Primero, una intromisión a territorio ajeno sin el menor asomo de respeto a los convenios regionales; luego, el pago de una millonaria recompensa a un guerrillero que asesinó a otro guerrillero para entregarlo muerto a las autoridades. Dos hechos que revelan que al actual Gobierno de Colombia la unilateralidad e ilegalidad le son más efectivas que las estipuladas en las leyes, normas y códigos internacionales.

La concepción de la lucha antisubversiva que ha venido implementando la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez parte de una idea simple: todo se vale. Y como todo se vale, entonces es mejor apelar a las vías de hecho, que a su juicio le permiten una mayor eficacia y le evitan trabas legales, administrativas, políticas y diplomáticas.

La actitud adoptada por el Presidente de Colombia no es una creación original ni una genialidad de su espíritu antioqueño, es parte de una concepción internacional que va más allá de él y de su equipo de gobierno y se centra en enfrentar terror con terror, ilegalidad con ilegalidad. Es un mecanismo probado en diversos conflictos internos, como en Guatemala, durante las décadas del 70 y 80, por los generales Lucas García y Efraín Ríos Montt; y en Perú, en los años 90, bajo el régimen del Alberto Fujimori, entre otros.

En la Cumbre de Río, realizada en República Dominicana el viernes 7 de marzo, los presidentes de los países de América Latina analizaron el ataque de las fuerzas militares colombianas a un campamento de las Farc ubicado en territorio ecuatoriano y allí le advirtieron al presidente Uribe que esa postura “del todo se vale” era equivocada.

La reflexión más concreta y consistente, y que curiosamente los medios de comunicación colombianos se cuidaron de no reseñar, tal vez por lo incómoda no sólo por el presente sino por el pasado, fue expresada por la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner: “Hemos dicho históricamente –y lo reitero- que el terrorismo no se combate con la violación masiva de los derechos humanos. La ilegalidad tampoco se combate con mayor grado de ilegalidad, sino con mucha, mucha legalidad”.

La mandataria argentina insistió que era imprescindible para América Latina evitar el ingreso de la doctrina de la unilateralidad: “Si nosotros admitimos la doctrina de unilateralidad, estaremos perdiendo un patrimonio de la política exterior latinoamericana que es exhibida como un logro en todos los foros internacionales”.

Pero el presidente Uribe y sus subalternos se niegan a escuchar y hoy el país representa justamente eso: la unilateralidad y la ilegalidad. Tal afirmación no es caprichosa ni tendenciosa, es sugerida por el propio presidente Álvaro Uribe Vélez, quien ha dicho en diversas intervenciones que “iremos por los terroristas estén donde estén”. Y así lo ha hecho. El presidente Uribe se juega su pellejo en la defensa a ultranza de la democracia, traicionando precisamente los valores que ella representa.

Ejemplo de ello no sólo es la incursión armada a Ecuador sino la reinterpretación de las leyes en el caso del guerrillero Pedro Pablo Montoya, alias “Rojas”, el homicida de Iván Ríos, miembro del secretariado de las Farc, para favorecer el pago una millonaria recompensa por ese hecho, pero presentándolo públicamente como un pago por información.

Es un hecho que resultado de una ecuación simple: ilegalidad se paga con ilegalidad, asunto que siguen sin escuchar los altos funcionarios del Gobierno colombiano, pese a las advertencias expresadas por la Presidenta argentina: “No nos apartemos nunca del derecho y menos aún para combatir a los ilegales. Porque a los ilegales se los combate con más Derecho, con más Justicia y con más aplicación de los acuerdos que tenemos entre todos los Estados que formamos parte de estos espacios”.

Pero el gobierno colombiano, apoyado en aquel 84% de la opinión pública que lo respalda, insiste en una posición peligrosa para la democracia: los derechos ciudadanos propios y ajenos son una limitación secundaria para atacar aquello que califica como “terrorismo”. Lo que vale es la seguridad de las mayorías, y por ella, diría el presidente Uribe, “es necesario hacer lo que sea”.

Sin duda una posición riesgosa para el Gobierno y sus agentes de seguridad, pues antepone la acción a las normas, lo que equivale a decir que si actúo en contra de ellas, puedo, posteriormente cambiar las leyes y acomodarlas a lo hecho. Un juego oscuro que vulnera la estabilidad jurídica nacional e internacional y, de paso, coarta la independencia de poderes que reclama la democracia.

Al actual gobierno colombiano hay que seguirle recordando, tal como lo hizo la Presidenta de Argentina, que la opinión externa y las normas internacionales realmente importan. El académico francés Michael Ignatieff, experto en estos temas, refuerza este concepto: “Las naciones no son islas morales: deberían ajustarse a las normas internacionales, tanto para cumplir con los tratados y las convenciones que estas naciones han firmado, como para tener en cuenta lo que Thomas Jefferson llamó “respeto decente hacia las opiniones de la humanidad”.

La postura del presidente Uribe revela que la seguridad pública está por encima de los derechos y de la dignidad de los pueblos. Y todos los efectos de esa postura son considerados un mal menor, concepto que Ignatieff se empeña en aclarar: “La mejor manera de reducir al mínimo los daños es mantener en nuestras mentes una clara distinción entre lo que puede estar justificado por la necesidad y lo que puede estar justificado por la ética de la dignidad, y no permitir nunca que las justificaciones de la necesidad disuelvan el carácter moralmente problemático de las medidas necesarias”.

En la búsqueda de legitimación, el presidente Uribe no puede sustentar de manera soterrada sus acciones en el concepto del mal menor, pues la reiteración de sus acciones lleva a preguntarse: ¿Qué podrá impedir que esas acciones se conviertan en un mal mayor?

El Gobierno colombiano no puede seguir manteniendo esa postura en el contexto latinoamericano. Quizás en el país es efectiva y sube la popularidad del presidente Uribe, pero el escenario internacional es otro, y allí las encuestas poco sirven. De mantener esa posición, podría provocar un aislamiento que no le vendría bien al conjunto de relaciones sociales, políticas, culturales y económicas que debe mantener un país.

Los escenarios de actuación de Colombia son múltiples –Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, Comunidad Andina de Naciones, Mercosur – y siempre que asiste a ellos reclama mayor atención a sus necesidades. Pero con las actitudes de su gobernante, estaría incubando una animadversión que no necesariamente se expresaría públicamente sino a través de decisiones en contra que se tomen en esos organismos multilaterales. Las posiciones unilaterales e ilegales del presidente Uribe podrían significarle votos en contra cuando se requiera del consenso regional e internacional para otorgarle la asistencia requerida por el país. Un riesgo que podría superarse si el Gobierno colombiano actúa de manera transparente y decide transitar, sinceramente, los caminos de la multilateralidad y la legalidad.

Juan Diego Restrepo E.
Editor Agencia de Prensa IPC
Medellín, Colombia
www.ipc.org.co