Con un importante cubrimiento por los medios, una vez la medida estaba en ejecución, fueron extraditados a los E. U. El pasado martes 13 los principales jefes del paramilitarismo que habían negociado con el Gobierno un proceso de paz y eran procesados penalmente bajo el régimen especial de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2007).

El tinglado político y jurídico de este proceso antes de la extradición abarcaba muchos elementos de la mayor importancia para el país que ahora se ven trastocados. Se puede mover la relación de estos jefes paramilitares y su actitud con los otros procesos penales llamados de la “parapolítica” que se están llevando a cabo contra muchos políticos que hicieron alianza con ellos y que dejaría maltrecha la imagen y la gobernabilidad del Presidente Uribe. De otro lado, cambian las posibilidades de saber las eventuales relaciones u omisiones que de manera directa en algún momento pudieran involucrar al Presidente de la República con dichos jefes paramilitares.

Incluso cambia la situación relacionada con la reelección presidencial la amenaza de recibir posibles cuestionamientos por haber sido tema de conversaciones y de eventuales pactos con los jefes paramilitares por iniciativa de acuciosos funcionarios del entorno inmediato del Presidente.

Cambian a su vez, los posibles señalamientos de militares y empresarios, que ya se avizoraban, como colaboradores con el accionar de las maquinarias de muerte que comandaban estos señores. Fuera de lo anterior estaban pendientes una mayor incautación de bienes ilícitos y lícitos o una mayor entrega de bienes para la reparación de las víctimas bajo la amenaza de perdida de beneficios, con lo cual se hubiera avanzado en el fortalecimiento del fondo de reparaciones, y de paso engrosar el conjunto de tierras disponibles para hacer viable una política de distribución con incidencia real en la situación de tenencia de la tierra en Colombia.

También se afectan las expectativas sobre las versiones libres, en las cuales se esperaban más verdades que contribuyeran a la reconstrucción de muchas historias importantes para la vida de muchas personas y comunidades.

El complejo escenario y su impredecible dinámica de los procesos contra los jefes paramilitares venían marcados, de un lado, por una negociación entre el Gobierno y los jefes paramilitares cuyos términos exactos nunca fueron comunicados al país. También venían marcados por las expectativas de un marco jurídico laxo concebido por el Gobierno y aprobado por el Congreso con la participación activa de parapolíticos. Marco jurídico, que fue ajustado de manera certera por la Corte Constitucional quién introdujo cambios que tenían en apuros a dichos señores y a los interesados en que la verdad permaneciera oculta.

Con un marco jurídico que no respondía a las expectativas y promesas del Gobierno, los procesos de justicia y paz, las versiones libres y la entrega de bienes se volvieron un tablero de ajedrez donde se jugaba una larga partida, llena de mensajes cifrados.

El mantenimiento de fuerzas paramilitares armadas, la dirección de actividades delictivas por estos jefes desde las cárceles y el manejo y corrupción de las autoridades carcelarias amenazaba convertir este proceso en la repetición del episodio conocido como la cárcel de la “Catedral”, en este caso la del Presidente Uribe. Es de destacar que el Presidente se encontraba en un momento de máximo cuestionamiento por la compra mediante corrupción de la aprobación de la reforma que autorizó su reelección, en el momento de adoptar la medida de la extradición de estos señores de la guerra.

A esto se agrega que los E. U. Mantuvieron siempre los pedidos de extradición y la presión sobre este proceso de paz. Ello con el interés de juzgar a estos señores por el delito de narcotráfico y eventualmente por narco-terrorismo, pero no por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Pasada una semana los distintos elementos que componen este nuevo escenario, sobre todo judicial, con la presencia de lo jefes paramilitares en E. U. todavía no es claro. El Gobierno de manera contradictoria ha dicho que es su voluntad que ellos continúen en los procesos de Justicia y Paz, por lo tanto no retira sus postulaciones en los procesos de justicia y paz (que de acuerdo con nuestro entendimiento sólo pueden ser retiradas por las autoridades judiciales).

El no retiro de las postulaciones (aunque no sea del resorte del Gobierno, aunque este insista en ello) resulta contradictorio porque las razones aducidas por el Gobierno para proceder a la extradición son justamente las que contempla la Ley de Justicia y Paz, para ordenar el retiro de estos señores de los procesos de la misma Ley y la pérdida de beneficios. Este tipo de manejo selectivo y a conveniencia de los contenidos y consecuencias de las normas es ya costumbre en este Gobierno y es propio de una idea autoritaria del ejercicio del poder. Lo lógico y lo legal sería que pasaran a la justicia ordinaria, donde también hay margen de negociación y por lo tanto de obtención de colaboraciones con la justicia, con la verdad y con la reparación.

Sobre el curso que los procesos penales pudieran tener en los E. U., el mayor temor lo constituye un arreglo antes del juicio con los Fiscales –que pertenecen a la Rama Ejecutiva de Poder- en el cual el interés sólo esté centrado en delito de narcotráfico y se deje de lado la verdad sobre todo lo ocurrido en Colombia, en la reparación a las víctimas y los crímenes de lesa humanidad. Existen algunas expectativas del papel que algunas organizaciones de derechos humanos y oficinas de abogados pudieran cumplir ante la justicia de E. U. sobre estos asuntos de interés para la sociedad colombiana y para las víctimas.

Es claro que sí en Colombia había dificultades para las víctimas para acceder a la justicia con sus preguntas y reclamos de reparación, con estos criminales en EEUU, las dificultades serán mayores, incluso para los funcionarios del Estado colombiano que deban tramitar los procesos penales en nuestro país.

Se presenta además una dificultad adicional, para acceder a la Corte Penal Internacional como un recurso de justicia para procesar a estos criminales. Para ello se partiría del supuesto de que con la extradición el Estado Colombiano ha denegado justicia por delitos de lesa humanidad, lo cual tendría que ser demostrado a pesar de mantenerse procesos penales en curso en el país.

Además, es bueno contar con que tales señores sólo pueden ser juzgados en dicha Corte por delitos de lesa humanidad cometidos después del mes de noviembre de 2002 y el caso debería superar la difícil decisión política del Fiscal y de la Corte de iniciar procesos sobre el caso colombiano y luego el engorroso trámite de admisibilidad. Luego los procesos se enfrentarían con la dificultad de que Estados Unidos no reconoce la Corte Penal Internacional, por lo tanto no tiene ningún tipo de relación con ella, a lo que se agrega que dicho Estado es un enemigo de la Corte.

Ya el jefe paramilitar Salvatore Mancuso expreso su intención de mantenerse dentro del proceso de justicia y paz y de colaborar con la justicia en Colombia. Muy seguramente lo mueve la expectativa de una pena relativamente corta en E. U. y otra pena corta en Colombia. Además la Ley de Justicia previó que las penas cortas allí establecidas se podrían cumplir en territorio extranjero. El señor Mancuso aspira en unos años salir libre en E. U. y sin cuentas pendientes allá y acá.

Por su parte la aliada política de los paramilitares, la ex parlamentaria Rocio Arias, prometió, como reacción a las extradiciones, decir muchas verdades que tenía guardadas. Estas dos reacciones permiten mantener muchas expectativas sobre lo que pueda pasar con en este nuevo escenario y las consecuencias que él puede tener para la situación política del país, y para los derechos de las víctimas. Por lo pronto para muchos sectores del pueblo colombiano que aplauden al Presidente sin una mirada crítica, este es nuevo hit de su héroe, pero no atinan a ver que es un héroe con pies de barro.

- Nelson Socha Masso, Abogado asesor, Corporación Viva la Ciudadanía

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org