La extradición a Estados Unidos de 14 personas, entre ellos los máximos jefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), es una jugada maestra del presidente Álvaro Uribe Vélez, pues se beneficia a sí mismo, a un amplio círculo de empresarios e integrantes de la fuerza pública, y a ellos mismos y, de paso, cierra las puertas al proceso de verdad que se venía dando en el país, sobre todo en relación con los nexos entre la clase política, empresarial y castrense con esta organización armada ilegal.

Uno de los primeros beneficios que logran los ex comandantes de las Auc extraditados es que sean castigados por el delito de narcotráfico, y se dejan de lado los crímenes de lesa humanidad cometidos por ellos y hombres bajo su mando durante más de 20 años en el país. Se impone por esta vía el castigo a las ambiciones económicas de los vinculados con procesos de narcotráfico y se soslaya la sanción por los crímenes atroces, violatorios de los derechos humanos y que representan un atentado contra la humanidad, asunto que, como ha quedado demostrado, no le importaba al Gobierno nacional ni le interesa a la administración de justicia norteamericana.

En el terreno local, uno de los más beneficiados con la extradición es Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna, quien tenía ya una condena de 27 años por los delitos de desaparición forzada y homicidio cometidos en la comuna 13 de Medellín durante los años posteriores a la llamada Operación Orión, realizada por fuerzas estatales en octubre de 2002 contra la insurgencia. Es probable que el tiempo de reclusión en una cárcel del país norteamericano sea menor a esta condena, lo que ejemplifica la decisión de poner el narcotráfico por encima de los crímenes de lesa humanidad, y la renuncia que hizo el Gobierno nacional para que cumpliera su pena en el país.

Un aspecto fundamental para la justicia en Estados Unidos es la confesión que puedan hacer los extraditados en relación con el delito del narcotráfico. Y para ello se requiere información, una carta fundamental que tienen los ex jefes paramilitares por cuanto conocen rutas y contactos, detalles que le gustan a los jueces de ese país. Los extraditados tienen con qué negociar y eso juega a su favor, pues con ello evitarían largas condenas. Habrá que ver si dentro de 8 ó 10 años, cuando acaben de purgar sus penas si son condenados, el país recuerda esos delitos y sobreviva la voluntad de juzgarlos.

Con esta masiva extradición también ganan decenas de empresarios, militares y policías, que tuvieron profundos nexos con el proyecto paramilitar. La verdad sobre sus niveles de participación se van con los extraditados y dado que no es ese el eje central a juzgar en Estados Unidos, correrá el riesgo de olvidarse o se le impondrán reservas que hagan imposible su conocimiento, por lo menos en el corto plazo.

Por el momento, son muchos los miembros de la fuerza pública, empresarios, industriales y comerciantes que respiran tranquilamente, pues saben que los ex jefes paramilitares extraditados tenían en sus cabezas el mapa de las relaciones de las Auc con todos ellos. Esa verdad, que había empezado a conocerse a retazos y a partir de la cual se podía tejer la red de relaciones, quedará opacada por las revelaciones sobre narcotráfico que se hagan en Estados Unidos, lo único que le interesa realmente a la justicia de ese país. En ese sentido, el presidente Uribe le ha hecho un favor muy grande a unos y a otros.

Esa jugada maestra del Presidente de la República también es un punto a su favor en su confrontación ideológica y jurídica con la Corte Suprema de Justicia. Sabe que con la extradición de los principales ex jefes paramilitares le pone trabas a los procesos que se siguen allí contra por lo menos 63 congresistas, a quienes se les investigan sus relaciones con el proyecto paramilitar y dificulta las condiciones de acceso a los ex comandantes de las Auc.

Lo que vendrá ahora serán procesos penales con costos económicos excesivos para la administración de justicia para adelantar las versiones libres en Estados Unidos. En el proceso de crear condiciones para atender sus requerimientos, la Corte necesitará un apoyo sustancial en este aspecto que aún es temprano para definir quién se lo dará. La misma situación cobija a la Fiscalía General de la Nación, que también tendrá que enviar fiscales a Estados Unidos para atender los procesos que investiga.

El Presidente Uribe afectó de manera sustancial la aplicación de la Ley 975, llamada de Justicia y Paz, que su gobierno presentó, tramitó y fue aprobada por el Congreso de la República con el fin de juzgar a los jefes paramilitares que se acogieran a ella. Los ex jefes paramilitares no se verán obligados a recurrir a las versiones libres, aspecto esencial del proceso adelantado con ello, lo que tiene efectos en la reparación integral de las víctimas, tanto individual como colectiva.

No obstante, el Gobierno nacional ya tiene un mecanismo para ello: el Decreto 1290, refrendado por el Presidente de la República y que establece las condiciones a través de las cuales se reparará a las víctimas sin que tuvieran que hacer el largo recorrido del proceso judicial. El asunto parece preparado para beneficiar a los victimarios y continuar afectando a las víctimas.

Y es que en todo este desmadre jurídico que creó el Presidente de la República con el argumento de que los ex jefes paramilitares y algunos de sus subalternos seguían delinquiendo desde la cárcel y no habían respondido con efectividad al proceso de Justicia y Paz, las víctimas del paramilitarismo, quienes vieron partir sus derechos de verdad, justicia y reparación integral en un pequeño avión de la DEA al amanecer de este martes 13 de mayo.

Los costos de los procesos penales se incrementarán de manera sustancial para aquellas víctimas u organizaciones de víctimas y sus apoderados que quieran llevar sus querellas judiciales a las cortes norteamericanas. Es un esfuerzo económico que es necesario calcular para medir el verdadero impacto de lo decidido desde la Casa de Nariño.

Ejemplo de ello lo representa, para seguir con el mismo ejemplo, el proceso contra alias don Berna. ¿Qué posibilidades tendrán los abogados defensores de las víctimas de la comuna 13 de interrogarlo en una cárcel de Estados Unidos? Si las víctimas acá en Colombia tenían dificultades de acceder a los lugares de audiencia, porque muchas no podían ni llegar al sitio por falta de recursos económicos, mucho menos podrán acceder a una corte norteamericana.

También quedan dudas sobre la posibilidad de acceso de sus abogados a los expedientes y a los propios versionados para hacerles las preguntas de rigor, derechos fundamentales de un sujeto procesal. Se presume entonces que con estas dificultades y otras más que aparezcan en el camino, se violarán los derechos de las víctimas a tener acceso a un proceso judicial en el cual se había determinado que ellas participarían de manera directa.

En suma, la extradición de los ex jefes paramilitares y algunos de sus subalternos altera de manera sustancial la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, justo en un momento que estaba arrojando no sólo verdades para las víctimas sino en momentos que estaba arrojando indicios de las verdades estructurales que explicarían la manera cómo diversos sectores del país aceptaron el proyecto paramilitar durante los últimos 25 años, permitieron numerosas matanzas y se lucraron de todo ello.

- Juan Diego Restrepo E. es editor Agencia de Prensa IPC

Medellín, Colombia, www.ipc.org.co