Desde mediados del año pasado la bancada del partido liberal con el apoyo de parlamentarios de otros partidos radicó en el Congreso un proyecto de ley que regulará de manera integral los derechos de las víctimas del conflicto armado y de la violencia política que se ha vivido en Colombia.

La idea de elaborar un proyecto que se ocupara de manera exclusiva de los derechos de las víctimas, surgió con motivo de una jornada de solidaridad con las víctimas del conflicto armado colombiano promovida por la Plenaria del Senado y algunas organizaciones no gubernamentales.

Tal proyecto fue presentado a consideración del Senado por los senadores Juan Fernando Cristo y Héctor Elí Rojas, este último como vocero del Partido Liberal. El proyecto fue firmado por congresistas de otros partidos quienes también lo apoyaron. El proyecto obtuvo un consenso básico en la Comisión Primera del Senado, donde se aprobó bajo la condición de ser analizado con mayor detenimiento en la plenaria. Su tránsito por la Plenaria del Senado fue difícil, ya que el Gobierno argumentó falta de presupuesto para algunos programas y adujo problemas fiscales y propuso ajustes temáticos en varios aspectos. El proyecto, ha pasado a esta nueva legislatura donde deberá ser debatido y votado en la Cámara de Representantes, de lo contrario se archivará.

El tema de las víctimas ha alcanzado una visibilidad importante en la agenda pública en Colombia, y el proyecto de ley responde a esta necesidad manifiesta. El proyecto busca llenar el vacío existente en la legislación colombiana, donde no existe una ley especial en la cual, se regulen de manera integral los derechos de las víctimas. Hoy existen regulaciones fragmentarias, normas en la Ley de Orden Público, en la Ley de Justicia y Paz y en el Código de Procedimiento Penal.

Para su trámite en la Cámara se realizarán una serie de audiencias regionales. Tales audiencias, fueron solicitadas por algunos Congresistas de manera oficial, con el apoyo de organizaciones no gubernamentales, organizaciones de víctimas y organismos internacionales. También, auspiciadas por algunas representaciones diplomáticas. En vista de que las audiencias hacen parte del trámite del proyecto, estas deben realizarse antes de la radicación de la ponencia en la Comisión Primera de la Cámara, de manera que dicho documento se pronuncie sobre los puntos de vista expuesto en ellas.

Al proyecto le resta un debate y votación en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y un debate y votación en la Plenaria de la misma corporación. Estos debates deben hacerse durante la presente legislatura (20 de julio de 2008 a 20 de junio de 2009) de no ser aprobado dentro de este período el proyecto se archivará. Por lo tanto se requiere una amplia participación y movilización social y de opinión alrededor del proyecto.

Durante los últimos años las víctimas y sus organizaciones han alcanzado un posicionamiento y un reconocimiento importante dentro de la agenda pública y la agenda de opinión nacional. Sin embargo, algunos sectores sociales, algunos partidos políticos, pero sobre todo el Gobierno Nacional, se niegan a reconocer la centralidad que deben tener las víctimas y sus derechos en cualquier proceso social o político del Estado con los grupos armados. El Gobierno, de manera expresa ha mantenido una doctrina consistente durante más de 6 años que se empeña en desconocer el papel de las víctimas y sus derechos, postura que se ha manifestado en diversas medidas y en su intervención en contra de la nueva ley sobre las víctimas que se viene tramitando en el Congreso.

Dicho proyecto de ley se tramita en este contexto donde hacen presencia tendencias restrictivas en materia de derechos a las víctimas en la formulación de las políticas públicas, con excepciones en la Rama Judicial como la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Por tal razón, es necesario mantener la movilización social y los procesos de formación e información a las víctimas y sus organizaciones para exigir un marco legal adecuado que garantice la totalidad de sus derechos. En este marco es posible encontrar aliados en sectores políticos afines a los derechos de las víctimas.

Una visión panorámica de los contenidos del proyecto permite apreciar el valor de la iniciativa de llegar a concluirse de una manera satisfactoria para los derechos de las víctimas. Bajo la perspectiva de que sólo sobre la base del reconocimiento y reparación de las víctimas del conflicto es posible avanzar en la construcción y profundización de la democracia en Colombia. El proyecto de ley aborda los siguientes capítulos:

• Un capitulo sobre principios.
• Un capítulo de disposiciones generales.
• Un capítulo sobre los derechos de las víctimas en el proceso penal.
• Un capítulo sobre asistencia a las víctimas.
• Un capítulo sobre ayuda humanitaria a las víctimas.
• Un capítulo sobre voluntariado victimológico.
• Un capítulo sobre el derecho a la reparación de las víctimas.
• Un capítulo sobre el sistema nacional de atención y reparación integral a las víctimas.
• Un capítulo sobre el Fondo de Reparaciones para las Víctimas.
• Un capítulo régimen disciplinario de los funcionarios públicos frente a las víctimas.

Este proyecto de ley que pretende regular de manera integral los derechos de las víctimas, contiene aspectos positivos y aspectos negativos de los cuales, hay que tener algún entendimiento para adoptar una postura frente a él. Sin embargo, es conveniente advertir que al proyecto le faltan dos debates y votaciones en la Cámara de Representantes donde es posible introducir modificaciones al texto aprobado en el Senado. Propuestas de modificación que requieren ir acompañadas de movilización social y de opinión.

Una valoración general del proyecto permite dar relevancia a los siguientes aspectos:

1. Muchos aspectos del proyecto constituyen avances legislativos, frente a lo que actualmente existe.
2. En otros aspectos significa un retroceso en materia de derechos para las víctimas, sobre todo, al volver obligatorios para los jueces los parámetros fijados por el Gobierno en materia de indemnizaciones en su decreto de reparaciones administrativas.
3. El proyecto contempla un programa de asistencia humanitario en salud que parece adecuado mientras los demás, programas de asistencia aparecen como componentes de la reparación. Puede prestarse a confusiones su posibilidad de ser descontado de los montos de reparación otorgados a las víctimas en los procesos judiciales a título de reparación integral.
4. Se valora como negativo que hayan desaparecido del proyecto el tema de la responsabilidad del Estado y de sus agentes, que se trataba de manera expreso en la versión original del proyecto. Ahora se encuentra incluido pero de manera tácita.
5. El proyecto tiene problemas de coherencia y armonización.
6. Se debe evaluar muy bien los términos planteados para el sistema nacional de atención y reparación a las víctimas y la expedición de planes allí propuestos. Muchos arreglos institucionales del proyecto todavía son poco precisos en particular en lo que se refiere a los contrapesos y los mecanismos de toma de decisión y de operación del sistema nacional de atención y reparación a las víctimas y la expedición del plan y del Conpes sobre el tema.

Tanto por las condiciones políticas para el trámite del proyecto, como por la necesidad de mejorar sus contenidos, se requiere la participación de las víctimas, de sus organizaciones, y de las demás organizaciones de la sociedad civil; una participación activa en los debate públicos programados.

- Nelson Socha M. Abogado, Asesor de la Corporación Viva la Ciudadanía.

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org