Colombia

¿Y del tema territorial en la reforma política qué?

Clara Rocío Rodríguez Pico, Fabio Velásquez Carrillo

21/08/2008

Opinión

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Aunque la vinculación de actores ilegales con la clase política es un fenómeno que toca todas las instancias de la institucionalidad colombiana, el debate sobre la responsabilidad política y las sanciones a los partidos realizado en la pasada legislatura se centró principalmente en el Congreso de la República. No es extraño que así ocurriera si se tiene en cuenta el volumen de congresistas implicados en procesos judiciales que ya alcanza una cuarta parte de la corporación y que afecta principalmente a la coalición uribista. La magnitud del escándalo que para muchos crea un manto de ilegitimidad sobre los representantes elegidos para el período 2006-2010, sumado al pobre nivel que el Congreso alcanza en la percepción de los ciudadanos según se desprende de encuestas y estudios académicos, así como el peso que adquirió el tema de la silla vacía en el debate, explican también que el foco de atención se haya puesto en el nivel nacional.

Sin embargo, la situación de las regiones no es menos grave y escandalosa. El pacto firmado en Chivolo, Magdalena, en el año 2000, y sobre el cual apenas se han iniciado las investigaciones, convocó a 410 dirigentes políticos locales que definieron candidatos y se distribuyeron distritos electorales para garantizar el control del departamento y de muchos de sus municipios. Además de once congresistas, los Gobernadores de Sucre, y Córdoba, los Alcaldes de Tierralta, San Antero, San Onofre, Ovejas y Pueblo Nuevo, así como varios Diputados y Concejales firmaron en el año 2001 el Pacto de Ralito con los máximos dirigentes de las AUC. Los dos pactos hacían parte del propósito de los actores ilegales de “refundar la patria” y generaron, como se sabe, consecuencias negativas en los dos departamentos sede de estos acuerdos, siendo dramática la situación vivida por Córdoba. Por su parte el estudio de la Fundación Nuevo Arco iris señaló cómo los paramilitares eligieron alcaldes en más de 250 municipios en las elecciones del 2002. Como éstos, los ejemplos de denuncias y procesos judiciales a autoridades locales y seccionales abundan en diversos rincones de la geografía nacional.

El fenómeno es preocupante si se piensa que la descentralización fue pensada en Colombia como una estrategia de apertura política y de construcción de democracia desde lo local, y que es precisamente desde allí, desde municipios y departamentos, desde donde empiezan a impulsarse proyectos autoritarios de manejo de lo público que coartan las libertades civiles y políticas de los ciudadanos y que ponen limites a las posibilidades de desarrollo local y de mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes. Sin duda las elecciones son la puerta de entrada para capturar el Estado.

Lo territorial en las propuestas de reforma política

¿Cuáles son las perspectivas de consideración del tema político-electoral territorial en las propuestas de reforma próximas a ser presentadas en el Congreso? Es de recordar que con el hundimiento, por presión del Gobierno del presidente Uribe, en la Comisión Primera del Senado del acto legislativo que consagraba la silla vacía y otras medidas de sanción política, el Gobierno adoptó como salida el encargo a una comisión de notables de una serie de propuestas en la materia. Aunque éstas pueden o no ser consideradas en un nuevo proyecto de reforma de iniciativa gubernamental, constituye, junto con el proyecto hundido, el material base para analizar el tratamiento que se viene dando al tema territorial en el marco del debate actual.

Muy probablemente debido a las explicaciones dadas al inicio de este artículo el tema parece tener un carácter “residual”, en la medida en que lo local hace parte de propuestas generales aplicables a cualquier tipo de elecciones. Así, a pesar de que uno de los propósitos de la Comisión de Ajuste Institucional fue “sentar las bases para que los partidos políticos puedan contener las influencias de las asociaciones ilícitas sobre ellos”[1] los resultados presentados en el informe respectivo no enfatizan particularmente en el tema de los procesos políticos de orden territorial, aunque sí incluyen de manera general algunas medidas que tocan todos los niveles de competencia política.

Ahora bien, tomando como base lo que existe hay que partir diciendo de entrada que no se comparte la posición de la Comisión de diferir al 2010 la aplicación de las sanciones, en tanto ello implica desistir de demandar algún tipo de responsabilidad política a los partidos que avalaron candidatos vinculados a mafias, narcotraficantes, guerrillas, paramilitares u otro tipo de organizaciones ilegales que lograron penetrar la dirigencia y la institucionalidad política del país, especialmente en el plano territorial.

