Colombia

Algunas consideraciones sobre el avance de la reglamentación a la reforma política del 2009

Clara Rocío Rodríguez Pico

05/11/2010

Opinión

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Pese a lo congestionada de la agenda legislativa actual, se abre paso en el Congreso la reglamentación de la reforma política del 2009. Efectivamente, con la aprobación el pasado miércoles 3 de noviembre en la Plenaria de la Cámara el proyecto de ley “Por el cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones”, se ha dado ya dos de los cuatro debates que requiere esta ley estatutaria para su aprobación.

Además, se realizó el tránsito en la Cámara de Representantes, donde usualmente, en razón a los intereses regionales allí expresados, es más difícil el avance a este tipo de iniciativas. Según la norma, el Senado empezará en 15 días el trámite del proyecto, con lo cual –si todo marcha como el gobierno lo espera- la ley sería aprobada en la presente legislatura y tendría los tiempos suficientes para que la Corte Constitucional haga la revisión requerida para que pueda convertirse en el marco legal que rija las elecciones territoriales de octubre de 2011.

A continuación se presentan una serie de reflexiones sobre la importancia del proyecto y sobre cómo están siendo tratados algunos de los puntos centrales de la norma. Sin embargo, y en razón a que aún no se conoce a profundidad el resultado del debate y a que la información de prensa no es en ocasiones muy precisa, es necesario considerar que esta son todavía apreciaciones preliminares que puede modificarse. Básicamente se consideran aspectos relacionados con el funcionamiento interno de los partidos, la cuota de género y las sanciones de responsabilidad política, dejando para otra reflexión, el tratamiento de temas relacionados con la financiación de los partidos y la regulación de los procesos electorales[1].

Presionar la democratización de los partidos: un acierto del proyecto

En términos generales, un aspecto destacado es que con el proyecto se consagra la posibilidad de incidir normativamente en organizaciones tan importantes para la sociedad y la democracia como son los partidos políticos. Tradicionalmente en Colombia esta posibilidad estaba vedada, hasta tal punto que fue incluso prohibida expresamente en la Constitución Política de 1991. [2].

En la medida en que siguiendo una tendencia internacional, las organizaciones políticas con personería jurídica cada vez reciben un número mayor de subvenciones, recursos y garantías por parte del Estado, es inaceptable que no sea posible presionar prácticas a su interior que busquen la democratización, la inclusión de diversos sectores y la transparencia en su funcionamiento. En este sentido algunos de las propuestas incluidas en el proyecto avanzan por un camino adecuado, siendo importante su discusión no sólo en el ámbito político sino en términos de la ciudadanía.

Sobre el funcionamiento interno de los partidos

Uno de los aspectos aprobados al respecto fue la exigencia de un registro único de partidos y movimientos políticos, el cual debe reportarse anualmente al Consejo Nacional Electoral. En la medida en que se plantearon las dificultades que la difusión de esta información puede ocasionar para partidos de oposición en algunas regiones donde pueden existir persecuciones políticas, se aprobó que se maneje solamente el nombre y la cédula del afiliado al partido y que esta información tenga como propósito primordial la convocatoria a consultas internas.

La norma diferencia entre consultas internas, consultas populares y consultas interpartidarias. En relación con las primeras, en donde solo participarán los inscritos en el registro de afiliados, se establece que cuando se realicen para la escogencia de candidatos se efectuarán en el mismo día y por el mismo procedimiento. Ello, además de reducir gastos al Estado evitará las influencias externas de partidos o ciudadanos en las consultas de los otros.

A diferencia de las anteriores, en las consultas populares podrán participar todos los ciudadanos inscritos en el censo electoral. Al respecto, el GIREPO propuso denominarlas consultas abiertas para no confundirlas con otro tipo de consultas que como mecanismo de participación ciudadana y de democracia directa fueron incluidos en la Constitución de 1991. Por su parte, las consultas interpartidarias, que aplicarían a una coalición de partidos y movimientos políticos con personería jurídica fueron negadas en la plenaria de la Cámara con el argumento de que éstas pueden debilitar a los partidos políticos[3]. Pese a lo anterior, en la medida en que constitucionalmente se consagra la posibilidad de realizar coaliciones entre partidos, resulta necesario que la ley estatutaria reglamente aspectos relacionados con el funcionamiento de éstas.

