Como era de esperarse cuando se acercó el momento del debate y votación del proyecto de Ley de víctimas en la Cámara de Representantes, el Gobierno jugó sus primeras cartas para el debate en esta Corporación. Diez días después de presentada la ponencia elaborada con el liderazgo del Representante, Guillermo Rivera, la que se pretendía fuera ponencia unificada, dos representantes de la bancada del Gobierno, Jorge Humberto Mantilla y Fernando de la Peña, radicaron una ponencia minoritaria elaborada en el Ministerio del Interior.

Todavía no es posible saber que pretende el Gobierno con la presentación repentina de esta ponencia. Es posible que quiera que se negocien ambas proposiciones para ganar algunos aspectos adicionales de su punto de vista. Es posible que trate de enfilar su bancada para tratar de aprobar de manera integral su ponencia. En caso de darse esta última eventualidad, el mismo coordinador de ponentes, Guillermo Rivera, ha dicho que la bancada del Partido Liberal preferiría el retiro de la iniciativa.

La ponencia del Gobierno, en términos generales, restringe el universo de las víctimas, limita sus derechos y confunde medidas de asistencia con medidas de reparación.

En dicho documento el Gobierno insiste en los puntos con los cuales se opuso al proyecto en la plenaria del Senado el semestre pasado, y retrocede aún más. El Gobierno reclama de nuevo la eliminación de cualquier referencia a la responsabilidad del Estado y en cambio propone que se fundamente la acción del Estado en materia de reparación en el principio de solidaridad. Desconoce que si se trata de reparación es porque se presentó un daño y porque hay una responsabilidad sobre los actos cometidos y sus consecuencias. En las normas vigentes se busca en primer lugar la reparación por parte de los victimarios, y en caso que no puedan, entra el Estado a reparar de manera subsidiaria. En contra del parecer del Gobierno tales acciones reparadoras subsidiarias, deben hacerse por parte del Estado como garante de los derechos y libertades, en el presente como quien suple la falta de reparación por parte de los victimarios pero también por su prolongada omisión y complicidad con los grupos armados ilegales. Al Estado le cabe una responsabilidad general con los hechos sucedidos. En la misma dirección de negar la responsabilidad del Estado, el Gobierno propone la eliminación de la referencia a actos de violencia cometidos por agentes del Estado.

Ha sido persistente el Gobierno en su intención de retirar del proyecto el concepto y la expresión conflicto armado. Piensa la administración que hacer referencia a este fenómeno da alguna ventaja a los grupos armados que participan en él, o que mencionarlo significa menoscaba a la política de seguridad democrática. Se pretende declarar la inexistencia del conflicto armado por decreto, al mejor estilo de las dictaduras, sólo se reconoce como existente lo que es de agrado de quien detente el poder. Desde el trámite en el Senado por la presión del Gobierno se cambió la expresión conflicto armado por la de “violencia”, categoría de una ambigüedad inconveniente para los fines del proyecto de ley. Ahora propone el Gobierno que se hable de “violencia armada” para evitar extender la aplicación de la ley a hechos de la delincuencia común o a la violencia intrafamiliar. Con la sesuda fórmula propuesta por el Ministerio del Interior, ahora si la violencia intrafamiliar o el atraco se hace con armas sigue estando dentro del ámbito de aplicación de la ley. Para evitar tal situación entonces el Ministerio propone una aclaración legal que determine que la violencia armada sólo se ejerce con un listado taxativo de armas incorporado en la ponencia. Todas estas dificultades para hacer el quite a la cruda realidad de nuestro país donde existe un conflicto armado que deja y ha dejado víctimas.

Del proyecto de Ley tal como está hoy, han desaparecido una cantidad de programas sociales para víctimas. En la ponencia del Gobierno se propone retirar algunos de los programas que quedan como la de retirar la obligación centralizada en Acción Social en materia de auxilios funerarios. Además se busca eliminar las ayudas para la participación de las víctimas en los procesos penales. La misma suerte se pretende para los beneficios tributarios para las víctimas obligadas a declarar renta. En igual sentido se busca limitar los beneficios de salud en caso de ataques o masacres a las víctimas directas afectadas en su integridad personal. El Gobierno tampoco quiere las iniciativas de voluntariado victimológico, porque el puede significar algún tipo de gasto de acuerdo con las normas especiales que rigen los voluntariados. En materia de reparación quiere eliminar la norma que obliga a restituir el patrimonio en sentido amplio, y lo circunscribe sólo a las tierras. Lo mismo en materia de planes de capacitación y empleo porque supone costos y dice que se desarticulan los programas actuales del SENA. La misma suerte busca el Gobierno con otros programas de asistencia y reparación incorporados en el proyecto.

La ponencia del Gobierno presenta varios puntos que constituyen verdaderas curiosidades que vale la pena reseñar. En la parte explicativa de la ponencia se dice que la obligación del Estado en materia de verdad, es de medio y no de resultado, con lo cual no se radica en el Estado una obligación que sólo pueda verificar su cumplimiento con el esclarecimiento efectivo de hechos y situaciones sucedidas. Con la reacción del Gobierno a éste, le bastaría poner algunos medios y si al final no se esclarecen los hechos puede escudarse en el hecho de no estar obligado a ello.

De manera curiosa en el comentario explicativo, el Gobierno dice que en materia de garantías de no- repetición se propone suprimir una parte porque “se considera inconveniente sujetar a las Fuerzas Armadas al control civil”. No entienden en el Ministerio del Interior que lo propio de un régimen democrático, es la conducción de las Fuerzas Armadas por autoridades civiles y su control por órganos de naturaleza civil.

Ya está semana, el día miércoles 8 de octubre, el proyecto de ley fue sacado del orden del día, ahora se encuentra para debate el próximo martes. Amanecerá y veremos si las víctimas pueden contar con un estatuto integral que consagre sus derechos, o será necesario esperar un escenario futuro más propicio a esta causa.

Octubre de 2008

- Nelson Socha M. es abogado asesor Corporación Viva la Ciudadanía

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas

Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org