Por su parte hay también algunos aspectos a considerar: a) Ante la evidencia del peso de los personalismos políticos y la instrumentalización de las organizaciones políticas que opera en la actualidad, parece conveniente el esfuerzo por separar la responsabilidad directa o indirecta por actos propios de los partidos, de aquella que corresponde a sus miembros, así como de diseñar medidas diferenciadas en cada caso; b) En razón a que es necesario garantizar que la asociación con delincuentes tenga un costo político fuerte, no tiene discusión la propuesta de “inhabilitar a quienes, en cualquier tiempo hayan sido condenados mediante sentencia ejecutoriada por vínculos con asociaciones ilícitas, con el objeto de que queden incursos en una causal de inelegibilidad intemporal, absoluta y general para el ejercicio de funciones públicas en todas sus modalidades” (resaltado de la Comisión, pág. 8); c) Se relacionan una serie de medidas que aunque no son específicas para entes territoriales y aunque algunas son enunciados generales que será difícil poner en la práctica, es importante tener en cuenta. Ellas se orientan a democratizar internamente los partidos, a definir y prohibir hechos delictivos o a señalar explícitamente la responsabilidad de las organizaciones políticas en éstos[2].

Además, del rechazo a la propuesta de que las sanciones y responsabilidades no sean de carácter inmediato, otros aspectos definidos por la Comisión pueden ser criticables, tal es el caso de la imposibilidad de avalar candidatos a cargos de elección popular del núcleo familiar más cercano de una persona elegida a un cargo público y condenada por vínculos con asociaciones ilícitas, cuando “existan serios elementos de juicio de que podrían aprovechar esas organizaciones para fines electorales”. No sólo éste último aspecto puede ser subjetivo sino que como se debatió ampliamente en el tránsito del proyecto de reforma política presentado por el Gobierno, es inconstitucional al violar derechos de personas que no han sido judicializadas. De igual forma la regla “según la cual la inscripción de cada candidato sea avalada por el representante legal del partido en la respectiva circunscripción electoral, previa aprobación de la mayoría de los miembros de un consejo ético compuesto por no menos de nueve afiliados elegidos, según lo dispongan los estatutos” no establece con claridad el carácter de ese consejo ético y la viabilidad de que de ser del nivel nacional, opere para todos los municipios y departamentos del país.

Aunque el debate en relación con la reforma política en general está abierto y es necesario asumirlo, una preocupación relevante es la viabilidad de que ésta, sea tramitada por el actual Congreso y respaldada por el presidente Uribe, quien sin duda ejerce una notable influencia frente al mismo, como lo mostró el hundimiento de la reforma en la legislatura pasada. Cuando salidas mínimas fueron abortadas, nada garantiza ahora que el nuevo proyecto llegue más allá de lo que ya se había planteado, lo cual no es óbice para avanzar en la reflexión sobre el tema de reformas que avancen en fortalecer los entes territoriales y la dimensión política de la descentralización.

Una reforma pensada desde lo territorial

La mirada centralista que ha prevalecido en las iniciativas de reforma obvia la lógica de “hacer política” que prevalece en niveles locales e intermedios y que permite que sea por allí desde donde se ha iniciado el ingreso y la incidencia de intereses ilegales en la vida política. El peso del personalismo y la instrumentalización de los partidos políticos, las articulaciones que se tejen entre diversos niveles de Gobierno para acumular caudas electorales, la coincidencia de intereses entre actores políticos y actores ilegales, la inexistencia de mecanismos éticos e institucionales que disuadan el establecimiento de alianzas con estos actores, etc. son fenómenos que ameritarían un mayor nivel de conocimiento y reflexión. Ahora bien, las medidas a ser adoptadas no deben centrarse exclusivamente en la definición de sanciones, deben además ser preventivas e incluir temas de orden electoral y político que permitan democratizar la representación política local.

Respecto a las sanciones hay una serie de medidas que se vienen trabajando desde la sociedad civil y que merecerían ser consideradas si de lo que se trata es de rescatar de las manos de los actores ilegales a municipios y departamentos y de impulsar una política limpia desde los espacios más cercanos al ciudadano. Entre ellas se pueden mencionar las siguientes:

