Cuando el ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, salió el pasado 23 de abril a señalar que las supuestas evidencias halladas en el computador incautado tras el bombardeo al campamento de Raúl Reyes en territorio ecuatoriano lo llevaban a concluir que la penetración de la guerrilla de las Farc en la política era mucho más grave que la llamada parapolítica, estaba apuntándole a un efecto concreto: diluir la responsabilidad política y penal de los implicados, y construir una simetría mediática entre un fenómeno y otro con el fin de confundir a la opinión pública y aprovechar la favorabilidad que tiene el actual gobierno nacional para alinearla a su favor.

Tal estrategia sirvió, además, para desviar la atención sobre el escándalo que desató la orden de captura contra el ex senador Mario Uribe Escobar, primo del Presidente de la República, y su intento de evadir la justicia solicitando asilo político en Costa Rica; y, subrepticiamente, para confrontar a la Corte Suprema de Justicia para ver si asume con la misma seriedad probada en el proceso de la llamada parapolítica el asunto de la influencia de la guerrilla en el Congreso de la República. Recuérdese que a finales de agosto del año pasado el presidente Uribe había introducido sospechas al respecto al comentar que percibía entre los miembros de la Corte “un sesgo ideológico”.

Tales comportamientos ministeriales demuestran el grado de refinamiento al que ha llegado el Ministro de Defensa en el desarrollo de lo que los analistas de la propaganda llaman la guerra política, un concepto que va más allá del terreno bélico y a través del cual se busca contrarrestar la información que proviene de aquellas fuentes calificadas de “enemigas” o “adversas” al régimen de turno, apelando, en nuestro caso, a la actualización de viejas fijaciones sociales, instauradas con paciencia durante los últimos 50 años: el temor a la diferencia, la aversión a la contradicción y, bajo ese entramado, el miedo al comunismo.

Lo problemático del ministro Santos es que bajo su socarrona sonrisa se esconde un estratega mediática, sustentada en su experiencia como periodista, que mira a todos aquellos que controvierten al Gobierno nacional como “enemigos insurgentes”, por ello su desvelo en “fabricar” información que los enfrente y los deslegitime, así aquellos sobre los que recaen sus juicios sean inocentes.

En palabras del ministro Santos, “los computadores de Reyes tienen tanta información que podrían generar un escándalo mayor que el de la parapolítica”. Y de inmediato, los medios de información hicieron eco de esta afirmación para darla a conocer a la opinión pública nacional e internacional, lo que demostró la capacidad mediática del alto funcionario para aprovechar la prensa como vehículo de sus mensajes. Los efectos jurídicos no se hicieron esperar: la Corte Suprema de Justicia solicitó toda la información contenida en los ya famosos computadores para investigar la relación entre políticos y guerrilleros. La simetría buscada alcanzó un logro parcial, pero mediático en esencia.

No obstante, y pese a los titulares de prensa que hablan de la influencia de las Farc en el Congreso, la supuesta simetría no puede ser más débil. Los documentos filtrados sobre los supuestos nexos insurgentes con un sector de la clase política colombiana sólo vinculan a la senadora Piedad Córdoba, del Partido Liberal, una de las principales adversarias políticas del actual gobierno y a quien se le cuestiona su cercanía con el presidente venezolano Hugo Chávez. Ambos señalados reiteradamente de tener afinidad política con la guerrilla de las Farc. La casualidad no puede ser más sospechosa, pero de eso se trata la propaganda estatal

Las intervenciones del alto funcionario sugieren que habrá más nombres, pero hasta el momento las revelaciones no lo demuestran, aunque es de esperarse que cuando los efectos de la justicia ubiquen en primer plano la llamada parapolítica, el ministro Santos saque una carta, un comunicado, una opinión, un concepto, una expresión, que restituya la simetría entre una influencia y otra.

En su tarea de desbaratar mediáticamente los efectos que produce ante la opinión pública la justicia en relación con los congresistas involucrados con el proyecto paramilitar, y de desacreditar a los opositores del Gobierno, el funcionario no vacilará en adelantar campañas “de confusión” soportadas en realidades aparentes, manipulación de información reservada, filtración de documentos, desvío de la verdad e intervenciones tendenciosas cuyos efectos refuerzan la polarización del país, agravan las odios y fomenten la hostilidad.

Esta estrategia de propaganda estatal adelantada desde el Ministerio de Defensa no puede ser más macabra, pero juega a su favor que los sectores políticos en la oposición no tienen la fuerza suficiente para enfrentar la guerra política que ha refinado desde su cargo el ministro Juan Manuel Santos.

Juan Diego Restrepo E.

Editor Agencia de Prensa IPC

Medellín, Colombia

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