Washington

Dadas las nuevas condiciones que se dan hoy en día en Estados Unidos en relación con el respeto de los derechos humanos con una administración que ha hecho del tema una preocupación central, el Gobierno colombiano deberá hacer ajustes en su posición y buscar las maneras para rectificar sus posturas, sobre todo en aquellas relacionadas con el procesamiento de los jefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) extraditados a este país.

Esta interpretación la hace José Miguel Vivanco, director de la División para las Américas de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), quien argumenta que la decisión del presidente Barack Obama de cerrar la prisión de Guantánamo en Cuba y de no transigir en el tema de las torturas, así como de escuchar los reclamos de asociaciones de sindicalistas, son, en buena parte, muestras claras de la perspectiva que viene trazando el nuevo gobierno de los Estados Unidos y sobre las cuales Colombia no puede quedarse al margen.

Al respecto de los retos en derechos humanos que enfrenta el Gobierno colombiano y su sistema de justicia, así como los que se avizoran para el sistema legal norteamericano, la Agencia de Prensa IPC entrevistó a Vivanco en su oficina, aquí en Washington.

¿Cuál es su percepción sobre el proceso de justicia y paz en relación con la extradición de los jefes paramilitares de las Auc?

Sigo pensando que fue un golpe muy duro para las víctimas y para el proceso de justicia y paz, justamente cuando algunos de ellos, no todos, estaban empezando a cooperar con los fiscales en Colombia. El daño que se ha hecho a las investigaciones por las principales violaciones a los derechos humanos cometidos en los últimos años es enorme. Creo que este es un problema de la mayor gravedad si no se encuentran fórmulas que permitan avanzar con las investigaciones y de ese modo que le permitan a Colombia cumplir con sus obligaciones jurídicas internacionales.

¿Tiene usted alguna fórmula en mente?

La fórmula que se me ocurre, y que probablemente es viable en el derecho americano, es el que la fijación de la pena esté sujeta a una eficaz y efectiva cooperación por parte de estos criminales con las autoridades en Colombia. Y que esa pena pueda modificarse en la medida, por ejemplo, que se demostrara que esa cooperación no fue plena, de buena fe o fue una cooperación parcial o manipulada. Si no se vinculan las violaciones de derechos humanos cometidas en Colombia con las penas a recibir en Estados Unidos por narcotráfico, no vemos cómo puede haber incentivos claros, realistas, objetivos, que aseguren que esta gente preste una cooperación directa.

Pero existe el riesgo de que hablen de todo, sin control, y denuncien incluso de una manera irreal para alcanzar beneficios jurídicos…

El peligro está en esas cooperaciones voluntarias que hacen algunos de ellos, donde de repente por arte de magia se les ocurre hablar sobre un tema, sobre un caso, sobre algunas masacres y en la medida que ese testimonio no está regulado se puede prestar para todo tipo de manipulaciones, incluso para encubrir ciertos hechos o para atribuirle responsabilidades a otros, en algunos casos revelando información que puede efectivamente comprometer a ciertas personas, ya sean del sector público o privado en Colombia, que tuvieron relaciones con ellos y en otras no. Recordemos que estos tipos son mafiosos, que saben perfectamente cómo recompensar y también cómo vengarse de otros mafiosos o de ciertas autoridades.

¿Podría ocurrir que luego de fijada la sentencia y si comparecen ante los fiscales de Justicia y Paz en Colombia, les signifique una reducción de la pena impuesta por la justicia norteamericana?

