Hace 18 años, por estas fechas, se vivía un momento de júbilo y expectativa en Colombia. Después de un proceso social impulsado por los estudiantes y respaldado por la opinión pública en el acto electoral que se conoció como la Séptima Papeleta, había logrado convocarse una Asamblea Nacional Constituyente plural y representativa del país que dio origen a una nueva Carta Política respondiendo, en últimas, a una difícil coyuntura y a la percepción de que como sociedad nos encontrábamos en una sin salida.

Efectivamente, el asesinato del precandidato Liberal Luís Carlos Galán fue la gota que rebosó la copa de múltiples eventos no resueltos. Antes, habían corrido la misma suerte  el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, el director del Espectador Guillermo Cano,  el líder y precandidato de la Unión Patriótica Jaime Pardo Leal y muchos dirigentes y ciudadanos más, como lo afirmaba el editorial de la Revista Foro de septiembre de 1989 que contabilizaba en más de 4.500 los asesinatos políticos realizados entre enero y septiembre de ese año. El narcotráfico se hacía sentir a través de actos violentos contra la sociedad para expresar su oposición al debate sobre la adopción de la extradición.  Los paros cívicos y la protesta social se manifestaban permanentemente en las regiones ante un régimen político incapaz de dar respuesta a sus demandas y a las situaciones de desigualdad acumuladas  históricamente.

Eran evidentes las limitaciones de los acuerdos adoptados mediante el plebiscito del Frente Nacional, el pacto con el que las élites bipartidistas retornaron a  un esquema de compromisos conocido por ellos de vieja data. Dicho  esquema  se había   roto generando  la violencia de los años 50, la llegada de la dictadura al poder y una eventual amenaza a sus intereses con los intentos del general Rojas de crear una tercera fuerza política de carácter populista. Para garantizar certidumbres en el  acceso del bipartidismo al poder y la burocracia del Estado,  el pacto fue  blindado de tal forma que posteriormente fracasaron todos los intentos  de reforma política, bien fuera por que no contaban con las mayorías requeridas para su aprobación en el Congreso, bien por conceptos de inconstitucionalidad emitidos por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Y es en este contexto en que hace 18 años un 4 de julio, nace oficialmente la Constitución Política que nos rige. La misma puede ser considerada el primer pacto político incluyente, donde colombianas y colombianos representativos de nuestra diversidad étnica, política y religiosa, intentan -en representación del pueblo soberano- realizar un ejercicio colectivo de creación de unas nuevas reglas de juego que nos permitan convivir como sociedad. Atrás quedaron enterradas, ojalá para siempre, la imposición de normas de vencedores sobre vencidos y la concepción de que la definición del ordenamiento jurídico está en manos de unos pocos.

Colombia se suma así, en el contexto internacional,  a una gran ola  de democratización que inició en los años 70 del siglo pasado con los países de Europa Mediterránea y vio realizar transiciones hacía la democracia desde dictaduras, países colonizados o regímenes comunistas en América Latina, África y Europa del Este. La particularidad de nuestro caso radica en que no se trató de un cambio de régimen sino que se intentó lograr la apertura y profundización de una forma de democracia caracterizado con adjetivos negativos que recordaban su carácter de  cerrada y restringida.

Además del reconocimiento de ser un pacto político sin precedentes y un acuerdo de voluntades entre diversas fuerzas sociales, mucho se ha hablado en el marco de la celebración efectuada, de las bondades de la Carta de 1991. Al respecto vale la pena recoger apartados de un pronunciamiento de respaldo a la misma impulsado por la Red de Iniciativas para la Democracia, la Gobernabilidad y el Desarrollo Territorial, RINDE[1]:

“Con la Constitución Nacional el país avanzó en el proceso de descentralización administrativa, política y fiscal que buscaba fortalecer la democracia local y la autonomía territorial. Se propuso un modelo de desarrollo económico y social equitativo e incluyente; se  consolidó una apertura del mapa electoral a distintas y distantes fuerzas sociales y políticas, y se le otorgó mayoría de edad a los antiguos territorios nacionales. Igualmente, se proclamó la participación ciudadana como principio constitucional y se garantizaron los derechos económicos, sociales, ambientales, políticos, culturales y étnicos de todos los ciudadanos, incorporando  mecanismos reales para su aplicación y restablecimiento.

Permitió también el reconocimiento de los derechos inalienables de poblaciones y sectores tradicionalmente marginados de la vida política como los indígenas, afrocolombianos, raizales,  mujeres, niños y niñas, jóvenes y movimientos religiosos.

El  fortalecimiento de la justicia, la autonomía de la rama judicial, el equilibrio de poderes, la democratización de la gestión pública,  la prioridad en el gasto público social, y el paso  de  la democracia representativa a una democracia participativa –todavía en tránsito-, constituyen otros de los grandes avances que la Carta Política trajo para el país”

Ahora bien, las celebraciones no implican desconocer que estamos muy lejos de haber cumplido las expectativas que se generaron con la expedición de la nueva Carta. La imposibilidad de alcanzar la paz es la mayor evidencia de que no contamos aún con unas reglas de juego claras y legítimas que sean respectadas por todos los actores políticos y sociales; que nos garanticen la convivencia pacífica y la búsqueda del progreso y la prosperidad colectivos. Varias hipótesis explicativas pueden ser aventuradas al respecto:

• Quizás, considerando nuestra cultura política, se le atribuyó a la norma un alcance mayor al que efectivamente podía tener.

