Luego del hundimiento de la reforma política, donde se incluía la sanción de la silla vacía, algunos partidos con asiento en el Congreso, se sumaron a la aprobación del proyecto de Ley de Víctimas, como una manera de lavar la maltrecha imagen que el Congreso tiene ante la opinión pública. Así mismo para empezar el proceso de deslinde político en materia de candidaturas a la Presidencia de la República.

Esta evaluación deja al margen el compromiso del partido liberal con el proyecto desde su presentación como autores del mismo y el apoyo que recibió de la bancada del Polo apenas se introdujeron los primeros ajustes a un articulado inicial deficiente y mal orientado.

Tal aprobación se dio en la plenaria el pasado miércoles 18 de junio cuando se abordó el articulado de la reforma. Ya la semana anterior se había rendido el informe de ponencia, el cual fue abruptamente aprobado ante una proposición en esta dirección del Vocero del Partido Cambio Radical, justo en el momento en el que el Viceministro de Justicia se dirigía a la Plenaria para expresar la oposición del Gobierno a este Proyecto. Este fue el primer campanazo de alerta de que otras fuerzas políticas se sumaban al proyecto y que desconocerían la postura del Gobierno.

Por supuesto que las movidas parlamentarias que dieron lugar a la aprobación del proyecto están sujetas a múltiples interpretaciones. Se ha llegado incluso a decir que su aprobación simplemente busca encarecer los costos de la aprobación de la reelección presidencial en las Cámaras.

Una mirada detenida al texto aprobado en el Senado debe esperar hasta tanto conocer los 22 artículos objetados por el Gobierno y que fueron objeto de trabajo por parte de una comisión especial encargada de producir una nueva redacción, la cual fue aprobada en el Senado en un segundo momento.

La oposición del Gobierno al proyecto se fundaba en dos clases de motivos De un lado los cuestionamientos de tipo fiscal, de acuerdo con la postura del Gobierno el conjunto de medidas de reparación, asistencia y ayuda humanitaria a las víctimas, desborda el gasto público en un monto muy elevado. El Gobierno se encuentra diseñando su programa de indemnizaciones por vía administrativas, con el cual el Presidente quiere darse el lujo de entregar cheques a las víctimas en Colombia, y aplazar de manera indefinida la reparación integral. Para este programa el Gobierno ha destinado en los próximos 10 años la suma de 7 billones de pesos. Argumenta el Gobierno que el valor de las medidas de reparación puestas en el proyecto de Ley tienen un costo total de 12 billones de pesos, incluyendo los 7 ya destinados. En el debate parlamentario, que transcurrió sin muchas argumentaciones de fondo, se dijo que tal apreciación no tenía fundamento.

Otro conjunto de argumentos del Gobierno se relacionan con posturas ideológicas sobre ciertos contenidos del proyecto. De manera clara no acepta que en el Proyecto se declare como fundamento a las reparaciones la responsabilidad genérica del Estado por acción, por omisión en los hechos y los daños causados a las víctimas. No acepta la inclusión de la expresión conflicto armado, por cuanto de acuerdo con el Gobierno lo que existe en Colombia es una situación de violencia terrorista contra un Estado y un Gobierno que lo representa dentro de una experiencia de democracia profunda. También se opuso, el Gobierno, de manera rotunda, a la inclusión de los agentes del Estado como parte del conjunto de actores del conflicto y por lo tanto perpetradores de daños que deben ser reparados.

Insiste el Gobierno en que no se reparan daños, sino derechos vulnerados, tal como lo consignó en el decreto de reparaciones administrativas, con lo cual se da cumplimiento al derecho a la igualdad. Se desconoce con esto la particularidad del daño y la particularidad de la reparación. El Gobierno tan dado a establecer particularidades, cuando de repartir beneficios económicos al empresariado se trata, establece aquí un rasero común por lo bajo y bajo una categoría sin ningún precedente y que entraña injusticias manifiestas. El principio de igualdad también incluye el trato diferente a las situaciones diferentes.

El tránsito de este Proyecto no será pacífico por la Cámara, pero desde ya existen muchas expectativas en torno al mismo. Se requiere hacer un estudio a fondo del texto aprobado en el Senado que tiene aspectos que significan un avance en temas de regulación de derechos de las víctimas, algunas regulaciones novedosas en materia de restitución de tierras, aspectos que dejan dudas en factores de procedimiento penal, entre otras materias. Se trata de un texto complejo de más de 100 artículos, que debe ser estudiado y en torno al cual las organizaciones de víctimas deberán fijar una postura.

Nelson Socha M.
Abogado Asesor
Corporación Viva la Ciudadanía

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas

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