Podría ocurrir, pero eso debe ser contemplado en el momento de fijar la pena, dependiendo de las características del caso y de las jurisdicciones donde se encuentre el acusado. Lo importante es que cualquiera de estos narcotraficantes entienda que una pena que en principio no esté sujeta a  ningún tipo de beneficios carcelarios pudiera reducirse en la medida que presta colaboración eficaz con las autoridades colombianas en materia de derechos humanos. Pero al mismo tiempo, de confirmarse que ha mentido, se debe lograr que las autoridades aquí en Estados Unidos tengan la posibilidad de retirarle el beneficio, incluso con la opción de multiplicarle la pena, para que entienda que esto no es juego. Creo que por esa vía se puede conseguir cooperación. No es lo ideal, no es lo adecuado, y evidentemente habrá muchas deficiencias, pero puede corregir, en parte, el daño que ha causado la masiva extradición de paramilitares.

El Juez federal en Estados Unidos es bastante independiente; en ese sentido, ¿cree que tenga voluntad política para cambiar algunas posturas, entre ellas la del narcotráfico como el único delito penalizable a los paramilitares?

No sólo es el único que les interesa, es el único frente al cual ellos se sienten competentes y frente al cual han hecho investigaciones detalladas. Pero ahora muchos jueces se preguntan: ¿si las violaciones de derechos humanos fueron cometidas en Colombia, cómo podemos nosotros atribuirnos competencias para juzgarlos? Allí hace falta un liderazgo claro por parte de las autoridades judiciales a nivel federal, son ellas las que deben educar a la opinión pública y al sector justicia americano; deben advertir, además, que Estados Unidos tiene en su territorio peligrosos narcotraficantes, pero también reconocidos violadores de los derechos humanos, responsables probablemente del 70% de las atrocidades cometidas en Colombia durante los últimos veinte años, y que de no encontrarse una fórmula pronta para seguir adelante en las investigaciones se van a cerrar y no va a ver justicia para las víctimas.

El Gobierno de Estados Unidos ha ofrecido repatriar a los jefes paramilitares una vez hayan pagado aquí sus condenas, ¿ese es un camino viable?

Ese ofrecimiento es altamente inadecuado. Después de que estos narcotraficantes cumplan largas condenas aquí y se cumpla la oferta de evitar que se queden en Estados Unidos y sean repatriados a Colombia, va a ser muy difícil hacer justicia dentro de 20 años o más. Ya es difícil hacerlo por violaciones ocurridas muchas de ellas ocurridas hace diez años o más, imagínese lo que significa hacer justicia por violaciones cometidas en esas mismas fechas, pero dentro de 20 años y dejar todo pendiente frente a las víctimas, a sus familiares. Eso es denegación de justicia.

¿Se vislumbra entonces la Corte Penal Internacional como un escenario posible de juzgamiento de los paramilitares colombianos?

Creo que está en el mejor interés de Colombia como Estado buscar una solución al problema. Este problema lo ha generado el Gobierno actual y tendrá que resolverlo porque en mi opinión están en juego obligaciones jurídicas que se derivan del tratado de Roma que obliga a Colombia en este punto. Esto no se satisface con discursos y palabras de buena crianza, o lamentándose, o sorprendiéndose, por las dificultades de hacer justicia una vez se tomó este paso. Eso no me parece que sea satisfactorio. Vamos a hacer todo lo posible para que las autoridades judiciales norteamericanas se eduquen e informen a la opinión de Estados Unidos de lo que está en juego.

¿Qué le parece el camino emprendido aquí en Estados Unidos por la madre de un joven desaparecido en la Comuna 13 de Medellín por paramilitares al mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna, justamente uno de los jefes extraditados, que busca que su testimonio sea tenido en cuenta a la hora de sentenciarlo?

Esa petición no tiene precedentes, que yo sepa, en los Estados Unidos. Me parece que se está construyendo un camino muy novedoso, que podría servir por lo menos para abrir los ojos de otros fiscales y jueces que están enfrentados al dilema de cómo juzgar por temas de derechos humanos a sujetos que tienen cargos únicamente por narcotráfico. El solo hecho de que el juez haya contemplado un paréntesis en el proceso de 45 días contados a partir del 4 de marzo, que no tiene vinculación inmediata con los temas del narcotráfico e introduciendo la discusión sobre derechos humanos en la parte final y clave en el proceso a don Berna es de la mayor importancia. Si la sentencia del juez contempla finalmente, como uno de los considerandos al momento de fijar la sentencia a don Berna por narcotráfico, su falta de cooperación con Justicia y Paz, creo que se está sentando un precedente novedoso y que es justamente lo que perseguimos: que exista una relación formal entre la cooperación con Justicia y Paz y la pena a fijarle a los narcotraficantes.