• El apoyo logrado por el proceso político vivido en la coyuntura de definición de la Carta no logró mantenerse y pocos fueron los actores que asumieron una defensa efectiva de la misma.

• Actores ilegales que no suscribieron el pacto, le quitaron legitimidad a través del uso permanente al recurso a la violencia.

• A diferencia del acuerdo frente nacionalista, no se establecieron todas las providencias para que el pacto fuese efectivamente cumplido.

• Ni los gobiernos elegidos bajo la vigencia de la Constitución han traducido en sus planes y políticas públicas los mandatos constitucionales, ni el legislador ha cumplido a cabalidad su tarea de desarrollar normativamente la Constitución, bien porque en ocasiones restringe el espíritu planteado por los Constituyentes, bien porque no ha asumido su función como sucede por ejemplo, con el tema del ordenamiento territorial.

Muchas de las diversas y sucesivas reformas efectuadas han socavado las decisiones de la Asamblea y cambiado el rumbo de los acuerdos del 91, siendo indudablemente la reelección presidencial el cambio que más implicaciones negativas ha tenido frente al equilibrio de poderes, el sistema de pesos y contrapesos y la vigencia del Estado Social de Derecho.

Es cierto también  que la realidad del país ha mostrado unas dinámicas que difícilmente habrían podido ser previstas por los Constituyentes y por quienes vivieron activamente el proceso. Difícil haber siquiera imaginado que lo que no consiguió la guerrilla a lo largo de muchos años de lucha violenta, la denominada “toma del Estado”, fuera logrado a través de otros medios por otros actores igualmente ilegales y desconocedores de las reglas de juego pactadas. Hoy la más clara evidencia de las debilidades de la democracia colombiana se expresa en la cooptación de buena parte de la institucionalidad del país en niveles nacionales y territoriales por intereses ligados a las mafias, el paramilitarismo y el narcotráfico.

Ante esta situación es evidente que ni el Gobierno uribista  ni su  coalición de apoyo en el Congreso son la salida. Estos últimos aprueban una reforma política que no implica sanciones para los actualmente vinculados al  escándalo de la parapolítica. Pese a que la reforma toca 11 artículos de la Carta y, de manera extraña, adopta uno nuevo transitorio para crear un régimen especial para ciertas regiones del país, su aplicación no es inmediata. Así, la regulación se hará hacía futuro cuando personajes ya alertados por la acción de la justicia, seguramente encontrarán otras maneras de seguir perpetuando la ilegal toma de las instituciones gubernamentales para  fines privados. Ante esta situación dejan un sabor amargo  medidas  que, independientemente de su carácter técnico en algunos casos,  favorecen intereses  muy concretos de la coalición de Gobierno como la posibilidad de cambiarse de partido en los próximos dos meses, el aumento del umbral en el 2014, los anticipos para la financiación de campañas electorales, la no inclusión de criterios de equidad de género en las listas de los partidos, entre otros.

Por su parte, la perpetuación en el poder del gobernante en ejercicio que pretende lograrse a través de un referendo duramente cuestionado por las irregularidades en su trámite, los obstáculos del Ejecutivo frente a la justicia y las estigmatizaciones frente a los opositores,  así como los creativos anuncios del Mandatario en el sentido de que el estado de opinión constituye un nivel superior del Estado, por encima del Estado Social y Democrático de Derecho previsto en la Constitución Política, no generan sino temores en relación con las intenciones  de los sectores actualmente en el poder y sus efectos frente a la muy maltrecha democracia colombiana.

Pese a  lo anteriormente planteado, tanto el espíritu de la Carta como el pacto que está en su base siguen vigentes. Sin duda allí y no en el retorno a concepciones de la Constitución de 1896 ya superadas o a otras que nos lleven por el camino del autoritarismo,  está el punto de partida para seguir buscando soluciones a la compleja situación del país.

Por eso surgen dos llamados a los sectores democráticos del país: A seguir manifestándose frente a un estatus quo inaceptable y a defender la Constitución Política nacida hace 18 años desde un proceso ciudadano. Para eso contamos con dos iniciativas concretas. La primera la Cumbre Social y Política que viene gestándose a lo largo del país y que pretende generar una deliberación amplia y pluralista sobre la salida a los principales problemas colombianos, en la perspectiva de poner una nueva agenda política más allá de la Seguridad Democrática en el debate electoral del 2010. La segunda lanzada por los Constituyentes, aboga por la creación de una Alianza Ciudadana por la Democracia.

Desde la Campaña por la Defensa de la Institucionalidad Política Democrática promovida por Foro Nacional por Colombia apoyamos estas dos iniciativas e  invitamos a sumarse a ellas a todos los y las colombianas. Nuevamente la ciudadanía y sus organizaciones tienen la palabra.

- Clara Rocío Rodríguez Pico es Investigadora Fundación Foro Nacional Por Colombia

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 166, Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org