Anular elecciones con candidatos únicos o cuando el perdedor con más votos tenga un número de votos inferior al 10%.
Las votaciones obtenidas por ediles, concejales o diputados que sean condenados por vínculos con grupos ilegales se excluirán del total de votos contabilizados a nombre del partido o movimiento político del que éstos hagan parte, con lo cual puede modificarse el umbral y la asignación de curules en la respectiva corporación.
Una vez proferida la medida de aseguramiento contra ediles, concejales o diputados operará la denominada “silla congelada”, según la cual no se reemplazará la curul del investigado. Esta medida debería ir acompañada de mecanismos para evitar posibles parálisis de corporaciones pequeñas.
Los partidos o movimientos políticos que tengan concejales o diputados departamentales condenados deberán devolver los recursos entregados por el Estado por concepto de reposición de votos, de manera proporcional al número de votos obtenidos por los respectivos candidatos. En el caso de que sea condenado un Alcalde o un Gobernador, la devolución será del 100% de los dineros recibidos.
El partido o movimiento político quedará imposibilitado para presentar candidatos a la siguiente elección en la respectiva circunscripción.
El hecho de que un partido político alcance un porcentaje importante de dirigentes territoriales elegidos a su nombre que sean juzgados culpables por vínculos con narcotraficantes y otros grupos ilegales debe ser causal de sanciones, las cuales pueden llegar incluso a la pérdida de la personería jurídica.
Los partidos deben asumir responsabilidad por la inscripción de candidatos a los entes territoriales que posteriormente resulten inhabilitados.

De igual forma es necesario empezar la reflexión sobre otros temas como la posibilidad de que exista una representación exclusivamente regional o surgida desde las regiones que se proyecte al nivel nacional. Esto implicaría suprimir la asociación que se hace entre la obtención de la personería jurídica y el umbral asociado a un porcentaje de votos del Congreso, así como establecer umbrales diferenciados.

La propuesta de eliminar el voto preferente debe ir acompañada de mecanismos de democratización interna de los partidos que dinamicen su funcionamiento en el nivel local y que permitan la selección de candidatos locales a través de consultas cerradas. Deben también estudiarse mecanismos para adecuar la aplicación del régimen de bancadas y la moción de censura en el nivel local y regional. Igualmente es necesaria la reflexión sobre cómo lograr que exista un mayor equilibrio entre el ejecutivo y los concejos y asambleas y cómo hacer para que éstos ejerzan mayor control político. Una medida a considerar al respecto es que el candidato perdedor con más votos en elecciones de Alcaldes y de Gobernador sea por derecho propio Concejal o Diputado. El fortalecimiento de la transparencia municipal y del control ciudadano sobre conductas de los actores políticos no debería faltar en la agenda. Aunque habría que analizar su oportunidad y conveniencia, la reelección de Alcaldes y Gobernadores seguramente será otro de los tópicos de discusión.

Está sobre la mesa pues una agenda de reforma territorial amplia e importante y vale la pena abrir la reflexión sobre la misma. No sobra mencionar, sin embargo, que aunque necesaria, la ingeniería institucional puede tener un alcance limitado frente a la magnitud de la captación del Estado por parte de actores ilegales a que ha llegado el país. Sin desestimar estas medidas, es indudable que ellas deben acompañarse de transformaciones en términos de valores democráticos, de la cultura política y de los mismos actores que se interesan por lo público. Pese a las circunstancias adversas, los actores democráticos no podemos desfallecer en el esfuerzo de recuperar el valor de la política transparente y al servicio de los intereses colectivos para la construcción de un futuro diferente.

Bogotá agosto 22 de 2008

Clara Rocío Rodríguez Pico

Fabio Velásquez Carrillo

Foro Nacional por Colombia

[1] Conclusiones de la Comisión de Ajuste Institucional. Fortalecimiento de la Democracia, Responsabilidad Política de los Partidos y Transparencia entre los Órganos del Poder Público. Bogotá, 31 de julio de 2008.

[2] Entre otras se pueden mencionar: “colocar la administración pública en las cuales tenga representación el partido, al servicio de grupos al margen de la ley”, “permitir que una asociación ilícita realice propaganda o actos de proselitismo a favor de un determinado partido”, “permitir que una asociación ilícita influya en la población para que apoyen a los candidatos del partido”, “financiarse con dineros del narcotráfico u otras actividades delictivas”, “incumplir deberes de diligencia, control y vigilancia, o permitir concientemente la financiación del partido y de campañas con dineros ilícitos”, “fomentar, patrocinar o colaborar en la formación o mantenimiento de asociaciones ilícitas, o hacer parte de ellas”, “permitir que una asociación ilícita realice propaganda o actos de proselitismo a favor de un determinado partido”, “permitir que una asociación ilícita influya en la población para que apoyen a los candidatos del partido”, “no ejercer controles internos para evitar la presencia de candidatos que puedan tener vínculos con asociaciones ilícitas o no adoptar las medidas necesarias para retirar o suspender a militantes del partido contra quienes aparezcan indicios graves o medios de prueba que demuestren su vinculación con asociaciones ilícitas”.

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas

Corporación Viva la Ciudadanía.

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