¿En este camino novedoso que se abre en las cortes federales a partir del proceso a alias don Berna qué papel le daría usted al Gobierno colombiano y a las autoridades judiciales?

Lo más inteligente que puede hacer el Gobierno de Colombia, especialmente teniendo en cuenta sus obligaciones jurídicas internacionales, es facilitar, constante y activamente, información sobre los jefes paramilitares extraditados. Es importante tener al tanto a las autoridades judiciales, jueces y fiscales de Estado Unidos, por todos los medios a su disposición. El Gobierno debe buscar la manera de que esta comunicación sea fluida, de fiscal a fiscal, y asegurar que las víctimas, los familiares y las organizaciones no gubernamentales que manejan información sobre esta gente puedan tener canales directos y fluidos de comunicación. El Gobierno debería convertirse en el principal agente en Washington buscando fórmulas y abriendo puertas. Pero eso es lo que uno no ve, lo que ha ocurrido con este precedente que se está sentando en el caso de don Berna es el producto de una iniciativa no gubernamental. Espero que el Gobierno de Colombia se dé cuenta de las posibilidades que se abren en este proceso.

¿Realmente usted espera eso del Gobierno de Colombia?

Espero no estar pecando de iluso, pero me gustaría ver un Gobierno mucho más activo que se dé cuenta que este es un camino por el cual podrían activarse las investigaciones en Colombia sobre la base de las repercusiones que esto pueda tener en las penas en los Estados Unidos. Es necesario que el Gobierno colombiano tome una actitud distinta porque eso no solo ayudaría a la causa de los derechos humanos, ayuda a las víctimas, fortalece el estado de derecho en Colombia, es lo que en justicia corresponde hacer, sino que también de ese modo creo el Gobierno puede mostrarle a la comunidad internacional y concretamente a los mecanismos internacionales de justicia, a la Corte Penal entre otras, que está cooperando activamente para que se resuelva esta disyuntiva.

Pero de acuerdo a las lecturas que han hecho algunos sectores críticos en Colombia, incuso aquí mismo en Estados Unidos, y en Europa, el Gobierno colombiano extraditó a los jefes de las Auc justamente para ocultar la verdad sobre el proceso paramilitar. ¿Cree usted que tendría ahora la disposición para colaborar en este nuevo proceso?

Es evidente que la extradición masiva se hizo de una manera que despierta enormes sospechas, y que evidentemente, y así lo dijimos en el momento que nos enteramos, iba a constituir un obstáculo central en materia de investigaciones de derechos humanos en Colombia. ¿Cuál fue la intención del Gobierno? Prefiero no pronunciarme y circunscribir mis comentarios a los hechos y los hechos hablan por sí mismos. Lamentablemente, lo ocurrido hasta ahora nos ha dado la razón. Pero dadas las nuevas condiciones que se dan hoy día en Washington en el tema de derechos humanos con un Gobierno que ha hecho de este tema una cuestión central, y hasta donde yo sé en las comunicaciones con Colombia se ha dejado muy claro que el componente de derechos humanos retoma un lugar importante en la relación bilateral, espero que el Gobierno colombiano haga ajustes en su posición y busque las maneras para rectificar en este ámbito. Felizmente se ha abierto una pequeña ventana y ojalá ésta se aproveche al máximo.

- Juan Diego Restrepo E. (enviado especial) es  Editor Agencia de Prensa IPC, Medellín, Colombia. www.ipc.org.co