La cuota de género: un tema en limbo

En su artículo 29 el proyecto de ley estatutaria establece que “cuando se trate de listas de candidatos para corporaciones públicas en circunscripciones en las que se elijan más de 4 miembros deberán garantizar que las mismas no queden integradas en más del 70% por candidatos de ninguno de los dos géneros. Dichos candidatos deberán ser escogidos por procedimientos democráticos.”

En el informe de ponencia para segundo debate se señala como los parlamentarios Jaime Buenahora Febres y Berner Zambrano propusieron suprimir los apartados relacionados con la mencionada cuota. El debate de este tema fue álgido dentro de la plenaria, agregándose otra proposición relacionada con aprobar la cuota solamente a partir de las circunscripciones que eligen seis representantes y adicionándole además el condicionante para que ésta se cumpliera siempre y cuando se inscribieran mujeres en la respectiva lista. Para algunos esta propuesta adicional era un salvavidas para que no se hundiera del todo la iniciativa, ya que en el caso de presentarse esta situación implicaría que no podría volver a estudiarse en el senado.

Pese a que la proposición votada fue aprobada con una mayoría de 59 votos contra 28 no alcanzó la mayoría requerida por tratarse de una ley estatutaria. En este sentido, se presenta una situación poco común según la cual la posibilidad de que el tema se estudie de nuevo en el Senado, dependerá bien de que se argumente que no se votó nunca el artículo del proyecto, bien que la propuesta modificatoria no fue votada negativamente por la mayoría.

En todo caso lo que muestra este incidente, así como las intervenciones de representantes hombres y mujeres, es la prevención que existe para propiciar la inclusión de un grupo que tradicionalmente ha sido excluido de la política, a través de un mecanismo que como las cuotas ha probado su eficacia en diferentes países de la región.

Sobre la responsabilidad política de partidos y dirigentes políticos

El proyecto de ley hace explícita la responsabilidad política de los partidos y movimientos por toda violación o contravención de las normas que rigen su organización, funcionamiento y/o financiación. Las sanciones establecidas incluyen multas, suspensión de la financiación estatal y/o de espacios otorgados en medios de comunicación, suspensión o cancelación de la personería jurídica y disolución de la organización política. Al respecto vale la pena mencionar que a diferencia de lo propuesto en el proyecto, la plenaria de la Cámara de representantes aprobó que el procedimiento sancionatorio corresponderá exclusivamente al Consejo Nacional Electoral quien impondrá sanciones de tipo administrativo. No se dejará en este caso al Consejo de Estado como segunda instancia sino que se prevé que los actos administrativos del Consejo Nacional Electoral podrán ser impugnados por la vía judicial. Adicionalmente, sanciones que afectan el derecho de asociación -como la cancelación de la personería jurídica y la disolución del partido- serán competencia del Consejo de Estado en única instancia.

Sobre este aspecto es de señalar la preocupación que existe en torno a que se le están dando mayores atribuciones al Consejo Nacional Electoral, organismo que debido al proceso de composición que estableció la reforma del 2003, ha aumentado el grado de politización o partidización, como lo muestra el hecho que actualmente refleja las mayorías de la coalición de Gobierno. Tanto las sanciones como el manejo de todo lo relacionado con el proceso electoral estarán a cargo del CNE, sin que en el mismo exista representación de minorías o de partidos de oposición. Éste tema que ha sido planteado en diversos escenarios requiere sin embargo, de una reforma constitucional.

- Clara Rocío Rodríguez Pico, Foro Nacional por Colombia

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 231, Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org

[1] Es de señalar que un análisis detallado de los tres ejes principales contenidos en las normas (democratización de los partidos, financiación de la política y responsabilidad política de partidos y sus directivos) puede encontrarse en sendos documentos elaborados por el Grupo de Interés de la Reforma Política, GIREPO, para tal fin que están próximos a publicarse.

[2] El artículo 107 de la constitución, que fue modificado por la reforma del 2003, señalaba que “En ningún caso podrá la ley imponer normas de organización interna los partidos y movimientos políticos, ni exigir a ellos participar en las elecciones”.

[3] Esta información proporcionada por el representante a la cámara Alfonso Prada, difiere de información de prensa que señala que las consultas interpartidistas fueron aprobadas.

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