Los resultados que viene arrojando la investigación de la Fiscalía General de la Nación sobre la masacre de 8 personas, 5 adultos y tres niños, ocurrida el 21 de febrero de 2005 en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en el Urabá antioqueño, demuestra que, poco a poco, la verdad de las comunidades se impone a la mentira estatal, así esta última sea repetida mil veces.

En una decisión proferida el pasado 15 de abril, el ente acusador dictó medida de aseguramiento contra seis de los trece militares capturados el pasado 27 de marzo, sindicados de participar en la masacre. La medida, que consiste en detención preventiva sin beneficio de libertad provisional, afecta al teniente Alejandro Jaramillo Giraldo y al subteniente (r) Jorge Humberto Milanés Vega, así como a los sargentos Henry Cuasmayán Ortega, Ángel Padilla Petro y Sabaraín Cruz Reina, y al cabo segundo Ricardo Bastidas Candia.

Todos ellos deberán responder como presuntos coautores de los delitos de homicidio en persona protegida y actos de terrorismo, en cuyos atroces hechos fueron asesinados a machetazos Luis Eduardo Guerra y su esposa Beyanira Aleiza, así como a Deyner Andrés, hijo de Guerra, de 11 años, cuyo cuerpo fue decapitado; Alfonso Bolívar Tuberquia, su esposa Sandra Milena Muñoz, y sus hijos Natalia, de 5 años, y Santiago, de 2 años, así como Alejandro Pérez, jornalero de oficio.

La decisión no sorprende, pues desde el mismo momento en que se conoció la cruenta incursión, los habitantes de la Comunidad de Paz denunciaron que en ella habían participado miembros de grupos paramilitares apoyados por tropas del Ejército adscritas a la Brigada XVII del Ejército con sede En Carepa, población también del Urabá antioqueño.

Lo que sí sorprende es el silencio del Gobierno nacional, del estamento militar y de los propios medios de comunicación, que, pese a las evidencias y a las decisiones judiciales, aún no responden por los graves y falsos señalamientos contra la Comunidad de Paz, que, de manera conjunta, relacionaron a sus pobladores con la guerrilla de las Farc.

Cronología de la mentira

La primera mentira estatal corrió por cuenta de un “ex guerrillero” de las Farc, quien en amplias declaraciones dadas a la prensa y divulgadas en la primera semana de marzo de 2005, señaló a las Farc como responsable de la masacre porque tenía información de que algunas de las víctimas iban a abandonar la comunidad. “La guerrilla ordena cómo se hacen muchas cosas en el pueblo. Al que no le gusta lo fusilan”, dijo este supuesto insurgente, quien recibía protección del Gobierno nacional.

Lo grave de esta falsa versión es que comenzó a ser reproducida por el propio presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Así quedó demostrado el domingo 20 de marzo de 2005. Ese día, al finalizar un consejo de seguridad realizado en Apartadó, el Presidente leyó un comunicado en el cual afirmó que “en esta comunidad de San José de Apartadó hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados, por personas que han residido allí, de auxiliar a las Farc y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista”.

El entonces Ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, le salió al paso a los señalamientos que desde Europa hacían diversas organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos y explicó en una carta, fechada el 18 de marzo, que “en ocasiones estas agrupaciones han utilizado dichas comunidades como refugio para sus actividades delictivas. La Comunidad de San José de Apartado no ha sido la excepción”.

La estigmatización de la Comunidad de Paz continuó por parte del Ejército Nacional, institución que a través de un comunicado calificó de “coincidencias sospechosas” algunos detalles de la masacre, entre ellas que Luis Eduardo Guerra “había expresado su intención de retirarse de la comunidad”. Sobre Alejandro Pérez, a quien definió como “cabecilla de milicias de la región La Cristalina”, dijo que también habría expresado su deseo de acogerse a programas de reinserción e iniciado gestiones para tal fin; y de Alfonso Bolívar Tuberquia afirmó que “estaba siendo acusado por las Farc de haber servido como informante de las tropas en un caso en el cual fue dado de baja un peligroso bandido, cabecilla del V Frente de las Farc”.

En la construcción de la mentira también se involucró la Fiscalía Regional de Antioquia, que a través del director regional en esa época, Francisco Galvis Ramos, declaró que la Comunidad de Paz de San José de Apartadó “era un veraniadero de las Farc”.

A todos ellos le hicieron eco los medios de comunicación que, sin dudar de las versiones estatales, reprodujeron sus sindicaciones y editorializaron sobre ello, estigmatizando aún más a los habitantes de la Comunidad de Paz. La propaganda estatal logró entonces capitalizar todos los ámbitos para cerrarle espacios a las víctimas, una práctica reiterada a lo largo de estos años de guerra en Colombia.

Los pasos de la verdad

Las versiones de excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que operaron en el Urabá antioqueño, chocoano y cordobés le vienen rompiendo la falsa versión al Gobierno nacional, acusando a varios miembros del Ejército de haber perpetrado esta masacre en asocio con grupos paramilitares, lo que complementa lo dicho a gritos por la Comunidad de Paz días después de la masacre, sin que fuera escuchada por las autoridades.

Un abanderado de este proceso ha sido el sacerdote jesuita Javier Giraldo, quien acompaña esta iniciativa de paz desde el mismo momento de su constitución, el 23 de marzo de 1997. Su voz nunca ha vacilado para señalar la persecución estatal y paramilitar a la que ha sido sometida la Comunidad de Paz por defender el concepto de neutralidad y no aceptar a los actores armados, sean legales e ilegales en su territorio.

El padre Giraldo siempre ha sido claro al resaltar la complicidad del Estado en el crimen de los 8 pobladores de la Comunidad de Paz. Sus propias indagaciones y las que viene arrojando el proceso en la Fiscalía permiten concluir que este crimen fue perpetrado de manera conjunta por tropas del Ejército y grupos paramilitares.

Uno de los aspectos de los autores de la masacre aún no ha sido dimensionado en sus justas proporciones. De acuerdo con las versiones de los excombatientes de las Auc, el bloque paramilitar que participó en la incursión fue el Héroes de Tolová, estructura que estaba al mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna, quien para esa época hacía parte del Estado Mayor de las Auc y cuyos compromisos de desmovilización incluían el cese de operaciones.

De acuerdo con las indagaciones del padre Giraldo, que obran en los expedientes del proceso que adelanta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se sabe que miembros del Ejército llamaron a los comandantes de este bloque de las Auc para perpetrar la incursión de manera conjunta, acción que revela la relación sistemática de los paramilitares con las fuerzas armadas constitucionales, la cual venía de tiempo atrás, cuando el grupo armado ilegal estableció su base de operaciones en el poblado Nueva Antioquia, en Turbo, y permaneció allí por más de una década.

Los resultados de la investigación sobre estos atroces hechos permite establecer que las autoridades, desde el más alto nivel, mintieron de manera premeditada y construyeron una mentira a conciencia. Las falsas versiones, tanto de la Presidencia de la República como las del Ministerio de Defensa, la Comandancia del Ejército y de la Fiscalía Regional de Antioquia, divulgadas ampliamente por los medios de comunicación, reclaman, además de una retractación pública, la acción de la justicia, pues tal manipulación de la verdad lo único que refleja es complicidad.

Juan Diego Restrepo E.

Editor Agencia de Prensa IPC

Medellín, Colombia

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