Como ya se sabe el semestre pasado el Senado de la República aprobó un proyecto de ley que busca regular de manera integral los derechos de las víctimas. Tal iniciativa del Partido Liberal, ha contado con el apoyo del Polo Democrático Alternativo y de personalidades de otros partidos.

Tal proyecto constituye una necesidad sentida ya que no se cuenta con una ley que contemple los derechos de las víctimas de manera completa, clara y bien intencionada. La legislación existente se encuentra dispersa, es insuficiente y en algunos casos redactada de manera ambigua o desviada.

En efecto, existen leyes, como la Ley sobre el desplazamiento que contempla medidas de asistencia. En el mismo sentido la vieja ley de orden público, más conocida como 418 que renueva su vigencia cada 4 años. El Código Penal contiene normas genéricas sobre la reparación de las víctimas en los procesos penales que constituyen un marco general, incapaz de responder por sí solo al dar cumplimiento a los derechos fundamentales de las víctimas a la vedad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

Por su parte el marco jurídico para solucionar la situación de los jefes paramilitares y otros miembros de grupos armados que han tenido cuentas pendientes con la justicia, la llamada Ley de Justicia y Paz, pretendió introducir regulaciones sobre los derechos de las víctimas. Allí se falló en este cometido, de un lado porque se trata de una ley redactada de acuerdo con las necesidades de los victimarios, de otro lado porque no se contó con voluntad política para reconocer a las víctimas y sus derechos. Las regulaciones contempladas allí en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición no responden a los estándares internacionales existentes sobre esta materia, además, no se consagraron los mecanismos adecuados para la garantía de tales derechos a las víctimas.

A pesar del aporte de la decisión de la Corte Constitucional, para enderezar la Ley de Justicia y Paz, sus regulaciones no responden de manera adecuada a los derechos de las víctimas. Mayor queja aún suscita la aplicación de estas disposiciones, han pasado tres años después de su expedición y no se ha celebrado la primera audiencia de reparación de las víctimas. El fondo de reparaciones se encuentra desfinanciado. Los señores de la guerra fueron enviados con casi toda la verdad a los Estados Unidos. Por su lado el Gobierno, pretende reducir el derecho a una indemnización al querer incluir en la ley de las víctimas la tabla expedida por decreto 1290, donde se contemplan unos montos reducidos. Con las leyes y con la voluntad política existentes la situación de las víctimas y sus derechos permanecen en la incertidumbre.

De otro lado las víctimas y sus derechos, han ganado una importante visibilidad y estos últimos hacen parte ya de la agenda nacional. Todos los sectores de una u otra forma se ven precisados a adoptar una postura sobre las víctimas y sus derechos. En medio de este panorama se debate el proyecto de ley de las víctimas. Ya el Gobierno hizo una apuesta por el hundimiento del proyecto en el Senado, mediante una carta del Ministerio de Hacienda, en el cual se hacían objeciones fiscales, es decir, falta de presupuesto para los diversos programas que allí se contemplaban. Además, el Gobierno hizo otras objeciones que pueden calificarse de ideológicas y pidió la inclusión de la tabla del decreto 1290, en materia de indemnizaciones a las víctimas. En medio de una tensa sesión el Senado, y con el fin de no archivar la iniciativa y mantener abierto el debate, los ponentes negociaron algunos programas, eliminaron algunas expresiones importantes del texto, e incluyeron la tabla del decreto 1290.

Se eliminaron las expresiones conflicto armado, responsabilidad del Estado, delitos cometidos por agentes del Estado, se incluyó el decreto 1290 y se eliminó la cuenta especial para las víctimas en el fondo general de la seguridad social. De la misma manera el proyecto de ley presenta otras dificultades. Sin enumerarlas todas, se da una confusión entre medidas de asistencia y medidas de reparación, así como entre estas y los derechos económicos y sociales de todos.

Sin embargo, desde el punto de vista técnico-jurídico, la responsabilidad del Estado sigue allí incluida, lo mismo los delitos cometidos, por acción y por omisión, por sus agentes del Estado. Este se desprende de una amplia definición de víctimas que incluye actos violarios de los tratados internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. De la misma manera mediante la fundamentación de las obligaciones para el Estado derivadas de esta ley por su condición de garante de los derechos. La tabla de indemnizaciones del decreto 1290, convertida en ley y dispuesta como parámetro para la decisión de los jueces se constituye en una disminución grave de las expectativas de derechos de las víctimas.

Para su pasó por la Cámara de Representantes, se aprobó por dicha corporación legislativa la realización de un conjunto de audiencias para escuchar a las víctimas, sus necesidades y sus aspiraciones en el proyecto de ley.

Las audiencias se han constituido en otra ocasión para visibilizar las víctimas, para promover sus derechos, para crear puntos de encuentro entre ellas, para incentivar su organización, y para posicionarlas como actor social y político, en sentido amplio.

Se han realizado audiencias en Medellín, Villavicencio, Pitalito, Sincelejo, Valledupar, Pasto y Quibdó. En estas ciudades se han reunido víctimas del mismo departamento y de departamentos circunvecinos. La concurrencia tanto a los talleres previos, como a la Audiencia Congresional misma, ha sido notable por el número de asistentes y ha sido calificado por los aportes temáticos realizados. Las Organizaciones de víctimas, Organizaciones no gubernamentales, Organismos internacionales han cumplido un papel muy activo. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y otras agencias del Sistema de Naciones Unidas, han cumplido un papel central en la organización y realización de las audiencias.

Las audiencias han arrojado una cantidad enorme de aportes para el proyecto de ley, aportes que son más reclamaciones sobre los aspectos relacionados con sus necesidades y sus derechos que se consideran imprescindibles en un proyecto de este tipo. También, se han hecho aportes puntuales sobre el texto mismo del proyecto de ley. De manera unánime se rechaza que la tabla del decreto 1290 se convierta en ley y que en adelante sea el parámetro de las decisiones judiciales en materia de indemnizaciones. No se desconoce que muchas víctimas quieren y necesitan el menguado recurso económico que este programa del Gobierno ofrece, pero, se rechaza que se convierta en ley y en límite para futuras decisiones de los jueces.

Sin embargo, los aportes que más se destacan son aquellos que de manera valiente, han hecho muchas víctimas al exponer y relatar los hechos en los cuales fueron victimizados. Las barbaries contadas no tienen nombre y han conmovido hasta el más desprevenido de los escuchas. Después de las audiencias, las víctimas y sus derechos cuentan con más aliados que antes.

De otro lado, las víctimas han denunciado todo el tiempo, la insuficiencia y la desatención que sufren por parte de los funcionarios de Acción Social de la Presidencia. Se han denunciado, incluso, malos tratos y delitos. Una de las conclusiones de este proceso en curso de audiencias, es que se da una situación de revictimización para las personas que pretenden acceder a los programas de atención.

Las Audiencias regionales continúan, al tiempo se proyecta la realización de una gran Audiencia nacional. La tensión y el pulso político en torno a las decisiones en la Cámara de Representantes se mantienen. El Gobierno, acaba de hacer una apuesta en un documento público en el cual quiere retrotraer los aspectos positivos del proyecto. Falta conocer la ponencia que se radicará en la Comisión Primera de la Cámara, la cual deberá ser evaluada al detalle por las Organizaciones de víctimas, no gubernamentales y sociales. De tal evaluación depende el apoyo al proyecto o la denuncia del proyecto por atentar contra las expectativas de los derechos de las víctimas.

- Nelson Socha M. es abogado Asesor de la Corporación Viva la Ciudadanía

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org