vigilancia y Evaluación de la ejecución de los recursos del SGR, con poder sancionatorio. Y si a ello se le añade el poder de veto en los OCAD, los alcaldes y gobernadores, los concejos y asambleas, quedarán todos reducidos a su condición de convidados de piedra. Todavía estamos a tiempo para que no pase este engendro y se consume este exabrupto, que atenta contra la quintaesencia misma de la Constitución Política expedida en 1991.

Bogotá, noviembre 18 de 2012

- Amylkar D. Acosta M. es Miembro de Número de la ACCE - www.amylkaracosta.net

[1] Acto Legislativo 05 de 2011

[2]Ley 1530 de 2012, artículo 5º

[3] Ley 819 de 2003

[4]Ponencia para primer debate del Proyecto de ley 130 Senado y 158 Cámara de Representantes, “por el cual se decreta el presupuesto de ingresos y gastos del SGR para el bienio 2013 – 2014”

[5]Amylkar D. Acosta M. A propósito del Presupuesto General de la Nación 2013. Octubre, 29 de 2012

[6]Ponencia para primer debate del Proyecto de ley “por el cual se decreta el presupuesto de ingresos y gastos del SGR para el bienio 2013 – 2014”

[7]Amylkar D. Acosta M. El trancón de las regalías. Agosto, 16 de 2012/ El trancón sigue. Septiembre, 1 de 2012

[8]Ibidem

[9]Idem

[10]Idem

[11]Idem

[12] Amylkar D. Acosta M. La reforma del régimen de regalías y su impacto en las finanzas territoriales. 2ª edición. 2011

[13]Texto aprobado en primer debate por las comisiones económicas conjuntas terceras y cuartas del Senado de la República y la cámara de Representantes, del Proyecto de ley 130 Senado y 158 Cámara de Representantes. Artículo 31

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